La disputa por el poder y los riesgos institucionales
Por Marcelo Ramírez
29 de octubre de 2026
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva reabre una etapa de fuerte tensión en Brasil, una tensión que nunca se fue del todo después de los polémicos hechos del 2022 donde Lula fue electo presidente en una controversial elección que generó gigantescas oleadas de protestas en ese país. El resultado oficial del 25 de octubre atribuyó al presidente 64.256.232 votos, el 51,79%, frente a los 59.826.041 de Flávio Bolsonaro, el 48,21%. Es una victoria sobre una oposición que conserva una base social enorme y que fuerza la continuidad del Gobierno con una disputa sobre la imparcialidad de las instituciones y sobre las condiciones reales para ejercer la oposición.
Los episodios de la jornada electoral y las restricciones posteriores al candidato derrotado permiten una lectura crítica del funcionamiento del poder brasileño. La hipótesis política que emerge es una convergencia de intereses entre el oficialismo y sectores judiciales, especialmente el STF, frente a un adversario capaz de cuestionar sus posiciones. Esa convergencia puede operar mediante procedimientos formalmente legales y sus efectos deben examinarse en conjunto, atendiendo a quién decide, en qué momento y sobre quién recaen las medidas.
Un arbitraje electoral que alimentó la desconfianza
La prórroga de la votación hasta las 19 horas fue decidida por Cristiano Zanin, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) y abogado de Lula en el Lavajato, a partir de una reclamación de la coalición de Lula sobre dificultades de transporte en tres municipios de Bahía. Si bien las dos candidaturas habían informado problemas de traslado, la respuesta terminó alcanzando al territorio nacional cuando numerosas mesas estaban cerrando o ya habían concluido. La posterior aclaración dejó la extensión limitada a las urnas que seguían abiertas.
El comunicado del Tribunal Regional Electoral de São Paulo permite dimensionar la descoordinación: la instrucción fue transmitida a los jueces a las 17:18 (el horario de cierre era a las 17hs), cuando aproximadamente el 80% de las secciones del estado ya había cerrado, mientras que la comunicación oficial por correo llegó a las 18:16. Las urnas concluidas no podían reabrirse, de manera que se estableció así una extensión que, por el momento en que se ejecutó, ya no podía ofrecer las mismas condiciones a todos los electores.
La relación profesional anterior de Zanin con Lula agrava el problema de confianza. El STF dispone de vías para exigir el cumplimiento de sus decisiones constitucionales, como la invocada sobre transporte. La objeción política se concentra en el alcance del remedio, su oportunidad y la apariencia de imparcialidad de quien lo ordenó, un antiguo abogado particular del candidato oficialista, que intervino individualmente sobre las condiciones de cierre de una elección presidencial aún en contra de la opinión de sus solegas del STF según se cree. Ese vínculo exigía una prudencia extraordinaria que no se tuvo.
El TSE informó 34.393 votos registrados después de las 17. Esa cantidad, muy inferior a la diferencia final, delimita el alcance numérico de la prórroga, si bien los bolsonaristas sostienen que los números reales fueron muchos mayores y que la prórroga se dio en el momento más vulnerable al fraude del sistema que es en la carga de datos. La crítica institucional conserva entidad propia: una decisión excepcional, ejecutada de manera desigual y adoptada por un juez con aquel vínculo compromete la credibilidad del arbitraje. La legitimidad del proceso también depende de que los actores reciban un trato equitativo y puedan controlar las decisiones que los afectan.
El pasaporte y la internacionalización del conflicto
La noche del domingo 25, Alexandre de Moraes, artífice de muchas decisiones que en su momento fueron objetadas por Jair Bolsonaro en la elección anterior, volvió a cobrar protagonismo y dispuso restricciones sobre los pasaportes de Flávio y le prohibió abandonar Brasil. La notificación llegó el lunes 26 por una medida basada en una investigación por presunto lavado de dinero vinculada al abogado Willer Tomaz. La PF invocó riesgo de fuga, mencionando la salida anterior de Tomaz, la estructura familiar en Estados Unidos y declaraciones de Eduardo Bolsonaro, también con pedido de captura por una sentencia a 4 años de prisión y exiliado en EEUU, que recomendaban a su hermano salir del país si perdía porque estaba la decisión política de encarcelarlo.
