Por John Hudson*
En los últimos días, la administración Biden autorizó discretamente la transferencia de miles de millones de dólares en bombas y aviones de combate a Israel a pesar de las preocupaciones de Washington sobre una ofensiva militar anticipada en el sur de Gaza que podría amenazar la vida de cientos de miles de civiles palestinos.
Los nuevos paquetes de armas incluyen más de 1.800 bombas MK84 de 2.000 libras y 500 bombas MK82 de 500 libras, según funcionarios del Pentágono y del Departamento de Estado familiarizados con el asunto. Las bombas de 2.000 libras han sido vinculadas a eventos anteriores con víctimas masivas a lo largo de la campaña militar israelí en Gaza. Estos funcionarios, al igual que otros, hablaron con The Washington Post bajo condición de anonimato porque las autorizaciones recientes no se han revelado públicamente.
El desarrollo subraya que, si bien han surgido desavenencias entre Estados Unidos e Israel sobre la conducción de la guerra, la administración Biden considera que las transferencias de armas están prohibidas al considerar cómo influir en las acciones del primer ministro Benjamin Netanyahu.
“Hemos seguido apoyando el derecho de Israel a defenderse”, dijo un funcionario de la Casa Blanca. “Condicionar la ayuda no ha sido nuestra política”.
Algunos demócratas, incluidos aliados del presidente Biden, dicen que el gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de retener armas en ausencia de un compromiso israelí de limitar las víctimas civiles durante una operación planificada en Rafah, un último bastión de Hamas, y aliviar las restricciones a la ayuda humanitaria en el enclave, que está al borde de la hambruna.
“La administración Biden necesita usar su influencia de manera efectiva y, en mi opinión, deberían recibir estos compromisos básicos antes de dar luz verde a más bombas para Gaza”, dijo el senador Chris Van Hollen (D-Md.) en una entrevista. “Tenemos que respaldar lo que decimos con lo que hacemos”.
El gobierno israelí se negó a comentar sobre las autorizaciones.
Cuatro batallones de Hamas permanecen en Rafah, dicen funcionarios estadounidenses e israelíes. Más de 1,2 millones de palestinos han buscado refugio allí después de haber sido obligados a abandonar sus hogares durante la extensa campaña de bombardeos de Israel en los últimos cinco meses. Biden sugirió que una invasión de tierra quemada de la ciudad a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto cruzaría una “línea roja” para él.
Biden solicitó que Netanyahu envíe un equipo de funcionarios de seguridad a Washington esta semana para escuchar las propuestas de Estados Unidos para limitar el derramamiento de sangre. Netanyahu canceló la visita después de que Estados Unidos se negara a vetar una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que pedía un alto el fuego temporal en Gaza y la liberación de rehenes, pero que no condenaba a Hamas.
Los funcionarios israelíes no han disipado las preocupaciones de Estados Unidos sobre la inminente operación en Rafah, pero acordaron reprogramar la reunión en Washington, dijo la Casa Blanca.
La disputa cada vez más pública no ha disuadido a Biden de enviar armas y equipo militar al conflicto. La semana pasada, el Departamento de Estado autorizó la transferencia de 25 aviones de combate F-35A y motores por un valor aproximado de 2.500 millones de dólares, dijeron funcionarios estadounidenses. El caso fue aprobado por el Congreso en 2008, por lo que el departamento no estaba obligado a proporcionar una nueva notificación a los legisladores.
Las bombas MK84 y MK82 autorizadas esta semana para su transferencia también fueron aprobadas por el Congreso hace años, pero aún no se habían cumplido.
La marginación de Washington en el escenario mundial por su apoyo a Israel ha irritado a algunos demócratas en el Congreso, algunos de los cuales han pedido más transparencia en las transferencias de armas y han planteado dudas sobre si la autorización de casos más antiguos sin completar es un esfuerzo para evitar nuevas notificaciones al Congreso, que podrían enfrentar escrutinio.
Cuando se le preguntó sobre las transferencias, un funcionario del Departamento de Estado dijo que “cumplir con una autorización de una notificación al Congreso puede resultar en docenas de casos individuales de ventas militares extranjeras a lo largo del ciclo de vida de décadas de la notificación del Congreso”.
“Como cuestión de practicidad, las adquisiciones importantes, como el programa F-35 de Israel, por ejemplo, a menudo se dividen en varios casos a lo largo de muchos años”, agregó el funcionario.
Las bombas de 2.000 libras, capaces de arrasar manzanas de la ciudad y dejar cráteres en la tierra de 40 pies de diámetro o más, casi nunca son utilizadas por los militares occidentales en lugares densamente poblados debido al riesgo de víctimas civiles.
