Luego de siete horas de detención, la justicia de la provincia argentina de Salta resolvió la liberación de la Dra. Miranda Ruiz, del Hospital Juan Perón de Tartagal, que había sido detenida por haber realizado un aborto a una joven de 21 años que llevaba un embarazo de seis meses de gestación y que había manifestado su arrepentimiento de avanzar con esa práctica, y había confirmado que prefería continuar con su embarazo. A pesar de su decisión, la médica le realizó el aborto contra su voluntad, finalizando la vida de una bebé de 22 semanas de gestación.
Claudia Subelza, a cargo de la Dirección de la Niñez de Salvador Mazza, en Salta, dio a conocer este escándalo: “No puedo creer lo que pasó, yo tengo un hijo que nació con 6 meses de gestación y como mujer, como ser humano me duele en el alma no haber podido evitar este crimen. Estamos ante un hecho aberrante e indignante al extremo. En un hospital de la localidad salteña de Tartagal una médica, con consentimiento expreso del director del hospital, practicó un aborto a una bebé sana y viable de casi 6 meses de gestación para luego matarla por asfixia, siendo encontrada luego en la basura por una enfermera”.
Rambert Ríos, abogado de la tía de la joven, dijo: “La chica fue con intenciones de practicarse un aborto pero al estar ahí y ver su estado de gravidez, de 22 semanas y 2 días, desiste del procedimiento y le pide a la médica que desista de la práctica. Aún así, se le indujo un parto, la bebé nació con vida y apareció en una bolsa de basura como residuo patológico. En la causa consta el testimonio de la enfermera que encontró el feto”.
Según la legisladora provincial Cristina Fiore, la joven se habría arrepentido de su decisión luego de comenzado el proceso: “Una joven que en un primer momento acude al hospital referido a realizarse un aborto es ‘asistida’ por una médica que le entrega y prescribe 16 pastillas de misoprostol para que se le ‘produzca el aborto'”, explica y sigue: “Su familia al enterarse, efectúa un pedido de intervención ante la Dirección de la Niñez de Salvador Mazza -donde se encuentra domiciliada la joven embarazada-, quien luego de que el Director del Hospital de Tartagal le informara de mala manera que el procedimiento ‘está avalado por la Ley de IVE’, solicita la urgente intervención de la Secretaria de la Niñez de Tartagal, que a su vez, se contacta con el Juzgado de Incapaces y las fiscalías de: Atentado con las Personas y Violencia de Género, sin que ninguno de los funcionarios Judiciales actuantes entablen contacto directo con la joven a fin de constatar su real situación”.
Fiore aclaró: “Luego de hablar con su padre de crianza, la joven madre desiste del aborto y le comunica esto a la doctora de manera inequívoca, sin perjuicio de lo cual es trasladada al quirófano, momento en el cual llega su tía a quien le manifiesta lo mismo, es decir su deseo de continuar con el embarazo. El equipo de la médica que la llevaba, le aseguró que todo estaría bien y que luego de una reunión con la psicóloga y la médica, le darían de alta, llevando adelante la práctica”.
“Cuando el señor Cristian me llamó y me contó lo de su sobrina, y que había hablado con un doctor de apellido Vidal, lo llamé al Dr. Santiago Payo, gerente del hospital. Se molestó muchísimo, me trató bastante mal y cuando le pedí que retrasaran el aborto me dijo que ellos estaban amparados por la ley. Pero antes que se concretara este hecho, que a mi entender era evitable y que es tristísimo, hice un informe a la secretaria de la Niñez, la doctora Gómez, y según me explicó le dio intervención a la jueza de incapaces, la Dra. Chocobar. Me dijeron que fueron al hospital pero que no pudieron parar esa interrupción y la verdad que no sé por qué no se pudo evitar. Mientras tanto yo estaba tan angustiada que me puse a difundir el tema en redes sociales, porque de alguna manera quería ejercer alguna presión para que el aborto se evitase. Fue en ese momento que la chica embarazada me llamó desde el hospital de Tartagal donde estaba internada y me dijo que estaba arrepentida, que no se iba a hacer el aborto porque un doctor le explicó que por lo avanzado del embarazo era un riesgo para ella. Pero ahí mismo me cuenta que la doctora Miranda le había dado unas pastillas para que comience a tomar. Hablamos un momento y le dije que no tome más nada y ella aceptó, yo me sentí aliviada. Pero a las dos horas me llamó y me dijo: “Me están por llevar al quirófano para hacerme el aborto'”, explicó por su parte Subelza.
