Las experimentos de laboratorios multinacionales en la Argentina no siempre han tenido un final feliz ni son tan “voluntarios” como muchos creen. En 2008 el laboratorio internacional Glaxo resultó denunciado por una decena de familias luego de que 14 bebés fallecieran en provincias del norte del país tras participar de una prueba experimental de una vacuna contra el neumococo. Mientras el laboratorio sostenía que las pruebas habían sido “voluntarias” por parte de las familias participantes, con el tiempo se descubrieron innumerables irregularidades cometidas en el proceso de adquirir el consentimiento de los padres, desde informar incorrectamente a los mismos, usar personas analfabetas, pagos extra al personal médico y el uso de falsos testigos. La ANMAT multó en aquella ocasión a Glaxo, hecho que fue ratificado por el Poder Judicial. Sin embargo, para el laboratorio multinacional, la multa no fue más que un costo en su proceso de producción.
“Esta empresa se dedicaba de una forma comercial a vacunar a los menores. Los responsables del proyecto cobraban por cada aplicación a los bebés”, denunció en aquella ocasión por C5N Bernardo José Herrera, el abogado de dos familias damnificadas oriundas de Santiago del Estero, quien apuntó también a médicos, enfermeros y asistentes sociales.
Una de las damnificadas fue la familia Medina. En su caso la medicación le fue colocada al niño en un momento en que padecía neumonía, lo que provocó graves complicaciones en su salud. “Engañaban a los padres y se llevaban a los chicos diciéndoles que había que ponerles una vacuna, pero no les avisaban en qué consistía esa vacuna”, remarcó el letrado”, sostuvo Herrera. “Hay casos de bebés que murieron por la aplicación de la vacuna y no fueron denunciados”, añadió.
El ensayo era llamado “Compas”, desarrollado por el laboratorio GlaxoSmithKline (GSK) y buscaba en teoría prevenir infecciones causadas por la bacteria neumococo, como la otitis media y la neumonía, y fue probado en niños de diferentes provincias del país, en Colombia y Panamá. Con el paso de los años, múltiples denuncias acusaron a la empresa alemana de utilizar medios de cooptación ilegales y engañar a familias de sectores vulnerables para realizar las pruebas. En el primer año de aplicación de la última etapa de la investigación, 2007-2008, murieron al menos catorce bebés que habían sido sometidos al protocolo.
En Córdoba se detectó el uso de firmas de personas analfabetas, integrantes del propio experimento se hacían pasar por testigos de la prestación de consentimiento y hasta pagos a profesionales de los centros de salud públicos de entre 380 y 400 dólares por cada niño incorporado.
“Se aprovechan de las madres pobres a quienes no les dicen que sus hijos van a ser sometidos a un protocolo, les hacen firmar sin leer e incluso las amenazan si quieren abandonar el estudio”, según denunció en 2007 el entonces presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de Argentina (Freposa), Jorge Yabkowski.
Los 14 bebés muertos vivían en el norte argentino, dos en San Juan, cinco en Mendoza y siete en Santiago del Estero. “Lamentamos los fallecimientos que se produjeron en el marco del estudio”, expresó el laboratorio multinacional GSK, que obviamente negó la causalidad de las muertes con la vacuna.
Con el paso de los años, en 2012, el laboratorio fue multado por un millón de pesos argentinos, pero para estas compañías multinacionales, las multas, especialmente si son de países pobres con monedas devaluadas, solo son un costo más.