Por Ricardo Vicente López
En España, no hay más que pronunciar la palabra “lobby” para que salten las alarmas. Profundos intereses de los grandes grupos empresariales, corrupción, tráfico de influencias
Héctor G. Barnés – Comunicación Audiovisual –
Amigo lector, le propongo continuar el análisis de los lobbies, ahora en España, no porque en ese país se pueda encontrar un ejemplo extremo de corrupción, sino porque allí no está naturalizado como lo está en los EEUU. Porque, como dice Barnés [[1]], de estos temas se habla habitualmente en voz baja, como cuando se habla de la enfermedad del internado en su presencia. Entonces, cuando alguien levanta la voz suenan las alarmas, se producen corridas, y mucha gente del medio se apartan de quien denuncia como si fuera un leproso – situación habitual en la edad media-. Por ello dice este periodista, viejo y avezado transeúnte de los medios:
«Profundos intereses de los grandes grupos empresariales, corrupción, tráfico de influencias y todo un entramado de relaciones que pasa desapercibido ante los ojos del ciudadano de a pie. Sospechamos que los lobistas son los que realmente determinan las leyes españolas. Sin embargo, el antiguo colaborador de Bloomberg TV y Punto Radio, Juan Francés [[2]] se ha propuesto derribar todos estos mitos con su libro ¡Que vienen los lobbies! El opaco negocio de la influencia en España, un ensayo que se centra en la función social de este tipo de grupos y que defiende una tesis clara: «Los lobbies pueden ser positivos, pero lo importante es que actúen con transparencia, algo que no ocurre en nuestro país».
Es una clara expresión, un tanto cínica, algunos la calificarán de realista. No puedo tomar posición por mi ignorancia respecto a la sociedad española. Amigo lector, metamos los pies en el barro para conocer los argumentos que defienden su existencia en el mercado capitalista. Si, como quedó dicho en notas anteriores: la transparencia del mercado, tesis defendida en esas Universidades de los Estados Unidos, cuyo Consejo Académico está compuesto por las corporaciones que la financian (no se sorprenda, esto es moneda corriente en la Gran Democracia del Norte). Veamos, entonces, los argumentos con los cuales defienden esta tesis:
«¿De qué manera puede beneficiarnos la actividad lobística? Por un lado, sus intereses no siempre son ‘negativos’, hay lobbies que defienden intereses que benefician al conjunto de la sociedad. Si una ONG intenta influir en el Gobierno para que prohíba las bombas de racimo en el ejército español, es socialmente benéfico”, indica el autor. Por otro lado, es positivo que los gobiernos legislen escuchando los argumentos de aquellos que se van a ver afectados por dicha regulación. Sería muy peligroso que un Gobierno se dedicara a tomar decisiones sin escuchar los argumentos de los afectados. Esa interlocución ayuda a evitar que se cometan errores en la legislación y mejora los textos legales».
Quiero subrayar las ventajas que expone el periodista Francés, muy parecidas a las que se utilizan en la Gran Democracia. Un dato que no debe escapársenos, está en el currículo que dejé anotado en el pie de página anterior: ha estudiado en los Estados Unidos Comunicación estratégica. Veamos qué nos dice la Fundación Dialnet de la Universidad de La Rioja – Logroño (España):
«La comunicación estratégica es un nuevo concepto que se está abriendo camino como herramienta esencial en la Era de la Información. Su origen y evolución son una referencia fundamental para comprenderlo y para anticipar su mejor aplicación, tanto en organizaciones y empresas privadas como en el ámbito público… se transformó en una idea atractiva y ahora requiere una consolidación conceptual, compleja ante los intereses de los actores concernidos. De forma destacada, la comunicación estratégica está recibiendo una atención especial por parte de la OTAN». Se utiliza como multiplicador de fuerza para contribuir a una mejor consecución de los objetivos de la Alianza, reforzando su legitimidad. Es precisamente la OTAN la institución que más está avanzando en esta necesaria consolidación conceptual, por lo que es un buen ejemplo para otras organizaciones.