“Después del aborto la chica me llamó y me contó cosas que son espeluznantes; ella recordaba que, al parecer, como cuando se practican las cesáreas no les ponen anestesia total ella vio todo el procedimiento y de qué manera dispusieron del feto que le extrajeron del vientre. Cuando me daba los detalles yo recordaba que un hijo mío nació de 6 meses de gestación y me pregunté qué nos está pasando como seres humanos. Esta mañana volví a hablar con la gente del Juzgado y dicen que desde la Fiscalía Penal van a iniciar una investigación. Espero que sea cierto y que algo tan incalificable así no vuelva a suceder”, expresó la concejal.
Días después, la titular del “Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad”, Elizabeth Gómez Alcorta, llamó a la presidenta del Concejo Deliberante, María Ester Valdiviezo, para sugerir que sea removida la concejal. Tras la intercesión de la ministra, llegó al Concejo una nota de la directora del “Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta”, Ana Pérez Declercq, y reclamó que “el Concejo Deliberante ejerza las facultades disciplinarias que considere pertinente en los términos del Art.183 de Constitución Provincial de Salta por las manifestaciones públicas realizadas por la Concejala Claudia Subelza en un programa de radio, así como también en el diario El tribuno, la noticia se titula ‘Denuncia penal por el aborto de un bebé de seis meses de gestación’ de fecha 27 de agosto de 2021″.
El fundamento de la petición, dijo Declercq, “recae en que la Concejala a través de sus dichos y actuaciones ejerció violencia institucional contra las personas gestantes ya que impide el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la integridad física y psíquica, a la autonomía, el derecho a la libertad no reproductiva, entre otros”.
La denuncia del cruento hecho fue realizada por Cristian González, efectivo de la policía federal y tío de la joven a quién le practicaron el aborto. Según él mismo relató a El tribuno, su sobrina “es una chica que ha sufrido mucho en la vida porque de chiquita fue abandonada por la madre, ella y su hermanita. Se crió con varios tíos, pero finalmente vino a vivir con nosotros, en el seno de nuestra familia. Ella es mamá de una nenita de 2 años y cuando vino a nuestra casa le dije que tenía que cuidarse, estudiar para ser alguien en la vida. Me dijo si pa, quedate tranquilo”.
“Le dije que comprara un test de embarazo. Ella me respondió ‘bueno, pero antes tengo que ir a Tartagal a ver un tema de un trabajo’. Horas más tarde me llama un médico del hospital Perón, me dijo que era el Dr. Vidal. Me contó que mi sobrina había ido a verlo para que le haga un aborto porque ella estaba en situación de calle, no tenía para comer, y le hizo toda una historia al médico, que por supuesto era falsa. El Dr. Vidal habló conmigo y me dijo claramente: te anticipo que yo no le voy a hacer ningún aborto porque la chica está de casi 6 meses de embarazo. Pero acá en el hospital hay médicos que no son objetores de conciencia como yo. Hablá con la chica y contenela, no permitas ese aborto porque también es un riesgo para ella”, detalla González.
Tras la detención de la médica, la diputada provincial Cristina Fiore, quién enfatizó que “todavía hay una Justicia en la que podemos confiar y creer”. “Esperemos el juez de curso al pedido del fiscal. Cuesta concebir tanta maldad y desprecio por la vida humana. Este homicidio no puede quedar impune”, agregó la exsenadora nacional.
El fiscal penal Gonzalo Ariel Vega consideró que la profesional en cuestión incumplió con el artículo 4 de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (establece el derecho a abortar hasta la semana 14) y por ese motivo elevó la solicitud de arresto al juez. Teniendo en cuenta que la joven de 21 habría manifestado su arrepentimiento antes del procedimiento, la situación cobraría mayor gravedad. Fuera del plazo dispuesto, existen dos excepciones contempladas por el Código Penal: una, que el embarazo fuera producto de un abuso sexual, o bien, que estuviere en peligro la vida o “salud integral” de la persona gestante, dos causales que no se derivan del análisis de la historia clínica.
