En un procedimiento realizado en su casa el viernes por la noche, la policía había encontrado manchas de sangre y rastros extraños en su camioneta. Por la tarde del viernes habían encontrado su teléfono celular en una obra en construcción.

Gutierrez fue secretario de Presidencia entre mayo de 2003 y mayo de 2005 y luego secretario adjunto entre diciembre de 2007 y enero de 2010.

El exsecretario había sido procesado en noviembre por lavado de dinero agravado, acusado de presuntas maniobras de recaudación ilegal de la causa “cuadernos” del chofer Oscar Centeno.

Gutiérrez había sido aceptado como testigo arrepentido en dicha causa, por la que había sido detenido, en octubre de 2018. El patrimonio atribuido por Bonadio a Gutierrez incluía 36 inmuebles ubicados en El Calafate, Río Gallegos y Ushuaia, unos 35 autos y tres embarcaciones, si bien muchas de estas propiedades están registradas a nombre de sus familiares.

El ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, había alertado en 2018 por la seguridad física de Fabián Gutiérrez. «Obligaron a Fabián Gutiérrez a declarar en contra de CFK», había sostenido Parrilli, quien denunció en esa ocasión que «hubo amenazas por parte de Carlos Stornelli y del fiscal Claudio Bonadio a la persona de Fabián Gutiérrez, ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner para que declare en contra de la ex Presidenta», e hizo responsable a ambos por la seguridad del «arrepentido» de la causa de los cuadernos del chofer.

En diálogo con el periodista Juan Amorín en 2018, Parrilli había advertido que su reclamo por la seguridad de Gutiérrez se debía a que la declaración que hizo en Comodoro Py «es parte de este plan sistemático que están armando Stornelli y Bonadio, para desprestigiar y difamar a Cristina Kirchner». Parrilli había remarcado que Stornelli había iniciado una causa contra Fabián Gutiérrez en el año 2014 por lavado de dinero, cuando ya no era funcionario, y no estaba incluido en los «cuadernos», donde quedó involucrado tras una declaración de José López.

La causa en la que se investiga la red de espionaje ilegal en la que están implicados el agente de la CIA, Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli, entre otros, seguirá en manos del juez Alejo Ramos Padilla. Así lo determinó la Cámara Federal de Mar del Plata, a pesar de las presiones del Gobierno para quitarle la investigación al juez y que sea enviada a Comodoro Py.

La cámara finalmente decidió por unanimidad «no hacer lugar al recurso de apelación intentado por Sr. Agente Fiscal de la Primera Instancia de la ciudad de Dolores contra la decisión del Sr. Juez Federal de aquella ciudad, por medio de la cual rechaza la pretensión fiscal y declara su competencia para intervenir en esta causa» y «disponer que el Juzgado Federal de Dolores sea el Tribunal Federal que continúe provisoriamente a cargo del conocimiento y la investigación de las actuaciones principales por ser el juez que ha prevenido en estas actuaciones (art. 38 del CPPN), en razón a que -de momento- su incompentencia devendría prematura en virtud del estado embrionario de la investigación en curso y no contarse con el análisis de todos los elementos de juicio relevantes para precisar debidamente el contorno delictivo investigado».

El fallo también argumenta que no es conveniente fragmentar la causa, una estrategia que pretendía instrumentar el Gobierno para solo dejarle a Ramos Padilla aquellos aspectos menos comprometedores y que fueran jueces amigos de Comodoro Py quienes investigaran lo más sustancial: «no es posible escindir la aducida asociación ilícita, de los puntuales hechos delictivos que se habrían cometido».

El fallo se venía posponiendo dadas las presiones que recibía la Cámara por parte del Gobierno para quitarle la causa al juez. Sabido es que el Poder Judicial sabe leer los tiempos políticos. El poder de Cambiemos parece estarse diluyendo día a día y los jueces ven en esto la posibilidad de avanzar con investigaciones en las que antes no se animaban. El fiscal y ex responsable de seguridad de Boca Juniors, Carlos Stornelli, continua en rebeldía: ¿hasta cuándo podrá sostenerse su irregular situación?

El juez federal Claudio Bonadío fue operado hoy en el Instituto Fleni de un tumor cerebral, en medio de un fuerte operativo de custodia y un gran hermetismo, quedando internado en la sala de terapia intensiva.

La intervención quirúgjica habría terminado pasado el mediodía. Cerca de las 13 horas se vio salir al hijo del magistrado, Mariano Bonadío, sin hacer declaraciones a la prensa.

Se sabe que por pedido de la propia familia el Instituto no emitirá partes médicos sobre su evolución. El post-operatorio en terapia intensiva es parte del protocolo en este tipo de intervenciones complejas.

En medio del escándalo por las revelaciones del aparato ilegal de inteligencia que salpican a su juzgado, y más allá de encontrarse cercano a su jubilación, a fines de abril, Bonadío había pedido licencia por 15 días para realizarse una serie de estudios médicos que derivaron en la necesidad de esta intervención. Los trascendidos hablaron de un tumor canceroso localizado en el área del cerebelo.

