Por Lic. Guillermo Moreno, Dr. Claudio Comari y Lic. Sergio Carbonetto*
Con el “reperfilamiento” de los pagos de vencimientos de deuda soberana, el gobierno anterior puso en evidencia el agotamiento del ciclo económico basado en la valorización especulativa-rentística del capital sobre el que se sostuvo.
El deseado acuerdo con los tenedores de deuda soberana permitiría reestructurar una significativa porción de los pasivos en moneda extranjera.
Pero aun cuando ello no fuera posible, el dato central de la clausura de esta etapa, radica en que esta podría implicar un cambio de ciclo económico, y el paso desde un esquema en el que el déficit del sector externo (al igual que los resultados negativos de las arcas fiscales), se compensaba mayoritariamente con el ingreso de nuevo endeudamiento externo registrado en la Cuenta Capital, a otro en el que el equilibrio se obtenga desde la Cuenta Corriente, incluso contemplando los pagos de los servicios de los compromisos públicos.
En tal caso, podríamos esperanzarnos con la posibilidad de ingresar en un ciclo que enfatice en el desempeño de la economía real. Esto es, en la producción de los bienes y los servicios.
Sin embargo, vale observar que los diferentes esquemas posibles basados en la vigorización del entramado productivo también determinan distintos resultados en términos sociales. Sólo cuando la distribución del ingreso tiende a ser más justa, el crecimiento equivale a desarrollo económico.
Fin de la transición
Ya el año pasado, con el “reperfilamiento” de los pagos de vencimientos de deuda soberana, el gobierno anterior puso en evidencia el agotamiento del ciclo económico basado en la valorización especulativa-rentística del capital sobre el que se sostuvo.
Fuera de toda incertidumbre, incluso cuando el poder político tuviera voluntad de hacerlo, “vivir de prestado” ya no es una opción para la Argentina: cerrada la posibilidad de financiamiento de los desequilibrios macroeconómicos vía empréstitos voluntarios, las circunstancias fuerzan a que la economía sólo pueda funcionar en una dinámica de crecimiento que balancee a aquellos.
Por esos motivos, y con independencia de sus resultados, las negociaciones por la restructuración de la deuda soberana emitida en moneda extranjera deberían representar el punto final de la transición entre el esquema extinguido (ya improrrogable) y el que le seguirá.
Los desafíos de la reconstrucción son mayúsculos: implican no sólo desandar los daños infligidos por la mala praxis económica del período precedente, sino también por el súbito agravamiento ocasionado por la pandemia y las medidas para su contención, que han elevado la pobreza y la desocupación a niveles similares a los de la post crisis de la convertibilidad.
La reducción de ambas manifestaciones de exclusión social, luego de haber llegado a alcanzar valores de récord, sería lógica consecuencia de cualquier programa económico consistente, pero no necesariamente la evidencia de un proyecto de inclusión en marcha.
El objetivo final determina el impulso inicial
El pasado 25 de mayo reflexionábamos sobre cómo la administración de la distribución de los excedentes que la economía realiza determina, finalmente, el carácter de los modelos nacionales, correspondiendo a definiciones del orden ideológico, explícitas o no.
Y señalábamos que para nuestro país, es la asignación del destino de los excedentes excepcionales que representan las Rentas Extraordinarias (2) que ofrecen la producción de algunos alimentos (y otros sectores en menor medida), junto a la política de precios energéticos, los que definen el carácter de los modelos posibles:
“(…) la consolidación de la exclusión de una importante franja condenada al infraconsumo no necesariamente invalida, para un conjunto importante de empresas, la posibilidad de insertarse en un ciclo que les resulte virtuoso, ya sea desde el componente empresarial o del de su fuerza laboral (incluso frente al insumo energético valuado a paridad de importación).”
Como ya lo señaláramos, el retroceso de la desocupación y la pobreza no serán por sí mismos indicadores suficientes de la puesta en marcha de un “modelo de inclusión”, toda vez que existe una amplia brecha entre los actuales niveles y los que son posibles para el ejemplo anterior.
La sola puesta en marcha de la capacidad instalada ociosa no será suficiente para alcanzar niveles friccionales de desempleo ni para erradicar la pobreza.
Es indispensable para ello ampliar la Frontera de Posibilidades de la Producción (FPP), lo que requiere de condiciones adecuadas para la inversión.
En nuestro caso, ello depende de erigir un vigoroso mercado interno, así como de mejorar la inserción en los extranjeros.
Y para que el “carácter” del modelo sea de inclusión, es necesario:
que el precio de la energía esté asociado con los costos de exploración y explotación (contemplando una ganancia justa y razonable para los eslabones intervinientes), permitiendo la baja de los costos unitarios de todos los sectores productivos, así como de dotar a los ingresos populares de alto poder adquisitivo, lo que esencialmente se logra disminuyendo el peso de los gastos alimentarios de las familias, de modo que además puedan realizar otros consumos, cuestión que principal, pero no exclusivamente, depende de los niveles de retenciones a las exportaciones vigentes.
De allí la relevancia de desacoplar en estos rubros, obviamente hacia la baja, los precios internos de los internacionales.
Se trata, en definitiva, de que las Rentas Extraordinarias pasen a ser distribuidas en la totalidad del entramado empresarial, teniendo en cuenta que, por tratarse de un beneficio redundante, no se compromete la viabilidad económica de los sectores aportantes.
Subyacente a todos los debates sobre la revitalización del aparato productivo doméstico, se encuentra la distribución de costos y beneficios como implícito, cuando lo más apropiado sería que, sobre un tópico de tal significación como los son el destino de la Patria y los de millones de compatriotas, los actores expusieran en forma clara y transparente, las consecuencias mediatas de cada propuesta.
Porque si bien es cierto que cualquier proyecto productivo será mejor que los especulativo-rentísticos, no lo es que todos aseguren el mismo alcance respecto al bienestar de la población.
De modo que, sin alterar sustantivamente y desde el inicio la asignación de las Rentas Extraordinarias de nuestra economía será imposible ampliar la FPP, cuyos estrechos límites actuales serán incapaces de contener a la totalidad de la población en condiciones de vida dignas.(1)
(1) Naturalmente, es preferible no caer en default ya que esto perturba el crédito comercial al ámbito privado, acotando sus posibilidades de inversión.
(2) Definimos a las Rentas Extraordinarias (RE) como aquellos beneficios redundantes, que se generan en el mercado, independientemente del trabajo humano, y se obtienen a partir de ejercer la exclusividad de explotación de algún recurso natural.
*MM y Asociados