La Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, adelantó que el Gobierno nacional enviará el proyecto de legalización del aborto “en el curso del mes de noviembre”. En una entrevista con C5N, Ibarra explicó que se incluirá en el temario de las sesiones extraordinarias.
“Queremos un trámite razonablemente rápido, en 2018 tuvo un debate profundo, completo. Queremos un tratamiento muy respetuoso y cuidadoso”, expresó la funcionaria.
El gobierno enviará su propio proyecto pero en el Congreso se tratarán todos “los proyectos que estén”.
Desde sectores provida, la respuesta no se hizo esperar: “Si hay aborto salimos todos, en cada rincón de la Argentina”.
De esta manera, el gobierno de Alberto Fernández terminará el año 2020 con una sociedad aún más dividida y enfrentada, en medio de un contexto sanitario y productivo alterado por el Covid-19 y una pobreza que ya alcanza a más del 60% de los niños.
En la Argentina, la agenda de legalización del aborto viene siendo fuertemente promovida desde instancias transnacionales. La IPPF financió de hecho con alrededor de U$S 5 millones de dólares, en blanco y solo entre 2008 y 2016 (luego dejó de informar las cifras en sus balances públicos), a organizaciones como Casa FUSA, FEIM Argentina, CELS, CEDES, “Católicas por el Derecho a Decidir”, Fundación Huésped, Amnistía Argentina, Centro de Estudios Sociales y Políticos y Fondo de Mujeres del Sur. Muchas de estas organizaciones, no solo reciben fondos de la IPPF, también realizan importantes aportes la Open Society Foundations de George Soros y la Ford Foundation, entre otras entidades transnacionales, ligadas al poder financiero.
El propio Banco Mundial ha sido desde fines de los años ’60 un ferviente impulsor de la legalización del aborto.