“Como todo aborto el procedimiento seguramente fue cruento, la bebe nació con vida, se tomaron sus huellas plantares y después su madre ya no la escucho, la tía que la acompaño interpuso luego de lo vivido una denuncia penal, esperando que se haga justicia y nunca más vuelva a repetirse un hecho similar”, detalló la diputada salteña Cristina Fiore.
La médica fue liberada luego de ser sometida a la audiencia formal de imputación, en la que la profesional se abstuvo de declarar.
La descripción del hecho realizada por la víctima en su denuncia:
“A través de la delegación provincial en Salta, el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) manifiesta su preocupación y repudio por la detención de una médica que garantizó una Interrupción Legal del Embarazo en el marco de la Ley 27.610”, expresó en un comunicado la delegación local del INADI.
La ONG británica “Amnistía” también expresó inmediatamente su postura. Al mediodía publicó: “¿Te están poniendo obstáculos para acceder a un aborto? Contactate con Amnistía Internacional. El aborto es tu derecho en todo el país” y luego celebró la liberación de la médica: “Liberaron a la médica que había sido detenida en Salta Ella había garantizado los derechos de una joven a una interrupción legal del embarazo. Los procedimientos que realizó el equipo médico están dentro de la ley. Seguiremos alerta ante cualquier barrera que se quiera imponer en el acceso al derecho al Aborto Legal”.
Grupos abortistas feministas se movilizaron en la capital provincial, frente al Ministerio Público Fiscal y también realizaron un “pañuelazo” de unas 20 personas en el Hospital Materno Infantil de Salta: “Venimos desde todos los sectores a protestar contra esta criminalización del protocolo médico por parte de un Estado que no garantiza lo que es ley, no garantiza los métodos anticonceptivos ni mucho menos la maternidad”, dijo Gabriela Jorge, referente de Política Obrera.
La desesperación de estos grupos por su liberación también se explica por ser la única no objetora de conciencia en la zona.
Desde la Campaña por el Aborto Legal, expresaron: “¡Exigimos la urgente liberación de la médica de la @RedSaludDecidir! ¡Demandamos una vez más al Estado que cese en avalar la persecución de quienes cumplen la ley y que se aboque a garantizar el pleno ejercicio de nuestros derechos a la salud y a la autonomía!”
“Marchamos por la libertad de nuestra compañera, médica de Tartagal, detenida por cumplir con la Ley (…) Yo quiero aclararle a toda la comunidad que la colega aplicó una ILE bajo causales reales, con el consentimiento de la solicitante y la meten presa por una denuncia de la familia”, dijo Macarena Villena, referente de “Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Salta”. Desde esta agrupación se expresó: “Frente a los agravios y el hostigamiento hacia nuestra compañera médica del hospital de tartagal: la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir: *Rechazamos el accionar de les actores antiderechos implicados. Reconocemos y abrazamos a nuestra compañera que desde su lugar de médica y desde el compromiso diario hace de la salud pública un medio para achicar brechas e incluir a les excluides. Hoy desde la Red gritamos: ¡¡¡Si tocan a una, respondemos todes!!!!” (sic).
Curioso “derecho” a poder “decidir” la muerte de los seres humanos más indefensos. Lo cierto es que en el caso de marras, de confirmarse judicialmente todo lo que se ha relatado, el “derecho a decidir” fue lo que menos importó, por el contrario, todo el accionar se habría orientado a eliminar una vida, verdadero motivo tanatofílico y filicida detrás de una cobertura que se presenta eufemísticamente como “derechos reproductivos de las mujeres”. Un discurso falaz que tiene su origen en los análisis realizados en la década de 1970 por informes poblacionales del gobierno norteamericano, en los que se plantea la urgencia por disminuir las tasas de natalidad, como el Informe Kissinger NSSM 200 de 1974 o el Informe Rockefeller de 1972. Dicho “derecho”, pasó del frío análisis geopolítico a su promoción incesante por entidades supranacionales, como el Banco Mundial, las Naciones Unidas y la multinacional con sede en Londres, Planned Parenthood, principal financista de grupos feministas/abortistas en la Argentina y resto del mundo.