Las élites brasileñas, alineadas a los EEUU, hoy gobernados por Trump, y no por el progresismo-globalismo que aupó a Lula, decidieron mantener al ex presidente preso. El presidente del Supremo Tribunal, José Antonio Dias Tóffoli, anuló este miércoles el fallo cautelar que había dictado un juez de ese mismo tribunal que ordenaba excarcelar al ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
Lula podría haber quedado en libertad a criterio de un sector del poder judicial ya que el principal objetivo de su condena y detención era impedir que volviera a ser electo presidente. Ese objetivo se cumplió finalmente el 28 de octubre cuando Bolsonaro, alineado con Trump, fue electo presidente. Lula apresado el 7 de abril de 2018 para luego ser proscripto el 31 de agosto, a solo un mes de la primera vuelta electoral. De haberse concretado la liberación, el período de encarcelamiento habría coincidido exactamente con el período eleccionario.
La decisión de excarcelarlo había sido tomada por el juez Marco Aurelio Mello en base al artículo 283 del Código de Proceso Penal, de acuerdo al cual una pena de prisión sólo se puede comenzar a ejecutar una vez que se cumpla lo que se conoce como “tránsito en juzgado”, o sea el fin de todo el proceso de apelaciones.
En el caso de Lula, fue condenado a doce años en segunda instancia en una causa en la que le acusan de quedarse con un departamento como dádiva. Aún le restan dos apelaciones a tribunales superiores.
La ejecución de la orden quedó en manos de la jueza Carolina Lebbos, alineada con el ex juez Sergio Moro. Lebbos pidió opinión a la Fiscalía General, la que apeló ante el presidente del Supremo Tribunal, lo que derivó en el nuevo fallo cerrando la posibilidad de Lula de recuperar la libertad.