El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, dictó el procesamiento a quien fue funcionario de la cartera de Hacienda en la gestión de gobierno de Mauricio Macri como presidente de la nación. Además, le trabó un embargo sobre sus bienes de 100 millones de pesos.

«Ha quedado demostrado, con el grado de certeza exigido en esta etapa procesal que el nombrado intencionalmente no ejecutó la normativa cuyo cumplimiento le incumbía, conforme el cargo que desempeñaba», enfatizó el magistrado en el fallo.

Se investigan maniobras a través de las cuales las empresas AUSOL y Grupo Concesionario Oeste S.A. lograron prolongar la concesión de los peajes de los accesos Norte y Oeste respectivamente hasta 2030, sin pasar por un previo proceso licitatorio, y se garantizaron así que el Estado les reconociera deudas de 499 millones de dólares y 247 millones de dólares, según el caso.

Previo a entregar un escrito ante Canicoba Corral, Dujovne realizó una breve declaración por videoconferencia en la que se desligó de cualquier responsabilidad sobre la acusación que recae en su contra:

“Voy a declarar y quisiera realizar la siguiente manifestación. Me encuentro en condiciones de aclarar, desde ya, que no tuve ninguna participación en el tema de la renegociación de contratos de concesión de autopistas, que es objeto de investigación en la presente causa», expresó.

Y agregó: «Ello, por la sencilla razón de que se consideró que la ley vigente al momento en que se requirió la participación del Ministerio de Hacienda, no le otorgaba intervención a dicha cartera, cosa que sí sucedía hasta diciembre de 2017. El Ministerio que yo dirigía no emitió ningún juicio de valor, ni tampoco opinó si estaba bien o mal, porque no le correspondía hacerlo, nada más».

«Estoy presentando un escrito en donde he volcado todo lo que conozco y todo lo que puedo decir sobre este tema hasta el momento. Si luego de la lectura de la documentación obrante en la causa, surgen cuestiones no abarcadas por mis manifestaciones, ampliaré mi declaración a fin de formular las aclaraciones que fueran necesarias».

Los otros exfuncionarios procesados fueron el exministro de Transporte Guillermo Dietrich; el exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel, y el exProcurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, aunque a ellos se les endilgó el delito de administración fraudulenta en contra de las arcas del Estado, se los investiga en el mismo expediente si desde el Gobierno de Macri se favoreció a empresas concesionarias de peajes, como Autopistas del Sol S.A (AUSOL), que habían estado vinculadas comercialmente con empresas de la familia del expresidente.

El juez federal Roldolfo Canicoba Corral procesó este lunes al ex ministro de Transporte del gobierno de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, por el delito de «administración fraudulenta» en perjuicio del Estado en la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes, beneficiando a la empresa ligada a los Macri, Autopistas del Sol.

El ex funcionario había avalado una negociación perjudicial para el Estado con los concesionarios de los peajes de Acceso Norte y Oeste.

En esta causa ya habían sido procesados el ex director de Vialidad Javier Iguacel, y el ex Procurador General del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. También se investiga la responsabilidad del ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Todos ellos ya tienen prohibida la salida del país.

La causa investiga el procedimiento de renegociación del contrato de concesión del acceso norte y del acceso oeste a la Capital. A pocos días de la asunción de Macri, las empresas presentaron una denuncia contra el Estado ante los tribunales internacionales del CIADI reclamando por presuntos incumplimientos del contrato de concesión. Este hecho dio inicio a una renegociación en la que el gobierno macrista les garantizó la extensión de la concesión hasta el año 2030 y una rentabilidad de 8,5% anual en dólares. 

Dietrich fue uno de los responsables de beneficiar a la empresa ligada a capitales de la familia Macri (Autopistas del Sol (AUSOL) tuvo como accionista a SOCMA -Sociedades Macri-), y al grupo Concesionario Oeste S.A. con la prolongación de las concesiones, sin licitación alguna, hasta el 2030, junto al reconocimiento de deudas ficticias por «atrasos tarifarios» por 499 millones de dólares y 247 millones de dólares, respectivamente.

