El 2 de junio María Eugenia Vidal recurrió a un método de los tiempos de la dictadura militar en su visita a la ciudad de Bahía Blanca. El año anterior, la gobernadora había sido sorprendida en la misma localidad en medio de su discurso por una bahiense que logró pasar los distintos cercos hasta estar cara a cara y poder decirle una serie de críticas a modo de escrache, lo que dejó muy mal parada a Vidal y arruinó su puesta en escena, viralizándose por todo el país. Este año, la gobernadora tomó medidas propias de un régimen de facto para evitar a cualquier costo que un hecho de esa naturaleza pudiera repetirse.
La misma persona de hecho logró volver a ingresar en su silla de ruedas al teatro donde se encontraba la gobernadora en un encuentro de ADEPA. Estaba siendo filmada por una pareja de camarógrafos que participan en una agrupación kirchnerista bahiense. Cuando desde el dispositivo dispuesto por Vidal se detectó esto, agentes de civil, sin identificación, secuestraron a la pareja que filmaba, a quienes trasladaron en una camioneta, también sin identificación, a la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI) y a la comisaría primera local. Él fue golpeado y su esposa desnudada. Borraron las memorias de sus cámaras y tras extraerles los documentos los amenazaron: “ahora sabemos dónde viven”.
En este video se puede observar cómo el camarógrafo es llevado a una camioneta blanca sin identificación, a la salida del teatro:
Gracias a la movilización de su agrupación política ambos fueron liberados luego de varias horas de temor. No habría quedado registro de su detención. La diferencia jurídica entre una detención ilegal y un secuestro reside solo en que el segundo incluye algún tipo de pedido para la liberación de la víctima. En este caso, de tipo político, el objetivo no ha sido obtener a cambio un bien económico, sino el silencio, acallar voces a través de amedrentar y desmovilizar toda oposición.
La intención detrás de este tipo de hechos no es solo evitar un escrache a Vidal. También es sembrar el miedo en quienes protestan y en quienes cubren las protestas. De ahí la importancia de la difusión de esto que ha ocurrido para evitar su naturalización y que se siga descendiendo de un tipo de Estado con formas democráticas a un Estado autoritario con formas cada día más cercanas a las vividas en dictadura.
Al día de la fecha no se cuenta con una explicación clara de lo ocurrido por parte de la gobernadora Vidal y del intendente de Cambiemos en Bahía Blanca, Héctor Gay.
María Eugenia Vidal debería poner en práctica lo que dijo en el encuentro de ADEPA: “el esfuerzo de dialogar, de entender al otro desde su lugar, sin pretender que piense como nosotros, sino tratando de aprender del otro que piensa distinto. El valor de la palabra desde el diálogo, desde el dejar de lado la confrontación y escuchar”. Lejos de todo diálogo, la gobernadora recurrió a los golpes y a la detención ilegal de dos personas.
A pesar de que el diario Página/12 sacó este tema en su tapa del día domingo (la noticia había sido difundida por el periodista Nicolás Lantos en las redes sociales), gran parte de los medios locales y nacionales decidieron callar sobre lo ocurrido. Sería bueno conocer la opinión de la misma ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina), siendo que el hecho aconteció en el marco de su encuentro e implicó precisamente un ataque a la libertad de prensa de dos periodistas.
El disparate de usar personal civil policial y de inteligencia para realizar detenciones viene siendo propuesto por Mauricio Macri desde inicios de este año y fue expresado a la comisión del Congreso por el cuestionado de recibir coimas y afecto a misteriosos negocios, Gustavo Arribas, y por la denunciada por enriquecimiento ilícito, Silvia Majdalani, respectivos “Señor 5” y “Señora 8”, máximos representantes formales de la Agencia Federal de Inteligencia (ver nota de KontraInfo y El Disenso de enero de este año), la que sumó en este último tiempo a más de 500 agentes reclutados en gran parte de retirados de las policías federal y bonaerense.
Esto se suma a las intenciones de promover un “comando conjunto de bonaerense y federal” que actuaría de civil y con “automóviles particulares para no ser identificados”, según anunciaba a fines de septiembre de 2016 el periodista de Clarín, Edgardo Alfano.
Entrevista radial a los camarógrafos víctimas del hecho, Claudio Videla y Mara Solís:
Declaraciones de Claudio Videla:
“Me toman de la ropa, me tuercen los dedos, los brazos y me llevan”.
“Me llevaron a un vehículo que tampoco estaba identificado, una camioneta blanca”.
“Uno de los que estaba atrás mío comienza a ahorcarme y recibo un puñetazo en las costillas”.
“Estaban sin identificar, de civil”.
“De la desesperación empiezo a gritar ‘auxilio’, no sabía a dónde me llevaban ni quien”.
“Obedecían órdenes de la gobernadora”.
“Durante casi tres horas no me dejaron hacer una llamada”.
“Me dicen ‘dame la tarjeta´. Me meten la mano en el bolsillo y me sacan la tarjeta de la cámara. Cuando me la devuelven, me la devuelven vacía”.
“Mi pareja estaba filmando en la otra punta, me filma a mí y a ella también se la llevan”.
“Estamos con mucho miedo”.
“Hicimos una denuncia penal”.
Declaraciones de Mara Solís:
“Me hicieron apagar la filmadora y me pidieron que me retirara”.
“Luego me llevaron a una celda y se llevaron todas mis pertenencia”.
“Cuando salgo del baño dos oficiales me piden que me desvista, porque ‘estaban buscando algo'”.
“Buscaban la tarjeta de memoria”.
“No me concedían hacer una llamada, mis hijos estaban solos en la casa”.
“En el acta (luego de 5 horas) figura como ‘averiguación de antecedentes'”.
Entrevista a Claudio Videla en “La Máquina de LU3”:
Así fue repudiado en Bahía Blanca por la organización FPV Volvemos:
Así lo reflejó el domingo 4 de junio el diario Página/12 en su tapa:
