En una actitud de quien se sabe culpable, el Gobierno Nacional presentó ante el Consejo de la Magistratura una denuncia para iniciarle juicio político y destituir al juez Ramos Padilla. Ante las revelaciones de la trama de complicidades entre el agente de servicios de inteligencia norteamericanos, Marcelo D’Alessio, las Embajadas de EEUU e Israel, el fiscal Carlos Stornelli, el juez Claudio Bonadío, la ministro Patricia Bullrich, el periodista Daniel Santoro del Grupo Claŕin, las que exponen una verdadera red de espionaje ilegal y extorsión de enormes dimensiones, Mauricio Macri ha tomado la decisión de impedir a toda costa que la investigación se profundice.
El primer intento fue que el juez Ercolini le saque la causa a Ramos Padilla, vía un cuestionamiento de su jurisdicción que deberá resolver la Cámara de Apelaciones, lo que demanda un tiempo. Luego de la presentación del juez en Congreso, Cambiemos está jugado a todo o nada para desplazar al juez, en este caso buscando su suspensión y destitución.
Esta metodología ha sido aplicada con cada juez que se animó a investigar en serio alguna causa de corrupción o simplemente no falló como el Gobierno esperaba, como ocurrió con jueces como Eduardo Freiler, Luis Carzoglio o Luis Arias.
Juan Bautista Mahiques, es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura que presentó este viernes la denuncia para destituir al juez.
“Creemos que lo que hizo ahí fue un caso evidente de mal desempeño de sus funciones, y por eso consideramos que debe dejar su cargo”, explicaron desde el “ministerio de Justicia” en referencia a la presentación de Ramos Padilla en la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, lo que según el Gobierno es una “manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas”.
Ramos Padilla citó este viernes por segunda vez a Stornelli a prestar declaración indagatoria, siendo que se ausentó a la citación anterior y siempre ocultó su teléfono celular.
La medida del Gobierno claramente confirma el grado de complicidad y temor del Gobierno a que la investigación avance.