Queda como subrogante de la mediática «causa de los cuadernos» el juez Ariel Lijo.

En declaración testimonial ante el juez Alejo Ramos Padilla, el ex esposo de la actual pareja del fiscal Stornelli, Jorge Christian Castañón,  detalló que «Stornelli habló con Mauricio [Macri] sobre el tema y [al juez Padilla] lo iban a destituir el jueves», lo que coincide con el pedido de juicio político que hizo el Gobierno a mediados de marzo ante el Consejo de la Magistratura. Este testimonio indica que el propio Mauricio Macri se encargó de darle protección al fiscal (viejo amigo suyo, ya que fue jefe de seguridad de Boca Juniors), eliminando a un juez de la Nación.

El piloto comercial, Jorge Christian Castañón, es el ex esposo de Florencia Antonini Modet, actual pareja de Stornelli. Castañón realizó esta declaración testimonial ante el propio juez Ramos Padilla en la causa contra el falso abogado y agente norteamericano, Marcelo D’Alessio. Castañón habría sido espiado por D’Alessio a pedido de Stornelli. D’Alessio incluso llegó a proponerle a Stornelli ponerle «algo en la valija» en uno de sus vuelos (se supone que le plantarían alguna droga) para que se deje «de joder», algo obviamente ilegal.

Cuando se revelaron públicamente estas comunicaciones entre Stornelli y D’Alessio, Castañón lógicamente se comunicó con su ex esposa, quien buscó tranquilizarlo, restándole importancia al tema y afirmándole que «Stornelli habló con Mauricio sobre el tema y lo iban a destituir el jueves» al juez Padilla.

De esta forma, la causa por la estructura de espionaje ilegal de Marcelo D’Alessio complica no solo a Stornelli y a Bonadío, sino al propio Mauricio Macri por encubrimiento, al intentar destituir a un juez para evitar que se investigue un delito que los compromete.

¿Estos eran los que se dedicaban años atrás, desde los grandes medios hegemónicos, a pontificar sobre el respeto a las instituciones de «la república» y la, por aquel entonces, sacrosanta división de poderes?

Acá puede leerse la parte más jugosa de la declaración testimonial:

Vergonzoso: Macri pidió al Consejo de la Magistratura que destituya al juez Ramos Padilla

El ex agente de la AFI detenido, Rolando Barreiro, en búsqueda de ser aceptado como arrepentido, prendió el ventilador y reveló varios de los contactos de Marcelo D’Alessio, entre ellos, además de Stornelli, estaría el propio juez Claudio Bonadío; además del periodista Daniel Santoro, estarían Luis Majul, Rolando Graña y Eduardo Feinmann; y además de la diputada de la CC-ARI, Paula Olivetto, estaría la propia Elisa Carrió.

«El señor Marcelo D’Alessio era el que tenía relación con Carlos Stornelli y aparentemente con (el juez) Claudio Bonadio también», fue la afirmación de Barreiro.

En su declaración ante el juez Ramos Padilla, sostuvo que D’Alessio habría realizado tareas de espionaje contra los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, vigilando especialmente sus entradas y salidas del país.

El espionaje de D’Alessio sobre miembros de la Corte podría estar relacionada también con sus fluidos contactos con las cabezas de la Coalición Cívica: «Sé que hablaba por teléfono, por mensaje, que se reunía, me ha contado y he escuchado que fue al Congreso, que tuvo reuniones, y con Elisa Carrió me dijo que estuvo en un par de oportunidades», sostuvo Barreiro.

Confirmó también la versión de que Leonardo Fariña cobraba dinero del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.

Según Barreiro, D’Alessio aseguraba que trabajaba para Bullrich y mantenía una relación estrecha con una secretaria de la ministro.

La denuncia fue realizada por el abogado penalista Leonardo Martínez Herrero por: falsificación de documentos públicos (contra D’Alessio y Stornelli, art. 293 del Código Penal), abuso de autoridad y prevaricato (contra Stornelli y Bonadío, art. 248 CP y art. 269 CP), estafa procesal (contra Santoro y D’Alessio, art. 172 CP) y falso testimonio (contra D’Alessio, art. 275 CP).

La presentación judicial se origina por la causa de la compra de gas licuado en la que se usó un peritaje trucho copiado que quedó anulado, lo que motivó a Stornelli y Bonadío a recurrir a la participación de D’Alessio para que no cayera toda la causa.

«Santoro declaró como testigo y fue ahí que llevaron a un empresario venezolano de PDVSA a quien Santoro estaba grabando e hizo una nota. Tanto esa denuncia, como la declaración D’Alessio figuran en esa causa, y deberían ser anulados ambos testimonios. Esta causa [por la que se encuentra preso el ex ministro de Planificación, Julio De Vido] se iba a caer por la pericia trucha y la levantaron con el testimonio de D’Alessio. No la pueden dejar caer porque es conexa a la la causa de las fotocopias de los cuadernos», afirmó Martínez Herrero, vicepresidente del Colegio de Procuradores de la Ciudad de Buenos Aires.

