Por Fausto Frank
Perón dejó plasmada su doctrina no solo en innumerables libros y discursos, sino principalmente en sus propias obras de gobierno. Como doctrina de Tercera Posición, se alejó tanto del liberalismo que defendía como único impulsor y organizador de la economía a la iniciativa privada, como del marxismo que ahogaba y destruía la iniciativa individual con la omnipresencia del Estado manejando cada factor de la producción.
En la obra de Perón, que queda además jurídicamente plasmada en la Constitución de 1949, se combina la presencia del Estado en las áreas estratégicas, con la iniciativa privada en todas aquellas en las que el libre mercado puede tener su rol:
En el capítulo IV, enteramente dedicado a “La función social de la propiedad, el capital y la actividad económica”, la Carta Magna de 1949 sostiene:
“Art. 38.- La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estar sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común”.
A diferencia de las posturas comunistas, se reconoce la propiedad privada, pero a diferencia de las posturas liberales, está supeditada a la función social del bien de la comunidad.
El Estado tendrá un rol también dentro de la estructura agropecuaria, asegurando la justa distribución de sus tierras:
“Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva”.
Si el bien común requiere de la expropiación de un bien privado, se permite con previa indemnización y por ley del Congreso:
“La expropiación por causa de utilidad pública o interés general debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”.
Esta idea de función social de la propiedad se refuerza en los siguientes dos artículos:
“Art. 39.- El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino”.
“Art. 40. – La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social”.
¿Qué rol le cabe al Estado dentro de la economía? Lo explica el mismo artículo 40:
“El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada
actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los limites fijados por
los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución”.
Serán recursos del Estado controlar el comercio exterior, la importación y exportación, dejando buena parte del mercado interno a la iniciativa privada:
“Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios”.
¿Cuáles son las áreas estratégicas propiedad del Estado? Principalmente los recursos naturales:
“Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su
producto, que se convendrá con las provincias”.
Y los servicios públicos:
“Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine”.
Esta misma concepción la dejó en claro en múltiples discursos, entre ellos, el del 24 de febrero de 1948, en la localidad de San Francisco, provincia de Córdoba, cuando reivindica la estatización de los ferrocarriles, los puertos y servicios públicos como el agua, el gas, la luz, los teléfonos, etc. y explica que “el Estado es quien debe organizar la riqueza de la Nación, porque si no lo hace el Estado, lo hacen los consorcios capitalistas”, como parte del concepto de independencia económica:
Ya en 1974 en el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, Perón sostiene y advierte:
“En la función empresarial el Estado tendrá un papel protagónico o complementario de la acción privada, según la circunstancias presentes o futuras así lo aconsejen. Debe destacarse como un deber ineludible la idoneidad con que el Estado asuma dicho rol, materializado a través de su gestión empresarial. La empresa del Estado no es un vehículo para alimentar una desocupación disfrazada o para transformarse en fuente de trabajo o de ingresos de quienes circunstancialmente ejercen el manejo de la cosa pública. Es el camino para satisfacer básicas necesidades de la comunidad. La experiencia indica que nadie critica a una empresa por el solo hecho de ser del Estado, sino por el resultado de su gestión. Nadie reaccionará contra el control y supervisión que el Estado realiza sobre el quehacer económico, si éste es llevado a cabo no sólo con honestidad sino también con idoneidad, y si tanto el Estado como el sector privado se hallan plenamente identificados con un Proyecto Nacional, un fin superior en el que no caben mezquindades ni turbios manejos especulativos”.
Vuelve a insistir en el control del comercio exterior:
“La intervención directa en el proceso de comercialización interna y externa, así como también en la fijación de precios que aseguren un beneficio normal y una eliminación de la incertidumbre del futuro, son también responsabilidades que el Estado no debe bajo ningún concepto delegar y menos aún olvidar”.
