Las notas de Infojus que Macri no quiere que leas

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Como en la novela 1984 de George Orwell en la que el Gran Hermano reescribía permanentemente la historia, destruyendo los archivos que no le convenían, el macrismo se tomó el trabajo de eliminar o bloquear del sitio web estatal Infojus Noticias aquellas notas que comprometían su pasado. Gracias a la copia de aquellas notas guardadas en cachés como el de Google y otros sitios y a la página web Avestruz, pudimos recuperar algunas de ellas.

¿Cuáles fueron los temas que se censuraron?:
-Iron Mountain
-Talleres clandestinos
-Caso Niembro
-Leyes vetadas por Macri
-Represión en el Hospital Borda
-Licitaciones truchas
-Denuncias contra Nisman
-Lavado de dinero del banco HSBC
-Redes de trata de personas y campaña del PRO

Todos casos de corrupción que salpican a Mauricio Macri.

Compartimos las distintas notas:


Imputan por tentativa de estafa a candidato a diputado del Pro
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2015-10-06 | Por: Infojus Noticias
Oscar Agost Carreño, además es apoderado de la fuerza política que lidera el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Está acusado, junto con otros dos abogados, de estafar a una mujer por una suma de 10 mil dólares con documentos falsos.

El abogado Oscar Agost Carreño, candidato a diputado nacional por Unión Pro en Córdoba y apoderado de esa fuerza política, fue imputado por el delito de estafa en grado de tentativa. El fiscal Gustavo Dalma investiga si, junto a otros dos letrados del mismo estudio, fue participe de una maniobra para quedarse con bienes de una mujer, valiéndose de documentación falsa.

“Decidimos imputarlo y tomarle declaración indagatoria esta mañana, para que pueda ejercer su derecho a defensa, mientras tanto estamos recolectando pruebas”, aclaró Dalma a Infojus Noticias.

Según la acusación, el junio de 2013 Laura Palmigiani fue estafada con pagarés falsos por aproximadamente 10 mil dólares, luego de acudir al estudio de abogado de German Kamerat, ex intendente de Córdoba que está siendo juzgado por “negociación incompatible con la función pública”. Agost Carreño ocupa el séptimo lugar en la lista de Mauricio Macri en Córdoba y es familiar de Kamerat.

Hasta hace dos semanas, la causa tenía como imputados a dos abogados de ese estudio: María Gabriela Kairusz y Sergio Lais Suarez. Pero luego de dos años de instrucción la investigación dio un giro cuando uno de ellos decidió confesar de manera espontánea e incriminar a Agost Carreño. Lo acusó de ser el artífice de la fabricación de documentos de pago falsos, usando la firma de la víctima.

“Hasta ahora le dimos una participación delictiva mínima. Estamos llamando a declarar de nuevo a los involucrados, para saber si confirmamos o no la acusación”, dijo el fiscal.

Maniobra
A mediados de 2013 Laura Palmigiani acudió al estudio en busca de asesoramiento ante un Juzgado de Familia. “En uno de esos encuentros, Oscar Agost Carreño le habría pedido que deje dos hojas A4 en blanco firmadas, para redactar una nota”, explicó el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, que representa a la víctima.

De acuerdo a la denuncia que hace 15 días realizó el imputado Lais Suárez, Agost Carreño usó esas dos hojas firmadas para falsificar pagares por aproximadamente 10 mil dólares. Luego se los habría pasado a María Gabriela Kaulusz y esta, a su vez, los endosó a nombre de Lais Suárez, todos integrantes del mismo estudio.

“Todo comenzó porque Lais Suárez inició un juicio ejecutivo en un juzgado civil para cobrar los pagarés. A mi clienta le secuestraron una camioneta Toyota y se tuvo que presentar en quiebra, tratando de salvar la ejecución”, explicó Ortiz Pellegrini. “Yo pude demostrar que mi clienta no tenía motivos para emitir esos pagares. Pero nunca supimos de dónde habían salido hasta ahora. Incluso nunca denunciamos a Agost Careño”, agregó.

La causa estuvo a cargo de Alejandro Moyano hasta que ascendió al cargo de Fiscal General de la Provincia. El ahora apoderado del Pro había declarado como testigo ante Moyano. “Era un nombre que estaba dando vuelta, pero nunca como involucrado”, dijo Ortiz Pellegrini. Pero según lo acusa su propio socio, el rol del candidato a diputado habría sido mucho más activo.

WC/LC


 

Las leyes que Mauricio Macri vetó en el Gobierno de la Ciudad
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2015-11-11 | Por: Infojus Noticias

Durante sus dos períodos de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri vetó 129 leyes, según datos de la Secretaría Legal y Técnica de la Ciudad. ¿Qué normas o proyectos quedaron truncos en éstos últimos ocho años? Derechos humanos, salud y vivienda, fueron algunas de las áreas afectadas.

Durante sus dos períodos de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri vetó 129 leyes, según datos de la Secretaría Legal y Técnica de la Ciudad.

En 2007, en un solo mes ya que asumió el 10 de diciembre, Macri vetó dos leyes. Una de ellas creaba el Laboratorio estatal de producción de medicamentos en la ciudad. El Laboratorio iba a producir “medicamentos huérfanos, de escaso interés comercial, u otros que se consideren básicos o imprescindibles para atender los problemas de salud de los sectores más desprotegidos”.

En 2008 vetó 13 leyes. Entre ellas, la ley 2602 que regulaba el uso de cámaras de video en lugares públicos para ajustarlo a los derechos y garantías constitucionales. Prohibía, entre otras cosas, que las imágenes tomadas con cámaras del Estado fueran cedidas a los canales de televisión.

En 2009 vetó 14 leyes. Una de ellas era la ley de emergencia habitacional, que prohibía los desalojos a familias en situación de emergencia habitacional que vivían en propiedades del Estado. La ley también obligaba al GCBA a presentar un plan para resolver el déficit habitacional. “Despacito, en silencio, se van haciendo desalojos”, dijo por esos días el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

2010 tiene el récord: 36 vetos, un promedio de tres por mes. Durante este año Macri vetó la creación de un registro de ex presos políticos en la Secretaría de Derechos Humanos, la creación de un fondo para la localización y restitución de niños/as secuestrados y nacidos en cautiverio, la creación de un Comité contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el marco de la Defensoría del Pueblo, la creación de una oficina contra la trata de personas y un subsidio a los ex combatientes de Malvinas.

En 2011 corrieron la misma suerte 20 leyes aprobadas por la Legislatura. Durante este año Macri vetó parcialmente la Ley de Protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle. La ley afecta a 17 mil personas que viven en la calle o están en emergencia habitacional. Establecía políticas públicas para mejorar su situación. El artículo vetado por el Jefe de Gobierno se refería al derecho a la ciudad como “una atribución de libertad sobre el uso igualitario y no discriminatorio del espacio público”. Este texto chocaba con el accionar de la UCEP que en ese momento estaba operativa y fue eliminado. El resto de la ley no se vetó pero nunca se reglamentó y sigue sin aplicarse.

El año 2012 terminó con 23 leyes vetadas. Entre ellas estaba la ley que regulaba el procedimiento para la atención integral de los abortos no punibles. La ley regula la realización de abortos en los casos en los que el embarazo afecta la salud de la madre o es consecuencia de una violación. Este veto fue declarado inconstitucional por el juez Roberto Gallardo.

En 2013 los vetos alcanzaron a 12 proyectos de ley. Uno protegía a las empresas recuperadas por sus trabajadores después de la crisis de 2001. Son más de 30 empresas en toda la ciudad. La ley establecía un mecanismo de expropiación a favor de los trabajadores en los casos en que los dueños pidieran la quiebra y había sido sancionada por unanimidad.

El 2014 fue el turno de otras 10. Macri vetó dos leyes impulsadas por legisladores del PRO que prohibían la venta de anteojos en la vía pública y que exigían la colocación de sillas especiales para obesos en comercios de más de 50 metros cuadrados.

Los proyectos de ley del 2015 parecen haber tenido otra suerte. Apenas 1 fue vetado por el jefe de gobierno porteño.


 

Piden investigar el manejo de la pauta publicitaria del gobierno de Macri
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2015-10-01 | Por: Infojus Noticias

El fiscal federal Federico Delgado requirió informes “a los efectos de impulsar la acción penal” en una denuncia por “presuntas irregularidades en la contratación de los proveedores publicitarios, la distribución de la pauta y la publicación de la información oficial al respecto en el sitio web del gobierno de la ciudad de Buenos Aires”.

El fiscal federal Federico Delgado impulsó una acción penal para determinar qué ocurrió con fondos públicos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que fueron falsamente consignados como pauta publicitaria. En el escrito, presentado ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, se destaca que fueron “llamativa y burdamente desviados” y que lo esencial será “develar el destino de esos fondos millonarios”. Entre las medidas pedidas al magistrado está que se intime al área correspondiente del GCBA para que “realice un informe pormenorizado sobre el destino dado a los fondos consignados como pauta publicitaria a todas las emisoras mencionadas”.

La causa se inició a comienzos de septiembre pasado tras una denuncia de Julia Merediz, en representación de la “Cooperativa de Trabajo La Usina de Ideas Ltda”. En ese momento, Merediz acusó a Pablo Facundo Gaytan, titular de la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a Miguel Ángel Godoy, a cargo de la Secretaría de Medios del gobierno porteño, por presuntas irregularidades en la contratación de los proveedores publicitarios, la distribución de la pauta y la publicación de la información oficial al respecto en el sitio web del GCBA, señala el escrito de seis páginas firmado por Delgado.

La denuncia sostuvo que, detrás de la publicación de datos falsos relativos a la distribución de la pauta publicitaria en el sitio web del GCBA, “se esconden maniobras destinadas a desviar fondos millonarios del gobierno porteño”. Merediz evaluó en su denuncia que los comportamientos allí citados podrían encuadrar en los delitos de peculado, falsificación de documentos privados y/o lavado de dinero.

La presentación explica que la cooperativa representada por Merediz es la encargada de gestionar la Radio Ahijuna FM 94.7, una radio comunitaria que transmite desde la Biblioteca Pública y Complejo Cultural Mariano Moreno, de Bernal, y se escucha en varios partidos cercanos. Hasta julio de este año, la radio difundía en su programación avisos publicitarios del GCBA, lo que se vio interrumpido después de que se tomara conocimiento, a partir de una nota publicada en el diario La Nación, que en la página web oficial del gobierno porteño “se consignó que la radio recibió ingresos por publicidad oficial por la suma de $618.638,80 durante los años 2013/2014, cuando, en rigor de verdad, obtuvo solamente $35.580,15”. Ahijuna no es proveedora directa del gobierno porteño, sino que la pauta llegaba a ellos a través de intermediarios, los denominados “bolseros” o agencias, quienes son los encargados de comprar espacios en los medios y luego venderlos a los auspiciantes.

Casi nueve millones
En el escrito también se señala que entre las empresas y sociedades que actuarían como intermediarias entre el gobierno porteño y los medios de comunicación, a nombre de quienes se factura la pauta, hay un nombre “que se repite en la mayoría de los casos es el de María Luz Altobelli”. La mujer es una “esteticista que -según surge de la documentación acompañada- tendría un spa y una clínica de liposucción en San Isidro llamada “Gerove”, y sería una de las encargadas de ofrecer la pauta del GCBA”, se explicita.

Otro de los nombres que aparece es el de su pareja, Juan Pablo Catanzaro, un polista relacionado con la empresa “Media 4, quien “también se encontraría involucrado en las maniobras y además, según el diario Página/12, comercializaría pautas publicitarias del Banco Provincia”, se agrega en él escrito. El nombre de Juan Cruz Fassi es otro de los que surge de esa nota periodística, vinculado con la firma “Media Cruz”. “Estas empresas y sociedades cambiarían sus denominaciones y sus domicilios con frecuencia, los cuales no coincidirían con las direcciones de facturación”, explica el escrito.

De la denuncia realizada por Merediz surge la existencia de otros tres medios de comunicación estarían en una situación similar a la Ahijuna. Y en la presentación realizada por Delgado, además de estos medios se detallan varios otros medios de comunicación mencionados en Página/12. De allí surgen casos similares que ascenderían a $ 8.954,803, una suma que podría incrementarse dado que existirían más radios en situaciones similares a las expuestas.

Medidas solicitadas
Entre las medidas pedidas por Delgado a Martínez De Giorgi está que se “obtengan de la Secretaría de Comunicación Social y de la Secretaría de Medios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires todos los expedientes que contengan los contratos mediante los cuales se otorgó pauta oficial a las emisoras y medios de comunicación individualizados en el dictamen en el período respectivo”. Y también toda documentación donde consten las cuentas bancarias donde se depositó el dinero, reglamentaciones internas referidas a la contratación de los proveedores publicitarios y la distribución de la pauta oficial. Que se reciba declaración testimonial a los dueños de los medios de comunicación involucrados y que además de testificar aporten las pruebas y documentación que estimen pertinentes, como facturas y constancias de depósitos.

Delgado también pidió que se solicite a “la Inspección General de Justicia que remita las actas constitutivas de “Media Cruz”, “Publiespacios SA”, “SDV Media SRL” y “DCLAS SRL”, y toda otra documentación que posea sobre ellas”. Y que se realicen averiguaciones las personas mencionadas en la causa.

Y también solicitó que se chequee si la web del gobierno porteño se encuentran publicados los datos relativos al otorgamiento de pauta. Y, en caso contrario, se le dé intervención a “alguna fuerza de seguridad especializada en la materia para que establezca si la web sufrió modificaciones/actualizaciones durante septiembre, y, en caso de que se haya eliminado información, se arbitren los medios necesarios para recuperarla.

CD/RA

 


 

La Procelac denunció a Niembro por lavado de dinero
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2015-09-11 | Por: Infojus Noticias

También acuso a su ex socio en “La Usina Producciones”, Atilio Meza, y al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. A todos los señaló como responsables de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de la causa que investiga contrataciones irregulares con el gobierno de la Ciudad.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció por lavado de dinero al primer candidato a diputado nacional por el frente Cambiemos, Fernando Niembro, y a su ex socio en la empresa La Usina Producciones SRL, Atilio Meza. La imputación también alcanza al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y a tres ministros porteños por “administración fraudulenta”. Están sospechados de firmar 164 contrataciones irregulares por casi 20 millones de pesos que luego habrían sido blanqueados y reingresados en la economía formal.

La denuncia fue presentada esta mañana por el fiscal general a cargo de la Procelac, Carlos Gonella, y el coordinador y fiscal ad hoc del Área Operativa de Delitos contra la Administración Pública, Milton Khaski. La causa recayó en el Juzgado Federal N°7, a cargo de Sebastián Casanello, y en la Fiscalía N°7, de Ramiro González.

La denuncia sostiene que el jefe de Gabinete porteño, Rodríguez Larreta, el secretario de Comunicación Social, Facundo Gaytán, y las ministras de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley y Gabriela Mabel Reybaud, autorizaron 164 contrataciones por un total de 19.473.878,30 pesos en favor de La Usina Producciones SRL, la empresa fundada en 2012 por Niembro y Mesa, quienes figuran en la boleta de candidatos a diputados por el PRO en la provincia de Buenos Aires.

Las contrataciones no fueron otorgadas “a través del mecanismo de licitación pública”, según establece laley 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad. “Para perfeccionar esta operatoria, se habrían invocado forzosamente razones de ‘urgencia’, dejando así habilitados los mecanismos previstos para la contratación directa”, sostuvo la Procuraduría antilavado, según publicó hoy el sitio de la Procuración General de la Nación Fiscales.gob.ar.

Los imputados
Los representantes del Ministerio Público imputaron a Larreta, Gaytán, Stanley y Reybaud por incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la administración pública y administración infiel.

