El Gobierno de Javier Milei anunció este martes que dará inicio al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida está contemplada en la Ley Bases (N° 27.742), una norma que autorizó la privatización de organismos estratégicos para el país y además habilitó una delegación sin precedentes al Poder Ejecutivo.

NA-SA, superavitaria, en el primer trimestre de 2025 declaró ganancias por $17.234 millones. Con una potencia instalada de 1.763 MW -el 4,1% del total nacional-, aporta el 7,35% de la energía del Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI), gracias a la estabilidad de sus reactores.

Además, la empresa sostiene unos 3.100 empleos altamente calificados, es motor de la industria nuclear local y fue clave en proyectos estratégicos como la extensión de vida de Atucha I, con una inversión estimada en USD 700 millones.

Demián Reidel, presidente de NA-SA y hombre cercano a Karina Milei, ejecutó una limpieza abrupta en la cúpula directiva: salieron los gerentes de Compras, Jurídico, Obras y Sistemas.

El proceso de privatización de esta empresa estratégica, que viene generando ganancias y prestigio para el país, contempla la venta del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que el Estado Nacional conservará el 51% del capital y, con ello, al menos en un principio, el control accionario de la empresa.

A este esquema se sumará un Programa de Propiedad Participada de hasta el 5% del capital social, lo que permitirá la inclusión de los trabajadores en el esquema accionario, puntualizó el Gobierno.

«La incorporación de inversión privada es clave para ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y garantizar la continuidad de las operaciones de manera eficiente y competitiva», sostuvo el Gobierno.

Trabajadores del sector advirtieron que la medida pone en riesgo la soberanía y que entrega «el patrimonio estratégico de la Nación por un apuro fiscal».

Verdad, justicia y reparación
Por Juan Manuel de Prada

Recientemente, con ocasión del aniversario de la matanza de Atocha, el doctor Sánchez, con esa risueña amoralidad que lo caracteriza, publicaba un tuit pinturero: «Frente a la violencia y el fanatismo, verdad, justicia y reparación». Aproximadamente a la misma hora, nos llegaban noticias de las matanzas que las hienas sanguinarias que gobiernan en Siria estaban perpetrando impunemente contra alauitas, pero también contra drusos y cristianos.

Misteriosamente, ningún medio de cretinización de masas reparó en la aberrante paradoja de ese tuit pinturero. Las hienas sanguinarias que gobiernan en Siria han sido profusamente respaldadas por las colonias del pudridero europeo, cuyas autoridades han desfilado por Damasco, para mostrar sus res petos al caudillo de las hienas, el carnicero Al-Gola-mi. Como ya explicamos en un artículo anterior, Al-Golami era miembro destacado de Al-Quaida en 2004, cuando se perpetró la matanza de Atocha; y posteriormente se alistó en el ISIS, llegando a liderar su sucursal en Siria, Al-Nusra, al frente de la cual ha perpetrado horrendas matanzas entre civiles in-defensos de las minorías alauita, drusa y cristiana. Pues bien, este carnicero con las manos tintas en sangre, miembro destacado de la organización yihadista que asesinó a casi doscientos compatriotas, ha sido expresamente respaldado por el doctor Sánchez, que hace unas pocas semanas envió a Damas-co al ministro Albares a rendirle pleitesía.

Yo también deseo «verdad, justicia y reparación» para las víctimas de la matanza de Atocha. Por eso me resulta vomitivo que el Gobierno español respal-de a las hienas sanguinarias que asesinaron a nuestros compatriotas y les reconozca legitimidad. También me resulta vomitivo que, mientras estas alimañas sanguinarias perpetran sus matanzas impunemente en Siria, el Servicio Exterior de las colonias del pudridero europeo, dirigido por una tiparraca llamada Kaja Kallas, emita un comunicado en el que atribuye tales matanzas a «elementos pro-Assad», convirtiendo vilmente a las víctimas en verdugos. Y me resulta igualmente vomitivo que esta misma tiparraca haya invitado a Al-Golani a una conferencia internacional que se celebra hoy en Bruselas, para «centralizar el apoyo internacional para una transición inclusiva» en Siria. Por «transición inclusiva deben de querer decir que Al-Golani y sus muchachos tienen licencia para matar por igual a toda minoría religiosa que se cruce en su camino, sin excluir a ninguna. Como queremos «verdad, justicia y reparación», debemos proclamarlo sin ambages: las colonias del pudridero europeo, con España a la cabeza, respaldan y protegen, encubren y blanquean a las hienas sanguinarias que perpetra-ron la matanza de Atocha y que hoy, fieles a su designio, diezman a las minorías religiosas en Siria. Y si a Al-Gulami y sus muchachos los llamamos hienas sanguinarias… ¿cómo debemos llamar a quienes los respaldan y protegen, encubren y blanquean?