En cuanto a la participación estatal en la industria explica:
“Nos parece evidente que nadie puede, razonablemente, dudar que la planificación es imprescindible, de ahí que, una vez identificadas las necesidades auténticas de la sociedad, habrá que cuantificarlas. Deberá, entonces, determinarse cuánto y qué producirá el Estado; cuánto y qué el sector privado. En lo que concierne a la actividad industrial estatal, la planificación será estricta y la coordinación de los esfuerzos máxima. Para el quehacer privado se establecerán marcos -con la flexibilidad que las circunstancias sugieran- dentro de los cuales el empresariado desenvolverá su capacidad creativa. Si tanto el Estado como el sector privado comprenden que su meta es la misma -el bienestar de toda la comunidad- la determinación de los límites de acción no puede ser conflictiva. Sin embargo, el Estado deberá evitar que estos marcos que encuadran la actividad privada sean excesivamente cambiantes o confusos, pues esto sumiría al empresariado en la incertidumbre, desalentaría las inversiones y fomentaría la especulación”.
El Estado debe orientar con sus objetivos al conjunto de la economía privada:
“El Estado debe orientarlo [al empresariado] en su acción, señalándole claramente cuál ha de ser el rol en los programas de desarrollo y haciéndolo participar activamente en la elaboración de la política económica. No deben quedar dudas de que cuando hablo de sector privado industrial, me refiero tanto a empresarios como a trabajadores, nucleados unos y otros en sus organizaciones naturales. Si, como ya afirmé, el mercado no constituirá la referencia fundamental en la determinación de las necesidades auténticas de la comunidad, el sistema de precios no será -en algunos sectores- el impulsar de las decisiones de inversión. El Estado tendrá entonces que suplir este posible déficit, ya sea mediante su acción directa como inversor o bien indirectamente a través de su política económica”.
La propia obra de gobierno refleja la puesta en práctica de esta doctrina.
Por decreto 23.847 del 25 de agosto de 1944 se crea el Consejo Nacional de Posguerra, un intento orgánico de planificación de la Argentina, con el objetivo de diagnosticar la situación económico-social y recomendar políticas para solucionar los problemas detectados. El presidente del Consejo era el coronel Perón y el Dr. Figuerola su Secretario General y estaban representados los trabajadores, los empresarios y el Estado. Figuerola y Miranda prepararon un paquete de medidas económicas, las que se sancionarían durante 1946, incluso antes de la asunción de Perón como presidente.
El 5 de marzo de 1945 se decretó la nacionalización del gas a cargo de la compañía Primitiva Gas and Electric Lighting Company of Buenos Aires de gas y se creó la empresa pública Gas del Estado.
La creación del IAPI, para el control del comercio exterior, fue dispuesta por decreto 15.350 del 28 de mayo de 1946, firmado por el Presidente Edelmiro Farrell, pero como parte de las medidas que el coronel Perón y su equipo de asesores habían proyectado.
Por decreto 8.503 del 25 de marzo de 1946 se nacionalizó el Banco Central de la República Argentina, el que hasta entonces venía actuando en la práctica como una entidad al servicio de bancos internacionales. Esta medida permitió al Estado orientar los depósitos en créditos a los sectores productivos nacionales, comerciales, obras de infraestructura y entidades de bien común. Comenta Perón en «La Fuerza es el Derecho de las Bestias» (1956): “La primera reforma fue la financiera, mediante la nacionalización del sistema bancario, convirtiendo al Banco Central de la Republica Argentina en un Banco de Bancos, mediante la Nacionalización de los depósitos y a los demás bancos en agencias del mismo. Esto permitió, por primera vez en nuestro país, un control financiero por el Estado, pues hasta entonces ese era resorte de los bancos extranjeros de plaza”.
Para 1946, se había conformado la Empresa Mixta Telefónica Argentina (EMTA), luego de que el Estado comprara la Compañía Unión Telefónica del Río de la Plata que monopolizaba el servicio telefónico en el país. En septiembre del mismo año, el gobierno nacional compra la filial argentina de la empresa estadounidense International Telephone & Telegraph Company (ITT), por 95 millones de dólares, conformándose una empresa mixta, pero finalmente Perón decide disolver la sociedad mixta, y el 18 de marzo de 1948, por medio del decreto 8.104 se retira la personería jurídica de la EMTA, pasando la empresa a ser totalmente estatal, la que un año más tarde pasará a llamarse Teléfonos del Estado.
