Luego del pedido para que entregue su teléfono, las revelaciones de chats de su secretario privado, y los procesamientos de Dietrich y Dujovne, Mauricio Macri decidió irse del país con destino a Francia junto a su familia, con destino final a Suiza.
Acompañado de su esposa, Juliana Awada, y su hija menor, Antonia, el ex presidente abordó el vuelo AF 229 desde Ezeiza con rumbo a París.
El viaje ocurre en el contexto del rechazo de la jueza María Servini sobre su pedido para evitar que se perite su teléfono en el marco de la causa por el hostigamiento al Grupo Indalo.
Macri intentó impedir que se auditen las llamadas entrantes y salientes de su celular en el marco de la causa que investiga la “mesa judicial” para hostigar a opositores políticos y empresarios.
Servini de Cubría dispuso que para avanzar en la investigación se perite el entrecruzamiento de llamadas de Mauricio Macri, José María Torello, Nicolás Martín Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Eugenio Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad, y Leandro Germán Cuccioli, y los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Jorge Rosner.
La salida del país de Macri ocurre en la misma semana en que se dieron a conocer mensajes de chat que comprometen a Darío Nieto, el secretario privado de Mauricio Macri, para beneficiar a la empresa Vicentín y también los procesamientos de ex ministros de su gobierno, como Dietrich y Dujovne, en la causa por beneficios a la empresa de peajes Autopistas del Sol.
Desde su entorno explicaron que el destino final de Macri es Suiza, supuestamente para realizar actividades “vinculadas a su rol como presidente de la Fundación de la FIFA”. Sin embargo, Macri había sido denunciado en 2016 por poseer cuentas en Suiza vinculadas a sus sociedades en Panamá, desde donde habría triangulado fondos para sus campañas electorales.
Macri habría usado (a través de Héctor Grindetti, miembro del grupo empresario Sociedades Macri / Socma y ex ministro de Hacienda de la CABA) una sociedad en Panamá (Mercier Internacional SA) con una cuenta en Suiza (Clariden Leu AG – Zurich), ambas descubiertas por el escándalo Panama Papers, para financiar su campaña política de 2013 en base a dinero ilícito producto de una cuestionada emisión de bonos de deuda del año 2010.