El magistrado tomó la decisión de prohibirles a los imputados la salida del país debido «al estado del proceso y la gravedad de las conductas que se investigan». Canicoba Corral, también citó a declarar al exdirector de Asuntos Jurídicos de Vialidad, Ricardo José Stoddart; al procurador del Tesoro y exabogado de la familia Macri, Bernardo Saravia Frías y al presidente del directorio de Autopistas del Sol SA, Andrés Alfonso Barberis Martín.

Los exfuncionarios de Cambiemos y el empresario serán indagados por «maniobras defraudatorias», que, según el juez, resultaron «gravemente lesivas para las arcas del Estado, llevados a cabo por funcionarios públicos, en connivencia dolosa con particulares que intervinieron…“.

Las indagatorias se ordenaron en el marco del expediente en el que se investigan maniobras fraudulentas entre la corporación Abertis y el Grupo Macri en los peajes de los principales accesos a Buenos Aires, en el Acceso Oeste y la autopista Panamericana. Barberis Martín fue quien firmó en junio de 2018 las renegociaciones de los contratos en nombre de las compañías a cargo de la concesión de ambas autopistas y Stoddart, fue quien estuvo a cargo del área de Legales de la Dirección Nacional de Vialidad cuando se firmaron los contratos.

Macri, en complicidad con los imputados Iguacel y Dietrich, permitió aumentos altísimos en las tarifas de peajes y por consecuencia Socma S.A. decidió vender sus acciones a mediados de 2017 a precio récord. La acción trepó de tres a 83 pesos, es decir, un 400 por ciento más. Quien se quedó con el siete por ciento vendido por el entonces presidente de la nación fue una empresa llamada Natal SA, sin antecedentes en el rubro y que pagó 19,7 millones de dólares, cuando facturaba sólo unos dos millones de pesos anuales. La sospecha es que pudo haber sido una venta simulada.

En el caso de Autopistas del Sol, el gobierno de Macri negoció una extensión de la concesión hasta 2030 y un pago de 499 millones de dólares en concepto de “inversión efectuada no amortizada” a cambio de que Albertis S.A., la española controlante de Ausol, retirara la demanda ante el tribunal internacional. Albertis y Sideco (compañía de los Macri) fueron socias en la Panamericana hasta 2017.

Según los denunciantes, las irregularidades comenzaron el 7 de diciembre de 2015, tres días antes de la asunción de Macri a la presidencia. Ese día, Albertis presentó un reclamo por 1.100 millones de dólares. Esa demanda fue utilizada luego como argumento por el gobierno nacional para renegociar la concesión, que le costó su cargo en Vialidad Nacional a la abogada Julieta Ripolli, quien se opuso a avalar la prórroga del contrato y denunció públicamente las presuntas irregularidades.

Según como trascendió, el entonces gerente comercial de Aerolíneas Argentinas, Máximo Amadeo -bajo la órbita de Dietrich-, firmó un acuerdo con el Banco Galicia para el programa Aerolíneas Plus. El trato por 2 millones de dólares, le daba al Banco Galicia derecho a 2.397 millones de millas para su programa de puntos «Quiero» a un precio de 0,013 dólares por unidad, así sacó una generosa oferta de 2×1 en millas para los clientes comerciales y 3×1 para sus empleados, que no estaba contemplada en el acuerdo firmado.

Sin embargo, el banco privado, solo pagó 1.132 millones de millas y a un precio menor que lo convenido. El precio se redujo, mediante una adenda, a 0,010 dólares por milla. El descuento fue iniciativa de Aerolíneas Argentinas. Las restantes 1.265 millones de millas no fueron pagadas. A 45.000 millas un pasaje en clase turista a Europa, son más de 28.000 pasajes al viejo continente que la aerolínea de bandera le regaló al banco Galicia.

Es decir, que se redujo en un 30 por ciento el precio de la milla, pasando de 0,013 a 0,010 dólares, bajo el concepto de descuento “por cantidad”.

El resultado fue que de las 2397 millones de millas acreditadas, el Galicia pagó por 1132 millones. Según la auditoría, tomando en cuenta un valor promedio de 0,01131 dólares y una tasa de uso (millas efectivamente canjeadas) del 77 por ciento, Aerolíneas debió haber recibido del Galicia el equivalente a 20,9 millones de dólares, pero el banco le pagó 11,3 millones. La diferencia de 9,6 millones de dólares fue el quebranto que afrontó ARSA.

Básicamente, no se respetaron las condiciones iniciales del convenio, se mejoraron sin autorización las promociones en favor de la entidad financiera y se apuraron los pagos de las millas para que el Galicia desembolsara un menor valor en pesos (las millas se cotizan en dólares) antes de la devaluación de las PASO.

En la auditoría, además identifican como autora de la adenda a la jefa de acuerdos con entidades financieras y comerciales de Aerolíneas Plus, la licenciada en Comercialización Silvina Ramos, quien ingresó a Aerolíneas también en abril de 2019, luego de haber trabajado desde enero de 1997 para el Banco Galicia. Este lunes, producto de la información trascendida habría presentado su renuncia.

“La participación de Ramos se centra en que haya realizado los cortes de factura tan breves y no haber esperado los plazos habituales de 15 días o un mes. Esa pronta facturación hizo que ARSA recibiera menos pesos”, explicó el vicepresidente de la línea de bandera.

Si se toma en cuenta el tipo de cambio posterior a las PASO, la compañía aérea dejó de recibir 178,2 millones de pesos. “También vimos que el gasto de publicidad, por 10 millones de pesos, fue afrontado en su totalidad por la compañía. Es un claro ejemplo del uso de los recursos del Estado para satisfacer necesidades de privados”, concluyó. Tampoco se consideró el impuesto de Sellos, por 50.000 dólares, que también es parte del costo que afrontó Aerolíneas.

Macri les garantizó a sus amigos de la multinacional Abertis una ganancia de 746 millones de dólares. Por otro lado, renovó las concesiones a pesar de que existían informes oficiales que recomendaban lo contrario y revelaban desfalcos por otros 358 millones de dólares. Entre ambas cifras, se superan holgadamente los mil millones de dólares.

Según las dos organizaciones gremiales de Vialidad -Sindicato de Trabajadores de Vialidad y la Federación del Personal de Vialidad Nacional-, el desproporcionado crecimiento de la cantidad de gerencias, subgerencias y direcciones armadas por la administración macrista llevó a que las gerencias pasaran de tres a 88 y las subgerencias de 28 a 64.

Otra de las irregularidades, es que el gerente de una empresa contratista pasó a ser gerente Ejecutivo de Licitaciones y Compras de Vialidad, con lo cual adjudicó licitaciones y obras la empresa a la que pertenecía.

La suma de casi un centenar de nuevos empleados con categorías jerárquicas, no tuvo como objetivo hacer más y mejores obras. De 2.800 kilómetros prometidos de autopistas se hicieron 365, apenas el 13 por ciento. Y de 4.000 kilómetros de rutas seguras no se construyó ni un sólo kilómetro. Todo lo que se hizo fue repavimentar. El colmo es que una parte de los pseudo–gerentes reclama indemnización y otros se fueron dejando cerradas sus oficinas y no entregaron ni los automóviles del Estado ni las computadoras ni los celulares.

El flamante ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se encontró con que el 60 por ciento de las obras paradas, incluyendo algunas que estaban con significativos avances en 2015. Un primer listado hecho por los técnicos de Vialidad indica que hay 181 obras paralizadas. Pero incluso las que figuran en ejecución están también prácticamente paradas, con muy pequeños avances y habiendo despedido a la mayoría del personal.También es falso que el macrismo construyó rutas a un 40 por ciento menos del costo, comparado con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: las redeterminaciones de precios multiplicaron por cinco y por nueve los valores a los que se adjudicaron las obras en épocas de la expresidenta de la nación.

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Vialidad, Graciela Aleña, presentó una denuncia penal en febrero de 2019 contra los titulares de Vialidad Nacional, en especial Javier Iguacel, por las obras de la ruta 8: fueron licitadas en la etapa final del gobierno de Cristina Kirchner, en 2015, por 285 millones de pesos y se le pretendía pagar a Iecsa, la empresa de Ángelo Calcaterra, primo de Macri, la suma de 2.500 millones. Casi nueve veces más. La obra se rediseñó con el argumento de que produciría un ahorro, pero la encareció en un 120 por ciento. A otros dos tramos se les autorizó aumentos del 35 y el 40 por ciento a valores constantes, pero justito el tramo de Calcaterra tuvo un encarecimiento del 120 por ciento.

En la obra del Puente de la Noria pasó lo mismo. A fines de diciembre de 2015, el valor de la obra estaba oficialmente calculado en 274 millones de pesos. Cuando se hizo la inauguración parcial, el propio gobierno mencionó la cifra de 2.000 millones de pesos. Casi ocho veces más. Siguiendo los índices inflacionarios, no debió costar más de 700 millones.

La puerta giratoria

El gerente ejecutivo de Licitaciones y Compras, Roger Botto, fue gerente del Grupo Abertis, en el que tiene un papel preponderante el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y que es socio de Ausol, la concesionaria de la Panamericana, en sociedad con el Grupo Macri. De hecho, Botto fue director suplente de Autopistas del Sol. Hoy la justicia investiga la forma en la que el gobierno de Cambiemos aumentó los peajes y después Macri vendió su parte en Ausol, con acciones que subieron de cuatro pesos (4) a 75,50.

El gerente ejecutivo de Asuntos Jurídicos fue Ricardo Stoddart, socio en el estudio jurídico Marval, O’Farrel & Mayral, precisamente el que representó a Ausol en la renegociación del contrato de concesión. Judicialmente también se investiga un grotesco pago que le hizo el estado a Ausol alegando que había una demanda ante el CIADI, el tribunal que depende del Banco Mundial.

El gerente de obras fue el ingeniero Mariano López, ex coordinador de Control de Gestión de IECSA, la empresa que era del primo de Macri, Ángelo Calcaterra. La compañía que fuera del grupo del presidente consiguió numerosas obras e incluso redeterminaciones de precios superiores a otras empresas que construían tramos de las mismas rutas.

Los gerentes Botto y Stoddart no sólo no renunciaron finalizada la administración Macri, sino que mandaron carta documento reclamando que se les aclare la situación laboral, es decir que quieren indemnización.

Los asesores Martín Pourrain y Guillermo Fernández Vidal se hacen los distraídos: parece que no se dieron cuenta que el concepto de asesor está ligado a la persona que asesora y que si ésta última se va, también el asesor debe irse con él. Ni Pouirrain ni Fernández Vidal presentaron renuncia. Es más, se retiraron de Vialidad dejando las oficinas cerradas con llave y no entregaron las pertenencias del estado: auto, computadora, celular.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, advirtió que «llevará a la Justicia» las irregularidades detectadas en el área de Vialidad Nacional durante la anterior administración.

La información fue difundida por Canal 26 y tituló la noticia como «Corrupción de alto vuelo: Guillermo Dietrich en la mira». Según lo reveló la señal de noticias, Dietrich, habría recibido coimas por parte de compañías aéreas de bajo coste para acelerar la habilitación del aeropuerto El Palomar.

La fuente mencionada, indica que se trata de un presunto documento elaborado por la Embajada de los Estados Unidos en Uruguay que daría cuenta de una serie de transferencias de dinero a empresas de Dietrich por parte de las compañías aéreas que desembarcaron durante los dos últimos años en el país.

El informe indicaría que el ex ministro y empresario habría recibido sobornos por U$S 5,7 millones en pequeños desembolsos. «Los sobornos habrían sido depositados en concepto de gastos de alquiler de vehículos o cuentas vinculadas a la compañía de Dietrich, Movilaut S.A. y Dietrich S.A. Group», indicó la señal noticiosa y agregó que «la documentación fue aportada por un ex fiscal argentino a la embajada de los Estados Unidos en Uruguay».

Cambiemos no sólo que endeudó a la Argentina como nunca antes en toda su historia, sino que dejó tierra arrasada. Hay vientos de cambio, pero ya no de Cambiemos que pareciera va cayendo su careta para mirarle la cara a la justicia.

Son varios los elementos que apuntan a que el fuerte interés del Gobierno por otorgar rutas aéreas a las low cost Fly Bondi y a Avianca podría estar relacionado al tráfico de drogas. El dirigente de La Alameda, Gustavo Vera, afirmó hace pocos días que Flybondi «pertenece a un cártel mexicano de drogas».  La fuerte declaración fue realizada en el contexto de una movilización de vecinos y sindicatos frente al aeropuerto trucho de El Palomar, el mismo que fue usado en 2011 por los hermanos Juliá para cargar 1 tonelada de cocaína en el piso de un avión con destino a España.