«No confío en nada que tenga que ver con Comodoro Py. Algún día va a tener que venir un juez y revisar todo esto. Son muy pocos los fiscales y los jueces federales que me merecen alguna confianza. Pedí que se excluya a Bonadio y a Stornelli del sorteo», sostuvo el abogado.

La causa 2731/2019 contra Stornelli, Bonadío y D’Alessio quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correcional Federal N° 2 a cargo del Dr. Sebastián Ramos.

En una actitud de quien se sabe culpable, el Gobierno Nacional presentó ante el Consejo de la Magistratura una denuncia para iniciarle juicio político y destituir al juez Ramos Padilla. Ante las revelaciones de la trama de complicidades entre el agente de servicios de inteligencia norteamericanos, Marcelo D’Alessio, las Embajadas de EEUU e Israel, el fiscal Carlos Stornelli, el juez Claudio Bonadío, la ministro Patricia Bullrich, el periodista Daniel Santoro del Grupo Claŕin, las que exponen una verdadera red de espionaje ilegal y extorsión de enormes dimensiones, Mauricio Macri ha tomado la decisión de impedir a toda costa que la investigación se profundice.

El primer intento fue que el juez Ercolini le saque la causa a Ramos Padilla, vía un cuestionamiento de su jurisdicción que deberá resolver la Cámara de Apelaciones, lo que demanda un tiempo. Luego de la presentación del juez en Congreso, Cambiemos está jugado a todo o nada para desplazar al juez, en este caso buscando su suspensión y destitución.

Esta metodología ha sido aplicada con cada juez que se animó a investigar en serio alguna causa de corrupción o simplemente no falló como el Gobierno esperaba, como ocurrió con jueces como Eduardo Freiler, Luis Carzoglio o Luis Arias.

Juan Bautista Mahiques, es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura que presentó este viernes la denuncia para destituir al juez.

«Creemos que lo que hizo ahí fue un caso evidente de mal desempeño de sus funciones, y por eso consideramos que debe dejar su cargo», explicaron desde el «ministerio de Justicia» en referencia a la presentación de Ramos Padilla en la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, lo que según el Gobierno es una «manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas».

Ramos Padilla citó este viernes por segunda vez a Stornelli a prestar declaración indagatoria, siendo que se ausentó a la citación anterior y siempre ocultó su teléfono celular.

La medida del Gobierno claramente confirma el grado de complicidad y temor del Gobierno a que la investigación avance.

El juez federal Ramos Padilla afirmó en el Congreso Nacional que los sobornos pedidos por un fiscal es prácticamente una «subcausa», siendo la causa principal la enorme red de espionaje ilegal «de grandes magnitudes» que existe en la Argentina, “vinculada con el poder judicial, ministerios, fuerzas de seguridad, poderes políticos y medios de prensa y que operaba en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos».

Los grandes medios de comunicación optaron por ocultar esta presentación del juez lo que no extraña dado el grado de complicidad que ha quedado de manifiesto en el caso de varios de ellos.

Padilla contó también la complicidad de distintos sectores del Estado para interferir en la causa, comentó que pidió una PC para procesar la cuantiosa información y no se la dieron, pidió un perito y también le fue denegado y hasta el Servicio Penitenciario no trasladó a los detenidos para que pudieran declarar.

«El tenor de las comunicaciones transcriptas permite advertir maniobras de espionaje ilegal con mecanismos  clandestinos (…) Se desprende también el elevado grado de confianza entre el fiscal Stornelli y el abogado. se advierte el encargue a D’Alessio para realizar tareas de seguimiento contra otros letrados», en una red que también abarcaba a Patricia Bullrich: «Este vínculo significaría contraprestaciones económicas y la recepción por parte de la DA de indicaciones por parte de  la ministra». “Encontramos documentos, legajos de inteligencia, cuadernos con anotaciones de datos sensibles acerca de los hijos, esposas, de los allegados que eran objetivos, elementos de espionaje tales como cámaras ocultas entre llaveros, drones, un arma que llamo la atención de todos”, sostuvo Padilla.

Reveló una gran cantidad de mensajes de Whatsapp entre el extorsionador Marcelo D’Alessio y el ex montonero y hoy nexo en la compra venta de armamento con Israel, Mario Montoto:
«Perfecta la extracción de los 4 objetivos de la embajada. El lunes regresamos por 48hs a Venezuela. 9 aeronaves volvemos de Moscú y San Petersburgo. Así lo requieren», le dice D’Alessio, explicitando la práctica de sacar ilegalmente personas de distintos países, un mecanismo clandestino que viene usando la CIA desde hace años.

https://www.youtube.com/watch?v=x2RCN3_mooE

Con respecto a la «Operación Jaitt», Ramos Padilla explicó esa «operación de contrainteligencia» habría tenido como objetivo impedir una extradición desde México. Dada la cercanía de Jaitt con Stiuso y la red de narcoprostíbulos de Raúl Martins, no extrañaría que se hubiera intentado beneficiar a este personaje, ex miembro de la SIDE, con la operación.

