La ONG “ecologista” Greenpeace, publicó en su cuenta oficial de Twitter un mapa de la Argentina con sus Islas Malvinas del mismo color que el país vecino, Chile. El particular “detalle” generó repudio y críticas en los usuarios de dicha red social. Tras los cientos de comentarios negativos la organización decidió eliminar la publicación titulada “Golfo Azul para siempre”.
El Movimiento fundado en Canadá y financiado por la familia Rockefeller (histórica propietaria de Exxon Mobil), inició una campaña para denunciar la actividad de las petroleras y “defender el mar y su biodiversidad”, dicha iniciativa comenzó en 2022 luego de que el Gobierno argentino anunciara el desarrollo de la industria petrolera en explotación offshore, en la costa de Mar del Plata, a 300 kilómetros de la ciudad balnearia, por la empresa noruega Equinor, en asociación con la empresa estatal YPF y la empresa británica de hidrocarburos, Shell, histórica competidora de Exxon.
Greenpeace, junto a otras ONG “ambientalistas”, con el lema “Justicia Climática, ya”, presentaron en 2022 ante la Justicia una medida cautelar para frenar la explotación petrolera.
Sin embargo, en enero de 2023 la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata consideró que son “inadmisibles” los recursos extraordinarios presentados por la ONG ambientalista y reconfirmó la habilitación de la exploración a más de 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, donde muchos creen que dicha offshore podría tener un potencial similar a Vaca Muerta.
Argentina no es el único país en el que el injerencismo de Greenpeace genera rechazo. El viernes 19 de mayo, la Fiscalía General de Rusia declaró a la organización internacional Greenpeace como indeseable ya que es una amenaza para el orden constitucional y seguridad.
Mediante un comunicado, al Fiscalía señaló que las actividades de Greenpeace “van acompañadas de la defensa activa de posturas políticas e intentos de injerencia en los asuntos internos del Estado”. Su objetivo, añade, “es formar una opinión negativa en el seno de la sociedad e impedir la conclusión de proyectos energéticos y de infraestructuras beneficiosos para el país”.