El 19 de mayo de 1947 se crea la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica por decreto 3967,
para el suministro eléctrico y obras de ingeniería hidráulica. Las empresas CADE y CIAE no fueron nacionalizadas pero sí resultó estatizada la ANSEC, que tenía la explotación del servicio eléctrico en la mayor parte del país. Creó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), interconectó las centrales Puerto Nuevo (CADE) y Nuevo Puerto (CIAE) y construyó 22 centrales hidroeléctricas en Tucumán, Mendoza, Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca, Río Negro y Mendoza, aumentando la potencia hidroeléctrica instalada de 45 000 kW (kilovatios) en 1943 a 350 000 kW en 1952.
El 1° de marzo de 1948 el Estado argentino tomó posesión de los ferrocarriles de capital británico, usando para ello el saldo a favor que disponía la Argentina en libras esterlinas luego de la Segunda Guerra Mundial.
El 7 de diciembre de 1950 nace Aerolíneas Argentinas Empresa del Estado por un decreto del Presidente Juan Domingo Perón, mediante la unión de cuatro aerolíneas (Aeroposta, A.L.F.A., FAMA y Z.O.N.D.A.). En diciembre de 1951, después de tan solo un año de de operaciones la Sociedad Interamericana de Prensa la designó como la mejor empresa aerocomercial del mundo, por su eficiente organización y la calidad de sus servicios.
Todo este programa lo explica Perón en “La Hora de los Pueblos” (1968):
“Nuestros países, faltos de capital, no pueden impulsar su desarrollo porque en el negocio de los países pasa lo que en todos los demás negocios: el desarrollo se impulsa a base de inversión. Siendo ello así, nuestra solución estaba en capitalizar al país. Un país se capitaliza de una sola manera: trabajando, porque nadie se hace rico pidiendo prestado o siendo objeto de la explotación ajena. Todo consistía entonces en organizarse para trabajar, crear trabajo y poner al Pueblo Argentino a realizarlo, porque el capital no es sino trabajo acumulado. Esto no era difícil en un país donde todo estaba por hacerse. A poco de andar nos percatamos que las organizaciones internacionales imperialistas tenían organizados todos los medios para descapitalizarnos mediante los famosos servicios financieros que ocasionaban anualmente la deuda externa, los servicios públicos, la comercialización agraria, los transportes marítimos y aéreos, los seguros y reaseguros, etc., y aparte de ello, gravitaban ruinosamente las evasiones visibles e invisibles de capital.
De esta manera, de poco valía trabajar si el producto de ese trabajo iba a parar a manos de nuestros explotadores. Era preciso recurrir a dos medidas indispensables para evitar esa descapitalización permanente:
1º) Nacionalizar los servicios en manos extranjeras que imponían servicios financieros en divisas.
2º) Crear una organización de control financiero que impidiera la evasión de capitales.
La compra de los servicios públicos, la repatriación de la deuda externa, la creación del Instituto de la Promoción del Intercambio (I.A.P.I.), la nacionalización de los seguros y reaseguros, la creación de una flota mercante y aérea, etc., etc., permitieron realizar lo primero. Lo segundo ocasionó la reforma bancaria y la promulgación de la Ley Nacional de Cambios. Recién entonces se pudo comenzar a cumplir el más viejo principio fenicio de la capitalización: ‘peso que entra, no debe salir’.”
En su idea de comunidad organizada, además del Estado y las empresas capitalistas, un rol fundamental lo ocupaba el Movimiento Obrero Organizado y las organizaciones libres del pueblo (sindicatos, asociaciones profesionales, cooperativas, etc.), que como parte esencial de la comunidad, también podían dirigir empresas o formar parte de sus directorios. En este esquema, ni estatal ni burgués, la CGT, la Iglesia y las FFAA tenían un rol central.
Como se puede ver, Perón no era ni privatista ni estatista: como buen militar sabía que hay áreas estratégicas que requieren de una conducción centralizada que solo puede aportar el Estado, y otras áreas en las que el ingenio y el impulso individual son muy superiores al Estado en niveles de producción y eficiencia. También evitó confundir medios con objetivos. Si el objetivo era el desarrollo nacional y dentro de este el de la producción petrolera, al tomar conciencia de lo insuficiente del capital y la tecnología nacional, no tuvo inconveniente en hacer acuerdos con capitales extranjeros como el de la Standard Oil de California en mayo de 1955. No era un nacionalista de medios sino de fines. Lo que no cambiaba en su doctrina eran los fines últimos, principios y valores, nunca fue un dogmático con respecto a los medios.