También denunció la presencia de «mecanismos dentro del Congreso de duplicación de identidades para personas prófugas con pedido de captura» (!).

“El caso puede involucrar al fiscal (Stornelli), aunque sabemos que no es el único sino que hay varios. Involucra a periodistas, y a un juez. Lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con Estados Unidos, con Venezuela, con Israel y con Uruguay, porque esta organización tuvo incidencia en distintos ámbitos de incumbencia de estos países”, sostuvo el juez.

«Mirá Pau, el que armó esto es un AFI de la línea Angelici Puro», le dice en un audio el extorsionador Marcelo D’Alessio con llamativa confianza a la diputada y presidenta de la Coalición Cívica, Paola Oliveto, lo que explica que Elisa Carrió fuera la primera en salir a defender al fiscal Stornelli.

https://www.youtube.com/watch?v=mbpMRTmswoE&feature=youtu.be

La complicidad del Gobierno queda muy clara cuando D’Alessi resiste el allanamiento y pide hablar con Macri, Bullrich o Arribas.

https://www.youtube.com/watch?v=a1vp95M3RTI&feature=youtu.be

Padilla también compartió un audio de Dovat que dice: «D’Alessio me dijo que con los protocolos de la DEA yo debía formalizar una denuncia ante el fiscal Stornelli y presentarme para entrevistar por Clarín, Todo Noticias y A24. Y si lo hacía así mi familia y yo íbamos a estar protegidos», lo que muestra el entramado entre servicios de inteligencia internacionales, medios de comunicación y el aparato judicial del Estado.

En el procesamiento con prisión preventiva a Marcelo D’Alessio, dispuesto por el juez Ramos Padilla, se conoció una escucha telefónica en la que el falso abogado habla con una persona identificada como Andrés Goldenberg. En la misma, D’Alessio le dice a Goldenberg: «estoy a tu disposición si hay que extraer a alguien». «Extraer» se refiere a sacar a alguien del país en vuelos clandestinos no detectables. D’Alessio afirma además que está en condiciones de proveer un avión de 16 plazas para ese tipo de operaciones especiales.

https://www.youtube.com/watch?v=7ZoAMsEr-to

Ese diálogo telefónico se produjo el 4 de febrero a las 22:01 y deberá ser investigado. Tampoco trascendió la identidad del tal Andrés Goldenberg, en principio homónimo del representante de la oposición venezolana en nuestro país (secretario de la MUD, Mesa de Unidad Democrática en la Argentina) y CEO de Spider Ventures, una empresa  de negocios inmobiliarios con sede en Miami.

Así lo analiza el juez Ramos Padilla en la página 210 del procesamiento:

La facilidad con la que D’Alessio ofrece el servicio de «extraer» personas de la Argentina para enviarlas clandestinamente a otros países muestra a las claras la asiduidad con la que se realizaba y la muy probable complicidad del ministerio de Seguridad local permitiendo esta operatoria (de hecho D’Alessio declaraba su cercanía con Patricia Bulrrich).

Esta «extracción» de personas recuerda también una práctica por la que han venidos siendo denunciadas las agencias norteamericanas como la DEA y la CIA:  «chupar» personas en todo el mundo, bajo sospechas de ser narcotraficantes o terroristas, para conducirlas a lugares fuera del alcance legal estatal para ser torturadas y/o desaparecidas. Un caso similar ocurre con los secuestros para redes internacionales de trata, siempre aupadas por los servicios de inteligencia.

Ya en 2005 varios casos se conocieron en Europa y se transformó en un escándalo. Un documento publicado en 2007 por Red Voltaire del Tribunal Dignidad, Soberanía y Paz de Ecuador explicaba el modus operandi y denunciaba que «Esa internacional del crimen actúa bajo responsabilidad de la Agencia Central de Inteligencia -CIA- la que tiene licencia para secuestrar personas en cualquier parte del mundo, si a su libre albedrío considera que son sospechosas de terrorismo o vinculadas al terrorismo internacional. Luego organiza vuelos secretos en aviones propios o contratados para trasladar a los secuestrados hasta cárceles clandestinas ubicadas en Europa, África, Asia, América Latina (Base de Guantánamo) o a cualquier país de la tierra con gobiernos que permiten la tortura y la desaparición forzosa de personas. Así se garantiza que las personas ilegalmente retenidas sean torturadas o desaparecidas sin escándalos, sin reclamos, sin el fastidio de las organizaciones defensoras de derechos humanos, sin griteríos que reclamen contra la impunidad. Todo debe hacerse con eficacia y en silencio».