Niembro y Meza, quienes integran la lista de candidatos a diputados por el PRO en la provincia de Buenos Aires, están sospechados de haber puesto en circulación los más de 19 millones de pesos obtenidos de forma ilegal. Por eso los imputaron por el delito de lavado de activos y pidieron que se amplíe la investigación a “todos los actores de las diversas operaciones comerciales y su círculo íntimo”.

“Hubo una administración fraudulenta por parte de los funcionarios que autorizaron las 164 contrataciones y una maniobra de lavado al ingresar el dinero en el circuito formal de la economía”, explicó una fuente de la investigación a Infojus Noticias.

Además, la Procelac pidió que se solicite información sobre movimientos bancarios y financieros de la empresa y requirió una serie de medidas cautelares para evitar que se disperse el dinero.

Maniobras sospechosas
Los investigadores de la Procelac tuvieron en cuenta el informe de la Unidad de Investigación Financiera, el organismo que dirige José Sbatella, sobre los Reportes de Operación Sospechosa remitidos por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires que involucran a Niembro y Meza. “Hay movimientos (financieros) que no coinciden con los movimientos promedios diarios y mensuales de esta empresa”, explicó uno de los investigadores. Según sostiene la denuncia, el periodista deportivo y su ex socio “incorporaron a sus respectivos patrimonios diversos vehículos de alta gama” marca Mercedes Benz y Audi.

La Usina Producciones S.R.L. fue fundada por Niembro y Meza en mayo de 2012. La Procelac explicó que –según la ley 2095- la empresa “debió haber sido inhabilitada por el GCBA para recibir contrataciones por parte del sector público” porteño por una deuda tributaria que registra ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

La creación de la empresa se dio “en una casi perfecta y exacta sincronía con la data en la que se le adjudicaron los primeros contratos por parte del GCBA”, sostuvo la Procelac, que destacó la “incuestionable ligazón” entre Niembro y Meza con el PRO. “Hay indicios que nos permiten entender que la empresa fue creada a los efectos de ser proveedor exclusivo y directo del Gobierno de la Ciudad. Eso constituiría un delito”, agregó el investigador.

“Una determinada empresa resultó beneficiada a través de la adjudicación prima facie irregular de contratos gubernamentales en forma directa por un monto cercano a los 20 millones de pesos y además, al revisarse la integración de aquella sociedad, se observa que sus socios son actualmente candidatos a cargos electivos en representación de la misma fuerza política que ejerce el gobierno que les asignó los contratos cuestionados”, sostiene la denuncia.

“La nómina de irregularidades no se agota allí”, agrega el escrito, y enumera: la empresa no tenía empleados ni página web. En sus tres años de vida, la empresa tuvo dos únicos clientes: el Ejecutivo porteño y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

El delito de lavado de activos es de competencia federal. Por eso la Procelac pidió que la causa original por “administración fraudulenta”, en manos del fiscal Carlos Valverde y el juez Roberto Ponce, pase a la Justicia Federal. El expediente, en el que se investigan las contrataciones entre La Usina Producciones y el gobierno porteño, se había iniciado el 2 de septiembre a partir de la denuncia del abogado Antonio Liurgo, basada en la investigación publicada por el diario Tiempo Argentino.

SO/PW/RA


 

“El gobierno porteño se rehúsa a cumplir la Ley de Salud Mental”
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2015-09-07 | Por: Infojus Noticias

Lo dijo a Infojus Noticias María Graciela Iglesias, secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental. La Ley de Salud Mental, sancionada en 2010, creó un órgano para monitorear que se cumpla la normativa. Pero la administración macrista recurrió a la Justicia para impedir el funcionamiento de ese organismo.

Matías Carbonell murió a los 23 años después de estar internado durante un año en el Hospital Neuropsiquiátrico “José T. Borda”. En su cuerpo, los médicos que lo atendieron en la terapia intensiva del Penna encontraron las huellas del electroshock: quemaduras de tipo B compatibles con pasaje de corriente eléctrica, una práctica irregular. Además, había engordado 20 kilos por la sobremedicación. La muerte, que aún es investigada por la Justicia, ocurrió noviembre de 2010. Un mes después fue aprobada la Ley de Salud Mental Nº 26.657 con el objetivo de proteger los derechos humanos de aquellas personas, como Matías, usuarias de servicios de salud mental. La norma creó un órgano para monitorear que se cumpla la ley. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires recurrió a la Justicia para impedir el funcionamiento de ese organismo en territorio porteño.

“Es la primera vez que una jurisdicción presenta una acción judicial de este tipo. La Ciudad es el único estamento de gobierno que se rehúsa al cumplimiento de la ley”, dijo a Infojus Noticias María Graciela Iglesias, secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental (ORN).

El ORN tiene la capacidad de actuar en todo el territorio nacional y, además, posee carácter intersectorial: está compuesto por representantes del Ministerio de Salud de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Ministerio Público de la Defensa. También lo integran asociaciones como la Red FUV, organismos de profesionales y trabajadores de la salud-como la Asociación Argentina de Salud Mental-, y de organizaciones no gubernamentales como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Con las otras jurisdicciones tenemos una dinámica de trabajo coordinado. Hacemos convenios de cooperación y capacitaciones”, agregó.

Desde que el órgano se puso en marcha, las autoridades responsables del área de Salud Mental de la ciudad de Buenos Aires se han negado constantemente tanto a mantener contacto como a revisar las prácticas jurídicas y sanitarias que se utilizan en las instituciones de la Ciudad, según consta en el último informe de la Secretaría del ORN.

Incluso, en varias oportunidades las autoridades de una de las instituciones monitoreadas intentaron negar el ingreso al equipo interdisciplinario de la Secretaría Ejecutiva. A pesar de que los operadores del Órgano de Revisión no requieren autorización alguna para ingresar a cualquier establecimiento público o privado del sistema de salud mental.

La medida cautelar que presentó el gobierno porteño recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 12, a cargo de la jueza subrogante Macarena Marra Giménez. El ORN, a través de Iglesias, presentó su descargo la semana pasada. Marra Giménez resolverá si hace lugar a la cautelar. “Se está afectando el interés público nacional. O se está adentro de la ley o se está afuera de ella”, dijo la secretaria ejecutiva.

La judicialización es una respuesta a los monitoreos en los hospitales José T. Borda y Braulio Moyano, llevados a cabo el año pasado, donde quedaron plasmadas serias irregularidades: internaciones de larga data, vulneración del derecho a la intimidad, falta de dispositivos y apoyos que posibiliten la inclusión comunitaria, y déficit de infraestructura y de recursos humanos. El ORN le pidió al Ejecutivo porteño que adecue los servicios evaluados de acuerdo con los estándares impuestos por la Ley de Salud Mental. La respuesta de la gestión de Mauricio Macri fue la acción judicial.

“Morir de manicomio”
Macarena Sabín Paz es coordinadora del equipo de salud mental del CELS y, en diálogo con Infojus Noticias, destacó la importancia de la intervención de los organismos de control como el ORN. “La ley cimenta pisos de derechos sobre los que no vamos a retroceder. Amplió derechos sobre un grupo de gente que nadie había mirado y por primera vez los empiezan a ver como sujetos de derecho. Es grave y es un retroceso que el Órgano de Revisión de la ley no pueda intervenir”, dijo la especialista.

“Los órganos de monitoreo son los únicos que pueden relevar estas situaciones y hacer que se adecuen porque son instancias externas al Poder Ejecutivo”, explicó Sabín Paz. A su vez, la coordinadora del área de salud del CELS expresó que “la Ciudad de Buenos Aires no tiene plan de salud mental. La única respuesta para las personas que tienen un padecimiento mental es la internación. No se condice con la normativa actual de la Ciudad y la nacional. Casi el 90% del presupuesto está destinado a sostener los cuatro hospitales monovalentes”.

Y describió la estampa de estos espacios de encierro: pacientes desnudos, atados, abusos sexuales, personas que se han ahogado con comida o con saliva por estar atados. “El abandono sobre el otro es absoluto. Se mueren de manicomio”, dijo.

En ese sentido, recordó el caso de Carbonell -en el que el CELS patrocina a la familia- y dijo que esperan que se juzgue a los responsables por esta muerte. “La creación de estos mecanismos son para evitar muertes como la de Matías”, detalló Sabín Paz.

MFA/RA


 

Hospital Borda: “No hubo excesos, sino una represión organizada”
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2015-06-25 | Por: Infojus Noticias

Ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional las querellas pidieron que se anule el sobreseimiento a Mauricio Macri y parte de su gabinete en la causa por la represión de la Policía Metropolitana en el hospital porteño. “Fue una represión salvaje” y “una cacería de periodistas, legisladores, trabajadores y pacientes”, dijeron.

Los querellantes en la causa por hechos de violencia perpetrados por la Policía Metropolitana en el Hospital Borda pidieron a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional (CNCCC) que anule los sobreseimientos del jefe de Gobierno Mauricio Macri y otros funcionarios porteños, por lo que calificaron como una “salvaje represión” y una “cacería” de periodistas, legisladores, trabajadores y pacientes.

Lo hicieron ante la Sala III del tribunal al fundamentar, en sendos informes “in voce”, los recursos de casación contra los sobreseimientos que la Cámara en lo Criminal dictó a favor de Macri, la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, el jefe de Gabinete y candidato a la Jefatura, Horacio Rodríguez Larreta, y los ministros de Seguridad, Guillermo Tristán Montenegro, y de Salud, Graciela Reybaud.

Pasado el mediodía, la Sala presidida por Leonardo Días e integrada por Carlos Mahiques y Pablo Jantus dispuso un cuarto intermedio para resolver una cuestión planteada por uno de los defensores contra el informe oral de uno de los querellantes.

Antes, el defensor oficial que patrocina a los pacientes del Borda que resultaron heridos en aquella ocasión, Gerardo Etcheverry, junto con el abogado de dos trabajadores del centro de salud que también fueron lesionados, Rodrígo Ravetti, y el letrado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Martín Alderete, reclamaron que prosiga la investigación y se cite a indagatoria a los funcionarios porteños.

Las querellas también pidieron que se anulen los sobreseimientos del jefe de la Policía Metropolitana (PM), Horacio Giménez, el subjefe, Ricardo Pedace, y el oficial de esa fuerza Rubén Darío Pachano.

Por su parte la defensa de los funcionarios porteños solicitó a su vez que se confirmen los sobreseimientos, se rechacen los argumentos de las querellas e hicieron valer el argumento de la falta de pruebas y que no se puede penalizar a los que están jerárquicamente por encima de los acusados.

La mañana del 26 de abril de 2013, la Metropolitana “no actuó para preservar la seguridad” del personal de una empresa a la que se le había encomendado la demolición del “Taller Protegido 19” que funcionaba en el hospital, sino que se trató de “una cacería” por parte de los efectivos de la PM por la cual Macri y los demás funcionarios de la ciudad “son responsables por comisión u omisión”, sostuvo Ravetti.

Para el letrado “no hubo excesos” de los cientos de efectivos policiales, “sino una represión organizada”, ya que mientras “la demolición del taller” terminó a las 10 de la mañana, las agresiones contra legisladores locales, trabajadores, pacientes y periodistas “continuaron hasta las 15”.

Etcheverry afirmó que, según la prueba reunida en el sumario, se registró un ataque “a personas desarmadas” y “por la espalda”, lo que “nos e puede justificar.

Alderete también sostuvo que “la acción represiva” de la PM “comenzó desde temprano” y que la ilegalidad del operativo fue “claramente visible”, ya que durante el episodio la policía de la ciudad “arrojó gas pimienta y balas de goma”.

Macri y los demás funcionarios porteños “sabían lo que estaba ocurriendo” y “no hicieron nada para impedirlo”, coincidieron los representantes de las tres querellas.

La audiencia se realiza en una sala ubicada en la planta baja de Lavalle 1171 de esta capital, donde, al término de los informes orales de las querellas se aguardaba la de los defensores de los beneficiados con los sobreseimientos que, adelantaron, pedirán que se confirme lo resuelto en la instancia anterior.

Télam/LC

 


 

Taller clandestino: denunciarán a funcionario porteño por el incendio
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2015-05-08 | Por: Infojus Noticias

La presentación judicial será impulsada por el inspector de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, Edgardo Castro, el mismo que denunció la complicidad del macrismo en el incendio fatal de Iron Mountain. Los cargos serán por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El inspector de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, Edgardo Castro, denunciará al director general de Protección del Trabajo del gobierno porteño, Fernando Macchi, por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de la causa que investiga el nuevo incendio de ayer en el taller clandestino del barrio de Flores donde murieron hace más de diez días dos nenes de 10 y 5 años.

“Las maniobras del jefe de Gabinete de Macri, Horacio Rodriguez Larreta, y de Macchi para proteger los talleres con trabajo esclavo son nefastas”, aseveró el inspector había pedido la clausura del galpón de Iron Mountain, en 2008, antes el incendio fatal. Además, explicó que “desde el lunes, Larreta instruyó a un grupo de inspectores coordinados por Juan José Gómez Centurión, titular de la Agencia Gubernamental de Control, para que salgan a cerrar talleres y a asustar a a los trabajadores, porque fueron donde hay laburantes”.

“En base a lo que me contaron los inspectores y miembros de la comunidad boliviana, fueron a 10 domicilios y sólo en uno pudieron encontrar malas condiciones”, añadió Castro. Ayer, diferentes organizaciones sociales, encabezadas por la CTA Ciudad, y con la presencia de los padres de Rodrigo y Rolando Menchaca pidieron la renuncia de este funcionario en un acto en la puerta de la Dirección General de la Protección del Trabajo, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

A los talleres “donde hay trabajo esclavo se les notifica primero a los empresarios y así arman un sistema de protección, y Macchi es el ejecutor”, afirmó. La denuncia contra Macchi “la voy a presentar para ampliar la que realizó La Alameda”, agregó el inspector en referencia a la presentación realizada la semana pasada, por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario y encubrimiento a la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, a Rodríguez Larreta, al subsecretario de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ezequiel Sabor, y a Gómez Centurión. La denuncia, realizada por el legislador y titular de La Alameda, Gustavo Vera, fue radicada en el Juzgado Federal N° 12, a cargo de Sergio Torres, y en la Fiscalía N°2 de Carlos Rívolo, donde se presentará ahora Castro.

En septiembre del año pasado la ONG había denunciado el taller clandestino siniestrado por trata con fines de explotación laboral ante la Procuradurí­a de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo, quien pidió informes al Gobierno de la Ciudad y obtuvo como respuesta “que no habían inspeccionado el taller Páez 2796, donde murieron los niños”.

TELAM/JC

 


 

Los 5 mitos sobre la denuncia de Nisman
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2015-04-07 | Por: Infojus Noticias

Con el correr de los días, superada la conmoción inicial por su muerte, fue quedando al descubierto la falta de pruebas y solidez jurídica de la presentación del fiscal Alberto Nisman. En 289 páginas, había denunciado un grave “plan delictivo” para asegurarles impunidad a los sospechosos iraníes del atentado a la AMIA. Tanto el juez federal Daniel Rafecas como la Cámara Federal terminaron desestimando la viabilidad de la acusación.

