Por Claudia Peiró
“Fueron San Martín y Belgrano los que nombraron a la Virgen Generala de sus ejércitos, hay cartas de puño y letra del Libertador en Mendoza sobre eso”, dijo el sacerdote Martín Panatti, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Montserrat.
Lo que se atribuye a gobiernos de facto es en realidad una tradición que hunde sus raíces en el fondo de nuestra historia. Rodolfo Walsh criticaba, entre otras cosas, el “déficit de historicidad” de la organización Montoneros, es decir, su desconocimiento de la historia argentina. En esa misma ignorancia se recuesta un anticatolicismo exacerbado desde los primeros debates públicos sobre el aborto, en 2018.
El 1° de enero de 1817, San Martín le escribía al gobernador interino de Cuyo, Toribio de Luzuriaga, para comunicarle que el siguiente domingo, 5 de enero, se celebraría una misa para la jura solemne de la Patrona del Ejército, la Virgen del Carmen de Cuyo, y de su bandera. En esa ocasión, el Libertador dejó a los pies de la Virgen su bastón de mando, que se conserva hasta hoy en la Iglesia San Francisco, en la ciudad de Mendoza.
Un dato central que se suele obviar cuando se habla del vínculo Iglesia – Estado, y en particular del sostén al culto católico, prescripto por la Constitución, es que el origen de esas transferencias es una expropiación: la que, siendo secretario de Gobierno de Martín Rodríguez, decretó Bernardino Rivadavia en 1822, por la cual pasaron a manos del Estado, miles de hectáreas de tierras y propiedades, inmuebles “no necesarios para el culto”, en opinión del funcionario de marras.
“Hasta entonces, la Iglesia se autoabastecía”, dice el padre Panatti.
Tan era así que, en 1871, un anticlerical como Bernardo de Irigoyen decía: “La verdad del caso [es] que la Iglesia se sostenía con los bienes que poseía, donados por los fieles. Vino el año 22 en que el gobierno concibió la idea patriótica de una reforma general, y en ella comprendió también al clero. Se inició pues la reforma eclesiástica, y para llevarla a cabo sancionó una ley que en su artículo 19 dice lo siguiente: ‘Desde el 1° de Enero de 1823, quedan abolidos los diezmos y las atenciones a que eran destinados serán cubiertos por los fondos del Estado’. Viene enseguida otra disposición de la misma ley de donde resulta que no fue la Iglesia Católica la que trató de ser sostenida por el Estado sino que fue el Estado el que tomó posesión de todos los bienes de la Iglesia, el que suprimió las contribuciones con que la Iglesia se sostenía, y que fue el Estado el que creyendo que estaba realizando una reforma liberal, una reforma de alta conveniencia pública, dijo: Tomo a mi cargo el sostén del Culto Católico en este país. Ésta es la verdad histórica”.
La cita de Bernardo de Irigoyen pertenece a un artículo de Edgardo Fretes, publicado en el diario Los Andes de Mendoza el 19 de abril de 2018, con el significativo título: “Relación histórica entre Iglesia y Estado en la Argentina: ¿quién sostiene a quién?”
La tesis de Fretes en aquel artículo era que los aportes que la Iglesia hace a la sociedad a través de las instituciones -educativas, sanitarias y caritativas- que administra y los fondos de colectas que redistribuye en esas obras superan ampliamente el aporte que recibe.
En 2018, los fondos del presupuesto destinados al sostén de la Iglesia eran de 174 millones de pesos. Mientras que la recaudación de las colectas de Cáritas, en el año 2016 por ejemplo, habían superado los 280 millones, dinero que vuelve a la sociedad “en educación, ayuda inmediata y emergencias, desarrollo institucional, abordaje de las adicciones y economía social y solidaria”, decía Fretes.
A eso había que sumarle la Colecta Más por Menos, que durante el mismo año había distribuido “entre las zonas más pobres del país, más de 35 millones de pesos”.
En 2021, los fondos estatales destinados a la Iglesia serán 148 millones. Nótese la disminución, que no es sólo nominal ya que si corregimos por inflación es mucho mayor, respecto a 2018. En tanto, Cáritas acaba de anuncia que su colecta anual alcanzó los 218 millones de pesos. Y la colecta anual es sólo una de las varias colectas que se hacen en el año.
Por otra parte, la Iglesia misma tomó la decisión de renunciar progresivamente al aporte estatal, proceso que está iniciado, en diálogo con la Secretaría de Culto de la Nación. Desde 2017, esos fondos, que se destinaban a las asignaciones de los obispos, a los seminaristas y al sostén de las parroquias de frontera, no se han actualizado prácticamente, lo que en los hechos implica una paulatina reducción.
Recientemente, en diálogo con el programa “Caminos de Encuentro”, de Radio María, monseñor Guillermo Caride, presidente de la Comisión Episcopal para el Sostenimiento de la Acción Evangelizadora de la Iglesia, decía: “Ya hemos resignado un valor de más del 50% de lo que recibíamos, al no haber actualizado el valor de los aportes y contar con una inflación que hace perderle el valor a nuestra moneda”.