El documento profundiza: «La inhumana crueldad de las prácticas criminales del Imperio y la CIA podría resumirse en las palabras de un agente de la CIA : “Si quieres que les torturen les envías a Siria. Si quieres que alguien desaparezca, le envías a Egipto”, según relata el periodista europeo Joan Arnau. Naturalmente que la CIA necesita de cómplices para cometer sus fechorías y, en esta ocasión, contó con el ocultamiento voluntario o comprado de los servicios secretos europeos, de operadores aéreos y, al parecer, de varios gobiernos aliados y amigos del imperio como los de Francia, España y Alemania que, mientras públicamente condenaban la guerra contra Irak, clandestinamente colaboraban con los secuestros, torturas y crímenes de la CIA. Así se explica que la CIA paseara su impunidad por Europa, sin que temiese algún tipo de control legal o político en los aeropuertos y hoteles que se vio precisada a utilizar. Es innegable la complicidad de varios gobiernos europeos en esta nueva infamia universal que debe ser sancionada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y por el Tribunal Penal Internacional porque Bush y sus secuaces son reos de múltiples crímenes de lesa humanidad».

La práctica de chupar personas en vuelos secretos se remonta a varias décadas en el tiempo y la Argentina tiene un triste pasado con este tipo de accionar en su última dictadura militar. A nivel de las agencias de EEUU como la CIA y la DEA todo parece haber empeorado a partir del atentado del 11-S a las Torres Gemelas: «El origen de estos crímenes se remonta al año 2001, cuando la CIA estableció los denominados Centros de Operaciones Conjuntas con sede en París –CITIC. En Paris se constituyó una especie de Centro antiterrorista de carácter secreto y estrictamente confidencial y en el que participaron a más de la CIA , otros servicios secretos norteamericanos, británicos, alemanes, franceses, canadienses, australianos y, posteriormente, españoles. Esos agentes son los responsables de más de 3.000 detenciones de sospechosos de terrorismo, naturalmente sin fórmula de juicio y con la negación sistemática y absoluta de todos los derechos humanos hasta de los más elementales».

El Parlamento Europeo de Estrasburgo, aprobó incluso un Informe que acusa a los propios gobiernos de complicidad con la Central Intelligence Agency (CIA) estadounidense, en operaciones de secuestros clandestinos: «Según ese Informe, entre 2001 y 2005 , los aviones de la CIA hicieron no menos de 1245 escalas en aeropuertos europeos, llevando con frecuencia a bordo a sospechosos víctimas de “desapariciones rozadas”, conducidos clandestinamente hacia la cárcel ilegal de Guantánamo o hacia prisiones de países cómplices (Egipto o Maruecos), donde la tortura es una práctica habitual».

En 2005, el relator especial de la ONU contra la Tortura, Manfred Nowak, denunció que existen «muchos indicios» de que EEUU utiliza buques en el océano Indico para internar a supuestos terroristas, escapando de ese modo a cualquier ley sobre el respeto de los derechos de los prisioneros. ¿Usará también esta metodología en América Latina?

Hubo incluso casos que terminaron siendo liberados y pudieron trascender a la prensa. Khaled al Masri, un alemán de origen árabe que vive en Ulm, fue secuestrado en 2003 mientras pasaba sus vacaciones en Skopkje, Macedonia. Fue detenido, interrogado durante un mes y entregado a norteamericanos enmascarados que lo llevaron a una base en Afganistán y lo torturaron durante cinco meses para finalmente terminar en libertad tras comprobar que se trababa de un error, si bien le advirtieron de que la condición de su libertad era que nunca tendría que mencionar lo que le había ocurrido.

Tras la revelación de D’Alessio quedan abiertas las preguntas: ¿Durante cuánto tiempo agencias como la CIA y la DEA han estado «chupando» personas en la Argentina? ¿Cuántas personas han desaparecido a través de estas redes? Cabe recordar también que en nuestro país desaparecen alrededor de 250 mujeres por año para terminar en redes de trata nacionales e internacionales bajo la protección e incluso la sociedad con sectores de inteligencia.

El allanamiento ordenado por dos jueces al agente de la DEA Marcelo D’Alessio, implicado en el sistema de extorsiones a empresarios en la «Causa de los Cuadernos» que instruyen Bonadío y Stornelli, dio por resultado una fortuna difícil de explicar (legalmente): una mansión en el country Saint Thomas de Esteban Echeverría, un departamento en Puerto Madero, un inmueble en el Chaco, un yate, diez autos de lujo, dos motos de alta cilindrada y una colección de 50 relojes de altísimo valor, uno de ellos un Double Tourbillon de oro que, de confirmarse original, valdría alrededor de 200.000 dólares.

El allanamiento fue realizado por el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien investiga la extorsión contra el empresario Pedro Etchebest y por el magistrado Federico Villena de Lomas de Zamaro, quien instruye la causa contra D’Alessio por lavado de dinero del narcotráfico.