Supuestas “reuniones secretas” y “diplomacia paralela”. El 26 de marzo de 2011, el periodista José Eliaschev escribió en el diario Perfil que “el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner estaría dispuesto a suspender de hecho la investigación de los dos ataques terroristas que sufrió este país en 1992 y 1994”. Y narró una reunión “secreta” entre los cancilleres argentino e iraní, y el presidente y el canciller sirios el 23 de enero de 2011 en Alepo, Siria. Sin embargo, la presencia del canciller en ese país fue pública y hubo un cable de la Agencia Télam cubriendo esa información. Esa fue una de las supuestas pruebas en las que cuatro años más tarde se apoyó el fiscal Nisman. La reunión de Siria fue sólo el comienzo del equívoco. A lo largo de su escrito, Nisman se refirió a la existencia de una “diplomacia paralela de facto” para entorpecer la causa, refiriéndose -entre otros- al dirigente Luis D’Elía. Sin embargo, es el mismo operador islámico Yussef Khalil quien dice que Timerman “no cumplió” con lo supuestamente acordado con estos sectores. Cuando desestimó la denuncia, el juez Rafecas fue contundente: “A lo largo de las miles de líneas de conversaciones escrutadas durante varios años, no surge una sola mención, una sola referencia, una sola gestión, una sola participación, ni del canciller argentino, ni de absolutamente nadie de la cartera que conduce. No hay una sola vez en la que la Cancillería argentina aparezca envuelta en lo que Nisman denominó la ‘diplomacia paralela de facto’”.
Los acuerdos comerciales que nunca existieron Otra de las presuntas motivaciones del supuesto “plan criminal” era la supuesta intensificación del intercambio comercial entre los dos países: venderles grano e importar petróleo para paliar la crisis energética. En una de las escuchas, Khalil dice: “El tema que necesita Argentina es petróleo, todo petróleo, y todo lo que está comprando…Irán en grano se lo pueden dar, ese petróleo a cambio de granos”. Y agrega: “Argentina tiene una gran necesidad de petróleo e Irán tiene una gran necesidad de granos y todo eso, empezar el intercambio”. Esto no está respaldado con pruebas: el intercambio nunca existió. No hay informes técnicos, no hay voces de especialistas en las 289 páginas del escrito que avalen los diálogos telefónicos de Khalil. Además había un impedimento técnico para la transacción: “Argentina no podría comprar petróleo iraní porque la calidad del crudo no es la exigida por las refinerías locales”, de acuerdo a los informes del Ministerio de Planificación Federal, de Economía y la AFIP, que fueron presentados por la Procuración General del Tesoro en el expediente. Por otro lado, al momento de los hechos denunciados, Irán estaba aumentando su propia producción de alimentos.
Las circulares rojas. En la denuncia de Nisman se menciona un supuesto pacto de impunidad: consistía en la caída de las alertas rojas que pesaban sobre cinco de los ocho acusados iraníes de la causa AMIA. Desde la presentación de la denuncia hasta ahora, hay gran cantidad de documentos que echan por tierra esa acusación. El 15 de febrero de 2013, cuando Timerman notificó a Interpol de la firma del Memorándum, acompañó una carta en la que advierte que “de acuerdo con las normas aplicables, cualquier cambio en los requerimientos de captura internacional oportunamente formulados a INTERPOL desde la Argentina en relación con los graves crímenes investigados en la causa AMIA, sólo podrá ser realizado por el juez argentino con competencia en dicha causa, Rodolfo Canicoba Corral”. Exactamente un mes después, el 15 de marzo de 2013, el Consejero Jurídico de Interpol, Joel Sellier, informó que el acuerdo no implicaba ningún cambio en el estatus de las notificaciones rojas, y se refirió al Memorándum como un “desarrollo positivo” para lograr el esclarecimiento del atentado. Seis días después, Timerman respondió que la vigencia de las alertas rojas eran una “pieza fundamental en los avances logrados recientemente en causa AMIA”. Hubo una cuarta carta, enviada por el secretario general del Interpol, Ronald Noble, a las autoridades argentinas, después de que el fiscal Nisman presentó la denuncia. En esa nota, Noble aseguró que “su posición y la del gobierno argentino fueron consistentes y firmes” para mantener en vigor las alertas rojas. El propio juez de la causa, Canicoba Corral, cuando le tocó intervenir en la discusión sobre la constitucionalidad del Memorándum, consideró que “la firma del memorándum en nada incidía sobre las notificaciones rojas, cuya vigencia no se vería afectada”. Con toda la prueba documental incorporada en el expediente, Rafecas concluyó “con un ciento por ciento de certeza, ni un atisbo de duda, que Timerman y el gobierno argentino han sido constantes, persistentes e inquebrantables para lograr que Interpol emita, mantenga vigentes y no suspenda o remueva sus notificaciones rojas”.
Las escuchas La mayor parte de las escuchas del escrito surgieron de cuatro teléfonos intervenidos a una misma persona, Jorge Khalil -el supuesto “agente iraní” que “comandaba las negociaciones”,durante dos años y medio. En las charlas, Khalil habla con el dirigente Luis D’Elía y el líder de Quebracho, Fernando Esteche, entre otros. Las acusaciones del fiscal se basan en lo que se desprende de esos diálogos, pero no hay intervenciones a los teléfonos de D´Elía y Esteche. Por otro lado, las voces de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y el diputado Andrés Larroque ni siquiera aparecen en las escuchas, y Nisman no ordenaba ninguna diligencia para comprobar los dichos de terceros sobre ellos.
Sin pruebas contra la Presidenta. En la parte resolutiva de su resolución, Nisman pidió la declaración indagatoria de la presidenta Cristina Fernández, por ser parte del “plan delictivo” para asegurar la impunidad de Irán en el atentado. Sin embargo, a lo largo de la presentación en la que dijo haber trabajado dos años, el juez Rafecas llegó a la conclusión de que “no hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual Jefa de Estado respecto -aunque sea- a una instigación o preparación (no punible) del gravísimo delito de encubrimiento por el cual fuera no sólo denunciada sino también su declaración indagatoria requerida”. LB/RA


 

Organismos de derechos humanos denunciaron a Macri
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2015-02-26 | Por: Lucía Cámpora

Desde finales del 2008 la ley de protección de testigos de juicios de lesa humanidad espera ser reglamentada. Votada por todo el arco político en la Legislatura, el Ejecutivo se resiste a crear el programa necesario para hacerla efectiva.

La ley de protección de testigos de lesa humanidad rige en la Ciudad de Buenos Aires hace más de cinco años, pero nunca se implementó. El Gobierno porteño se resiste a reglamentarla, aunque ya existen dos fallos judiciales que lo obligan a hacerlo. El último es de octubre y el gobierno ya jugó su última carta: un recurso de queja directamente ante el Tribunal Superior de Justicia. Hoy, organismos de derechos humanos pedirán a la Justicia que se cumplan los fallos. Mientras tanto la Ciudad sigue sin contar con un programa de protección de testigos de causas de lesa humanidad.

Se trata de la ley N° 2.939 y se sancionó en noviembre de 2008. La votaron todos los bloques de la Legislatura, incluso el del PRO. Regula “la asistencia y contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado en las causas judiciales” como así también “a su grupo familiar”. Establece que deberá existir un programa específico que brinde a estos testigos acompañamiento y contención, asistencia psicológica, traslados, y que deberá conformarse un equipo con “profesionales, técnicos y administrativos con antecedentes en la temática”.

La ley que el macrismo desprecia no fue una iniciativa aislada sino que tiene su fundamento en hechos que conmovieron al país. Sólo dos años antes de su sanción, en septiembre de 2006, había desaparecido Jorge Julio López, querellante y testigo esencial en un juicio por delitos de lesa humanidad. Su secuestro, presuntamente vinculado con su actuación ante la Justicia, motivó la implementación de programas especiales de protección de testigos de lesa humanidad, y entre ellos la ley de la Ciudad. López había declarado en contra de Miguel Etchecolatz y se cree que fue secuestrado cuando salía de su casa por cuestiones vinculadas a la causa. También en ese año habían secuestrado a Luis Gérez, testigo en la causa contra el represor Luis Abelardo Patti.

Desde la sanción de la ley, el Poder Ejecutivo tenía 60 días corridos para reglamentarla, contados desde su publicación en el Boletín Oficial. Fue publicada de hecho el 29 de enero de 2009 y la fecha de reglamentación expiró el 31 de marzo de ese año, según determinó la Justicia. Ya pasaron casi cinco años y continúa sin estar reglamentada. Mientras que en otras leyes la reglamentación puede ser una mera formalidad, en este tipo de normas es un paso fundamental. La implementación de programas exige, como prevé la ley, la creación de una autoridad de aplicación que conforme los equipos de trabajo y ejecute el programa.

Desde entonces, organismos de derechos humanos vienen pidiendo que se aplique la ley para que asista a los testigos que son parte, por ejemplo, en la megacausa ESMA que se lleva adelante en la Ciudad. La agrupación H.I.J.O.S. presentó una acción de amparo con el patrocinio del Observatorio de Derechos Humanos (ODH).

Ahora, el ODH pidió a la Justicia que haga cumplir sus fallos. “Vamos a pedir sanciones directamente al Jefe de Gobierno, porque es el principal responsable y el que la ley señala que tenía que reglamentar. Vamos a pedir astreintes”, dijo a Infojus Noticias Demián Konfino, abogado del ODH. “Ya van tres sentencias consecutivas y le imponen costas. Desde el Gobierno de la Ciudad hablan de división de poderes, pero desde el Poder Ejecutivo no acatan ni lo que ordenó el Legislativo ni el Judicial”, dijo Konfino. Para él, el incumplimiento “marca un posicionamiento ideológico de que al Gobierno de la Ciudad no le interesa participar de este proceso histórico”.

“Venimos a solicitar se intime el cumplimiento de la sentencia, ordenando al Poder Ejecutivo de la Ciudad, reglamentar la norma bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas en la persona del Jefe de Gobierno”, expresó la organización en su escrito, y señaló que “es el Jefe de Gobierno Mauricio Macri el que se encuentra incumpliendo el fallo, pues de él depende su cumplimiento, a partir de la omisión reglamentaria”. En un comunicado, sostienen que agotarán “todas las vías hasta lograr la satisfacción del principio republicano de gobierno”.

El primer fallo es de mayo de 2012, cuando el juez Juan Vicente Cataldo ordenó a Mauricio Macri que reglamentara la ley en 20 días. “La reglamentación no es una facultad optativa de la administración”, expresó entonces el juez. El ejecutivo porteño apeló la resolución, que después fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. “Se verifica un claro incumplimiento de la ley por parte de la administración”, resolvieron.

Con dos fallos en su contra, el Gobierno de la Ciudad insitió: presentó un recurso de inconstitucionalidad que fue denegado en octubre del año pasado. La última opción que le quedó al gobierno macrista fue un recurso de queja, presentado directamente ante el Tribunal Superior de Justicia, que ahora está pendiente de resolución.


 

La cuñada de Rodríguez Larreta ganó una licitación por 4 millones de pesos
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2015-02-24 | Por: Infojus Noticias

La modelo Julieta Spina se presenta como directora de Contenidos del evento Ciudad de la Moda y asesora del Centro de Diseño donde se realiza. Por noveno año consecutivo, ganó la licitación para tener a cargo la realización de la actividad. Dos legisladores presentaron un pedido de informes.

Los legisladores Fernando Muñoz y Aníbal Ibarra presentarán un pedido de informes sobre “la tarea que realiza en forma permanente Julieta Spina” en el área de licitaciones del Ministerio de Desarrollo Económico. Es porque la modelo, cuñada del jefe de Gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta, ganó una licitación por 4 millones de pesos para realizar el evento Ciudad de la Moda 2015, al mismo tiempo que se presenta como “directora de Contenidos” de esa actividad promovida por el gobierno porteño.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Económico dijeron a Página/12 que la que organiza las licitaciones es Spina, aunque el firmante es el ministro Francisco Cabrera. La modelo es la esposa de Augusto Rodríguez Larreta, ex gerente de Relaciones Institucionales del Grupo IRSA. El hermano del Jefe de Gabinete pasó de la función corporativa en la companía gestora de centros comerciales a la subsecretaría del Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires. Esta semana renunció al cargo para dedicarse a la campaña de su hermano para suceder a Mauricio Macri.

Spina se ocupó de los desfiles de moda organizados por la ciudad en 2011, y pasó a presentarse como “directora de Contenidos” de la Ciudad de la Moda en su cuenta de Twitter y en una entrevista concedida al diario La Nación esta semana. “No es que decidí meterme en esto porque soy la mujer de Augusto. No sentí nunca que estaba puesta a dedo. Llegué con un proyecto interesante y si hubiera estado acomodada no hubiera durado más de un año”, dijo al diario diario.

La primera vez que dejaron una licitación en manos de Spina, los ganadores aparecieron en una nota de la revista Viva antes de su elección formal. La desprolijidad preocupó al subsecretario de Economía Creativa, Enrique Abogadro. Pero Augusto Rodríguez Larreta hizo algunos llamados, ordenó avanzar y hasta propuso que los diseñadores firmaran un contrato de confidencialidad, según Página/12. El mismo diario informó en 2013 que el área de Spina había recibido 3 millones de pesos recortados del Programa de Intervención Social y en Villas.

En la página web de su productora, Spina se define como “asesora del Centro Metropolitano de Diseño”, sede de la Ciudad de la Moda. Es un área del Ministerio de Desarrollo Social, que ya le adjudicó la realización de nueve ediciones del festival a la cuñada del jefe de Gabinete. El año pasado fue la única productora en presentarse a la licitación que ganó, y por la que obtuvo 1.861.000 pesos. Este año repitió el procedimiento y ganó 4 millones para la realización del evento que empezó ayer y dura tres días.

“Spina se presenta como encargada o directora de Contenidos de la Ciudad de la Moda, un espacio gestado en el Centro Metropolitano de Diseño del gobierno porteño, lo que torna incompatible desde todo punto de vista legal y ético para cualquier funcionario público toda contratación con firmas privadas a su cargo, como es el caso de Diada SA”, advirtieron los legisladores Ibarra y Muñoz (Frente Progresista Popular) en su pedido de informes.

 


 

Secretos que no podían revelarse y escuchas sin autorización
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2015-01-17 | Por: Infojus Noticias

Fuentes judiciales coinciden en que el fiscal Nisman infringió la ley de inteligencia nacional al revelar el contenido de escuchas. También pusieron en duda la autorización que el funcionario tenía para hacer esas tareas de inteligencia. ¿Qué sanciones le corresponderían?

En su raid mediático de tres días, el fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, podría haber infringido la ley de inteligencia nacional al revelar el contenido de escuchas telefónicas y también por la forma como efectuó esas escuchas. Distintas fuentes consultadas por Infojus Noticias coinciden en que el accionar del funcionario judicial viola el artículo 17 de la ley 25.520, que establece que la información surgida de tareas de inteligencia es secreta y confidencial.

El contenido de las escuchas telefónicas supuestamente realizadas por la Secretaría de Inteligencia son el pilar del pedido de llamado a indagatoria a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre otros, por eventuales encubrimientos del atentado. Excepto que haya sido relevado del deber de guardar silencio, la ley no permite dar a conocer el contenido de las tareas de inteligencia y fija sanciones previstas Código Procesal Penal.

El juez el juez federal que lleva adelante la causa Amia, Rodolfo Canicoba Corral, al ser consultado sobre las escuchas autorizadas en el marco de la investigación, confirmó que autorizó algunas, entre ellas la de Jorge Khalil, aunque catalogó como “una cuestión muy grave” que el fiscal “ha puesto en evidencia que nosotros estábamos trabajando sobre Khalil sin autorización mía, que soy el juez de la causa, y ya ha arruinado ésta prueba porque a partir de acá ya no podemos escuchar más a Khalil y esto me parece que ya es una conducta casi delictual”. Por otra parte, consideró que “las escuchas deben existir”, aunque “es muy fácil fabricarlas y no tienen ninguna garantía de autenticidad”.

“Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que revelare secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación”, dice el artículo 222 sobre delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación.

El artículo siguiente plantea penas de “un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo, el que por imprudencia o negligencia diere a conocer los secretos mencionados en el artículo precedente, de los que se hallare en posesión en virtud de su empleo u oficio”. En ese sentido, la abogada Graciana Peñafort le dijo a Infojus Noticias: “Nisman pasó por alto el derecho a defensa, el principio de inocencia y la seguridad nacional”.

