Se acordó este martes en el Consejo del Salario de la Argentina -convocado por Alberto Fernández, la CGT, la CTA de los Trabajadores, la UIA y las cámaras patronales-, un aumento del 35% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en siete tramos no acumulativos, por lo que desde febrero próximo alcanzará un poco más de $29.160. Así
En la reunión se firmó una suba de un 9% en abril, 4% en mayo, 4% en junio, 3% en julio, 5% en septiembre, 5% en noviembre y un 5% final en febrero de 2022, con una cláusula de revisión en septiembre.
El piso actual es de $ 21.600 mensuales, un salario que no logra a cubrir la Canasta Básica Alimentaria familiar que fue calculada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en $ 25.685 para cuatro integrantes y apenas supera por $ 1900 a la Canasta Básica total para una persona, la cual es de $ 19.700 actualmente e indica la línea de pobreza.
De esta manera, una familia argentina tipo (conformada por dos padres y dos niños) que tiene un ingreso del salario mínimo, se encontraría por debajo de la línea de indigencia. Por otro lado, si en la misma familia ambos padres cobraran la mínima, tampoco superarían la línea de pobreza, establecida en $ 60.874 para 4 integrantes.
El aumento debe ponerse en el contexto inflacionario del país, en el que se prevé para 2021 una suba de precios promedio de entre el 48% y el 50%.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, encabezaron dicha reunión, este último felicitó a los participantes por “mantener las instituciones de diálogo social, aún en un momento crítico”, mientras que Cafiero remarcó “la importancia de “encontrar ámbitos de diálogo, de discusión y de puesta en común, para que podamos tener una recomposición real de los salarios, que le ganen a los precios de la economía y a la inflación”.
Las discusiones salariales encuentran también una fuerte presión en el contexto pandémico de crecientes restricciones. La caída de la producción y el consumo redunda en suba del desempleo y empresas al borde de la quiebra. Pequeñas y medianas empresas quedan sin posibilidad de aumentar sus salarios, mientras que los sindicatos tienen que enfrentar el dilema de aceptar caídas salariales o asumir que quienes hoy son sus afiliados mañana pasarán a engrosar la fila de desocupados o se transformarán en futuros afiliados a movimientos sociales que solo podrán reclamar al gobierno planes sociales de subsistencia, un final inexorable sin un fuerte esquema productivo.