Entre los vehículos que figuran a nombre de Marcelo D’Alessio se detallan:
-1 lujoso Yate.
-1 camioneta Range Rover nueva con valor superior a 100.000 dólares.
-1 camioneta RAM 2500 con valor de 50.000 dólares.
-1 Scania.
-1 BMW X6.
-2 camionetas Hilux.
-1 Peugeot 308.
-2 Chevy de colección.
-1 camioneta Audi.
-1 Toyota Corolla.
-2 motos de alta cilindrada (una de ellas con pedido de secuestro y sin papeles).

De acuerdo a la AFIP, D’Alessio a su vez registra gastos anuales por $2.500.000 o sea, más de $200.000 de gastos mensuales.

¿De dónde sacó semejante fortuna un abogado con matrícula suspendida como D’Alessio?

La causa por lavado de dinero del narcotráfico que lleva adelante el juez Villena se inició a partir de un mensaje anónimo que decía: “Señor juez. Quiero decirle que hay una persona que es un mafioso que extorsiona y maneja dinero del narcotráfico, que dice que es abogado penalista en Canning, que tiene relación con jueces, fiscales, con Patricia Bullrich, tiene un spa, autos, motos, autos de carreras, una casa en Miami con helipuerto, el boliche Savia, una empresa”.

En el allanamiento se pudo dar con gran parte de los vehículos que estaban a su nombre, el que se suma al procedimiento llevado adelante la semana anterior en el que se encontraron armas de guerra de última generación, una placa de la agencia «antidrogas» norteamericana DEA, chalecos del FBI y una escopeta Kel Tec KSG calibre 12 UAB con cañón de 380 a 599 mm, un estudio de grabación, computadoras y celulares.

¿Tenía D’Alessio un centro de inteligencia norteamericano ilegal en la Argentina?

Su abundante fortuna: ¿Provenía del narcotráfico y del sistema de extorsiones que se habría implementado en el juzgado de Bonadío y la fiscalía de Stornelli?

El fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la investigación de la «Causa de los Cuadernos», que instruye el juez Claudio Bonadío, fue denunciado, con abundante material probatorio, por extorsionar a uno de los empresarios involucrados para mejorar su situación en la investigación. La extorsión incluyó una coima que empezó siendo de U$S 800.000 dólares, luego de U$S 500.000 y terminó siendo negociada en U$S 300.000. El sistema extorsivo que se habría instrumentado desde el juzgado de Bonadío, y específicamente desde la fiscalía de Stornelli, usaba como intermediario al abogado Marcelo D’Alessio, quien ostentaba ser servicio de inteligencia de las agencias norteamericanas NSA y DEA y es sobrino de Carlos Marcelo D’Alessio, escribano general del Gobierno.

La extorsión al empresario agropecuario, Pedro Etchebest, comenzó en diciembre de 2018 cuando Marcelo D’Alessio se comunicó con él en varias oportunidades alertándolo de que un arrepentido en la causa de los cuadernos, Juan Manuel Campillo, lo había mencionado como recaudador de la Oncca, la Oficina Nacional de Control Agropecuario. Etchebest le explicó a D’Alessio que recién había conocido a Campillo en 2017 y que no cometió ninguna irregularidad. Ante esto, D’Alessio le hace saber que terminará preso si no accede a una negociación.

Como parte de su extorsión, el mediático y servicial abogado, Marcelo D’Alessio, le envió a Etchebest una serie de videos y fotos en las que ostentaba su nivel de influencia en la fiscalía del ex encargado de Seguridad de Boca Juniors y amigo personal de Mauricio Macri, Carlos Stornelli. Incluso procedió a enumerarle a Etchebest datos de su familia, tanto en Estados Unidos como en la Argentina y le leyó una planilla con todas sus entradas y salidas del país, en una forma de amenaza típicamente mafiosa.

También D’Alessio se ufanaba de su relación personal con la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, quien le enviaba videos de saludos junto a su esposo, Guillermo Yanco.

Sin embargo, consultado por Etchebest sobre quién lo hizo entrar al ministerio, D’Alessio afirmó que «el que me hizo entrar fue Mario Montoto», o sea, el ex integrante de Montoneros (tesorero, encargado de compra de armas y secretario privado de Firmenich) y actual presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, según el propio D’Alessio «dueño de todas las cámaras de seguridad que hay en la Argentina, socio de Hadad y tiene el 50% de Infobae».

Montoto junto al juez, Claudio Bonadío.

Montoto junto a Daniel Hadad.

Montoto junto al «amigo del alma» y testaferro de Mauricio Macri, Nicolás Caputo.

