El Memorándum de Políticas Económicas y Financieras, que firmó el Gobierno con el FMI y que se terminó de aprobar este viernes, enfatiza que en 2019 se continuará “trabajando conjuntamente con el personal del FMI y los actores domésticos para identificar reformas duraderas y de alta calidad” a la economía del país. Y luego especifica en qué consiste una de las principales reformas: “Comenzar a evaluar una reforma del sistema de pensiones muy necesaria”.
El proyecto no es nuevo, solo que ahora ya tiene un carácter de compromiso explícito. La puerta abierta a una reforma previsional estaba contemplada en la ley de Reparación Histórica, que el Congreso votó en 2016, en la que se facultó al entonces Ministerio de Trabajo a crear un Consejo de Sustentabilidad Previsional, que debía estudiar las reformas al sistema, obviamente siguiendo los intereses dictados desde el poder financiero transnacional.
Entre otras modificaciones, el proyecto incluirá:
-Aumento de la edad jubilatoria.
-Cambios en el índice de movilidad, que por la nueva ley combina inflación de precios (70%) y salarios (30%). El FMI busca eliminar estas cláusulas indexatorias para poder licuarlos aún más vía inflación.
-Cambios en las jubilaciones de docentes que acceden antes al beneficio y cuyos haberes se computan en base de los salarios del último año trabajado y no de los últimos diez años.
También se buscará la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad: “El valor de los activos de los fondos de pensiones transferidos en 2008 se distribuirá a lo largo del tiempo como ingresos para compensar parcialmente el gasto futuro en pensiones. En particular, el monto se dividirá por la expectativa de vida promedio de los contribuyentes a esos esquemas en 2018, es decir, 20 años. El límite en el importe a reconocer como ingresos será de 0,4 por ciento del PIB por año”.
“Para lograr estos objetivos, las autoridades han redoblado sus esfuerzos de reforma acelerando la reducción del déficit fiscal para alcanzar el balance primario en 2019 y lograr un superávit primario a partir de 2020. El presupuesto de 2019, que está anclado en este objetivo, ha sido aprobado por la Cámara Baja. Su aprobación como ley será clave para restablecer la confianza y garantizar la continuidad de las políticas“, aseguró este viernes Christine Lagarde en el comunicado ampliado del Fondo Monetario.
Una vez más, el Congreso Nacional tendrá en sus manos la posibilidad de representar los intereses del pueblo o traicionarlo sacrificándolo en el altar del poder financiero transnacional.