“Cuando me enteré de la noticia por los medios, me llamó la atención que estaba haciendo públicos datos de una denuncia en la que todavía no había intervenido ningún juez. Que esté hablando en televisión reviste gravedad institucional”, dijo Peñafort. Y agregó que además de incurrir en la violación de secretos, el fiscal puede estar comprometiendo un proceso judicial en curso en el que está involucrada la seguridad nacional presentando prueba basada en inteligencia.

El juez Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la investigación del atentado, dijo que a lo largo de la causa muchas veces ordenó escuchas, pero aclaró que ninguna de aquellas a las que hace referencia Nisman en su denuncia. En una entrevista en el canal de cable TN el fiscal argumentó que las escuchas se hicieron bajo autorización del juez Canicoba Corral por un pedido de él de ocho años atrás. Según la ley de inteligencia nacional 25.520, además de ratificar la “pertinente autorización judicial”, las autorizaciones para intervenir líneas telefónicas son concedidas por un plazo “no mayor de SESENTA (60) días que caducará automáticamente”. Las escuchas se pueden extender por 60 días más si se vuelven a pedir. En ese sentido, si las pinchaduras se mantuvieron durante 8 años como dijo Nisman, Canicoba Corral tendría que haber autorizado casi 50 prórrogas a esa intervención. “La Secretaría de Inteligencia entrega un CD por día al juez, a la policía o al fiscal autorizados siempre por un magistrado”, explicó una fuente judicial.

La presentación de Nisman abrió el debate, también, sobre la legalidad de las pruebas que llevó ante el juez Ariel Lijo para la acusación. La jueza federal María Servini de Cubría rechazó habilitar la feria judicial para dar curso a la denuncia, precisamente, porque según dijo en su dictamen “no se han acompañado las pruebas que le otorgan sustento a sus solicitudes”. Nisman contestó –en los medios- que no llegó a hacer las copias y las presentará el próximo lunes.

“Estamos discutiendo una prueba que no sabemos en qué condiciones fue obtenida. El fiscal ha actuado de manera irresponsable y hasta ahora se demuestra que la investigación que hizo fue deficiente. Ningún juez vio las pruebas”, opinó Peñafort.

De acuerdo al propio Nisman, la base de la acusación está en escuchas telefónicas que se hicieron al número de Jorge Alejandro Khalil, quien informaba al ex agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires sobre las conversaciones y el avance de las negociaciones para destrabar el comercio bilateral.

Para intervenir un teléfono cualquier fiscal tiene que pedir autorización a un juez, con excepción de aquellos casos en los que se investigue un delito contra la libertad individual o un secuestro extorsivo. Aún en estos casos, el representante del Ministerio Público Fiscal tiene que comunicárselo al juez de inmediato que deberá convalidar o no esa decisión en 24 horas. Así lo explicita el artículo 236 del Código Procesal Penal de la Nación.

“No es habitual que en una causa se hagan escuchas por un período tan largo como 8 años pero estas lógicas procesales no existen cuando se trata de un expediente tan complejo como AMIA”, dijo una fuente judicial. Y en esa misma línea Peñafort señaló: “Supongamos que por la entidad que tiene el caso Amia se puede haber hecho una excepción. El juez tiene que haber dispuesto cómo se iban a hacer esas escuchas, quiénes la ibas a hacer, determinar todas las partes del proceso”.


 

Denuncian a Nisman y piden que se investigue su relación con EE.UU.
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2015-01-16 | Por: Infojus Noticias

La presentación la hicieron dos abogados particulares ante la jueza Servini de Cubría. Lo demandaron por incumplimientos de los deberes como funcionario público y abuso de autoridad. Fue por la acusación que hizo el fiscal contra la Presidenta, el canciller y otros dirigentes políticos por supuesto encubrimiento en la causa AMIA.

Los abogados particulares Jorge Cancio y Elizabeth Santucho demandaron este mediodía al fiscal Alberto Nisman por violación de sus deberes como funcionario del Ministerio Público y abuso de autoridad. Fue por la acusación de Nisman contra la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, y otros dirigentes políticos por supuesto encubrimiento en la causa AMIA. La denuncia recayó en el juzgado federal 1 de Comodoro Py, a cargo de María Romilda Servini de Cubría.

“Decidimos radicar la denuncia porque no se puede ignorar una indagatoria de esta naturaleza. Es totalmente injustificada la denuncia de Nisman”, explicó el abogado Cancio a Infojus Noticias. “Se la está imputando a Cristina Fernández de Kirchner por una ley aprobado por el Congreso de la Nación. El Gobierno nacional lo único que hizo fue cumplir con ese acuerdo. Además, debería haber denunciado a todos los que aprobaron la ley”, completó el abogado.

“El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibe sus ministros y admite sus cónsules. Es decir, el acuerdo con la República de Irán, es parte de las atribuciones del cargo de Presidente de la Nación”, dice el escrito presentado por Cancio.

La demanda también pidió que se requiera de la Procuraduría General de la Nación, que indique si estaba dentro de las facultades otorgadas a Nisman la investigación que presentó.

También pidieron que se investigue la relación entre Nisman y la embajada de Estados Unidos. Es por la serie de cables dados a conocer por Wikileaks, en donde hay informes de visitas del fiscal a la delegación diplomática. Uno de esos cables habla de la reacción de los estadounidenses: “No hay que orientarse a la pista siria ni a la conexión local. Seguir esas pistas podría debilitar el caso internacional en contra de los acusados iraníes”. Como medida de prueba, los abogados particulares solicitaron que se llame a declarar a Julián Assange, fundador del ese sitio digital.

 


 

Denuncian a Vidal por usar bienes del Estado en campaña
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2015-01-06 | Por: Infojus Noticias

Representantes del partido de Sergio Massa denunciaron a la vicejefa de gobierno porteño por la entrega de ambulancias del SAME a municipios de la provincia, gobernados por eventuales aliados. Piden que se revierta la medida.

Referentes del Frente Renovador de la ciudad de Buenos Aires denunciaron a la vicejefa del gobierno porteño y precandidata a gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Fue por la entrega de ambulancias a localidades de la provincia que son gobernadas por intendentes radicales y otros potenciales aliados. La medida presentada por los massistas, entre quienes están el ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, y la ex diputada, Cynthia Hotton, pide que se revierta la cesión hecha por Vidal y que las ambulancias sean utilizadas para atender en las villas de la ciudad.

Hace una semana Vidal entregó ambulancias, que el SAME ya no utilizará, a los intendentes de Chascomús, Alberto Gobbi; de Saladillo, Carlos Gorosito; de Ayacucho, Pablo Zubiaurre, y de Daireaux, Esteban Hernando. La lista coincide con los eventuales aliados del PRO. Desde el partido massista denunciaron la utilización en campaña de los bienes del Estado y presentaron un amparo para revertir la medida ante el fuero Contencioso Administrativo porteño, publicó hoy Página/12. “No ha podido hallarse en el Boletín Oficial el acto administrativo por el cual el Poder Ejecutivo habría hecho disposición de esos bienes”, indicaron en el texto de la presentación, en el que citan la Ley 4722, que regula la disposición de bienes del Estado, y señalaron que hay un procedimiento para poder desvincular un bien del Estado, que incluye darle publicidad en el portal del gobierno porteño y en el Boletín Oficial para que se presenten todos los interesados. “Acá no se publicitó a propósito, para entregarlas a los intendentes amigos. Se ha eludido la normativa aplicable para hacer campaña política”, advirtieron.

En la nota se detalla que, junto a Nielsen y Hotton, participaron de la presentación el ex legislador Diego Kravetz, y la dirigente deportiva Florencia Arietto. Y que al Massa haber identificado a Macri como su principal rival dentro de la oposición en las elecciones presidenciales de este año, como estrategia para limitar su intención de voto, el referente del Frente Renovador llevará la pelea al bastión del macrismo, la ciudad de Buenos Aires. Y advierten que esta es la primera denuncia de las muchas que vendrán en el año electoral.

Los massistas se preguntaron por qué no se consideraron otros destinos, como “barrios de la Ciudad donde hay problemas de accesibilidad o una ciudad mucho más pobre como una de Chaco o Formosa”. El gobierno porteño tiene órdenes judiciales para que haya ambulancias disponibles para las villas, que la gestión PRO se resistió a cumplir. Esta situación incluso llevó a que el SAME fuera allanado por orden del juez Andrés Gallardo. La disposición judicial nunca se acató del todo.

“Las ambulancias, por ley, no podían seguir circulando en la Capital y por eso nos parece bien que puedan prestar servicio en otros distritos. No sólo fueron cuatro distritos de la provincia de Buenos Aires y uno de Neuquén”, dijeron a Página/12 desde el entorno de Vidal. “Lo que se hace con los bienes de la Ciudad es campaña para Vidal en la provincia, lo cual es completamente repudiable. Esto es una típica práctica de clientelismo político”, afirmó Kravetz.

 


 

Martino, el banquero del HSBC que está en el ojo de la tormenta
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2014-11-29 | Por: Pablo Waisberg

Es contador egresado de la UCA e ingresó al HSBC al día siguiente de recibirse. Hizo toda su carrera allí: trabajó en la sede de Nueva York y en 2001 volvió a Buenos Aires. En 2009 fue enviado a México y regresó a su país en 2012 para ocupar el cargo máximo de la entidad. La AFIP denunció que tiene una cuenta no declarada en la sede de Ginebra.

Gabriel Martino, un trader de vocación, que se crió en la mesa de dinero del HSBC, está bajo la lupa de la AFIP. Su caso fue el único que trascendió oficialmente de boca de un funcionario del gobierno nacional. Fue Ricardo Echegaray, jefe del organismo que presentó la denuncia contra el HSBC por “evasión fiscal y asociación fiscal ilícita”, quien aseguró que el presidente del Hong Kong Shanghai Bank Corporation tiene una cuenta no declarada en la sede de Ginebra. La denuncia fue rechazada de inmediato mediante un comunicado distribuido en nombre de Martino: “Las declaraciones hechas por la autoridad de la AFIP en relación a la existencia de una cuenta en HSBC Suiza bajo mi nombre son absolutamente falsas”.

Martino creció en Almagro y se hizo hincha fanático de San Lorenzo. Tan hincha se hizo que, el año pasado, se sumó a la Comisión de Notables que se creó para acompañar la gestión de Matías Lammens y Marcelo Tinelli. Estudió dos carreras a la vez: Contador Público y Administración de Empresas en la Universidad Católica Argentina, pero sólo se recibió de contador.

Ingresó al HSBC al día siguiente de recibirse, como relató en una entrevista publicada en el diario El Cronista, y poco después llegó la mesa de dinero del banco. Allí se quedó un buen tiempo. Hasta que llegaron las ofertas para cambiar de oficinas y crecer profesionalmente. Trabajó en la sede de Nueva York y en 2001 volvió a Buenos Aires. Dos años después estaba a cargo de la Tesorería del banco y en 2009 fue enviado a México a ocupar el mismo puesto y una silla en el directorio de la entidad.

Antes de partir se casó con una abogada penalista. La fiesta se hizo en el Faena Hotel. Entre los invitados estuvieron los directores financieros de varios bancos internacionales como Fernando Negri (Standard Bank), Gabriel Ribisich (en ese momento en Santander Río), Mario Quintana (CEO de Pegasus) y Humberto Fagiani (ex Banco Roberts). También brindaron por el nuevo matrimonio el consultor Sergio Berensztein, el economista Carlos Melconian, el periodista Marcelo Longobardi y el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En México estuvo hasta 2012. Ese fue un año complicado para la filial del HSBC en tierras aztecas: el Senado de Estados Unidos acusó a la conducción de la casa bancaria de permitir que los cárteles mexicanos blanquearan su dinero a través de sus cuentas y de eludir las sanciones impuestas a países como Irán o Corea del Norte en sus negocios. La investigación la realizó el Departamento de Justicia estadounidense hablaba de un blanqueo de más de 4.000 millones de dólares. La investigación fue congelada con el pago de una 1.900 millones de dólares.

“Aceptamos la responsabilidad por nuestros errores pasados. Hemos dicho que lamentamos profundamente haberlos cometido y lo volvemos a repetir. El HSBC de hoy es una organización fundamentalmente diferente de aquella que cometió esos fallos”, dijo el jefe máximo del HSBC, Stuart Gulliver. Fue el mismo día en que confirmó que cancelaría la multa que cerró la investigación penal que podría haber terminado con penas de prisión para los responsables.

A mitad de ese año convulsionado, mientras se llevaba adelante la investigación, Martino volvió a Buenos Aires para convertirse en el nuevo jefe de la entidad. Se hizo cargo de una estructura que tiene más de 4.000 empleados y que el año pasado obtuvo ganancias por 6.400 millones de pesos, según el ranking elaborado por la revista Mercado. Ese resultado lo ubicó en el séptimo puesto de una lista conformada por veinticinco bancos.

“Entre el primer trimestre de 2007 y cuarto trimestre de 2013, promedio, de las operaciones financieras y cambiarias estuvieron concentradas en cinco bancos Citi Bank (14%); HSBC (9,5%); Santander Río (8,6%); BBVA Fránces (7,9%); y Galicia (6,9%). Todas estas entidades financieras integran el grupo de bancos privados extranjeros”, detalló el economista Ernesto Mattos en el último informe que elaboró para el Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria (Ciges).

Según ese informe, el HSBC ocupa el segundo lugar en el ranking de los cinco bancos que más crecieron entre 2006 y 2013. Se ubicó detrás del Banco Superville y creció 901 por ciento, por delante del Macro, del Patagonia y del Banco Nación. Allí no están registrados aun los avances que logró el banco que dirige Martino de cara a seguir posicionándose en Argentina, que es uno de los veinte mercados estratégicos donde la firma británica había decidido operar.


Procesaron al jefe de la Metropolitana por la represión en el Borda
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2014-10-24 | Por: Infojus Noticias

Horacio Giménez estuvo a cargo del operativo que intentaba desalojar la protesta por la destrucción del Taller Protegido 19 del Borda. Se lo acusa de delitos de abuso de autoridad con lesiones leves en perjuicio de 32 víctimas. En el mismo fallo fueron sobreseídos el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y otros funcionarios de su administración.

El juez en primera instancia Jorge Adolfo López dictó ayer el procesamiento sin prisión preventiva para Horacio Giménez, el actual jefe de la policía Metropolitana. Es por la represión del 26 de abril de 2013 en el hospital neuropsiquiátrico Borda. Se lo acusa de delitos de abuso de autoridad con lesiones leves en perjuicio de 32 víctimas. En el mismo fallo fueron sobreseídos el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri; la vicejefa María Eugenia Vidal; el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chaín; el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro; la ministra de Salud, Graciela Reybaud; y el subjefe de la Metropolitana, Enrique Pedace. También fue sobreseído el agente Rubén Darío Pachano.

Hasta ayer el único policía procesado y separado de la fuerza era el agente de la Policía Metropolitana Martín Roth. En abril la Sala IV de la Cámara del Crimen pidió a la Justicia de primera instancia que se siguiera investigando las responsabilidades de la represión. En su dictamen, los jueces habían revocado el sobreseimiento a las máximas autoridades del gobierno porteño.

Giménez estuvo a cargo del operativo que intentaba desalojar la protesta por la destrucción del Taller Protegido 19 del Borda. “Se le atribuye haber emitido orden a los funcionarios policiales a su cargo a golpear y disparar balas de goma en forma excesiva e indiscriminada de las personas que se hallaban en el lugar”, dice el dictamen delJuzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N°30 al que tuvo acceso Infojus Noticias. Y agrega de manera contundente: “No tomó a su cargo las medidas pertinentes a los efectos de que cesara o se evitara reprimir”.El juez López, además, dictó un embargo de .000 para el jefe de la Metropolitana.

Durante la represión los policías golpearon a legisladores, trabajadores que se acercaron al lugar, periodistas, personal médico, de enfermería y trabajadores del Hospital Borda. La Defensoría Pública de la Nación es querellante en representación de pacientes que fueron víctimas del violento intento de desalojo ese día.

