El fiscal federal Jorge Di Lello imputó al ex ministro de Producción y Empleo, Dante Sica, y al diputado nacional de Formosa y exsecretario de Empleo, Ricardo Buryaile, por maniobras fraudulentas con el fin de comprar votos a través de un bono clandestino, en medio de la última campaña electoral en 2019. Ambos ex funcionarios del gobierno saliente de Mauricio Macri.
Di Lello, le solicitó a la jueza federal con competencia electoral, María Servini de Cubría que se investiguen las maniobras denunciadas que revelarían que se buscó direccionar la voluntad del electorado por medio de la implementación del bono (un subsidio extraordinario a desocupados lanzado por el ex ministro de Macri, Dante Sica) y que, además, se podría haber utilizado para financiar a los fiscales de la alianza Juntos por el Cambio que buscaba la reelección a nivel nacional.
También pidió cotejar el listado de fiscales de Juntos por el Cambio de Formosa con el de beneficiarios del bono. Según uno de los denunciantes de la causa, el abogado formoseño Williams Dardo Caraballo,más de la mitad había cobrado el bono de $5.000 y que se cite a testimonial a los intendentes de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini y de Roque Peréz Juan Carlos “Chinchu” Gasparini, y al ex intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona por denuncias sobre maniobras de compra de voto en sus distritos.
La imputación del diputado y exministro de Agroindustria Ricardo Buryaile se debe a que el formoseño articuló junto a dirigentes de Juntos por el Cambio la compra de votos en la provincia del litoral. Allí también pidió cotejar la lista de fiscales del macrismo ya que el fiscal Di Lello sospecha que rastrearon personas en situación de vulnerabilidad para que fiscalizaran.
Según publicó en su momento el periodista Mariano Martín en Ámbito Financiero, la Secretaría de Trabajo sacó la resolución 1177 con la firma del jefe de área Fernando Prémoli la cual era de mera circulación interna y no estaba publicada en el Boletín Oficial. Esta medida aumentaba el gasto social en 650 millones de pesos para pagar un subsidio de $5000 por única vez a desocupados mayores de 18 años que cuenten con DNI y CUIL.
Se sospecha que el gobierno de Cambiemos buscó a personas en situación de vulnerabilidad para que fiscalizaran en las últimas elecciones de 2019, en otras palabras, se trató de una maniobra de clientelismo.