Con esta especialización se incorporó, después de una larga carrera periodística, a una organización privada que asesora en diversas áreas del mundo de la comunicación, pero ahora lo hace desde el ángulo de los intereses de la conducción de las grandes empresas. No puede ser dejado de lado saber el especial interés que demuestra tener, en la definición, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que, como todo el mundo sabe, “se dedica a Obras de Caridad, protegiendo a los pobres con los viejos métodos bélicos de los Estados Unidos”.
Con estos antecedentes se comprende mejor la argumentación de Juan Francés respecto al problema siguiente.
«Tenemos una percepción negativa en nuestro país (España) sobre los lobbies que es muy diferente a la que existe en otros países (Estados Unidos), donde no sólo existe una mayor transparencia sobre su comportamiento, sino que son valorados de forma mucho más positiva. ¿Por qué? “Es una conjunción de factores. El principal es que es algo cultural, propio de los países mediterráneos y latinos, donde existe esa hipocresía de no reconocer públicamente que los poderes públicos toman decisiones influidos por los grupos de presión. En España siempre ha habido ‘lobbies’, pero la gente no se entera. Eso en los países anglosajones está socialmente aceptado. En España, Italia o Francia también se hace, pero la gente no se entera. La propia ausencia de regulación ha propiciado que nos movamos en una zona de sombras donde no hay necesidad de hacer públicas esas actividades».
El problema, por lo tanto, no reside en la presencia de los lobistas en los espacios parlamentarios (“totalmente aceptados y reconocidos en los EEUU”) sino en el desconocimiento, ya que no tiene ¡nada que ver con la corrupción!
«La gente piensa que el lobby es el que compra a un político a cambio de que haga lo que él dice, y no es así. Cuando el lobby profesional simplemente defiende los intereses de los ciudadanos, exponiendo sus argumentos ante el poder, algo totalmente lícito. Y eso puede hacerlo una empresa o una organización de discapacitados. Evidentemente, ahora mismo hay en la sociedad una situación de hastío y hartazgo con respecto a la clase política. Si reguláramos esta actividad dotando al proceso de mucha mayor transparencia, beneficiaría a la clase política».
Otra de las funciones que los grupos de interés y presión cumplen es la informativa, al permitir a los poderes públicos llegar donde no podrían por sus propios medios. Algo ante lo que, según el ex periodista Francés, nos explica que no hay por qué escandalizarse.
«En el ámbito legislativo, por la naturaleza del parlamento español, los diputados y senadores no tienen todos los conocimientos, ni la obligación de tenerlos, sobre todas las materias, en especial sobre las que legislan. Por ejemplo, la Ley del Juego. ¿Cómo van a legislar sobre el juego unos diputados que no tienen conocimiento sobre este tema? ¿No es lógico que escuchen a los implicados para que se formen una opinión antes de redactar la ley? Lo que sería temerario es prohibir estos contactos, porque aislaríamos a los poderes públicos de las personas que tienen más conocimientos sobre esa materia».
Moraleja: se deduce de estos razonamientos que para abordar una posible legislación sobre el tráfico de droga, se debería consultar a los lobistas con contactos con los traficantes de droga (drug dealers) para conocer sus puntos de vista sobre la posibilidad de una regulación de ese comercio. ¡No se le puede pedir a los congresistas que se ocupen de esos temas; ¡para eso están los lobistas! Este versado profesional de la comunicación nos está proponiendo un perfeccionamiento del sistema democrático: en las elecciones políticas periódicas deberíamos votar por aquellos candidatos que presenten es sus listas la mayor cantidad y mejor calidad de lobistas especializados en los temas que ellos se proponen legislar. Amigo lector, podemos ahora tener mucho más clara la razón: es esa una democracia casi-perfecta que han logrado aquellos países que han legalizado el lobbismo: «ejercido directamente ante los poderes públicos, sin actuar a través de la opinión pública o de los partidos políticos».
[1] Héctor G. Barnés – Se licenció en Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid.
[2] Juan Francés, Licenciado en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, por la Saint Louis University, cursó sus estudios de posgrado en otras universidades de Estados Unidos; en España, gracias a esa background, se integra como socio, desde 2011 a la firma Estudio de Comunicación, cuenta con más de diez años de experiencia en Comunicación estratégica para Compañías de todo tipo que operan en muy distintos sectores.