Según una nota publicada en el diario Página/12, en 2011 Giménez era comisario general de la Policía Federal y fue marginado de la cúpula de la fuerza por la ex ministra de Seguridad, Nilda Garré.

Ese mismo año asumió como jefe de la Metropolitana. Giménez hoy tiene 60 años. Su carrera como policía comenzó a los 18 cuando entró a la Escuela de Cadetes de la Federal en 1972. Tres años después fue enviado a Tucumán, donde se desarrollaba el Operativo Independencia, en el que hubo unos 700 desaparecidos. Allí fue reclutado por el Ejército durante tres meses.

La represión
El conflicto en el Borda comenzó a mediados de 2012, cuando el gobierno porteño quiso trasladar el taller para construir en el espacio un centro cívico. En julio de ese año fue cerrado, y en enero de 2013 la jueza Elena Liberatori ordenó su reapertura. En febrero, la jueza Andrea Danas revocó la medida alegando ya se había construido otro lugar para cumplir la misma función. En ese fallo se basó el gobierno porteño para destruir el taller.

La demolición fue ordenada por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Chaín, quien pidió, para garantizarla, la presencia de la Metropolitana. La represión habría comenzado, según el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro, cuando dos trabajadores arrojaron piedras a la policía que custodiaba las topadoras. “Si creemos que tirarle piedras a la policía está bien estamos en un grave problema”, dijo en la indagatoria a la que fue sometido el día siguiente a la represión en la Legislatura porteña.


Denunciaron penalmente a Macri por administración fraudulenta
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2014-09-11 | Por: Infojus Noticias

El jefe de gobierno porteño también fue denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario y negociaciones incompatibles con la función pública. Es por la colocación de bonos de 2012 y 2013. También fueron denunciados el jefe de Gabinete y el titular de Hacienda porteños.

El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, fue denunciado los delitos de administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario y negociaciones incompatibles con la función pública. La denuncia fue hecha por Martín Hourest, titular del GEN porteño y asesor en la Auditoría General de la Nación, que también denunció por los mismos delitos al jefe de Gabinete macrista, Horacio Rodríguez Larreta, y el titular de Hacienda, Néstor Grindetti.

La denuncia es por la emisión de deuda en la Ciudad de Buenos Aires, que implicó la colocación de bonos durante 2012 y 2013 a un costo del 60% anual, entre intereses, gastos y comisiones. Según consta en la denuncia de Hourest, la Ciudad perdió $ 1500 millones de pesos por año por haberse endeudado bajo una modalidad que ata el bono a la cotización del dólar, en lugar de usar otros instrumentos financieros en moneda local.

Hourest también pidió que se investigue a los compradores, ya que presume que pudo existir “tráfico de información” a favor de quienes fueron acreedores y obtuvieron ganancias de más del 50% en sólo 18 meses.

Para graficar la pérdida de dinero por año, Hourest explicó que el monto superaba a los presupuestos destinados a infraestructura en salud y educación o que equivalía a lo mismo que hubiera costado hacer tres Metrobus en la 9 de Julio.

El gobierno macrista se endeudó por $ 4300 millones con la emisión de bonos atados a la flotación del dólar que al cobrarse se pagan de acuerdo con la cotización vigente en el momento del vencimiento. Es decir que el acreedor no sólo ganó el 12% anual de interés ofrecido, sino que por las series 1 y 2, y por obtener 476 millones, la Ciudad pagó 800 millones de pesos; y por 417 millones que entraron a sus arcas terminó desembolsando 698 millones en moneda local. Algo similar ocurrió con el resto de las emisiones que alcanzaron en los últimos meses hasta la serie 6.

Además, todas las emisiones fueron hechas “por debajo del valor de mercado”, ya que a los pocos días de salir a la rueda, su valor era superior al nominal. Hourest pidió al juez que investigue quienes tomaron esa deuda ante la sospecha de que existió tráfico de información.

Esta no es la primera denuncia que recibe el gobierno el gobierno macrista por el caso. En 2011 la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció a funcionarios del gobierno porteño por la contratación de la consultora del empresario Edgardo Srodek, que aportó dinero a la campaña de Macri en 2007 y es hermano del dirigente ruralista del PRO en la provincia de Buenos Aires. Sroedk cobró casi $ 10 millones en comisiones.

A esta denuncia, el bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura porteña sumó ayer la creación de una Comisión Especial de Análisis de la Legalidad y Revisión del Endeudamiento Público de la Ciudad.

Por iniciativa de la titular del bloque kirchnerista, Gabriela Alegre, y de su vice Gabriel Fuks, se investigará por qué, desde 2007, el PRO incrementó la deuda porteña en más de un 500%, mientras a nivel nacional se produjo el proceso inverso.


 

Comuneros denunciaron a Macri y a Larreta “por abuso de autoridad”
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2014-07-14 | Por: Infojus Noticias

A partir de un decreto, el jefe de gobierno porteño creó dos gerencias y subgerencias con idénticas funciones a las de los funcionarios electos en los barrios. Los integrantes de 13 juntas comunales presentaron una acción de amparo para pedir la nulidad y la suspensión de la medida. También hicieron una denuncia penal.

Integrantes de trece juntas comunales porteñas reaccionaron ante el decreto del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, que creó dos gerencias y subgerencias con idénticas funciones a las de los funcionarios electos en los barrios. Ayer presentaron una acción de amparo para pedir la nulidad y la suspensión del decreto 251/2014, y presentaron una denuncia penal por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público contra Macri y el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta.

El decreto 251 se conoció hace una semana. La nueva norma le atribuye competencias a esas “gerencias y subgerencias” que por ley corresponden a los órganos comunales. Las nuevas dependencias estarán bajo la órbita de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, a cargo de Eduardo Macchiavelli. Además de ir contra la Ley Orgánica de Comunas, los decretos violan la disposición constitucional que atribuye a la Legislatura la facultad de regular la organización de las Comunas.

Para los comuneros que realizaron la denuncia, el decreto representa “un golpe institucional con el único fin de destruir los gobiernos comunales”. En conferencia de prensa, señalaron que el PRO “ya tuvo dos intentos fallidos, por medio de proyectos de reforma de la ley 1.777, iniciativas rechazadas por todos los vecinos, comuneros y legisladores de la oposición”. Los trece comuneros ya recibieron el apoyo de legisladores de los bloques Verde Alameda, FIT y MST. Se espera que en los próximos días también haya manifestaciones del bloque de legisladores y de comuneros del Frente para la Victoria.

El decreto creó una “Gerencia Operativa de Gestión Administrativa”, con la función de “intervenir en la elaboración del programa de acción y el anteproyecto de presupuesto anual de la Comuna”. También la faculta para “intervenir en la administración del patrimonio de la Comuna en coordinación con el área competente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana”.

Ambas atribuciones son propias de las Comunas, e indelegables a una autoridad de la administración central. El art. 10 de la Ley de Comunas dispuso que “la elaboración participativa de su programa de acción y anteproyecto de presupuesto anual, su ejecución y administración del patrimonio” es una función exclusiva de las Juntas Comunales –el órgano de gobierno de las “unidades de gestión política y administrativa descentralizada”–.

Los decretos tienen menor jerarquía que las leyes, y por ende, deben subordinarse a lo dispuesto por ellas. El flamante decreto 251 contradice por completo las disposiciones de la ley, y le arroga funciones que no le corresponden a oficinas que quedan directamente bajo su cadena de mando. De esa forma, Mauricio Macri intenta avasallar por segunda vez las instituciones creadas por la Constitución de la Ciudad en 1996.

Macchiavelli, las Comunas, y las Unidades de Atención Ciudadana
El GCBA bloqueó el funcionamiento de las Comunas desde su nacimiento. Aunque fueron previstas por la Constitución porteña, recién en 2005 se las reguló por ley. La primera elección de autoridades se realizó en 2011, pero para ese entonces, Macri ya había creado el área de acción de Eduardo Macchiavelli y a las Unidades de Atención Ciudadana (UAC) bajo su supervisión. Las funciones de los viejos Centros de Gestión y Participación (CGP) pasaron a las UAC, cuando correspondía que fueran asumidas por las Juntas Comunales y los Consejos Consultivos.

Allí nació el primer conflicto. En agosto de 2011, 35 legisladores, comuneros y vecinos de la ciudad presentaron el primer amparo. Las UAC también habían sido creadas por decreto, el 379/11, que reproducía extractos textuales de la Ley de Comunas para atribuirle esas funciones a las nuevas oficinas centralizadas. En abril de 2013, la justicia porteña validó el reclamo y declaró que el decreto era inconstitucional.

Pero la definición del macrismo de vaciar las Comunas sería completada con los años con otra disposición práctica: la subejecución de los presupuestos. Aunque les corresponde el 5 por ciento del presupuesto anual, las Comunas apenas recibieron las partidas destinadas a cubrir los salarios de los comuneros. En las sedes comunales, son pocos los que tienen dónde sentarse a trabajar. Faltan sillas, mesas y hasta los insumos básicos de papelería.

La ley 1777 que las creó, define a las Comunas como “unidades de gestión política y administrativa descentralizada con competencia territorial, patrimonio y personería jurídica propia”. La idea de la descentralización es delegar en un espacio de participación vecinal cuestiones como la gestión de los espacios públicos, el cuidado del patrimonio vecinal, el control de los servicios, la gestión de proyectos sociales y comunitarios, y hasta la implementación de formas alternativas de resolución de conflictos.

 


 

Escuchas ilegales: Montenegro no se presentó a declarar
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2014-04-15 | Por: Infojus Noticias

El ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires estaba citado por la causa de las escuchas telefónicas ilegales, en la que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, está procesado. Montenegro debía declarar como testigo.

El ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, no se presentó hoy ante el juez federal Sebastián Casanello, según fuentes judiciales le informaron a Infojus Noticias. Estaba citado por la causa de las escuchas telefónicas ilegales, en la que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, está procesado. Montenegro debía declarar como testigo.

A principios de marzo, Casanello envió a juicio oral a cuatro ex funcionarios macristas, a un ex juez de Misiones y a cinco policías de la provincia por formar parte de una asociación ilícita que hacía escuchas ilegales. Sobre el jefe de Gobierno porteño dijo que las pruebas directas que había hasta el momento no alcanzaban para llevarlo a juicio pero que seguía procesado. Por eso ordenó nuevas medidas como esta citación a Montenegro, porque entiende que sus dichos podrían ser vitales para decidir el futuro de Macri. Es decir, su sobreseimiento o envío a juicio oral.

Según fuentes judiciales, todavía no está establecido una nueva fecha de citación para el funcionario macrista.

El magistrado también solicitó que se investigue a la empresa de seguridad privada contratada por Franco Macri para averiguar sobre el esposo de su hija.

En la causa se comprobaron una decena de escuchas ilegales con temas diversos: desde divorcios de mucho dinero, hasta sumarios disciplinarios y litigios empresariales. “No hay un patrón económico, ni político que indique Macri haya instigado las pinchaduras”, explicaron voceros judiciales a Infojus Noticias. Sin embargo, Casanello sigue trabajando en la búsqueda de pruebas contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Para Casanello están acreditados el vínculo y las pruebas contra los imputados, por eso los envió a juicio oral. Se trata del exjefe de la Metropolitana Jorge “Fino” Palacios; su subjefe, Osvaldo Chamorro; el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski, el exespía Ciro James, el exjuez de Misiones, José Rey; su secretaria Mónica González, y los policías misioneros Antonio Fernández, David Amaral, Rubén Quintana, Raúl Rojas y Diego Guarda.

Semanas atrás el fiscal federal Jorge Di Lello apeló el fallo del juez Casanello sobre las escuchas telefónicas ilegales. Para Di Lello “está hartamente probada la relación directa de Mauricio Macri con Jorge Fino Palacios, aún más allá de sus respectivas funciones”. También explicó en su recurso de apelación que los cargos contra Macri “fueron debidamente acreditados a lo largo de este extenso expediente”.

La causa comenzó en 2009 en manos del juez Norberto Oyarbide, quien actuó como subrogante. En mayo de 2010, Macri quedó procesado y Montenegro fue sobreseído. El año pasado el caso quedó en manos de Casanello.

 


Indagarán al proxeneta relacionado con una ex legisladora macrista
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2014-04-11 | Por: María Florencia Alcaraz

Se trata de Carlos Daniel Morales Comini, acusado de regentear una red de trata. El juez Ariel Lijo lo citó para el miércoles próximo. Morales Comini se hizo público esta semana con la difusión de una escucha en la que llama a Lidia Saya, actual defensora adjunta porteña.

Durante nueve meses el Juzgado Federal 4, a cargo de Ariel Lijo, siguió de cerca a seis bandas de proxenetas que actuaban en distintos departamentos “privados” de la Ciudad. A través de escuchas telefónicas y distintas medidas de inteligencia, la investigación logró demostrar el funcionamiento aceitado de una red de trata. La pesquisa tuvo su ápice con el megaoperativo del 27 de octubre cuando se allanaron una treintena de prostíbulos y se rescataron 57 víctimas. Esa madrugada las fuerzas de seguridad tenían una lista con pedidos de detención. Tres de ellos eran para Carlos Daniel Morales Comini, María Adelaida Caroso y Salvador Rizzo. Todos integrantes de una misma banda. Los dos primeros lograron profugarse. A Rizzo lo detuvieron con prisión preventiva esa noche, junto a otras seis personas.

Morales Comini, Caroso y Rizzo tienen una cita en Comodoro Py el próximo miércoles. En diciembre, la Sala I de la Cámara Federal los había dejado libres. Sin embargo, distintas medidas de prueba recolectadas por los operadores judiciales los complica aún más, por eso Lijo los llamó a indagatoria. Uno a uno comparecerán ante el juez la semana que viene.

El nombre de Carlos Daniel Morales Comini se hizo público esta semana con la difusión de una escucha que figura en la causa en la que el hombre llama a la ex legisladora del PRO Lidia Saya, actual defensora adjunta de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La funcionaria se contactó con Morales Comini el 30 de agosto del año pasado de parte de Gabriela Michetti, actual senadora del partido del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. En la escucha, Saya le propone ir a la legislatura a una reunión “para sumarse a los equipos de campaña”.

Morales Comini es conocido como “Kali” o “Coco”, junto a su pareja María Adelaida Caroso regenteaban al menos dos prostíbulos, uno en Esmeralda 770 2° C y F y otro en Santa Fe 1714 6° 606. En la casa donde vivía Caroso se secuestró una hoja manuscrita con nombres de mujeres, arancel, tiempo, hora y porcentaje; y otra hoja con la inscripción “pases”. Las pruebas que la incriminan se abultan en Comodoro Py.

En el llamado a indagatoria -al que tuvo acceso Infojus Noticias- se enuncia que la pareja de proxeneta junto a Rizzo “habrían promocionado, facilitado y explotado económicamente la prostitución de, al menos, cinco mujeres”. Según la causa, Rizzo es la ex pareja de Caroso. En la expediente hay una cuarta persona nombrada como “Sergio” pero no identificaba. Rizzo y Sergio estaban en una segunda línea de jerarquía, colaboran en distintos roles.

De acuerdo con el escrito judicial, para mantener la explotación los procesados se valieron de “amenazas, maltratos, intimidación, restricción de libertad, retención de documentación, restricción de alimentos y bebidas, y abuso de la situación de vulnerabilidad”.

Al menos una de las víctimas habría sido engañada respecto del trabajo y forzada a mantener distintas prácticas sexuales según el deseo de los prostituyentes, obligándola incluso a mantener relaciones sexuales sin preservativo.