La proximidad entre la derrota electoral y la restricción tiene un significado político inmediato. El destinatario seguía siendo un senador y un dirigente respaldado por casi sesenta millones de votos, un apoyo no otorga inmunidad frente a investigaciones, pero vuelve especialmente importante demostrar la necesidad y proporcionalidad de las restricciones. El oficialismo obtiene una ventaja cuando su principal adversario queda absorbido por una confrontación judicial. Los ministros, a su vez, enfrentan a una oposición que amenaza con impulsar su remoción.
La oposición sostiene que luego de los resultados electorales en primera ronda estaban en condiciones de forzar un impeachment de varios miembros del polémico STF e inclusive de promover la disolución del STE, comprometido en numerosos escándalos de la mano de Alexander de Moraes. La verdadera intención de la anulación del pasaporte se sospecha que era la antesala para la detención de Flavio Bolsonaro a fin de evitar el avance d ela destitución de los ministros del STF.
Flávio incumplió la entrega de documentos, viajó a Misiones en Argentina el 27 y llegó a Miami el 28. Su salida reforzó el argumento del riesgo de fuga y abrió un frente internacional, sin embargo, la propia PF aclaró, según informó CNN, que las restricciones documentales no lo convertían por sí solas en prófugo ni autorizaban su detención. Migraciones de Argentina informó documentación válida y ausencia de impedimentos de ingreso. La orden brasileña no se ejecutaba automáticamente en otro territorio, la eventual colaboración política argentina constituye una discusión distinta de la existencia de una obligación concreta de arrestarlo. También hay que resaltar que Flavio Bolsonaro engresó a la Argentina con pasaporte italiano, país que no tenía ninguna objeción hacia él.
La disputa también atraviesa a la derecha. Según el relevamiento de Folha sobre la carta difundida el 28, Flávio se presentó inicialmente como presidente y luego modificó esa expresión por líder. Tarcísio de Freitas defendió respetar el resultado y Rogério Marinho se distanció de las acusaciones de fraude. El intento de conducir la oposición desde el exterior puede conservar influencia sobre su base y, al mismo tiempo, abrir espacio para dirigentes que permanecen en Brasil.
La crítica de Rui Costa Pimenta desde la izquierda
La posición de Rui Costa Pimenta, presidente del Partido da Causa Operária (PCO), rompe la identificación automática entre cuestionar al Supremo y adherir al bolsonarismo. Su partido, el Partido da Causa Operaria es un partido marxista duro, que había respaldado a Lula en 2022, pero que orientó el voto nulo en esta segunda vuelta. Su crítica apunta a la subordinación del PT a acuerdos con sectores empresariales y judiciales, y al alejamiento de las reivindicaciones de los trabajadores. Es una impugnación formulada desde la izquierda al bloque de poder que sostiene al Gobierno.
En su análisis del 27 de octubre, Pimenta caracterizó las medidas contra Flávio como una persecución política en una alianza entre la burguesía brasileña, el STF, su brazo represivo, y el PT. El dirigente denuncia una «dictadura judicial» y vinculó esa actuación con los casi sesenta millones de votos del senador y con la capacidad de sus bancadas para impulsar el impeachment de ministros del STF. Su explicación sitúa la conducta judicial dentro de un juego de poder. ajeno a la democracia real. También sostuvo que la victoria de Lula dependió de apoyos empresariales y políticos y que esos compromisos condicionarán el próximo gobierno. Esa interpretación identifica incentivos e intereses que el relato de una defensa institucional desinteresada deja fuera.
