A poco menos de un mes del asesinato a balazos de la concejala del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) Marielle Franco, de 38 años de edad, fuerte opositora a la intervención policial en las favelas y a la militarización de la seguridad en Río de Janeiro decidida por el presidente Michel Temer; un testigo clave en la causa fue muerto a tiros ayer por la noche.
El cuerpo de Carlos Alexandre Pereira Maria, de 37 años fue encontrado por la policía, muerto dentro de un auto con marcas de tiros, en la localidad conocida como Taquara, en la zona oeste de Río de Janeiro. Carlos Alexandre era asesor del concejal Marcello Siciliano (PHS), y la semana pasada había declarado como testigo por la muerte de Marielle Franco. Según testigos, uno de los asesinos del ex funcionario gritó a “este hay que callarle la boca”, previo a ejecutarlo.
Franco, era socióloga y activista de izquierda, lesbiana y negra, provenía de una favela y había accedido a una banca en la Cámara Municipal de Rio en las elecciones de 2016 con más de 46 mil votos, siendo la quinta concejala más votada. Esas elecciones estuvieron signadas por el asesinato de cerca de veinte candidatos a alcaldes o concejales en la ciudad, aparentemente como resultado de disputas entre bandas narco y milicias parapoliciales que disputan el control de las favelas.
La ex legisladora, había asumido el rol de relatora de la Comisión de la Cámara de Concejales de Rio, organismo responsable de controlar la actuación de las tropas a cargo de la intervención militar de la ciudad decretada hace aproximadamente un mes por el presidente brasileño por la ola de violencia que golpeó a la ciudad luego de los juegos olímpicos. Hace una semana el PSOL había presentado un recurso a la Justicia argumentando que esta nueva intervención militar, que no se registraba desde la dictadura en 1985, era inconstitucional. Hace cinco días Franco había denunciado públicamente violencia policial durante una operación policial en la favela de Acarí: “El 41 Batallón de la Policía Militar está aterrorizando y violentando a los habitantes de Acarí. Es algo que ocurre desde siempre y con la intervención es peor”. Un día antes de su asesinato también había denunciado desde su cuenta de Twitter la muerte a manos de la Policía Militar de Matheus Melo, un joven baleado al salir de una iglesia en la favela de Jacarezinho: “¿Cuántos más van a necesitar morir para que esa guerra acabe?”.
El informe anual de Amnistía Internacional presentado en febrero dedica un extenso capítulo al problema de la violencia de las fuerzas policiales y de seguridad en Brasil, destacando que la altísima tasa de homicidios del país afecta principalmente a jóvenes de piel negra. Allí se enumeran numerosas operaciones policiales en favelas que terminan en tiroteos y se recogen las denuncias de pobladores y familiares de las víctimas que denuncian “matanzas” y ejecuciones extrajudiciales. También se consigna que el sistema penitenciario del país se encuentra superpoblado y que las detenciones son en condiciones “inhumanas”. El 64% de los detenidos son afrodescendientes.
Fuente: Informe Político