La banda de Morales Comini
En el profuso expediente judicial Morales Comini, Caroso y Rizzo son mencionados como la Banda IV. La pareja de proxenetas recaudaba 00 diarios por cada “privado”. Actuaban con la venia de “funcionarios públicos a cargo del control preventivo de la zona donde estaban los inmuebles”. Las mujeres explotadas se quedaban con la mitad de la ganancia. A algunas las multaban por incumplimientos a las reglas de la organización y cobraban aún menos dinero.

Los tres proxenetas que deberán enfrentar a la justicia la semana que viene son la cara visible de esta red de trata. Sin embargo, la investigación judicial demuestra la multiplicidad de actores, con roles diferenciales, que forman parte de la concreción de este delito de tentáculos imperceptibles. Por ejemplo, la banda liderada por Morales Comini contaba con un servicio de volanteros que distribuían los denominados “papelitos” de la oferta sexual que pueden verse en las avenidas céntricas. En los departamentos no trabajaban únicamente las mujeres que eran prostituidas. También contaban con recepcionistas y telefonistas que complementaban el sistema de captación de clientes y concertación de servicios sexuales.

El control y seguimiento cotidiano del negocio ilegal se hacía a través de un triple mecanismo. Rizzo, Caroso y Comini recorrían los prostíbulos todos los días: verificaban los ingresos y los pases realizados. Por otro lado, estaban en contacto constante a través de la vía telefónica. Desde sus teléfonos celulares se comunicaban con las recepcionistas de los lugares que les facilitaban los reportes. Y por último, las víctimas eran controladas las 24 horas mediante cámaras filmadoras. De esta manera monitoreaban que no los engañaran en la cantidad de “pases” que les reportaban cuando visitaban el departamento. Las cámaras filmadoras habían sido instaladas por la empresa Fibercom, de Fibertel.

En la conversación con la ex legisladora del PRO, “Kali” dice que “maneja sus tiempos” y trabaja en microcentro, que allí tiene su “oficina”. Un eufemismo para hablar de los prostíbulos. “Kali” tenía su domicilio fiscal fijado en uno de los privados. Había declarado ejercer actividades de “Peluquería y otros tratamientos de belleza”. Cuando prestó declaración indagatoria ante el juzgado de Lijo dijo que era fotógrafo y diseñador.

En el llamado a indagatoria queda evidenciado, también que la banda de Morales Comini tenía contacto fluido con las otras bandas: intercambiaban información sobre volanteros, vínculos policiales y técnicas de ejecución.

Otros dos integrantes de la red que operaba en microcento, desbaratada en octubre del año pasado, fueron llamados a indagatoria. Pabla Seitour y Sonyi Hernández deberán explicar ante los operadores judiciales la semana próxima.


Un proxeneta en la campaña electoral del PRO
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2014-04-07 | Por: Florencia Alcaraz

En las escuchas de la megacausa contra seis bandas de proxenetas de la Ciudad de Buenos Aires figura un diálogo entre unos de los principales acusados y la entonces legisladora del PRO Lidia Saya. Se trata del hombre que amenazaba con quemar con ácido a las mujeres que querían escapar de su red.

La investigación a seis bandas de proxenetas que actuaban en distintos departamentos “privados” de la Ciudad comenzó con una denuncia de una recepcionista arrepentida en enero del año pasado y explotó en octubre con un megaoperativo. A partir de escuchas telefónicas los investigadores lograron armar el mapa de una red para la explotación sexual que se comunicaba entre sí para delimitar territorios, contactar a los locales donde se imprimían los volantes y sobrevivir en el negocio ilegal. Las escuchas hablan de “pases”, “volanteros”, “privados” y avisos en los diarios para captar a las mujeres explotadas. Pero también mencionan la connivencia policial y la vinculación de uno de los integrantes de la banda con una funcionaria del PRO.

Lidia Saya, actual defensora adjunta de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aparece en las escuchas que se hicieron en el teléfono de Carlos Daniel Morales Comini, líder de una de las bandas, investigado por el delito de trata de personas para la explotación sexual. Saya realizó el llamado desde su despacho en la legislatura porteña, donde representó al PRO durante ocho años.

Según el procesamiento, publicado en noviembre del año pasado, la funcionaria se contactó con Morales Comini de parte de Gabriela Michetti, actual senadora del partido del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri.

“Yo soy legisladora de la Ciudad. Trabajo con ella en el PRO y me dio su nota para que lo convoque para charlas, para ver cómo lo podemos sumar a los equipos de campaña que arrancan ahora”, dice Saya en el audio. Morales Comini se muestra contento e interesado durante toda la charla. La conversación telefónica fue el 30 de agosto de 2013. Saya le propone ir a la legislatura a una reunión que queda pautada para el 2 de septiembre, en plena campaña electoral.

Al inicio del diálogo telefónico el hombre, conocido bajo el alias de “Kali” y “Coco”, menciona al Club All Boys de Saavedra. El mismo lugar donde, un mes antes del llamado, Michetti lanzó su campaña para senadora.

La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4, a cargo de Ariel Lijo. La semana pasada Saya se presentó, de manera espontánea, en esta sede judicial con un escrito donde explica los motivos de ese contacto y asegura desconocer la actividad a la que se dedicaba Morales Comini. Según la nota, la defensora adjunta del pueblo explica que él había enviado una carta para participar del PRO. Ella, como encargada de responder a esas demandas, lo llamó.

“No queda descartado que el hombre haya hecho aportes para la campaña del PRO o cómo se sumó a los equipos de campaña que se mencionan en la escucha. Es una línea para investigar”, dijo a Infojus Noticias una fuente judicial cercana al juzgado.

El apellido Morales Comini no aparece en el informe financiero de la campaña. Saya si figura dentro del listado de aportantes a la campaña.

En la conversación con la ex legisladora del PRO, “Kali” dice que “maneja sus tiempos” y trabaja en microcentro, que allí tiene su “oficina”, un eufemismo para hablar de los dos privados que regenteaba junto a su pareja, María Adelaida Caroso. Uno de ellos funcionaba en la calle Esmeralda 770, 2° F y C, y otro en Santa Fe 1714, 6° 606. El 26 de octubre allí se encontraron dos mujeres en el primero y otra en el segundo. Pero, según se desprende de la causa, manejaba más prostíbulos.

El 26 de octubre, cuando se allanó más de una treintena de “privados”, las fuerzas de seguridad tenían una lista con distintos pedidos de detención: uno de ellos era el de Morales Comini. Desde ese día estuvo prófugo de la Justicia desde hasta el 5 de diciembre de 2013 cuando la Sala I de la Cámara Federal le concedió la eximición de prisión.

No es la primera vez que se lo acusa de explotación sexual. Según investigaciones preliminares de la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (Protex), que se mencionan en la causa de Lijo, el domicilio de la calle Esmeralda registra más de 20 antecedentes de investigaciones relacionadas con la explotación de la prostitución ajena. “Kali” y su mujer están procesados por otra causa, radicada en el Juzgado Correccional n°12, Secretaria n°77 desde 2010, por violación a la ley de profilaxis, la legislación que impide la existencia de prostíbulos.

“Kali” tenía su domicilio fiscal fijado en uno de los departamentos que funcionaban como prostíbulo. Había declarado ejercer actividades de “Peluquería y otros tratamientos de belleza”. Cuando prestó declaración indagatoria ante el juzgado de Lijo dijo que era fotógrafo y diseñador. El hombre nació en Uruguay pero se nacionalizó argentino. Hoy reside en el barrio de Villa Devoto.

Cómo funcionaba la banda
La banda liderada por Morales Comini y su mujer tenía un circuito aceitado para la explotación. Comenzaba con la captación de las víctimas a través de avisos clasificados en los diarios. En el procesamiento se menciona un aviso publicado en Clarín solicitando “señorita con buena presencia”. El arancel por “pase” era de 200 pesos. Las víctimas obtenían la mitad de ese dinero. En algunos casos su ganancia era menor. Se las castigaba por trabajar menos. Según los datos de la causa, la recaudación era de $ 5.000 por día por domicilio.

“Kali” era uno de los proxenetas más violentos con las víctimas. En las escuchas se oye una conversación entre él y otro hombre en el que discuten sobre una de las mujeres explotadas que decía que no iba a trabajar más. Comini la amenazó.

—¿Cómo es eso que me vas a meter una denuncia?

—No, no, no quise decir eso.

—¿Denuncia? Te voy a tirar ácido en la cara y no vas a laburar más en ningún lado. Y ahí sí me vas a denunciar. ¿Ustedes piensan que es una joda esto? ¿Que están jodiendo? No te aguanto más.

De las escuchas se desprende, también, que la banda operaba con la venia de efectivos a los que les pagan coimas. En una de las conversaciones interceptadas por el juzgado de Lijo, Comini habla con su mujer sobre la dueña de otros privados que no quiere pagar .000 a un supuesto policía de nombre “Hugo” que los advertía de los allanamientos.

Según la causa 382/13 las víctimas de Morales Comini eran “literalmente esclavas de sus explotadores”. Las mujeres encontradas en los departamentos eran vigiladas y controladas por medio de cámaras de seguridad. “Esta banda controlaba los horarios de las mujeres, estipulaba turnos y les realizaba descuentos superiores a los pautados como castigo en caso de llegar tarde”, dice el expediente judicial.

La escucha

—Hola.

—Hola. Sí, ¿quién habla?

—Hola. ¿Con el señor Morales?

—Sí, ¿quién habla?

—Sí. Mi nombre es Lydia Saya. La señora Gabriela Michetti me dio su teléfono por una nota que usted le mandó a ella hace ya como un mes. Me parece.

—Sí. Del Club Saavedra. All Boys Saavedra.

—Yo soy legisladora de la Ciudad. Trabajo con ella en el PRO y me dio su nota para que lo convoque para charlas, para ver cómo lo podemos sumar a los equipos de campaña que arrancan ahora.

—Buenísimo. Me pone muy contento.

— ¿En qué barrio estás trabajando vos?

—Yo estoy en Villa Devoto. Vivo en Villa Devoto. Trabajo en zona.

—Ah genial. Nosotros ahí en zona. No exactamente en Villa Devoto pero en Villa del Parque tenemos un local de gente que está directamente vinculada con Gaby. No se si anduviste por ahí. No tengo acá la dirección exacta. Después hacemos un contacto. ¿Querés que organicemos algún día te viene bien venirte para el centro para la legislatura?

—Yo estoy todos los días porque tengo una oficina y manejo los tiempos. Así que me encantaría cuanto antes.

—Ah genial. Yo estoy acá en la legislatura que es en la…Irigoyen y Perú. Esto es la legislatura de la Ciudad.

—Sí, sí, la legislatura, perfecto. Sí.

—Esperame que agarro la agenda y vemos qué día podemos organizarnos.

—La semana que viene es la semana del 2. ¿A vos el lunes por la tarde?

—Sí, no hay inconveniente en horarios.

— ¿No tenés problema?

—No, no para nada.

— ¿Y tipo tres?

— Tres de la tarde.

—Sí.

—¿Qué día?

—El lunes.

—El lunes. Tres de la tarde.

— ¿Te queda bien? Porque el martes también puede ser a la misma hora.

—Está bien. El lunes a las tres. No hay inconveniente.

—Esto es Irigoyen que es la legislatura, Perú 160. Mi oficina es tercer piso 321. Lidia Saya ese es mi nombre.

—Lidia Saya ese es mi nombre.

—Lidia Saya.

—En la entrada decís que venís a verme y mi asistente autoriza al de seguridad para que pases.

—Perfecto señora Lidia. Gracias por el llamado y el lunes a las tres de la tarde estoy ahí.


 

Escuchas ilegales: quiénes son los funcionarios que van a juicio
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2014-03-07 | Por: Gustavo Ahumada, Natalia Biazzini y Franco Lucatini.

Casanello pidió más pruebas y Macri sigue procesado. Por qué no irá a juicio. Quiénes son los funcionarios que sí estarán sentados en el banquillo de los acusados.

El juez federal Sebastián Casanello elevó a juicio oral a cuatro funcionarios macristas, a un ex juez de Misiones y a cinco policías de la provincia por formar parte de una asociación ilícita que hacía escuchas ilegales. En su fallo, el juez expresó que el cierre de la investigación contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri fue “apresurado”, y que no hay hasta ahora prueba directa para llevarlo a juicio, aunque continúa procesado e investigado.

Para Casanello están acreditados el vínculo y las pruebas contra los imputados, por eso los envió a juicio oral. Se trata del exjefe de la Metropolitana Jorge “Fino” Palacios; su subjefe, Osvaldo Chamorro; el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski, el exespía Ciro James, el exjuez de Misiones, José Rey; su secretaria Mónica González, y los policías misioneros Antonio Fernández, David Amaral, Rubén Quintana, Raúl Rojas y Diego Guarda.

Aunque Casanello valoró que las pruebas no alcanzaban para enjuiciar a Macri, anuló el cierre de la instrucción en lo que concierne al jefe de Gobierno porteño. Esto significa que aunque no estará sentado en el banquillo de los acusados, seguirá siendo investigado por su presunta vinculación con las escuchas ilegales.

“La atribución de responsabilidad respecto de Mauricio Macri, a diferencia de lo que sucede con el resto de los imputados, pasó a sostenerse casi exclusivamente en su posición de vértice dentro de la estructura burocrática de su gobierno”, explicó el juez a través del fallo.

La imputación contra Macri se basaba en dos ejes: las escuchas contra Sergio Burstein, referente de la Asociación Agrupación de Familiares y Amigos de Víctimas de la AMIA, y Néstor Leonardo, cuñado de Mauricio.

El fallo de 178 páginas habla sobre la falta de prueba directa contra Macri: “Se lo coloca al frente de una asociación ilícita dedicada a realizar espionaje ilegal en función de su posición institucional como jefe de Gobierno”. Sin embargo, para el juez “ninguno de los escritos ya sea del fiscal o de las querellas señala o especifica una prueba directa que permita sostener que Macri haya requerido u ordenado espiar”.

Los investigadores dijeron a Infojus Noticias que el juez remarcó que en la causa se comprobó una decena de escuchas ilegales de todo tipo, desde divorcios de mucho dinero, hasta sumarios disciplinarios y litigios empresariales. “No hay un patrón económico, ni político que indique Macri haya instigado las pinchaduras”, explicaron. “Los requerimientos de elevación a juicio fracasan en la motivación por ausencia de prueba. Lo determinante es que tampoco se ha ofrecido prueba que acredite que Macri fuese el instigador” de las intervenciones ilegales, dice el texto del fallo.

La Cámara Federal de Casación había fallado contra Macri al confirmar su procesamiento. Para Casanello la imputación contra el jefe de Gobierno “se agota en una suerte de responsabilidad por organigrama”, por ser la cabeza del gobierno porteño. Otro dato que los investigadores señalaron como llamativo es que el juez federal Norberto Oyarbide – a cargo de la instrucción como juez subrogante- no haya escuchado al ministro de Justicia y Seguridad Guillermo Montenegro, que era el jefe directo de Palacios.

Para continuar con la instrucción el juez Casanello resolvió dos nuevas medidas: citar como testigo al ministro Montenegro -será el 15 de abril- y profundizar la investigación sobre la empresa de espionajeThe Ackerman Group. Se trató de “un cierre de la instrucción apresurado pues restaba producir prueba significativa para el resultado de la causa”, agregó el magistrado al ordenar la declaración de Montenegro y otras medidas que apuntan a investigar a la empresa de seguridad, contratada por Franco Macri para investigar “los riesgos de su hija Sandra vinculados a su matrimonio” con Leonardo.

Fuentes judiciales indicaron a Infojus Noticias que el padre del jefe de Gobierno porteño nunca estuvo imputado y que él no tenía por qué saber los métodos que utilizaba la empresa. Sobre el origen estadounidense de The Ackerman Group, Casanello envió un exhorto al gobierno norteamericano pidiendo datos de la empresa. Nunca le respondieron. También pidió información a la Inspección General de Justicia (IGJ).