El PCO conoce directamente esos instrumentos. Sus redes fueron bloqueadas en junio de 2022 por publicaciones contra el STF y el TSE; Moraes autorizó su reactivación en febrero de 2023. Pimenta también fue alcanzado en agosto de 2026 por una operación por presuntos desvíos de fondos partidarios y electorales, que el partido denunció como persecución. Defender garantías frente a esas actuaciones responde a una cuestión de principio que excede las afinidades partidarias, un instrumento represivo consolidado puede alcanzar a fuerzas de orientaciones enfrentadas.
La preocupación llega también a la abogacía institucional. En febrero de 2026, la OAB (Orden de Abogados de Brasil) reclamó concluir investigaciones expansivas y de duración indefinida, especialmente el inquérito de las fake news, y pidió evitar nuevos procedimientos semejantes. Reconoció el papel del Supremo en la defensa constitucional y advirtió sobre debido proceso, libertad de expresión y ejercicio del periodismo. Ese pronunciamiento muestra que las objeciones al funcionamiento judicial tienen un alcance que supera la disputa entre el PT y los Bolsonaro y la propia disputa derecha – izquierda.
Libertades políticas y costo económico
La fractura brasileña combina intereses económicos con desacuerdos sobre seguridad, autoridad y valores culturales. El respaldo a programas como Bolsa Família puede convivir con un rechazo profundo al progresismo gubernamental en otros terrenos. Esa oposición social no desaparece con una derrota electoral y convertir a sus votantes en sospechosos colectivos o atribuir toda disidencia a una manipulación, impide comprender por qué persiste. La cercanía de Lula con actores conservadores, expresada en su alianza con Alckmin, también obliga a examinar su gobierno por las decisiones que adopta y los intereses que protege.
La agenda fiscal añadirá presión. El 27 de octubre, Dario Durigan, ministro de Economía de Brasil, anunció que propondrá mayores instrumentos de contención presupuestaria para perseguir el centro de la meta fiscal, que se ha vuelto mas exigente, y debemos considerar que la modificación necesita aprobación del Congreso. El equipo económico estudia revisar la acumulación de beneficios y el cálculo de los mínimos de salud y educación. Incorporar gastos actualmente externos a esos mínimos permitiría reducir necesidades adicionales de financiación sin modificar sus porcentajes. Son propuestas todavía en discusión que revelan el alcance del ajuste. Lula deberá explicar cómo distribuirá sus costos después de haber prometido ampliar la protección social, que algunos de sus propios partidarios reconocen que no hay fondos disponibles para cumplir los anuncios electorales.
En paralelo, Lula anunció la regulación de plataformas digitales en su discurso de victoria, después de acusarlas de intromisión electoral. Los antecedentes de bloqueo de cuentas vuelven especialmente preocupante cualquier ampliación de facultades para restringir la circulación de opiniones. El Gobierno tiene intereses directos en esa discusión: necesita defender su legitimidad y disputar la organización digital de sus adversarios. La combinación de controles sobre la expresión, restricciones judiciales y medidas económicas impopulares puede intensificar la confrontación y producir autocensura entre quienes temen quedar alcanzados.
Asimismo debemos recordar el alineamiento internacional de Lula, contrario a Donald Trump y alineado a Londres y Bruselas, en la disputa de las élites occidentales.
La estabilidad de Brasil dependerá de que la oposición conserve vías creíbles para disputar el poder y de que el Gobierno acepte límites efectivos. Los indicios reunidos justifican cuestionar seriamente la neutralidad de sectores del arbitraje institucional con un agravante: si millones de ciudadanos concluyen que los tribunales clausuran las posibilidades de representación y cambio, si los políticos tradicionales son intrínsecamente corruptos como sucede ya, y si el Centrao sigue con su juego de conseguir cargos y cajas políticas para facilitar la aprobación de medidas, la tensión puede desplazarse hacia la calle y las alianzas internacionales. El riesgo para Brasil crece cuando la derrota de un candidato se utiliza para justificar el debilitamiento de las garantías de quienes lo votaron.
