Los banqueros de la guerra

Jimena García Madrid *

Hollywood nos ha inundado con películas en las cuales heroicos combatientes arriesgan sus vidas para salvar a algunas víctimas. Tanto espectáculo ha encubierto la terrible realidad que describe la investigadora en esta nota. Uno de los apartados lleva por título “La hipocresía como principio”, es la mejor calificación de lo denunciado.

Los Estados invierten importantes cantidades de recursos públicos en el complejo militar-industrial, pero la financiación de otros organismos privados, como los bancos y las entidades financieras, también es esencial para la industria de la guerra. En ocasiones, la laxitud de la normativa de algunas de estas organizaciones supone un gran riesgo para controlar el desvío de fondos, que terminan financiando los destinos más indeseados.

¿Cuánto te preocupa ser —o alguien de tu entorno— víctima de un ataque terrorista? El Pew Research Center desvela que en ocho de diez Estados europeos encuestados la mitad o más de la población teme que las personas refugiadas incrementen la posibilidad de atentados terroristas en sus países. En Francia han perdido la vida más de 230 personas desde el atentado de 2015 contra la revista Charlie Hebdo, pero la probabilidad de morir en un accidente de coche es 27 veces mayor que a manos de terroristas, un consuelo humillante para las víctimas de estas atrocidades. Lo cuestionable es que la “guerra contra el terror” se base en representaciones deliberadamente exageradas de un temor razonable y se convierta, a la postre, en una ocasión lucrativa para ciertos sectores.

El gasto militar mundial aumentó en 2016 por segundo año consecutivo hasta alcanzar los 1,69 billones de dólares, lo que supone un 2,2% del PIB mundial. La financiación de la industria armamentística precisa tanto de recursos públicos como privados, y es en este segundo ámbito donde la inversión de las entidades bancarias supone una parte fundamental en el complejo militar-industrial.

El coladero del secreto bancario

Los flujos financieros entre los bancos y las empresas armamentísticas implican la participación de actores intermediarios que dificultan la rastreabilidad en las transacciones de armas. En el marco de la globalización, la transnacionalización de las actividades criminales se ha beneficiado con la reducción de los controles aduaneros en ciertas zonas de libre comercio, especialmente en aquellos países en vías de desarrollo o donde la persecución y legislación contra el crimen organizado son más laxas. Un ejemplo paradigmático es Viktor Bout. Considerado como uno de los mayores traficantes de armas del mundo, el apodado Mercader de la muerte se sirvió de las 16 aerolíneas de las que era propietario para proveer de armamento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a los talibanes de Kandahar o a los niños soldados de Charles Taylor, entre otros.

Si bien el blanqueo de capitales no es un fenómeno nuevo, su carácter transnacional ha apremiado a los distintos países a adaptar sus legislaciones nacionales hacia un consenso general y uniforme. En este sentido y especialmente dirigido hacia la actividad de las entidades financieras y los bancos, destaca el papel del Grupo de Acción Financiera Internacional, constituido por el G7 en 1989. Su sistema de “40 recomendaciones” impone una serie de obligaciones a estas personas jurídicas para que conozcan con la máxima exactitud cuál es la procedencia de los negocios que efectúan y la verdadera identidad de sus clientes, así como prevenir e informar de cualquier actividad que pueda estar relacionada con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Evidentemente, este cometido supone un choque para los intereses tanto de las entidades privadas como de sus clientes, pero su incumplimiento conlleva una serie de sanciones, además de incurrir en una potencial responsabilidad penal.