En su ostentación de poder, el acomodado por Montoto en el Ministerio, Marcelo D’Alessio, afirmó que «Hice que se quiebre el ex director de Pdvsa», mientras le mostraba el detrás de escena de un reportaje al arrepentido. «El lunes lo entrego a Stornelli», sostuvo. D’Alessio incluso envió a Etchebest fotos y videos de la declaración del arrepentido Gonzalo Brusa Dovat dentro de la fiscalía de Stornelli, un hecho que además de demostrar la confianza que Stornelli le tiene a D’Alessio es algo que está prohibido.

También D’Alessio hizo gala de la forma en la que trabajaba con el periodista de Clarín, Daniel Santoro, para hacer sus operaciones. Además de un video en el que filma al propio Santoro realizando una de sus entrevistas, también le envió fotos de fiestas privadas compartidas. El detalle no es menor, ya que prueba el modus operandi, que incluye un ida y vuelta entre el poder mediático, el poder judicial y la Embajada de los EEUU (de los que estos personajes son operadores):

Veamos algunas de las innumerables capturas de pantalla de celular en las que se prueba la relación de D’Alessio con Stornelli:

«En la cuarta captura de pantalla que se me envía, D Alessio consigna a Stornelli: ‘lo de Pedro yo me encargo personalmente de avanzar con ese sujeto’ -sigue la denuncia-. Luego de exhibirme esas capturas D Alessio me manifiesta ‘Tengo el ok. Descansa y a pensar en positivo’.»

«A esto se le agregan dos capturas de pantalla más, enviadas a las 19.03 hs, en las cuales puede leerse como Stornelli le manifiesta que se va mañana a Pinamar a cargar pilas, a lo cual D Alessio le pregunta si el 6 está allá o acá (en referencia a Pinamar) dado que sino el 7 u 8 de Enero lo va a ver allá agregando a tono jocoso ‘yo hasta dos cafés te invito jaaaaaaa’. Stornelli según consigna dicha captura enviada por D Alessio habría contestado jaja! Tranquilo. Sos mi invitado ahí! Soy local. Jajaja!», describe Etchebest las imágenes que acompañan la denuncia.

Finalmente se concreta la cita y Etchebest viaja junto a D’Alessio a Pinamar el 8 de enero, donde el fiscal los espera en el balneario CR y se produce la triple reunión: D’Alessio y Stornelli en una mesa, Etchebest espera en la otra. Hay fotos del encuentro en la causa. Según la denuncia, será allí donde se le hace el pedido de los 300.000 dólares como «única posibilidad de sortear una imputación maliciosa y mendaz».

D’Alessio junto a Stornelli en Pinamar.

Una vez terminada la reunión, la denuncia relata la larga negociación que se abre para la concreción de los pagos. Una y otra vez se posponen hasta que, siempre según Etchebest, se acuerda la entrega de un adelanto de unos 15.000 dólares que finalmente se realiza. De esos billetes, quedaron fotos y numeración en el expediente.

El primer pago, de 5.000 dólares, se hizo en la confitería Selquet ubicada en la esquina de Figueroa Alcorta y La Pampa de la ciudad de Buenos Aires. El 23 de enero se completó el adelanto en un encuentro en la confitería Alvear Icon, donde se entregaron otros 9.700 dólares:

En el siguiente audio, el empresario Pedro Etchebest explica cómo fue la extorsión de Stornelli/D’Alessio:

https://www.youtube.com/watch?v=mnMX7njRDGk

Ante la consumación del hecho en Pinamar, la abogada de Etchebest, Natalia Salvo, presentó la denuncia y el expediente por extorsión lo instruye el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. En declaraciones al canal C5N, la letrada explicó que «hay infinidad de pruebas e información, hay 22 horas de audio (…) Las pruebas adjuntas en la causa, el material fílmico, los audios [publicados en El Cohete a la Luna], dan cuenta de que existe una vinculación entre el sr. D’Alessio y el fiscal Stornelli. De hecho la ostentación de poder que mostraba D’Alessio, muestra una filmación dentro de la fiscalía de Stornelli mientras le tomaban declaración a otra persona. Desde el primer momento le hace saber que el trato se va a sellar en la ciudad de Pinamar, con Stornelli, que fue lo que efectivamente registran las imágenes»:

https://www.youtube.com/watch?v=oSXE1a2Zcz0

En este video puede escucharse el diálogo entre Etchebest y D’Alessio en el que se relata cómo el empresario finalmente le da la mano al fiscal, gracias a la intermediaión de D’Alessio:

https://www.youtube.com/watch?v=JYakNmTVQA8

En este otro audio se escucha cómo D’Alessio le dice a Etchebest: “Los oficios los sacó Stornelli sabiendo que todo esto me va a llegar a mí. Obviamente que Stornelli después va a querer una atención, pero eso ya es un tema tuyo y de Stornelli”, sugiriendo el pago de una coima:

https://www.youtube.com/watch?v=9SgJyC5F7D4

La insólita explicación de D’Alessio fue que el empresario Etchebest acudió a él y que la extorsión fue «para investigar si tiene ese dinero o no” (sic). “Mi trabajo es hallar la verdad. Cuando se le pide dinero a una persona, sean 100 mil, 300 mil o lo que mongo sea es para ver de dónde sale. No es lo mismo que diga ‘lo tengo en una caja de seguridad en Buenos Aires’ a que diga que lo tiene que traer de Estados Unidos”, o sea, según D’Alessio él no era extorsionador sino que actuaba como tal (?).

