Por Juan Manuel de Prada
Hace apenas unos días, un conocido pediatra, el doctor David Andina, denunciaba la penosa situación en que se hallan los servicios de urgencias de los hospitales españoles, abrumados por una invasión de pacientes sin ningún vínculo con España que vienen aquí a ser sanados. El doctor Andina refiere, incluso, que ya existen ‘agencias’ en muchos países de Hispanoamérica especializadas en ‘turismo sanitario’, que a su oferta de billetes de avión y alojamiento suman recomendaciones sobre los hospitales idóneos para el tratamiento de cada enfermedad, incluso sobre la hora en que sus clientes deben acudir a esos hospitales, para no tener que aguardar turno. Y este ‘turismo sanitario’ crece exponencialmente, hasta hacerse insostenible para la salud pública.
El doctor Andina confiesa timorato que exponer este problema puede actuar «como combustible para la extrema derecha»; pero que «negarlo y no afrontarlo» también. Pero la verdad no es de ningún extremo o centro ideológico; la verdad es un hecho. Y los hechos exigen respuestas; inspiradas, desde luego, en principios, pero aplicados al caso concreto (para eso hemos sido dotados de razón práctica). A los médicos los obliga el juramento hipocrático (aunque muchos se lo salten para perpetrar crímenes que el Estado califica de ‘derechos’), que desde luego los obliga a atender a cualquier paciente que se ponga en sus manos; pero el Estado tiene la obligación de establecer leyes que limiten el acceso a la asistencia sanitaria, pues como nos enseña Santo Tomás «la virtud de justicia exige que cumplamos primeramente con las responsabilidades hacia aquellos que dependen directamente de nosotros». Prescindir de este juicio prudencial, aplicando principios generales humanitarios, es un grave desorden moral que conduce, como el propio doctor Andina señala, a que por atender este ‘turismo sanitario’ los médicos de los hospitales públicos descuiden «la atención del resto de pacientes y la supervisión de los residentes».
Los gobernantes tienen como fin primordial la consecución del bien común de la comunidad política que les ha sido confiada, cuyos recursos son limitados; así que pretender que unos recursos limitados sean universales, sin límites materiales ni geográficos, es una grave injusticia. Por supuesto, se puede exhortar a que la virtud de la caridad llegue allá donde no llega la virtud de la justicia, pero tal caridad tiene también que ser ordenada, valorando prudencialmente cada caso. En el fondo, el problema del ‘turismo sanitario’ nos confronta con la mentira constitutiva sobre la que se apoya el paradigma de los Derechos Humanos Universales, que a la postre lo único que universalizan es la injusticia.
Como señalaba Chesterton, vivimos en un mundo invadido de «virtudes cristianas que se han vuelto locas». Y las virtudes se vuelven locas cuando son desgajadas de la verdad. Pero allá donde las virtudes cristianas se han vuelto locas, la verdad se vuelve de ‘extrema derecha’.