En la última parte del fallo, Casanello diferenció la responsabilidad política -que pudiera caberle a Macri- de la responsabilidad criminal: “No deben confundirse dos niveles de análisis, el político y el penal. Una cosa es asignar responsabilidad política o de gobierno, y otra muy distinta atribuir responsabilidad penal”, agregó sobre la causa abierta en 2009 por un llamado anónimo recibido por la hija de Burstein, donde se le advirtió que su padre estaba siendo espiado.

Quiénes son y qué hicieron
Para la Justicia, los principales responsables de la estructura de escuchas ilegales son cinco: todos ellos fueron funcionarios. Cuatro participaron de la gestión de Mauricio Macri al frente del Gobierno porteño y uno era magistrado provincial en Misiones. Todos ellos están acusados de integrar una asociación ilícita.

(ver ficha en captura completa, copiada al final de la nota)

defraudaciones –por la contratación irregular de Ciro James- y fraude en perjuicio de la administración pública. Esos delitos prevén penas de hasta 6 años, que se suman a los 3 a 10 años por asociación ilícita.

(ver ficha en captura completa, copiada al final de la nota)

Jorge “Fino” Palacios está sindicado como coautor del delito de violación de secretos y de privacidad en cinco oportunidades, responsable por falsificación de documentos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Las penas previstas llegan a los 6 años de prisión. Si se comprobase que integró la asociación ilícita, se suma la pena de hasta 10 años.

(ver ficha en captura completa, copiada al final de la nota)

Ciro James está acusado de violación de secretos y de privacidad, falsificación de documentos, usurpación de títulos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Podría enfrentar penas de hasta 6 años, además de las de asociación ilícita. Además, podría ser sancionado con una inhabilitación temporal –por el doble de la condena- para ejercer cargos públicos.

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Osvaldo Chamorro está señalado como encubridor. De ser condenado pasaría de seis meses a tres años tras las rejas. Por el delito de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, también podrían inhabilitarlo por el doble del tiempo. La pena sería más grave si lo condenaran como miembro de la asociación ilícita.

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José Luis Rey enfrenta cargos por violación de secretos y de privacidad, prevaricato y asociación ilícita. Las penas son de hasta 15 años de prisión, multas de hasta 75 mil pesos e inhabilitación perpetua.


 

Cómo es enseñar y aprender en un “aula container”
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2014-02-18 | Por: Matías Máximo

En la escuela Normal N° 9, del barrio de San Nicolás, los chicos aprenden en aulas container. Iba a ser por un tiempo, hasta que concluyera la obra de refacción del establecimiento, pero ya llevan cinco años. “Mientras doy mi clase de Matemática, escucho la clase de Historia del container de al lado”, dice un maestro del nivel inicial.

Los alumnos y profesores de la escuela Normal N° 9 saben lo que significa estudiar adentro de un container. Hace cinco años, cuando empezó la obra de refacción del edificio emplazado donde nace el barrio San Nicolás, en Corrientes y Callao, el patio de la escuela quedó poblado de aulas ensambladas en dos pisos que vinieron con sus respectivos baños, también portátiles.

“Mientras doy mi clase de Matemática, escucho la clase de Historia del container de al lado, ya que las paredes son de un material finito. Al principio lo tomamos con calma, ya que la idea era que avanzaran con la obra mientras de forma provisoria hacíamos un esfuerzo, pero pasaron los años y mucho no avanza”, dijo a Infojus Noticias Daniel Masci, profesor del nivel inicial.

Como el espacio del patio está ocupado desde que empezó la obra, las clases de gimnasia se dan, como se pueda, en los pasillos. Eso desde afuera no se ve. En la esquina de la escuela está el pasaje Discépolo, que en unos pocos meses de 2013 se convirtió en una cuadra luminosa por las luces que le incrustaron en el piso. Eso sí se ve.

“La experiencia es muy dura, porque la realidad es a veces estamos amontonados. El aspecto simbólico de dar clases en un container es negativo, pero desde nuestra parte tratamos de ser positivos y pensar que era algo provisorio. Aunque sea incómodo, ruidoso y caluroso, lo soportábamos pensando que era momentáneo, aunque con el correr del tiempo nos cuesta creer porque avanza muy lento”, contó Masci.

Para este año el gobierno porteño asignó 216 millones de pesos a infraestructura escolar. La ley de Presupuesto, votada en diciembre, era por 231 millones, pero Mauricio Macri lo disminuyó un 7% mediante un decreto del 3 de enero. El costo por container es de 634.523,81 pesos, mientras que un aula de ladrillo cuesta 336 mil pesos. Por el momento, la Ciudad compró 42 containers.

El gobierno porteño no sólo piensa en containers. También en durlock. De ese material se están construyendo aulas en los pasillos del Instituto Félix Bernasconi. La semana pasada la jueza Elena Liberatorio hizo lugar a una acción de amparo presentada por la legisladora porteña Virginia González Gass para frenar la construcción en ese colegio, considerado monumento histórico nacional. Las obras consisten en la colocación de paredes de durlock en los pasillos del tercer piso, para convertirlos en aulas donde se dicten cursos.

El juez Osvaldo Otheguy, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 8, intimó al gobierno porteño a regularizar la situación de los nueve mil alumnos sin vacantes durante los próximos tres días, algo a lo que se había comprometido el ministro de Educación Esteban Bullrich en una audiencia del 30 de diciembre pasado.

Este domingo la Multisectorial “Ningún niño sin escuela pública” hará un festival familiar en Parque Chacabuco con la consigna “Unidos por la escuela pública”. Habrá música en vivo, artistas invitados y talleres para niños, como forma de visibilización del reclamo por las vacantes y en contra de las aulas “container”.

“Es muy difícil sostener la convicción de que algo cambiará cuando la obra está prácticamente paralizada. Vemos a los obreros trabajar, pero la realidad es que son muy pocos para la obra que se pretende. El edificio tiene nivel inicial, secundario y terciario, y vamos rotando los usos de las aulas containers”, concluyó Masci, que se mantiene esperanzado de que algún día la escuela deje de ser container y sea contenedora.

 


 

Iron Mountain había sido premiada por el gobierno porteño
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2014-02-07 | Por: Infojus Noticias

La empresa, cuyo depósito de Barracas se incendió el miércoles, recibió una distinción de parte del jefe de Gobierno, Mauricio Macri. También fue beneficiada con eximiciones impositivas estimadas en 6 millones de pesos. Los controles realizados por la Auditoria General de la Ciudad revelaron falencias, por ejemplo de “cantidad escasa de personal”.

La empresa Iron Mountain (IRM), cuyo depósito en Barracas se incendió el miércoles, había sido premiada en 2009 por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tuvo entre sus accionistas a Paul Singer, director del fondo buitre que accionó contra la Argentina y logró la retención temporal de la Fragata Libertad en los puertos de Ghana.

Iron Mountain, una de las empresas de almacenamiento y manejo de documentación más grandes del mundo, recibió el premio de la mano de jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, por ser una de las tres primeras firmas en el Registro de Empresas TIC de la Ciudad de Buenos Aires.

“Ha sido beneficiada y premiada cuando fue incorporada a la zona del distrito tecnológico en Parque Patricios. A partir de esto se ha visto beneficiada con eximiciones impositivas que, según mis cálculos, superan los 6 millones de pesos, como consecuencia de no tener que pagar Ingresos Brutos ni ABL”, dijo a Infojus Noticias,Eduardo Epszteyn, auditor general de la ciudad de Buenos Aires,

Y agregó: “Es una empresa que ha sido contratista del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos en dos oportunidades. Es una empresa conocida por el Gobierno porteño”.

El auditor general porteño advirtió además que IRM tiene sus depósitos -particularmente el que se incendió- en una zona de la Ciudad donde los controles han demostrado falencias, según se indicará en los próximos informes de la Auditoría con respecto a la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC), que expondrán pruebas y testimonios que dan cuenta de que “la cantidad de personal es escasa” para garantizar las inspecciones y que “falta comunicación” con Habilitaciones y otras áreas.

“En algún otro depósito perteneciente a la empresa, el gobierno ha hecho clausuras por no contar con un plan de contingencia ante el fuego. Es un antecedente concreto que tiene esta empresa del año 2007/2008 donde fue clausurada”, dijo Epszteyn.

Consultado sobre los controles que deberían haberse realizado en el lugar el auditor porteño dijo: “Es claro que el Gobierno debiera trasparentar que inspecciones se hicieron en el lugar como correspondía, qué actuación tuvo la dirección de Defensa al consumidor que tiene el deber de auditar y conocer quienes hicieron las instalaciones fijas del depósito contra incendio, quién hace el mantenimiento”.

Iron Mountain estaba habilitada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde noviembre de 2007, según trascendió ayer. La agencia Télam intentó consultar a la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires cuando se realizaron las últimas inspecciones sobre el depósito de IRM pero no obtuvo respuestas.

Algunas de las empresas que depositaban sus documentos en IRM son el banco HSBC, la aseguradora La Caja, Molinos Río de la Plata, Boldt, Telefónica, y El Cronista Comercial.

La participación del estadounidense Paul Singer en el paquete accionario de la empresa fue, al menos hasta el año 2012, a través del fondo NML Elliott Capital Management que posee el 5 por ciento de las acciones. “No tenemos la acción de Iron Mountain desde hace un año”, confirmó a Télam uno de los voceros de Elliot.

A pesar de que el porcentaje accionario era bajo, Singer logró imponer a hombres de su confianza al frente de la compañía: en 2011 propuso a cuatro directores de los cuales dos ingresaron a la firma en el año pasado.

 


 

El HSBC, un banco en la mira de la Justicia por lavado de dinero
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2014-01-27 | Por: Infojus Noticias

Fue señalado como uno de los bancos que días atrás hizo subir la cotización del dólar. La entidad está acusada de lavado de dinero en Argentina y EE.UU., donde la vinculan con el narcotráfico mexicano y con operaciones financieras que burlaron el embargo estadounidense a Irán. En nuestro país acumula multas por 100 millones de pesos.

El Gobierno nacional mantiene la lupa sobre el HSBC. La decisión no tiene que ver puntualmente con la maniobra denunciada en estos días, que habría generado la suba en la cotización del dólar, sino con una forma de operar sistemáticamente: el banco está acusado de lavado de dinero en Argentina y Estados Unidos. Las causas internacionales vinculan a la entidad con el narcotráfico mexicano y con operaciones financieras que burlaron el embargo estadounidense a Irán.

“Mantenemos la lupa sobre esa entidad. No es un problema puntual. Es un banco que nació para financiar la Guerra del Opio y sigue haciendo lo mismo”, señaló una fuente oficial a Infojus Noticias y otro asesor de la administración central indicó que están pendientes de resolución las multas aplicadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) hace más de un año y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Se trata de investigaciones que incluyeron el allanamiento a la casa central del HSBC, y varias sucursales, con secuestro de documentación.

Las multas aplicadas en Buenos Aires suman casi 100 millones de pesos. Fueron durante el 2012 pero el banco apeló dos veces. La última fue en marzo del año pasado y aún está pendiente de resolución por parte de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. En ambos casos, la UIF aseguró que el HSBC no informó sobre operaciones irregulares de la consignataria rural Zerllafot Campos Salto y de la Asociación Mutual de Panaderos Unidos del Tercer Milenio.

Además, la AFIP denunció que el HSBC ocultó información sobre las operaciones de varias empresas que blanquearon casi 400 millones de pesos durante el 2009. En este caso, la denuncia detalla la compra de facturas apócrifas con cheques que luego se depositaron en la entidad pero los reportes de operaciones sospechosas fueron hechas sobre cuentas asociadas a números de CUIT genéricos que dificultaron el seguimiento.

La decisión del HSBC de apelar las denuncias en la Argentina contrasta con el comportamiento que siguió la entidad en Estados Unidos, donde pagó una multa por más de 1.900 millones de dólares. La multa fue aplicada en el marco de una investigación que realizó el Departamento de Justicia durante 2012. En esa causa, el Senado estadounidense acusó a la conducción del HSBC de no frenar operaciones de lavado de activos de narcos mexicanos a pesar de tener indicios de que se trataba de maniobras irregulares. Según constataron los investigadores, el banco envió desde México a Estados Unidos unos 4.000 millones de dólares físicos, que fueron llevados por camiones de caudales o aviones.

“Aceptamos la responsabilidad por nuestros errores pasados. Hemos dicho que lamentamos profundamente haberlos cometido y lo volvemos a repetir. El HSBC de hoy es una organización fundamentalmente diferente de aquella que cometió esos fallos”, dijo el jefe máximo del HSBC, Stuart Gulliver, al confirmar que pagarían las multas que les permitió, además, que se cerrara la investigación penal que implicaba penas de prisión para los responsables.

A mediados del 2012, mientras se estaba llevando adelante la investigación que culminó en diciembre, el tesorero del HSBC de México, Gabriel Martino, fue enviado a Buenos Aires para quedar como jefe de la entidad. Era el cierre de una etapa de seis años, entre 2003 y 2009, donde había trabajado eficazmente para el banco de capitales británicos: “El HSBC definió a la Argentina como uno de los 20 mercados estratégicos donde quiere operar”, detalló Martino en una entrevista al explicar por qué la entidad lo premió con un ascenso.

Desde su llegada a Buenos Aires, Martino trabajó con la línea de ampliar el poder de la entidad británica. Así puso el eje en mostrar el banco y se encargó aceitar relaciones con los distintos actores políticos. Una de esas relaciones es con el funcionario macrista y hermano del jefe de Gabinete porteño, Augusto Rodríguez Larreta. Ambos suelen aparecer fotografiados en los eventos que organiza el banco, con Martino de anfitrión principal, en la exclusiva José Ignacio, en Punta del Este. A esa fiesta también fueron Delfina Blaquier, Bartolomé Mitre, Eduardo Costantini, Dolores de Álzaga, Ximena Caminos y María Laura Leguizamón.

Esa no fue la única fiesta en que la que se fotografiaron juntos: Augusto se casó con Julieta Spina en el Tattersall en Palermo y allí invitó a Martino, que fue acompañado por su pareja, María Florencia Perotti. También llevaron regalos Luis Betnaza, la cara pública de Techint; Adrián Kaufmann Brea, de Arcor; Marcos Gastaldi y Marcela Tinayre, Ari Paluch y Eduardo Elsztain, dueño del Grupo IRSA.

 


Nuevos casos de reclamos en escuelas porteñas por falta de vacantes
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2014-01-22 | Por: Infojus Noticias

A los primeros reclamos por vacantes no asignadas –que oscilaban los 4700- se suman 1793 chicos a los que les sacaron la vacante para asignársela a los que las estaban reclamando. En la Defensoría General de la Ciudad constan 17.615 casos de inscriptos que fueron enviados a una lista de espera.

Al Gobierno porteño le quedan siete días hábiles para resolver el faltante de vacantes para los casi 17 mil chicos de la ciudad que todavía no saben si podrán empezar las clases. A los primeros reclamos por vacantes no asignadas –que oscilaban los 4700- se suman 1793 chicos a los que les sacaron la vacante para asignársela a los que las estaban reclamando. El ministro de Educación, Esteban Bullrich, se comprometió en sede judicial a solucionar el problema antes del 3 de febrero.

En los registros de la Defensoría General de la Ciudad, a los que accedió Infojus Noticias, constan 17.615 casos de inscriptos mediante la vía online que fueron enviados a una lista de espera. De ese total, son 13.211 los casos de nivel inicial, en donde el mismo Gobierno porteño ha reconocido que no podrá cubrir las vacantes. Sólo 4656 de esos casos derivaron en un reclamo formal ante la cartera que conduce Esteban Bullrich, y apenas 1678 son del nivel inicial. El resto desistió –e inscribió a su hijo en un establecimiento privado, o sigue sin vacante- o no conoce fielmente la situación y no sabe que su hijo no tiene un pupitre asegurado.

