Pablo Torres Laprida
Algunas evaluaciones que hacen los críticos de este gobierno es que no hay que detenerse en la anécdota de los “errores”. Puestos estos muestran en realidad una política deliberada del “si pasa, pasa”. ¿Tendrán razón?
El Ejecutivo volverá a pagar las pensiones por invalidez que había dado de baja. También ha anulado decretos, medidas de ajuste y acuerdos que afectaban al padre de Macri
Un pasito para adelante, un pasito para atrás. En un año y medio en la Presidencia argentina, Mauricio Macri se ha visto obligado a anular decretos que evitaban el debate legislativo, polémicas medidas de ajuste económico que chocaron con el rechazo de gran parte de la ciudadanía y decisiones que ponían en entredicho la imagen de transparencia de la que hace gala el Gobierno. Esta semana el Ejecutivo macrista ha vuelto a repetir la coreografía: primero dio de baja decenas de miles de pensiones por discapacidad, ante el aluvión de críticas habilitó un número gratuito para reclamar y finalmente ha anunciado que volverá a pagarlas, aunque revisará caso por caso quién no debe recibir ese beneficio. Varios integrantes del Gabinete han declarado públicamente que no son infalibles y están dispuestos a enmendar errores. Incluso han defendido las correcciones de rumbo como la contracara de la política de Cristina Fernández Kirchner, que pocas veces dio su brazo a torcer. Pero la sucesión de traspiés genera preocupación en el ambiente político, con las elecciones legislativas cada vez más cerca. Estas son las correcciones que han tenido mayor repercusión:
Jueces nombrados por decreto. Cuatro días después de asumir, Macri optó por una vía rápida y hasta entonces nunca utilizada para ocupar dos vacantes en la Corte Suprema, el máximo tribunal argentino. Nombró jueces a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti a través de un decreto de necesidad y urgencia en vez de consensuar los candidatos en el Senado, como exige el procedimiento. Opositores y juristas criticaron con dureza la decisión y el Gobierno resolvió anular el decreto y realizar el nombramiento a través de la Cámara Alta, donde consiguió la aprobación de Rosenkrantz y Rosatti pese a estar en minoría.
Tarifazo. El pasado agosto, la Corte Suprema argentina obligó al Gobierno a anular el aumento de las facturas domésticas de gas, que en algunos casos eran del 1.000%, porque no había convocado antes a audiencias públicas. El Ejecutivo las convocó y moderó las subidas, con un límite máximo del 400%. La medida apaciguó parcialmente el malestar social generado por el brutal incremento de todos los servicios básicos y del transporte, que durante más de una década estuvieron hipersubvencionados por el kirchnerismo.
Penas de cárcel para los periodistas. El proyecto de ley de amnistía fiscal que el Gobierno envió al Congreso contemplaba la posibilidad aplicar penas de prisión a los periodistas que revelasen la identidad de los que decidieran declarar capital y bienes en negro ocultos en el exterior, pero el artículo fue considerado un ataque frontal a la libertad de prensa y se modificó. También se corrigió un decreto provincial que fijaba condenas de dos años de cárcel para quienes divulgasen las declaraciones juradas de cargos políticos y policiales de la provincia de Buenos Aires.
El festivo del 24 de marzo. A principios de año, el Gobierno decretó cambios en algunos dìas festivos, entre ellos el del 24 de marzo, fecha en la que se recuerda el golpe de Estado de 1976. La decisión de hacer “movible” ese feriado fue duramente criticada por los organismos de derechos humanos y un amplio sector de la sociedad y el Gobierno dio marcha atrás.
Renegociación de una deuda familiar. El presidente argentino decidió comparecer ante los medios el pasado febrero para frenar uno de los mayores golpes a su imagen, ocasionado por la renegociación de una deuda con el Estado de 300 millones de dólares en condiciones muy ventajosas para el deudor, el conglomerado de empresas dirigido por su padre, Franco Macri. La deuda se remonta a 2001, cuando el Correo Argentino, empresa privatizada en manos de los Macri, quebró. En medio de críticas y después de la apertura de una investigación por presunto perjuicio al Estado, Macri anunció que la renegociación arrancaría de cero.
Avianca. Macri decidió aplazar la adjudicación de rutas aéreas a la compañía colombiana Avianca ante la sospecha de un posible conflicto de intereses. La adjudicación, conocida poco después del escándalo del Correo Argentino, generó recelo porque Avianca había adquirido en 2016 la firma Macair Jet, propiedad hasta entonces del grupo empresarial de Franco Macri.
Jubilados. El Gobierno también se vio forzado a retirar en febrero un decreto sobre jubilaciones que reducía ligeramente el cálculo del aumento. La polémica fue enorme y Macri anuló el decreto.
Reforma de los seguros laborales. El Gobierno decidió reformar el sistema de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) mediante un decreto de necesidad y urgencia en vez de debatirlo en la Cámara de Diputados, donde está en minoría. Poco después, dio marcha atrás.
Pensiones de invalidez. El Ministerio de Desarrollo Social eliminó sin previo aviso 70.000 pensiones de 290 dólares por invalidez, que sumadas a las 90.000 que dio de baja durante el año pasado eleva a 160.000 el número de personas que perdieron el beneficio del Estado. Ante las críticas opositoras, rápidas en momentos en que Argentina se acerca a la campaña electoral, el Gobierno cambió de opinión y anunció que volverá a pagarlas pero las revisará una por una.
Enredo diplomático por Malvinas. En este caso no se trata de una medida política, sino de una declaración realizada por Macri el pasado septiembre. El presidente argentino coincidió con su homóloga británica, Theresa May, en Naciones Unidas e informó a la prensa que May estaba dispuesta a hablar sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Londres lo desmintió de forma tajante a través de un comunicado y también salió a negarlo después la entonces canciller argentina, Susana Malcorra.
Fuente: http://internacional.elpais.com – Buenos Aires 16 JUN 2017