El gobierno de Ecuador anunció el martes pasado el estado de “conflicto armado interno” y movilizó a las Fuerzas Armadas a “ejecutar operaciones militares para neutralizar” a las bandas criminales con el supuesto objetivo de luchar contra el crimen organizado del narcotráfico, que inició ataques, secuestros y atentados en diferentes centros claves del país. El presidente, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción por 60 días. Al mismo tiempo, Ecuador viene siendo propuesto como “ejemplo de economía dolarizada”. ¿Hay alguna relación entre ambos fenómenos?
El avance del narcotráfico se profundizó en el 2000 cuando el entonces presidente Jamil Mahuad, —en medio de una crisis financiera— impuso la dolarización de la economía ecuatoriana reemplazando su moneda nacional, el “Sucre”, por la moneda estadounidense, el dólar; sus consecuencias fueron el aumento de la pobreza, la reducción de la capacidad del Estado de intervenir en la política-económica y social del país, además de la pérdida de soberanía monetaria y la dependencia de la economía de Estados Unidos.
Años más tarde, si bien se controló la inflación, la situación social no mejoró para Ecuador. Entre los golpes a las economías más vulnerables la “pandemia” causó una paralización de las transacciones de compra y venta (lo que alentó el cierre de fábricas nacionales y empresas locales prestadoras de servicios provocando cientos de miles de despidos impactando de manera negativa la tasa de niveles de ocupación) reflejando una contracción de la economía.
La falta de intervención del Estado para ordenar las cuestiones fundamentales de la sociedad ecuatoriana en zonas estratégicas del país dolarizado y sin Banco Central (a semejanza de la propuesta que ha prometido llevar a cabo en la Argentina Javier Milei), sumado a una caótica situación social y la facilitación del lavado de dinero por parte de las bandas criminales, ha alentado el crecimiento de bandas narco y de su negocio, al punto en que estos grupos se han internacionalizado. El lavado de dinero para el narcotráfico en un país dolarizado se realiza de manera más sencilla ya que pueden mover dinero con facilidad a otros países.
En una entrevista de 2023 a Daniel Noboa, entonces candidato presidencial, el periodista -advirtiéndole que “no hay rastro cambiario”- le preguntó: “¿Cómo es que avanzó tanto el narco en Ecuador?” y el ahora mandatario le respondió: “Primero porque no hay un control fronterizo real, porque nuestros puertos están totalmente desprotegidos. Porque estamos dolarizados y eso es un elemento que ayuda al narcoterrorismo, porque no tiene que cambiar la moneda. Simplemente entran dólares y salen dólares. No hay el rastro cambiario”.
Ecuador registra en la actualidad 42 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que le sitúa como el más violento de la región y uno de los cinco más violentos del mundo. Además, el aumento de la producción de droga junto al tráfico ilegal de armas llevó a un crecimiento de las tasas de homicidio en la última década. En 2023 alcanzó 7,07 puntos en la medición de GI-TOC, lo que supera la media global de criminalidad que es de 5 puntos (trata de personas, contrabando de flora y fauna, tráfico de armas, narcotráfico, comercio ilegal de productos falsificados, redes delictivas, mafias, crímenes electrónicos y financieros, organizaciones criminales transnacionales, entre otros).
Cabe remarcar que un informe del Centro Estratégico de Geopolítica (CELAG) reveló en 2021 que “se lavaron 3.500 millones de dólares de dinero sucio en el sistema financiero”, reflejando casi el triple que los 1.200 millones estimados entre 2007 y 2016.
“Seis años de minimización del Estado y desinstitucionalización del país dejan un saldo desalentador en lo social y lo económico: pobreza, violencia e instituciones capturadas por el narcotráfico”, advierte el texto. Y continúa: “A esta economía del desastre social podemos sumar un efecto paradójico: la ‘estabilidad macroeconómica del narcotráfico’, entendida como la capacidad que tienen los narco-dólares de penetrar en el sistema financiero, aumentar la tasa de ganancia de la banca y brindar una falsa estabilidad financiera y monetaria, la cual es discordante con la salud de la economía real (empleo, producción y pobreza)”.
Según indica la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI–TOC, por sus siglas en inglés), Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, las dos mayores naciones productoras de drogas, se ha convertido en una “superautopista de la cocaína” en consecuencia del tráfico a gran escala por medio de sus puertos del Océano Pacífico.
El Ejército ecuatoriano intenta establecer el orden en las calles del centro de Quito.#Ecuador pic.twitter.com/kpsqIkIBf9
— KontraInfo (@KontraInfo) January 10, 2024
Como se puede observar en el siguiente mapa realizado por el Instituto InSight Crime (dedicado a investigar y analizar temas sobre el crimen organizado y la corrupción en América Latina y el Caribe) sobre el tráfico de cocaína a Europa y su impacto en es América del Sur:
Vale la pena señalar que el entonces presidente de Ecuador, Lenin Moreno, cerró en 2018 el Ministerio de Justicia “en el marco de una política de austeridad y de reducción del tamaño de la Administración del Estado”, y entre las principales funciones estaban las que regían el sistema penitenciario del país así como también la Agencia de Inteligencia. Situación que empeoró con la gestión de gobierno de Guillermo Lasso, por la fuerte desinversión en todo lo relacionado al sistema de Seguridad.
Desde 2021, los enfrentamientos entre la población carcelaria dejaron más de 460 muertos. Además, los homicidios en las calles entre 2018 y 2023 crecieron en casi 800%, al pasar de 6 a 46 por cada 100.000 habitantes. El 2023 cerró con más de 7.800 homicidios y 220 toneladas de droga incautadas, nuevos récords en una nación de 17 millones de habitantes. En medio de esta situación, ninguno de los últimos gobiernos ha conseguido controlar el disfuncional sistema penitenciario, convertido en caldo de criminalidad y donde la superpoblación alimenta la violencia.
En este sentido, el expresidente Rafael Correa aseguró que la actual crisis no es responsabilidad de Noboa, “que lleva seis semanas en el cargo”, sino de sus antecesores Lenín Moreno y Guillermo Lasso, a los que culpó de permitir la infiltración de las mafias del crimen organizado dentro del Estado. El exmandatario reconoció que en la nación siempre hubo crimen organizado, pero matizó que la “diferencia crucial” es que ahora existe una “infiltración de las Fuerzas Armadas y de la Policía”.
Durante una visita en septiembre a Ecuador, Olivier De Schutter, relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, denunció que “la falta de oportunidades laborales y la mala educación han hecho que los jóvenes sean fácilmente reclutados por las bandas criminales”.
“Estas pandillas, a su vez, están alimentando la pobreza al extorsionar a las pequeñas empresas, apoderarse de las escuelas e interrumpir la educación de niños y niñas, y generar tal miedo y desesperación que un número creciente de ecuatorianos simplemente están abandonando el país. Este círculo vicioso sólo podrá romperse si el país invierte más en su gente”, advirtió.
“La alarma por el reciente aumento del crimen y la violencia en Ecuador, incluido el atroz asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, no debería distraernos de las causas profundas de esta inseguridad”, finalizó.
Economía, sociedad e inseguridad se retroalimentan en Ecuador en un círculo vicioso que parece muy difícil de romper. Las lecciones que Ecuador enseñan, lejos de ser un ejemplo a copiar, parecen más bien ser un contraejemplo de lo que un país soberano debiera implementar.
