La española Juana Ruiz Sánchez fue detenida por fuerzas israelíes el pasado 13 de abril en una localidad cercana a Belén, en la Cisjordania ocupada, desde entonces se mantiene detenida en una cárcel de hombres y es forzada a extensos interrogatorios. En España, sus familiares y diversas organizaciones se han movilizado para pedir su liberación a través de una campaña que ha contado con el apoyo de políticos y distintas personalidades, reuniendo a más de 5.000 personas y 200 organizaciones. Tras una nueva comparecencia ante un juez, la sexta en los 24 días que lleva privada de libertad, se le ha acusado formalmente de cinco cargos.
Juana Ruiz Sánchez, de 62 años, es una española residente en la ciudad palestina de Beit-Sahour, en la Cisjordania ocupada, y está casada con un palestino con quien tiene dos hijos, de 30 y 35 años, que residen en España. Desde 1993 se desempeña como trabajadora humanitaria, coordinando proyectos de los Health Work Committees (Comités de Trabajo para la Salud), organización sin ánimo de lucro de solidaridad con Palestina.
Ruiz se encuentra encarcelada en una prisión de hombres del régimen sionista cercana a la Franja de Gaza, al igual que sus dos compañeros de los HWC. Fue detenida en su casa por un dispositivo de veinte soldados israelíes fuertemente armados en la madrugada del pasado 13 de abril.
Durante todo este tiempo, Juana ha estado siendo sometida a interrogatorios de hasta seis horas seguidas y su familia denuncia que no les han permitido visitarla ni entregarle ninguna pertenencia, ni siquiera sus lentes, sin los que no puede leer ni escribir.
Su particular drama comenzó en la madrugada del pasado 8 de marzo, cuando el Ejército sionista allanó la oficina central de los HWC en la ciudad de Al Bireh, resultando detenido el responsable del departamento de Contabilidad de la ONG, Tayseer Abu Sharbak, que también continúa en prisión. En esa ocasión, los militares destrozaron equipos informáticos y se llevaron dispositivos de almacenamiento y documentación relacionada con el trabajo humanitario.
Hasta este jueves no había podido conocer cuáles eran las acusaciones contra ella, por lo que tampoco había tenido posibilidad de defenderse. Esto no es extraño en Israel, su caso es solo uno de los muchos bajo la legislación militar sionista, que permite mantener arrestada a una persona para ser interrogada hasta 75 días. Las autoridades de Israel han acusado este 6 de mayo a los Comités de Trabajo para la Salud de desviar fondos europeos para el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). Sostienen que el FPLP, a través de organizaciones como los Comités, utiliza un mecanismo de fraude, falsificación y tergiversación de documentos y desvía fondos de la cooperación internacional.
Los cinco cargos de los que se le acusa son: pertenencia a organización ilegal, participar en actividades de una organización ilegal, formar parte de la junta directiva de una organización ilegal, recibir e introducir dinero en los territorios palestinos y recibir dinero con falso propósito.
El Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) es una organización que integra la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) que Israel considera terrorista. Sin embargo, el marido de la trabajadora humanitaria española, Elías Rismawi, ha desmentido que tanto su esposa como él tengan vínculos con el FPLP, alegando que en tal caso él habría sido detenido y sosteniendo que ninguno de los dos tienen actividades políticas.