El gobierno de Macri dice haber resuelto 4100 casos de los casi 4700 reclamos formalizados. Sin embargo, el defensor General de la ciudad, Mario Kestelboim, señaló que 1793 de esas vacantes fueron “reasignadas” –se les sacaron a chicos a los que se les habían asignado para dárselas a otros que tienen prioridad-. Son 3905 los inscriptos a los que no se les respetó la prioridad de tener un hermano en la misma institución, o de haber concluido el ciclo anterior allí, entre otros supuestos; y 2987 corresponden al nivel inicial. “Fue una segunda oleada de reclamos”, explicó Kestelboim a Infojus Noticias.

Containers: “Un peligro para la vida y la salud”
La Defensoría del Pueblo acudió a la justicia en 2006, a partir de la instalación provisional de aulas container en distintas zonas de la ciudad. El proceso judicial giró en torno a una escuela de La Boca, y el entonces juez de primera instancia Fernando Lima –hoy camarista- consideró que “sólo acudiendo a un eufemismo puede sostenerse que los containers en cuestión constituyen, efectivamente, aulas”. En su sentencia, el juez instó al GCBA a realizar las obras necesarias para garantizar las aulas.

En consonancia con una presentación realizada por la ACIJ, el magistrado consideró “impropio que se dicten clases en tales denigrantes condiciones” y dictaminó que “implica un concreto peligro para la vida y salud de alumnos y personal docente y no docente en virtud de los materiales de que están hechos los containers y de la circunstancia de que tienen una sola -y pequeña- vía de entrada y salida”. Los 42 containers, que le costarán al fisco 364.524 pesos cada uno, no cumplen con las condiciones de seguridad que exige la ley para las aulas, según dijo Eduardo López, secretario general de UTE.

En cuanto a la distribución de los containers, de los cuales cuarenta irán a la zona sur de la ciudad, López –consultado por Infojus Noticias- señaló: “El mensaje es claro. Si tenés plata, vas a una escuela. Si no tenés plata, vas a un container”. Sólo dos containers estarán destinados a escuelas de Palermo y Saavedra, el resto estarán en la zona sur, aunque diez de ellas serán utilizadas para sanitarios, comedor y oficinas de administración. No está especificado en el Boletín Oficial que anunció la licitación –por un total de 26.650.000 pesos- si las aulas contarán con ventilación, aire acondicionado o calefacción, ni las demás condiciones.

No se asoman soluciones
El Ejecutivo porteño aún no resolvió los problemas de los miles de chicos que fueron desplazados por el nuevo sistema de inscripción online. La causa judicial que inició Kestelboim y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), no volvió a mostrar ningún avance desde ese momento, y el 3 de febrero volverá a estallar el conflicto. Las aulas container, implementadas como solución transitoria para menos de mil alumnos, lejos están de cubrir el faltante de vacantes que crece año a año.

Bullrich se comprometió a lograr la solución definitiva para el primer día hábil de febrero, pero después de implementar las ampliamente rechazadas aulas container, no parece haber pensado en otra alternativa. El ministro asistió con sus colaboradores a una audiencia ante el juez Osvaldo Otheguy el viernes 27 de diciembre, y se reunió con el defensor General de la ciudad, Mario Kestelboim y su equipo.

El reclamo no sólo hizo reaccionar al sindicato docente y a la Defensoría General. También se despacharon desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, desde la Auditoría General. Padres, docentes, estudiantes secundarios, organizaciones políticas, asociaciones civiles de toda índole y ciudadanos de a pie se organizaron en una “multisectorial” para exigir que se garanticen las vacantes y en repudio al “parche” de las aulas container. Desde ese espacio comenzaron a juntar firmas para motorizar su protesta, y organizaron dos marchas a las puertas del Ministerio de Educación porteño.

El jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta aseguró desde su cuenta en la red social Twitter que “los chicos de más de cuatro años tendrán su vacante”, pero no aclaró qué planes hay para aquellos que son menores y para los que no parece haber solución. La vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, reconoció en una entrevista en Radio Mitre que “hay un problema de vacantes” pero lo calificó de “histórico” y negó que fuera consecuencia de la implementación del sistema de inscripción por internet.


 

Las “aulas container” del gobierno porteño irán a barrios de zona sur
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2014-01-17 | Por: Franco Lucatini

El Ejecutivo de la Ciudad pagará 26.650.000 pesos para obtener 42 containers, de los cuales 32 improvisarán aulas y el resto serán sanitarios, áreas administrativas y un comedor. Cuarenta de ellos estarán en los barrios del sur y se instalarán en una fábrica abandonada, predios de otras escuelas y terrenos baldíos.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer los distintos puntos donde se ubicarán las aulas “modulares” según lo previsto por el Gobierno porteño. Lo hizo a través de un informe donde también señaló que la mayoría estarán ubicadas en la zona sur de la ciudad y se destinarán al nivel inicial. La medida fue repudiada por los docentes, la Defensoría General y la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires; y ya cuenta con un antecedente judicial donde se las consideró “denigrantes” y “un peligro para la vida y la salud”.

El Ejecutivo de la ciudad pagará 26.650.000 pesos para obtener 42 containers, de los cuales 32 improvisarán aulas y el resto serán sanitarios, áreas administrativas y un comedor. Cuarenta de todos ellos estarán en los barrios del sur –en una fábrica abandonada, predios de otras escuelas y terrenos baldíos-, uno en Palermo y otro en Saavedra. En los predios donde serán ubicadas debían erigirse escuelas que fueron proyectadas con anterioridad, pero cuyas obras apenas fueron iniciadas.

“Es violencia simbólica, pedagógica y educativa” protestó Eduardo López, secretario general de UTE-CTERA. En diálogo con Infojus Noticias, explicó la importancia de que las escuelas se encuentren en condiciones. “La escuela es el primer edificio público al que ingresa un niño, y hay cientos de pibes que van a entrar a un container”. Para el gremialista, “es una forma de mercantilización de la educación”, algo que encuentra inaceptable porque “la educación es un derecho, no una mercancía”.

El titular del sindicato de docentes sostuvo que la medida impulsada por el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, apunta a lograr el vaciamiento de la educación pública. Según López, no se trata de algo aislado. “Se verifica en todas las áreas del gobierno de Macri. Siempre va en desmedro de lo público”. Criticó la disminución del presupuesto relativo para la educación pública en la ciudad, que en 2003 alcanzaba el 30 por ciento del total y para este año no llegará al 24 por ciento. “Además de recortar presupuesto, lo subejecuta y después reasigna las partidas para otras cosas”.

La Justicia no avala los containers
La Defensoría General de la ciudad realizó una acción de amparo ante la justicia del fuero contencioso administrativo porteño. Fue por el déficit de vacantes que ocasionó la implementación del sistema de inscripciones online, estimado en 17 mil chicos. Según UTE, son seis mil los que no tienen vacante asignada y otros once mil los que tienen garantizado un lugar, pero no el que les corresponde según las prioridades que establece el reglamento. Un chico que termina el ciclo preescolar y comienza la escuela, tiene derecho a seguir en esa misma institución; al igual que los que son inscriptos en la escuela de su hermano o donde trabaja alguno de sus padres. Esas prioridades no fueron respetadas.

El Gobierno de la ciudad se comprometió en sede judicial a solucionar el problema de las vacantes antes del tres de febrero, y la Defensoría General advirtió que no podía garantizar esas vacantes con las llamadas “aulas modulares”. Las aulas tenían que garantizarse con la construcción de aulas, el alquiler de establecimientos o la habilitación de otros edificios públicos para utilizarlos en el dictado de clases. La posibilidad de que los chicos asistieran a clases a un container fue descartada desde el comienzo.

La Defensoría del Pueblo ya había impugnado la utilización de un aula de este tipo en La Boca, y en un fallo de 2006, el entonces juez de primera instancia Fernando Lima –hoy camarista- obligó al GCBA a realizar las obras necesarias para garantizar las aulas, y consideró que “sólo acudiendo a un eufemismo puede sostenerse que los containers en cuestión constituyen, efectivamente, aulas”. En consonancia con una presentación realizada por la ACIJ, el magistrado consideró “impropio que se dicten clases en tales denigrantes condiciones” y dictaminó que “implica un concreto peligro para la vida y salud de alumnos y personal docente y no docente en virtud de los materiales de que están hechos los containers y de la circunstancia de que tienen una sola -y pequeña- vía de entrada y salida”.

El padre de una niña a la que le anularon la vacante para una escuela porteña por “errores formales” en el sistema online solicitó que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata del abogado Daniel Igolnicov, que solicitó que se habilite la feria judicial para que su expediente sea tratado. En el escrito judicial, enfatizó que el GCBA sostiene una “actitud soberbia y demagógica”, denunció que no le dieron respuesta a su reclamo, y que las víctimas son “las familias, así como miles de niños y niñas y adolescentes”, informó Telam.

Resistencia y medidas de fuerza
Docentes, no docentes, padres y asociaciones de la sociedad civil organizaron una Multisectorial por las vacantes que faltan. Bajo el lema “Ningún niño sin escuela pública” comenzaron a juntar firmas en repudio a la implementación del sistema de inscripción online, que desde la Defensoría General de la Ciudad fue considerado “un método para trasladar parte de la matrícula pública a la privada”. La campaña continuará el fin de semana en los parques, plazas y esquinas más transitadas de la Capital Federal.

UTE convocó a una movilización para este martes al mediodía hasta las puertas del Ministerio de Educación porteño, ubicado en Av. Paseo Colón 255. Entregarán el listado con las firmas peticionando para que se vuelva al sistema tradicional de inscripción y para que se garanticen las vacantes para los cerca de 17 mil alumnos que fueron afectados. “La educación pública es un derecho, y debe ser igualitaria y de calidad”, apuntó López. Y agregó: “para el macrismo, si no tenés plata vas a un container, y sólo si tenés plata vas a un lugar digno”.

 


 

Infojus: Los diputados que no acompañaron la ley de fertilización asistida
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2013-06-06 | Por: Infojus Noticias

Diez diputados no votaron a favor de la ley de Fertilización Asistida, sancionada ayer en el Congreso. Ocho legisladores del PRO y un radical se abstuvieron y hubo un voto en contra.

La ley de Fertilización asistida contó con 204 votos a favor en la Cámara de Diputados, pero también hubo un voto en contra y nueve abstenciones. La ley obliga a las obras sociales, los hospitales públicos y las empresas de medicina prepaga a cubrir los costos de los distintos.

Rodolfo Fernández, de la Unión Cívica Radical, fue el único que se abstuvo de su bloque, que apoyó la iniciativa tras el discurso de Ricardo Gil Lavedra. El jefe del bloque radical expresó su felicidad por legislar “en materia de igualdad”, consideró que “la infertilidad es una necesidad social” y que no puede excluirse de las prácticas de fertilización asistida a quienes no tienen capacidad para pagarlas.

El voto negativo fue de Julio Ledesma, por la Corriente de Pensamiento Federal, un bloque compuesto únicamente por él. Ledesma es un dirigente de La Matanza que durante los primeros tiempos de Néstor Kirchner participó del armado oficialista. Después rompió filas, y en 2009 renovó su banca de diputados desde el bloque Unión PRO. Volvió a romper, y desde entonces compuso un monobloque. Se especuló con su acercamiento al intendente de Tigre, Sergio Massa, pero trascendió esta semana que cerró un acuerdo con el macrismo.

El PRO dio libertad de acción a sus diputados. Aunque con críticas a la ley, Laura Alonso, Silvia Majdalani y Soledad Martínez, votaron a favor. Majdalani cuestionó la amplitud de los casos que son asistidos por la norma, pero consideró que de todas formas era necesario apoyarla. Pidió que la reglamentación de la norma estableciera límites sobre quiénes podrán contar con este derecho. Varios diputados oficialistas contradijeron esta postura planteando que la ley regula un derecho en favor del principio de igualdad. Alonso es una de las figuras más visibles del bloque macrista, y es una referente dentro del PRO, pero en este caso adhirió a la regulación impulsada por el kirchnerismo.

Por el contrario, Federico Pinedo explicó su abstención y la de Paula Bertol, Gabriela Michetti, Pablo Tonelli, Jorge Triaca, Omar de Marchi, Roberto Pradines y Cornelia Schmidt Liermann. Según Pinedo, “el PRO tenía libertad de conciencia” y por distintas razones éticas, morales o religiosas, varios de los diputados prefirieron no acompañar la propuesta. Por su parte, Jorge Triaca presentó un dictamen de minoría, en el que se incluían mayores limitaciones a la asistencia del Estado y las prepagas. En su discurso, contó que él es infértil, y que para tener a sus dos hijas, tuvo que recurrir a un tratamiento de fertilización asistida.

Pinedo explicó a Diego Fucks, en su programa Broucastin de Radio América, que no votaron en contra porque “en general estamos a favor”, y que la abstención se debió a que tenían “algunas diferencias” con el proyecto que se convirtió en ley. Agregó que también diferían con el tratamiento de los embriones congelados, “que son personas por nacer”, una discusión que todavía divide las aguas en la doctrina de los abogados, y que tiene algunos puntos en común con el debate sobre el aborto.


Denuncian a Macri por la demolición ilegal de los talleres del Borda
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2013-04-26 | Por: Ximena Tordini y Franco Lucatini

El Jefe de Gobierno Mauricio Macri podría enfrentar, junto con el ministro de Desarrollo Urbano, una denuncia penal por demoler el edificio del Taller Protegido 19, que estaba resguardado bajo una medida cautelar.

En la demolición del Taller Protegido 19 de los pacientes del Hospital Borda no hubo una orden judicial, tampoco un acto administrativo que dispusiera el avance de las topadoras. Esta información figura en el acta que acompaña la presentación del Asesor Tutelar Gustavo Moreno para denunciar al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, por actividad ilícita.

El jefe de la Policía Metropolitana Alberto Giménez confirmó a la representante de la Asesoría Tutelar que no tenía una orden judicial, y que el operativo estaba basado en un acto administrativo del ministerio de Desarrollo urbano. Pero luego, el jefe de gabinete del Ministerio de Desarrollo urbano Juan Carlos Alessiole informó que no hubo un acto administrativo, “que la demolición había comenzado a las 9.15 hs y se había dispuesto conforme al cronograma de obra para la construcción del Centro Cívico”.

Esto coincide con las declaraciones de la Vicejefa del gobierno porteño. María Eugenia Vidal dijo que no había orden judicial porque no se trataba de un desalojo, sino del inicio de una obra. Lo que nadie explica es por qué habían llegado hasta ahí 200 efectivos de la Policía Metropolitana con orden de reprimir durante varias horas seguidas. Su acción dejó un saldo de 40 heridos entre pacientes, trabajadores y periodistas. Sin embargo, el Jefe de Gobierno Mauricio Macri podría enfrentar una denuncia penal por haber violado el debido proceso judicial al demoler un edificio que estaba protegido por una medida cautelar.

Gustavo Moreno, asesor tutelar ante la Sala II en lo Contencioso Administrativo Tributario, denunció hoy a Mauricio Macri por actividad ilícita. El escrito afirma que la demolición del Taller Protegido 19 implica “conducta arbitraria, violatoria del principio procesal de buena fe, e ilícita, en tanto el poder ejecutivo local se encontraba impedido de tomar dicha actitud conforme al estado procesal”. Es decir, que la demolición del Taller estaba judicializada y que el Poder Ejecutivo no podía decidir al respecto. “La conducta de los funcionarios del Poder Ejecutivo debe calificarse como inconducta procesal representando además un eventual ilícito penal, cuya responsabilidad podría ser atribuida directamente al Sr Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri y al Sr Ministro de Desarrollo Urbano Arq. Daniel Chaín lo que justifica una investigación en la justicia penal competente”.
Fuente: http://www.avestruz.com.ar/infojus/

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