El diputado nacional Rodolfo Tailhade denunció penalmente a los titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF) bajo la administración macrista, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, ambos vinculados al histórico banco de origen británico HSBC, por su complicidad en casos de lavado de dinero del narcotráfico. Los delitos de los que son acusados por la denuncia judicial son abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y cohecho (artículos 248, 249, 256 y otros del Código Penal).
Entre los varios hechos por los que se los acusa se consigna el haber archivado “de manera arbitraria e injustificada de un sumario contra HSBC Argentina SA y sus directivos, que había sido abierto por la posible violación al deber de informar operaciones sospechosas de lavado de activos”. El caso no es menor ya que refiere a “múltiples operaciones financieras -compra de dólares sin poseer antecedente alguno ante la AFIP- llevadas a cabo en el HSBC por el ciudadano argentino Marcelo Oscar Chirizola, que habría actuado en nombre propio con fondos pertenecientes a y ocultando la identidad del ciudadano colombiano Henry de Jesús López Londoño (conocido como Mi Sangre), quien había sido detenido en la provincia de Buenos Aires, luego extraditado a los Estados Unidos y, finalmente, condenado por la justicia norteamericana por ser autor responsable de delitos de narcotráfico”.
La gravedad del hecho aumenta si se considera que “la decisión de los titulares de la UIF de archivar las actuaciones en favor del banco se había encontrado con el rechazo unánime de los seis integrantes del Consejo Asesor del organismo”. Como si esto fuera poco, se registró una maniobra para intentar eliminar el Consejo Asesor a partir del período 2019.
Mariano Federici y María Eugenia Talerico.
En otro caso que involucraba lavado de dinero de narcotraficantes colombianos y argentinos, a través también del HSBC, la UIF “nunca presentó cargos contra el Banco HSBC como posible vehículo del dinero de origen delictivo” del narco conocido como Corvo Dolcet, “ni tampoco se ordenó la apertura de un expediente administrativo para analizar la falta de reportes de estas operaciones”.
Si bien la designación en su momento en la UIF de Federici y Talerico fue motivo de escándalo por sus vínculos con el HSBC (Talerico fue incluso abogada defensora del banco contra la propia UIF), la misma no extrañó dada la amistad entre Mauricio Macri y Gabriel Martino, presidente del banco en la Argentina.
El CEO en Argentina del HSBC, Gabriel Martino, junto al “amigo del alma” de Macri, Nicolás Caputo.
El titular de la UIF, Mariano Federici, tampoco es un técnico imparcial. Viene de ser abogado del mayor cártel bancario, el Fondo Monetario Internacional. Fue abogado asesor en el FMI ocupando el cargo de asesor regional para Latinoamérica y el Caribe y perteneció al grupo de integridad financiera del departamento jurídico del organismo. Fue parte del staff del Departamento jurídico con oficina en Washington D.C. Por si faltara algo mantiene parte de su dinero en un paraíso fiscal.
Como se informara en Kontrainfo aludiendo a este mismo caso en diciembre de 2018, el HSBC (The Hong Kong and Shanghái Banking Corporation) tiene un prontuario ligado al lavado de dinero proveniente del narcotráfico: fue de hecho fundado en 1865 por la Corona Británica para administrar el comercio de drogas luego de las “Guerras del Opio” entre China y el Reino Unido. Ya más recientemente terminó siendo sancionado en el 2012 en EEUU por lavar dinero de narcos mexicanos. La multa en aquella ocasión fue de U$S 1920 millones de dólares, un vuelto para el banco internacional, pero importante desde lo simbólico. En 2014 el HSBC quedó involucrado en el incendio intencional de Iron Mountain, en donde se guardaban mucha de su documentación más comprometedora. En 2015 el banco británico volvió a quedar en medio de un escándalo luego de que se conociera el listado de empresas argentinas que habían lavado dinero en cuentas de la sucursal suiza del mismo.
Los hechos que se denuncian no hacen más que reafirmar que la política de ocupar “ambos lados del mostrador”, con funcionarios que provenían de las mismas corporaciones que debían controlar desde el Estado, no solo no fue útil a la sociedad, sino que favoreció la comisión de cuantiosos delitos.
La causa quedó a cargo del Juzgado Federal 9 de Luis Rodríguez y la Fiscalía 12 de Alejandra Mangano.