Los hermanos Juliá fueron condenados en España en 2012 a 13 años de prisión, pero aquí aparece otro elemento llamativo: el piloto que usaron los Juliá en aquella ocasión, Matías Miret, vuelve a aparecer en escena como miembro del nuevo sindicato creado por la propia empresa Fly Bondi. El motivo de crear un sindicato desde la propia empresa, con personal a medida, incluyendo a quien estuvo implicado en el caso Juliá, ¿responde a la necesidad de evitar los controles extra y las denuncias que podrían realizar sindicatos independientes?

A partir de este 17 de diciembre, El Palomar pasa a ser un «aeropuerto internacional», lo que podrá justamente favorecer el transporte de drogas a gran escala entre distintos países. El Palomar solo es utilizado por Fly Bondi y LADE. «las peticiones realizadas por los explotadores aéreos que han solicitado la operación de servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo en las rutas provenientes o con destino», afirmó la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil). ¿De qué tipo de carga y correo se encargará Fly Bondi? Ya cuenta con vuelos a Paraguay, Uruguay y Chile, y es solo el comienzo.

A pesar de las continuas quejas de los vecinos por las roturas de paredes, temor a una tragedia aérea y ruidos insoportables permanentes, el Gobierno insiste contra viento y marea para sostener el polémico enclave aeroportuario. «El ruido es permanente. Molesta, cómo no va a molestar. A la madrugada, a la noche, todo el día es. Cuando viene el avión pienso que se me va a caer el tanque del agua abajo. Pasan a 200 metros de mi casa y hasta me vibran las ventanas«, se queja un vecino. ¿Por qué tanta insistencia e interés del Gobierno?

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Ximena Rattoni, dirigente de La Alameda y de la Multisectorial 21F, afirmó: «Toda esta movida de las low cost y la pelea por quedarse con OCA y otras empresas de transporte de encomienda, lo que sabemos que hay detrás es el enmascaramiento del transporte de drogas, que es una cuestión habitual que la mafia utiliza. Conociendo además los orígenes de la familia Macri, sabemos que estos son algunos de los elementos que las mafias que trafican intentan habilitar. Si no no se puede explicar cómo un vuelo de Aerolíneas achicando todos sus costos cobra dos, tres mil pesos y una low cost lo cobre cuatrocientos pesos, por algún lado la ganancia la hacen, ¿no?».

Consultado para esta nota Gustavo Vera sobre las extrañas «casualidades» que apuntan a la relación entre Fly Bondi y el tráfico de drogas, el ex legislador avaló la idea: «Uds. mismos se responden las preguntas correctamente». 

Vera ya había alertado también sobre la otra aerolínea low cost ligada a los Macri, Avianca, que si bien es de origen colombiano, en Argentina es solo un nombre prestado para lo que era MacAir, la línea de aviación de los Macri.  En aquella ocasión, había afirmado:

“La situación del narcotráfico en la Argentina no se ha modificado, por más que Patricia Bullrich nos presente la caza de perejiles para hacer estadística. Nos preocupa mucho el apuro por inaugurar el sistema de aviones Low Cost, donde hay casos de lavado narco como en el caso de Avianca. No se habla más de las más de 2000 pistas clandestinas. Habrá que averiguar si con el Low Cost no se estará blanqueando alguna de las tantas maniobras de la mafia calabresa ‘Ndrangheta que tanta presencia tiene en la Argentina y que se dedica a la logística en estupefacientes. Habrá que averiguar si el clan Macrì, tiene algo que ver con Mauricio Macri”. Cabe aclarar que el «combate al narcotráfico» de Patricia Bullrich consistió en acuerdos con la DEA, la agencia norteamericana para el control de drogas, una entidad siempre sospechada de combatir a los carteles narcos locales que compiten con el tráfico que realizan las propias agencias norteamericanas. El cártel mexicano con mayor presencia en la Argentina es el cártel de Sinaloa, de hecho hasta el propio «Chapo» Guzmán habría vivido varios meses en nuestro país bajo otra identidad. ¿Se vienen próximamente los viajes de Fly Bondi y Avianca a México y Colombia? En 2016, la Guardia Civil española desarticuló una red que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico colombiano utilizando a auxiliares de vuelo de Avianca, en una operación que concluyó con 58 detenidos, 24 de ellos tripulantes de cabina de Avianca, y la incautación de seis millones de euros.