Israel los ha utilizado ampliamente en Gaza, según varios informes, sobre todo en el bombardeo del campo de refugiados de Jabalya en Gaza el 31 de octubre. Funcionarios de la ONU denunciaron el ataque, que mató a más de 100 personas, como un “ataque desproporcionado que podría equivaler a crímenes de guerra”. Israel defendió el atentado, diciendo que resultó en la muerte de un líder de Hamas.
Funcionarios israelíes niegan que su campaña militar haya sido indiscriminada y dicen que las bajas civiles son culpa de Hamas por incrustar a sus combatientes entre la población de Gaza.
La decisión de Biden de continuar con el flujo de armas a Israel ha sido fuertemente apoyada por poderosos grupos de interés proisraelíes en Washington, incluido el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí, que está gastando decenas de millones de dólares en este ciclo electoral para desbancar a los demócratas que considera insuficientemente proisraelíes.
El AIPAC, junto con los republicanos del Congreso y varios demócratas, se oponen a cualquier condición sobre la asistencia militar de Estados Unidos a Israel. “Estados Unidos puede proteger a los civiles, en ambos lados del conflicto, si continúa asegurándose de que Israel reciba toda la asistencia estadounidense que sea necesaria, lo más rápido posible, para mantener sus arsenales llenos de municiones que salvan vidas”, dijeron los representantes August Pfluger (republicano de Texas) y Don Davis (demócrata de Carolina del Norte), y Michael Makovsky, presidente del Instituto Judío para la Seguridad Nacional de Estados Unidos. escribió en una columna reciente. “Hacerlo también es moralmente correcto y en interés de Estados Unidos”.
Las aprobaciones recurrentes de Biden de las transferencias de armas son una “abrogación de la responsabilidad moral y un asalto al estado de derecho tal como lo conocemos, tanto a nivel nacional como internacional”, dijo Josh Paul, un exfuncionario del Departamento de Estado involucrado en transferencias de armas que renunció en protesta por la política de Biden en Gaza.
“Este es un proceso de formulación de políticas que está fundamentalmente roto, y que hace que todos, desde los funcionarios encargados de la formulación de políticas hasta los fabricantes de defensa y los contribuyentes estadounidenses, sean cómplices de los crímenes de guerra de Israel”, dijo.
El informe del Post sobre las nuevas autorizaciones de armas sigue a una visita a Washington del ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, esta semana en la que solicitó que la administración Biden acelerara una gama de armamento.
El general Charles Q. Brown Jr., jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo a los periodistas el jueves que los funcionarios israelíes han estado pidiendo armas que consideran importantes “en casi todas las reuniones” en las que ha estado con ellos.
Israel “no ha recibido todo lo que ha pedido”, dijo Brown. Estados Unidos ha retenido algunos, dijo, ya sea debido a los límites de capacidad o porque los funcionarios estadounidenses no estaban dispuestos en ese momento. Brown no identificó las armas.
Horas más tarde, el Pentágono aclaró los comentarios de Brown, destacando lo delicado del tema. El capitán de la Armada Jereal Dorsey, portavoz del general, dijo que no ha habido cambios en la política y que Estados Unidos evalúa sus arsenales mientras brinda ayuda a sus socios. “Estados Unidos continúa brindando asistencia de seguridad a nuestro aliado Israel mientras se defienden de Hamas”, dijo Dorsey.
Los defensores de la política dentro de la administración dicen que las discusiones tras bambalinas con los israelíes han logrado retrasar la operación del país en Rafah, que ahora no esperan que ocurra hasta mayo. Pero al menos parte de ese retraso se debe a que las operaciones militares de Israel en Jan Yunis tardaron más de lo previsto.
Más de 32.000 palestinos han muerto, según el Ministerio de Salud de Gaza, desde que comenzó la guerra en respuesta al ataque transfronterizo del 7 de octubre en el que militantes de Hamas mataron a 1.200 personas en Israel y tomaron al menos 250 como rehenes.
Cualquier aumento de los combates en Rafah, un punto de tránsito clave para la ayuda humanitaria, corre el riesgo de exacerbar las condiciones en todo el enclave que, según Naciones Unidas y grupos de ayuda, sufre una escasez crónica de alimentos, agua y medicinas. Se requiere una afluencia masiva de camiones de ayuda para remediar la situación, pero los funcionarios estadounidenses dicen que Israel ha impuesto restricciones onerosas a las entregas, que son profundamente impopulares dentro del gobierno de coalición de extrema derecha de Netanyahu.
La administración Biden no ve que sus palabras y acciones estén en conflicto con respecto a las transferencias de armas, dijo Van Hollen.
“No ven la contradicción entre enviar más bombas al gobierno de Netanyahu, incluso cuando está ignorando sus demandas con respecto a Rafah, y obtener más asistencia humanitaria para la gente hambrienta”, dijo. “Si esto es una asociación, tiene que ser una calle de doble sentido”.
*Publicado originalmente por The Washington Post