Aun así, la consumación de estos principios está lejos de ser efectiva. Amnistía Internacional ha identificado importantes lagunas en las normativas bancarias del tercer centro financiero europeo, Luxemburgo. Por ejemplo, la política de ING — ING Groep N.V., también llamado Internationale Nederlanden Groep, es una institución financiera de origen holandés que ofrece servicios de banca, seguros e inversiones. el vigésimo octavo mayor banco del mundo—  establece que, aunque una transacción sea inicialmente “inaceptable” en términos de responsabilidad social corporativa, se pueden aplicar excepciones y terminar aceptándola “en circunstancias excepcionales”; no obstante, la entidad no especifica por qué criterios se rige en estas ocasiones. Otro caso sonado fue el del británico HSBC Holdings, sexto banco en la clasificación mundial. La entidad fue acusada por Estados Unidos de ser la “institución financiera preferida” de los cárteles mexicanos y colombianos —que llegaron a mover 881 millones de dólares provenientes del narcotráfico— y de haber efectuado transacciones con Myanmar, Cuba, Irán, Libia y Sudán, todos países sancionados por Washington. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación desveló, a través de las filtraciones de Hervé Falciani, que entre los clientes del HSBC se encontraban supuestos financiadores de Al Qaeda y Osama bin Laden provenientes de Arabia Saudí y otros países del Golfo. Las acusaciones quedaron finalmente desestimadas y HSBC evitó un proceso penal al aceptar el pago de una multa de 1.470 millones de euros.

Armas de responsabilidad estatal y corporativa

El Derecho internacional prohíbe taxativamente la fabricación, almacenamiento, uso o transferencia de determinadas armas, como las biológicas y químicas, las minas anti-persona y las municiones de racimo. En 2010 entró en vigor un tratado internacional que prohibía este último tipo de armamento; seis años después, ha sido firmado por 119 países.

En 2011 una investigación de SETEM concluyó que 14 bancos españoles —entre ellos el BBVA, Santander, Bankia o La Caixa— habían financiado a 19 productores de armas “controvertidas”, en cuyas reservas podían encontrarse armamento nuclear y de uranio empobrecido. Las bombas de racimo MAT-120, utilizadas por Muamar el Gadafi en zonas residenciales ese mismo año, habían sido fabricadas por la empresa española Instalaza en 2007, un año antes de que estas armas fueran prohibidas. Aunque la empresa era conocedora de la futura prohibición, detuvo la producción, pero no la venta de este tipo de armamento. Igualmente es destacable que el anterior ministro de Defensa español y actual embajador en Estados Unidos, Pedro Morenés, fue consejero de Instalaza hasta 2007 y su representante hasta 2011.

De todos modos, el caso del ex-ministro no es el único que evidencia la cercanía entre el sector político y el armamentístico. En Francia, Serge Dassault ha sido senador de los Republicanos, el partido de Nicolás Sarkozy, y alcalde de Corbeil-Essones entre 1995 y 2009 mientras compaginaba la dirección del Grupo Dassault, fabricante de los cazas Rafale y puesto 57º en la prestigiosa lista Forbes. Su hijo, Olivier Dassault, también es diputado del mismo partido.

A pesar de la prohibición internacional, las municiones de racimo continúan fabricándose y financiándose. Actualmente, seis empresas siguen produciendo este tipo de armas en China, Corea del Sur y Estados Unidos y son financiadas por 166 instituciones financieras. De las diez principales firmas, ocho son estadounidenses y las otras dos radican en China y Japón.

La reciente atrocidad del bombardeo químico sobre la ciudad de Jan Shijún, en Siria, en el que fallecieron al menos 86 personas —lo que elevó la cifra a más de 1.100 muertes por ataques químicos desde que empezó la guerra—, planteó dudas razonables. ¿De dónde procede ese arsenal químico? Un informe de la CIA de 1983 señalaba que Siria “tiene, probablemente, la mayor capacidad de ‘guerra química’ del mundo árabe”, en buena medida porque el país fue uno de los mayores importadores de armas químicas de las extintas Unión Soviética y Checoslovaquia. Entre 1982 y 1993, el Gobierno alemán también autorizó 50 entregas de “material sospechoso” a Siria y el ministro de Economía germano aprobó la exportación de cien toneladas de sustancias químicas de doble uso entre 2002 y 2006. También el Gobierno británico reconoció haber autorizado el envío de productos químicos entre 2004 y 2010 que podrían haberse utilizado para fabricar gas sarín, sustancia que quizá produjo las muertes civiles de Jan Shijún.

La banca armada

Evidentemente, no solo las compañías del sector privado son protagonistas del comercio armamentístico: la responsabilidad fundamental recae en los Gobiernos, bajo el pretexto legítimo del derecho a la propia defensa. Sin embargo, los Estados tienen una serie de obligaciones y responsabilidades para asegurar que no se cometan violaciones graves del Derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, protagonizadas por el armamento que estos financian o porque no se haya llevado a cabo un seguimiento y control efectivo de él. Sobre este aspecto, el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) representa el marco normativo fundamental para avanzar en el control y seguimiento de las exportaciones de armamento convencional.