Por si faltaran irregularidades, la empresa “Fly Bondi”, que es propiedad del ex-vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, está radicada en Inglaterra como “Flybondi Limited”, sociedad a su vez controlada por una offshore en Islas Cayman (“Pangea Two Acquisition”) y, siendo una empresa con sede británica, actualmente está controlando una base aérea militar como es El Palomar, motivo por el cual el Gobierno ya fue denunciado por la abogada Claudia Merlo, quien en su presentación judicial sostuvo: «Flybondi es una empresa inglesa que viene a operar un aeropuerto situado en una Base Aérea Militar argentina… Imaginemos por un momento que Aeropuertos Argentina 2000 intente operar la Base Andrews en Estados Unidos, a ver si se lo permitiría el gobierno de Donald Trump. Entregar la Base Aérea Militar El Palomar, Cuna de las Alas Argentinas, el lugar de donde despegaron los aviones Hércules para aterrizar el 2 de abril de 1982 en Puerto Argentino, es un acto típico de traición a la patria».  El titular en los papeles de Fly Bondi es Richard Guy Gluzman, el ex vicepresidente de Pegasus, el fondo de Quintana. A pesar de las múltiples quejas de los vecinos, el Gobierno le otorgó 284 nuevas rutas aéreas a Fly Bondi, llamativamente con un vuelo a las Islas Malvinas, usurpadas precisamente por el poder británico.

Mario Quintana, dueño a su vez de Farmacity, la red de venta de drogas legales que busca hacer pie en la provincia de Buenos Aires, ya había sido denunciado por estar detrás de una serie de sociedades offshore, a través de su hermano, Norberto Quintana. ¿Con Fly Bondi estará Quintana apuntando a construir la infraestructura que complemente su esquema de negocios? Quintana ubicó a fines de 2017 a Gustavo Papini, ex CEO de su fondo Pegasus, al frente del Correo Argentino, el principal servicio postal de la Argentina. Esto ocurrió luego del intento por quedarse con OCA, con la que pretendía armar un «Amazon argentino«. ¿Por qué tanto interés en empresas de logística?

Quintana a su vez mantiene buenas relaciones con Gabriel Martino, el banquero amigo de Mauricio Macri que es la cabeza en la Argentina del banco británico HSBC. El HSBC es quizá uno de principales bancos narcolavadores del mundo, incluso condenado en EEUU por lavar dinero justamente el narcotráfico mexicano. El mismo Martino está imputado en una causa por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos por varios cientos de millones de dólares. El CEO local del banco británico forma parte de los 222 imputados por la causa HSBC, en donde se investiga las maniobras de evasión fiscal de 4040 cuentas de empresas e individuos argentinos en una sucursal suiza. El HSBC a su vez era junto a SOCMA, una de las principales compañías que guardaban su información delicada en Iron Mountain, en la que murieron 11 personas luego del incendio intencional de 2014 y por la que ya hay ex funcionarios macristas imputados.

Ya investigan a Guillermo Dietrich en la Justicia por una concesión en los trenes Roca, San Martín y Belgrano sur, tal como reveló el diario Tiempo Argentino.

Es por el contrato de la explotación publicitaria en esas líneas de ferrocarriles. Ahora, la Justicia avanza en una investigación contra el ministro de Transporte.

La causa, bajo la instrucción del juez Sebastián Ramos, investiga el contrato que beneficia directamente al cuñado del ministro, Julián Álvarez Echagüe, a través de la empresa PC Publicidad, especializada en la explotación comercial de mobiliario urbano en distintos puntos del país.

Laura Alonso, la macrista metida por la ventana a la Oficina Anticorrupción sin ser abogada (siendo esta condición necesaria para ocupar el cargo) gracias a un decreto firmado por Mauricio Macri, se hizo la «distraída» una vez más y salió a cumplir con su verdadera función: no entorpecer la concreción de ningún delito de corrupción.

“Seguimos el caso y estamos colaborando en la Justicia, pero sabemos que el juez no le ha dado mayor trascendencia”, contestó una vocera de Alonso al diario Tiempo Argentino.