Al ser consultado sobre su rol como servicio, D’Alessio dijo que le parecía “peyorativo” usar ese término pero no negó que esa pudiera ser su función y tampoco negó que trabajara para la DEA y la NSA norteamericanas.

Sin embargo, tuvo que reconocer que conoce a Stornelli, si bien «sólo lo vi dos veces», una de ellas hace cuatro días, para entregarle un nuevo arrepentido en la causa de los cuadernos, con lo que termina reconociendo que trabajaba para el fiscal. De hecho, entre las pruebas presentadas existe un video que muestra un encuentro entre D’Alessio y el fiscal en una confitería de Pinamar. Todo esto contradice su afirmación de que “Stornelli no es mi jefe, nunca me encargó ningún tipo de trabajo”. ¿Si nunca le encargaba ningún trabajo qué hacía llevándole arrepentidos?

https://www.youtube.com/watch?v=_60zi1AtPR8

Un inquietante dato complementario que surge de las grabaciones entregadas a la justicia, D’Alessio afirma que Stornelli le compró una casa azul, frente a CR de Pinamar, al empresario Héctor Colella, estrechamente ligado, e incluso sindicado como heredero, del mafioso fallecido Alfredo Yabrán, y que parte del dinero era para ese pago. No extraña la vinculación del fiscal macrista Stornelli con los Colella, ya que dicha familia es socia de TGLT, una firma controlada por el fondo PointState que adquirió la constructora de Nicolás Caputo, el “hermano del alma” de Mauricio Macri.

Todo indica que D’Alessio debería terminar preso y Stornelli removido y juzgado.

En rigor de verdad, cabe preguntarse: si a un pequeño empresario, como Pedro Etchebest, le pidieron U$S 300.000 dólares para no ir preso, ¿cuántos millones de dólares llevarán recaudados D’Alessio/Stornelli/Bonadío con los «empresarios arrepentidos» del caso de los «cuadernos»? Según el propio D’Alessio, Stornelli y Bonadío podrían llevarse de «20 a 50 millones de dólares».

Una causa instrumentada de esta manera, ¿no está viciada de nulidad absoluta?

Avanza el plan de EEUU en alianza con Macri para quedarse con las empresas de los Rocca. Luego de que Bonadío procesara al dueño de Techint y le trabara un embargo por $4000 millones, ahora el fiscal Stornelli (ex jefe de seguridad de Boca y muy cercano a Mauricio Macri y a Daniel Angelici) pide la detención del empresario. Al mismo tiempo se presentan demandas colectivas en EEUU contra Rocca por parte de accionistas norteamericanos.

El objetivo, como ya ha ocurrido en otros países, parece ser el de bajarle el precio a las constructoras nacionales al quedar envueltas en casos de corrupción y chantajear a sus dueños: entregar la empresa o ir a la cárcel. El desembargo de las constructoras norteamericanas en la obra pública se encuentra cada vez más cerca. El propio Trump así se lo prometió a Macri en último encuentro del G20.

Presentan oficialmente demanda en corte NY contra Ternium $TX $TX.AR por supuestas violaciones de las leyes de mercados de capitales de EE.UU y ante el derrumbe de las acciones (solo en noviembre Tenaris perdió un 15,9% y Ternium un 10,5%).

Un detalle que queda sin explicar es que Bonadio junto con el embargo y el procesamiento por asociación ilícita y cohecho activo, había solicitado que Rocca no pudiera salir del país, cosa que el empresario hizo, llamativamente unas horas antes de la resolución, viajando a México. EEUU ya le retiró la visa.

Los fiscales Stornelli y Rívolo solicitaron la detención explicando que «así pues en lo que respecta a los imputados Abal Medina, Larraburu, Rocca, Padoán y Aranda, ese vínculo asociativo y las acciones concretas que habrían desplegado cada uno de ellos ata su situación procesal a un nivel de injusto semejante al del resto de los imputados a quienes vuestra señoría sí procesó con prisión preventiva».

La cercanía de Stornelli con Macri deja expuesto el doble juego de este último, mostrándose en público con Rocca para respaldarlo mientras por detrás sus alfiles avanzan judicialmente.

Ahora deberá resolver la Sala I de la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, si hace lugar al pedido de detención o no.

Mientras tanto, el empresario sospechado de actuar como testaferro de Macri, Marcelo Mindlin, e involucrado también en la «causa de los cuadernos», había recibido la «falta de mérito» por parte de Bonadio, algo que sospechosamente los fiscales Stornelli y Rívolo no decidieron apelar.