Lucila Esther Larrandart *
Cuando la “mano dura” reemplaza a la “mano justa” las justicia es desplazada por la arbitrariedad jurídica. Como venimos repitiendo: la República y la Democracia dejan su lugar al Autoritarismo.
Como soy grande (por no decir vieja) he sido protagonista de varias épocas de distinto signo en nuestro país y vivir por suerte hace 35 años en una democracia. Y pensé que, efectivamente, estábamos viviendo en un estado de derecho. Pero parece que me equivoqué conforme a lo que últimamente está pasando.
El modelo que se propugna desde el gobierno no es un “cambio”, es una vuelta al pasado. El concepto de seguridad nacional, que caracterizó a las dictaduras latinoamericanas durante el pasado siglo, correspondiente a la división del mundo en dos bloques, y que caracterizaba al “enemigo interno” –entonces correspondiente al disidente político–, pasó a ser, luego del fin de la “guerra fría”, la seguridad ciudadana y los nuevos enemigos son caracterizados como el “narcotráfico”, el “terrorismo” y, en general, la “delincuencia”.
Asistimos al reemplazo del concepto de seguridad nacional por el concepto de seguridad ciudadana, que permite todo y todo lo subordina a ella, predominando la idea de que el fin justifica los medios. Es lo que se conoce como “mano dura”, que propugna dejar de lado las garantías constitucionales en aras de una supuesta “eficiencia” y que hace aparecer como si el tema de la seguridad se solucionara agravando penas y procedimientos y otorgando más facultades a las fuerzas de seguridad. Se incrementa la respuesta punitiva, ganando espacios de la mano de las campañas de “ley y orden”. Este discurso lleva a enfocar el fenómeno criminal con la lógica de la guerra y a plantearlo en la dinámica amigo-enemigo, se trata de una postura que describe la situación como un estado de excepción, que se articula con la citada lógica.
El Proyecto de ley de Hitler, que se llamó de Extraños a la comunidad, comprendía a marginados sociales, mendigos, vagos, ladrones, estafadores de poca monta, contra los que las SS querían proceder, eliminándolos. Se daba en ese proyecto el control total a la policía y se declaraba la guerra al enemigo interior.
Y me preocupa que esta política de permitir a las fuerzas de seguridad actuar sin límites, precisamente sea impulsada por Patricia Bullrich, a quien conocí hace muchos años, en la ahora lejana época de la dictadura y en la que ella fuera víctima de la violencia estatal.
Como enseñaba el Maestro Francesco Carrara, “La insensata idea de que el derecho punitivo debe extirpar de la tierra todos los delitos, lleva a la ciencia penal a la idolatría del terror, y al pueblo a la fe en el verdugo.”
En cambio el modelo democrático establece límites a la política criminal, fundada en los principios de legalidad y certidumbre, se trata de un ejercicio racional y limitado, basado en la dignidad humana y en el respeto de los derechos fundamentales.
Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que “por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho. Ninguna actividad del estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana”.
El sentimiento de seguridad o de inseguridad y la propia seguridad de los ciudadanos, se construye o se destruye diariamente por la propia conducta de quienes conforman todo el sistema penal. Y su solución no pasa por una represión indiscriminada, propia de los estados autoritarios o policíacos. Conforma también la seguridad el hecho de que los ciudadanos puedan tener la tranquilidad de no ser detenidos arbitrariamente, de no recibir imputaciones infundadas, de no ser privados de la libertad sin fundamento y de que, en caso de serlo, la justicia rápidamente responda a cualquier atropello, defendiendo las garantías que posibilitan vivir en un Estado de Derecho.
Nada se soluciona con el endurecimiento de las leyes o con el otorgamiento de mayores poderes a la policía, sino con el funcionamiento de la agencia policial dentro de los parámetros del estado de derecho, de la legalidad y resguardando los límites de la acción policial en relación con los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como combatiendo la impunidad frente a hechos delictivos o de corrupción policial.
Es necesario dotar a las agencias policiales de una serie de herramientas y de programas de formación y capacitación adecuados y supone el diseño de una serie de controles que garanticen a la población que la labor policial no generará conflictos con sus derechos individuales. Es preciso rediseñar las áreas de control interno de las instituciones de seguridad, de modo tal de garantizar su efectividad y transparencia y su efectiva articulación con los mecanismos de control externo.
No resulta tan difícil, solo tenemos que aplicar la Constitución y volver a aquel humanismo que, en la faz penitenciaria, diseñó a mitad del siglo pasado Don Roberto Pettinato, que no era un especialista ni un experto en ciencias sociales o en ciencias de la conducta, era solo un miembro del servicio penitenciario con una concepción humanista, enmarcada dentro de un proyecto popular. Por eso diseñó una política penitenciaria que fue revolucionaria para aquellas épocas, como la abolición de los grilletes, del traje a rayas, el cierre del penal de Ushuaia, entre otras cosas. Se trata entonces de retomar caminos, de tener referentes claros y de plantearse los objetivos y tener la suficiente audacia para llevarlos a cabo, lo que también es una opción política.
Y por eso ahora, después de haber vivido las distintas épocas institucionales más graves y de pensar, luego de 1983, que habíamos recuperado, por lo menos, la vigencia del Derecho y de la Constitución, como Profesora de la UBA me pregunto: ¿Cómo enseñar Derecho en este momento en la Argentina?, pregunta en la que creo me acompañan los juristas de este país.
Y también por haber formado parte del Poder Judicial y en tal carácter haber tratado de impartir Justicia y asistir en este momento al total deterioro de la vigencia del Estado de Derecho en un llamado “Estado de Derecho”, es que me pregunto: ¿Cómo le explico a mis alumnos que se puede privar de la libertad o matar a alguien sin un juicio previo? ¿Qué alguien puede ser considerado culpable sin que haya pruebas que lo establezcan? ¿Que la presunción de inocencia constitucional no existe? Que cualquiera pueda denunciar a alguien por algo que no se sabe qué es, ni qué pruebas hay.
Me resulta imposible la respuesta. No obstante creo que debemos seguir enseñando y luchando –como hasta ahora– por mostrar que no vivimos en una selva, que vivimos en una sociedad en la que la dignidad humana y los Derechos Humanos pueden y deben regir.
* Lucila Esther Larrandart – Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal No.1 de San Martín Pcia.de Buenos Aires, Poder Judicial de la Nación; Profesora Consulta de Derecho Penal y Procesal Penal. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires; Vice Directora del Departamento de Derecho Penal y Criminología, Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires; Directora del Grupo de Estudios sobre Género y Derecho, Departamento de Derecho Penal y Criminología, Facultad de Derecho (UBA); Miembro del Consejo Consultivo de la Fundación de Estudios para la Justicia (FUNDEJUS); Profesora Consulta de la Facultad de Derecho (UBA).
Fuente: www.pagina12.com.ar – 13-2-18