El TCA es un acuerdo internacional vinculante por el que los Estados partes se comprometen a respetar normas estrictas respecto a las transferencias de armas y a detenerlas en caso de conocimiento de que existe un “riesgo preponderante” de que se están utilizando para cometer crímenes de lesa humanidad o de guerra. Actualmente, 130 Estados han firmado el acuerdo, pero solo 83 lo han ratificado. Estados Unidos, a pesar de ser el mayor exportador armamentístico —acumula el 30% de las ventas internacionales—, aún no lo ha ratificado. Tampoco lo han hecho la Federación Rusa y China, segundo y tercer exportadores mundiales respectivamente, ni India, primer importador de armas en el mundo.

Concretamente, los artículos seis —prohibiciones—, siete —exportación y evaluación de las exportaciones— y once —desvío— establecen los parámetros fundamentales de la transferencia de armas. Por ellos, los Estados partes deben evaluar, entre otros factores, si existen riesgos tales como ejecuciones extrajudiciales o si se están cometiendo genocidios o atentados contra los derechos humanos. Además, en Europa existen mecanismos para fomentar la unificación de una postura europea al respecto, como la Guía del usuario de la posición común de la UE. Sin embargo, la realidad demuestra que el cumplimiento de estos principios es, en ocasiones, exiguo.

Es el caso de las relaciones que mantienen algunos Estados ratificadores con la coalición liderada por Arabia Saudí y su responsabilidad desproporcionada en la guerra de Yemen, que desde 2015 ha dejado más de 10.000 víctimas mortales, según la ONU. En concreto, once Estados firmantes han suministrado equipamiento militar a Arabia Saudí por valor de más de 4.900 millones de dólares. España se posiciona como el tercer mayor exportador armamentístico de Riad con casi 900 millones de euros. Especialmente polémica ha sido la venta de cinco corbetas fabricadas por Navantia, una de las mayores empresas armamentísticas españolas y financiada por el Banco Santander, posiblemente para ser utilizadas en Yemen en un momento en el que el país más pobre de la península arábiga se encuentra bajo un bloqueo naval, lo que supone que más de la mitad de los 28 millones de yemeníes sufran escasez de alimentos. Oesia, otro  gran fabricante español e igualmente financiado por Santander, desarrolla tecnología para los aviones de combate Typhoon, de los cuales Arabia Saudí ha adquirido 76 unidades, seguramente con el mismo fin contra Yemen.

La entidad bancaria también financia a otras empresas, como Maxam, dedicada a explosivos y municiones. En 2016 un camión que transportaba un millón de unidades de cuerdas detonantes producidas por el fabricante español permaneció retenido cinco días en la frontera turca cuando se dirigía a Amán, la capital de Jordania, pasando por Siria. Durante el trayecto, parte del cargamento desapareció y los investigadores albergaban serias dudas de la existencia real de la supuesta empresa compradora jordana. En el caso de haber podido cruzar a Siria, el camión habría tenido que pasar por algunos puestos fronterizos controlados por distintos grupos rebeldes de corte yihadista y aliados del Frente Al Nusra.

La travesía descontrolada del armamento

El artículo 11.2 del TCA expone que “el Estado parte exportador tratará de evitar el desvío de las transferencias de armas convencionales (…), por medio de su sistema nacional (…), evaluando el riesgo de que se desvíe la exportación y examinando la posibilidad de establecer medidas de mitigación”. Pero la realidad vuelve a demostrar que los controles sobre el desvío de armas no son tan rigurosos como deberían serlo idílicamente. Oxfam Intermón apunta que casi un millón de los ocho millones de armas que se producen cada día en el mundo se extravía o es robado y que la corrupción interna de la industria armamentística supone un coste de 20.000 millones de dólares al año.