“Tenemos el sueño de que la misión se sostenga con las donaciones de los fieles y podamos continuar con la renuncia a los aportes”, expresó Caride.
“La gente cree que el Estado sostiene a las Iglesias y eso es totalmente falso. Las parroquias nos tenemos que autosustentar”, afirma el sacerdote Martín Panatti. El sostén del Estado se limitaba a los obispos y, como se dijo, está disminuyendo. De ser equivalente al ingreso de un juez, hoy representa la 6a parte aproximadamente. Pero además, como lo señala Fretes, este sostén tuvo como contraparte la injerencia: hasta fines de los 60, los obispos eran elegidos por ternas y debían contar con la aprobación del Senado, como los jueces.
“Nunca existió un salario para los sacerdotes, como se quiere hacer creer -sostiene Panatti-. Hasta se quiso instalar la idea de que el Gobierno le pagaba a la Iglesia por cada bautizado, lo que es otra falsedad”.
“La Iglesia no recauda para mirarse el ombligo -dijo por su parte Edgardo Fretes-. Como católico estoy contento de que se despegue la Iglesia totalmente del Estado y nos hagamos cargo los fieles. Es mucho más sano no depender de nadie. Ahora, imaginemos la renta que tendría la Iglesia de no haber sido despojada de todos sus bienes. En los terrenos expropiados hoy tenemos barrios, localidades enteras. Ni hablar de la Capital, donde el Arzobispado tenía 300 manzanas. Hoy sería una renta extraordinaria”.
La expropiación rivadaviana dejó incluso en la calle a varias órdenes religiosas. No falta quien presente a Rivadavia como “gran impulsor del Cementerio de la Recoleta”, obviando que para ello despojó de sus terrenos a los monjes de la Orden de los Recoletos.
En su artículo, Fretes citaba la cifra de 35.000 hectáreas de campos, que hoy pertenecen a los partidos de Luján, Merlo, Avellaneda, San Pedro, Arrecifes, Moreno, Quilmes, Magdalena y Tres de Febrero.
De hecho, comenta Fretes, las iglesias que no sufrieron este proceso de expropiación, son Iglesias ricas. “Es el caso de las de España, Italia, Alemania… La Iglesia alemana por ejemplo ayuda mucho a iglesias de países del Tercer Mundo donando bienes o financiando proyectos educativos”, ejemplifica Fretes, que actualmente es coordinador de la Pastoral de Comunicadores de Mendoza y docente en la Facultad de Periodismo de la Universidad Juan Agustín Maza.
Los colegios católicos y escuelas parroquiales reciben subvención estatal para el pago de los sueldos docentes. Como casi todos los establecimientos educativos privados por otra parte. Ahora bien la infraestructura y el resto del personal se mantienen con el aporte de los fieles. Como recordaba Fretes en su artículo, se trata muchas veces de escuelas rurales y en zonas de difícil acceso. Y concluía: “La ecuación podría ser al revés: en lugar de sacar la cuenta de cuánto ‘gasta’ el Estado en los subsidios de los sueldos en los colegios católicos, me gustaría preguntar: ¿cuánto gastaría el Estado si el 30 por ciento del total del alumnado del país, que concurre a establecimientos católicos, fuera a escuelas públicas?”
Finalmente, el vicariato castrense, otra institución que ofende al ateísmo militante y ahistórico, pero que no es, como se lo suele presentar, una anomalía argentina.
Casi todos los ejércitos del mundo occidental poseen esa institución. Países tan modernos como Estados Unidos o Francia cuentan con capellanía y obispado castrense. Es habitual que los capellanes usen uniforme y tengan grado militar. Tampoco es una anomalía argentina.
En Francia existe una Diócesis para los ejércitos, a cuyo frente está el obispo Antoine de Romanet, que coordina el accionar de los 200 capellanes militares que acompañan al Ejército en sus misiones.
En Estados Unidos, existe la Arquidiócesis para los servicios militares (en inglés, Roman Catholic Archdiocese for the Military Services). Su actual titular es el arzobispo Timothy Broglio. Lo asisten cuatro obispos auxiliares y en el año 2019 contaba con 455 sacerdotes para la atención espiritual de los militares.
“Los turistas que acostumbran fotografiarse en el emblemático Times Square de Nueva York, deberían saber que la estatua que está allí es de un capellán del ejército norteamericano”, acota el padre Panatti.
Se trata del padre Francis D. Duffy y de hecho el triángulo norte de Times Square se llama Duffy Square. Este sacerdote católico y capellán castrense fue el clérigo más condecorado en la historia del ejército de esa nación, por su desempeño como capellán del 165° Regimiento de Infantería.
La Argentina nació católica; es un dato histórico, y eso deja huella. A la vez, se formó como una sociedad abierta, receptiva y tolerante. Porque de hecho, los países de cultura judeoccidental son los de mayor diversidad y tolerancia. Dato que el anticlericalismo indocto no es capaz de procesar.
