Luego de que el peso se devaluara un 25%, la inflación se proyecte cerca del 30% anual y el Banco Central perdiera U$S 10.000 millones de dólares, Mauricio Macri dio una conferencia en la que definió al déficit fiscal como “una mochila que nos ha aplastado durante más de 70 años”, advirtió que “el mundo [léase el FMI y los grandes bancos] ha desaprobado la velocidad con la cual estamos reduciendo nuestro déficit” y, al igual que el dictador Alejandro Agustín Lanusse, convocó al “Gran Acuerdo Nacional”. Acelerar el ajuste implicará reducir obra pública, seguir subiendo tarifas (la eliminación de subsidios está a mitad de camino), despedir más empleados, mantener altas las tasas de interés, cerrar más empresas públicas y por lo tanto enfriar la economía con la consecuente destrucción de consumo e industrias.
Repitió la ya clásica expresión para justificar el ajuste: “El problema que tenemos los argentinos es que tenemos que reducir el déficit fiscal, gastamos como estado más de lo que tenemos”, dijo. Lo falaz de esa expresión es que esconde que el Estado gasta más de lo que ingresa porque eliminó impuestos a los sectores más ricos (retenciones) y es este el motivo por el que ingresan menos recursos.
Macri confirmó además que habrá “más inflación y menos crecimiento”, y delegó la lucha contra la inflación en el Banco Central.
Respecto de la media sanción que ya consiguió la oposición en la Cámara baja al proyecto de retrotraer las tarifas de la luz, el gas y el agua a diciembre de 2017, Macri repitió que “hay que pagar lo que cuesta la energía”, una falacia, ya que nunca se informan los costos de la producción y distribución de energía, pero es sabido que es enormemente inferior al precio de venta, otorgando ganancias extraordinarios a las empresas, propiedad del círculo de empresarios amigos (y en algunos casos como Nicolás Caputo, directamente testaferros) de Mauricio Macri.