La opacidad y la laxitud de estos controles suponen que una parte importante de las transferencias de armamento terminen engrosando los arsenales del crimen organizado y organizaciones terroristas mediante el mercado negro. También es interesante considerar el llamado mercado gris: desde este enfoque, se considera que la mayoría de los flujos de armas ligeras acaban en manos de destinatarios ilícitos por autorizaciones inapropiadas desde los Estados exportadores. En este limbo, estos países envían armas en forma de ayuda encubierta bajo el pretexto de causas políticas que los destinatarios importadores no podrían autorizar de forma enteramente legal.

El proceso de desviación puede ocurrir mediante el robo de los materiales en los depósitos legales —controlados por las fuerzas militares y policiales—, por el extravío deliberado durante el trayecto del envío o cuando el Estado o el importador re-transportan inmediatamente la carga a otro destinatario no autorizado. Los ejemplos de este proceso son muy numerosos. Las investigaciones del diario Spiegel han develado informaciones que apuntan a que algunas armas pequeñas suministradas por el Gobierno alemán a la coalición liderada por Arabia Saudí acabaron en mano de las fuerzas huzíes, precisamente el objetivo a combatir en Yemen por la coalición. También se desvió este tipo de armamento al grupo radical Emirato de los Protectores del Credo.

En la misma línea, los planes de entrenamiento y militarización de grupos rebeldes contrarios a regímenes opositores tienen muchas posibilidades de traer consecuencias indeseadas. En 2015 un arsenal de armas —valorado en millones de dólares y que incluía rifles Kaláshnikov, morteros y RPG, muchos comprados en países balcánicos y del este europeo— enviado por Washington a Jordania para entrenar a grupos rebeldes sirios fue sistemáticamente robado por operativos de inteligencia jordanos, que terminaron vendiéndolas en el mercado negro. También fueron utilizadas en un tiroteo en noviembre de ese mismo año que mató a dos oficiales estadounidenses. En 2007 la Oficina de Contabilidad del Gobierno estadounidense reconoció que se desconocía el paradero de 110.000 rifles de asalto Kaláshnikov y 80.000 pistolas compradas por Washington para el Gobierno de Irak.

La hipocresía como principio

Se puede argumentar que la venta de armamento sirve para tratar de poner fin a un conflicto, que las exportaciones cumplen rigurosamente una serie de garantías iniciales o que resulta un incentivo para la creación de puestos de trabajo. Pero estos razonamientos caen por su propio peso cuando la violencia y la inseguridad que se pretende combatir no solo permanecen, sino que de hecho empeoran.

Entre 2003 y 2014, los países miembros de la Unión Europea autorizaron la exportación de armamento a 63 de 65 países en tensión o conflicto por un valor de 427 mil millones de euros. Entre los países importadores, en 26 la situación no ha mejorado e incluso ha empeorado. Tales son los casos, entre otros, de Siria, Irak, Sudán del Sur, República Democrática del Congo o Somalia, todos ellos principales focos de emergencias humanitarias de los que provienen la mayoría de las personas refugiadas del planeta. Esto sin olvidar la connivencia para con terceros responsables de atrocidades humanitarias al tiempo que se evoca la defensa de los derechos humanos y los valores “universales”.

Pero esta ambigüedad retórica y conductual no es exclusiva de las instituciones públicas. Puede parecer sorprendente que las principales entidades bancarias recojan el respeto y la promoción de los derechos humanos en sus políticas generales cuando, en el caso de España, tres de cada cuatro armas no existirían de no ser por el apoyo de los bancos. O que las grandes multinacionales anuncien que hace falta una gran guerra para que el mercado despierte, aunque “se tomen muy en serio” la tarea de proteger la dignidad humana. Igualmente llamativo es que ya haya quienes calculan los beneficios de reconstruir zonas devastadas por la guerra mientras la población civil se arriesga a morir por recuperar lo que pueden con sus propias manos.

En un momento en el que la hipocresía parece alcanzar límites esperpénticos, quizá sea una ocasión adecuada para plantear: ¿hasta cuándo se permitirá que el miedo y la vida humana sigan cotizando en bolsa?

* Jimena García Madrid (1992) Licenciada en periodismo y cursa Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Interesada en asuntos de derechos humanos y también en inteligencia y seguridad internacional. Con la vista puesta en Rusia y en la vasta región del Cáucaso.

Fuente: www.elordenmundial.com – 20-7-2017