El Gobierno confirmó hoy el despido de 250 trabajadores de las centrales nucleares Atucha, ubicadas en la localidad bonaerense de Zárate.

La noticia se dio a conocer a través de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina SA (propiedad del Ministerio de Energía y Minería 79%; CNEA 20%; Emprendimientos Energéticos Binacionales 1%) y es un paso más dentro del triste proceso de desmantelamiento y desfinanciamiento de la industria estratégica en la Argentina. Por eso los proyectos contra los que apunta Cambiemos son la industria de alta tecnología: INVAP, Fabricaciones Militares, Astillero Río Santiago y el sector nuclear de Atucha.

De acuerdo al gremio Luz y Fuerza Zárate, las cesantías rondan las 250 e inciden sobre personal de planta permanente. Los despidos son empleados con hasta 25 años de antigüedad.

Los despidos también se producen luego de que el gobierno confirmara a China que canceló el proyecto de la central nuclear que debía iniciarse en 2019 con Atucha III en Zárate y que emplearía a 5000 personas, sin embargo el acuerdo de Macri con el FMI lo impide por el recorte del gasto público al que comprometió al Estado argentino. De ese modo se cayó ese proyecto que requería un financiamiento de China por 8000 millones de dólares y contaría con tecnología de Canadá.

Sin embargo, China hizo valer su fuerza y obligó a Macri en su reciente encuentro con Xi Jinping en la cumbre de los BRICS a acordar la construcción de una central nuclear China en Argentina en 2022 con financiamiento chino por 9000 millones de dólares y tecnología china. Esto sería refrendado con Xi jinping el 30 de noviembre de 2018 cuando el presidente chino venga a la Argentina por la reunión del G20.

De este modo, Macri busca dejar contentos a los distintos sectores de poder global: al FMI le concede cancelar los acuerdos nucleares más cercanos en el tiempo y a China le concede el construir una central nuclear con tecnología enteramente de ese país.

En el medio quedan cientos de familias en la calle y la Argentina sigue sin tener un programa serio de desarrollo tecnológico soberano y por lo tanto es un simple territorio en disputa entre los distintos proyectos globales.

Desde que Macri asumió, el estratégico sector industrial nuclear de la Argentina, reconocido por sus logros en todo el mundo, viene siendo desfinanciado con el único objetivo de conducirlo a una situación de quiebra y desguace. Esto no es así por mero capricho sino que responde a intereses geopolíticos transnacionales: las potencias centrales históricamente han asignado a los países del Tercer Mundo un rol de meros productores de materias primas, no de competidores con productos industriales y mucho menos en un área estratégica como la de la energía nuclear, por más que en sus primeras etapas de desarrollo solo puedan tener fines pacíficos. A la paralización desde hace ya dos años de Atucha III con una enorme cantidad de despidos, ahora se suma el intento de desguace de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP). En esta operatoria cumple un rol por demás siniestro el representante de la angloholandesa Shell en la Argentina, el actual ocupante del Ministerio de Energía, Juan José Aranguren.

Leemos en una preocupante nota del periodista Fernando Krakowiak: «La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de la localidad neuquina de Arroyito paralizó su producción a fines de mayo del año pasado y todavía no está claro cuando retomará la actividad (…) luego de más de dos años de gobierno los contratos con China para avanzar con Atucha III siguen sin firmarse y la producción de agua pesada continúa interrumpida en un contexto de desfinanciamiento generalizado del sector nuclear. Este mes a los empleados de la planta comenzaron a pagarle el sueldo en cuotas y temen por el futuro de su fuente de trabajo».

El desmanejo de Cambiemos con esta empresa estratégica con mas de 450 trabajadores es notorio: «En PIAP se produce el agua pesada que modera y refrigera la reacción nuclear en centrales atómicas que utilizan uranio natural. PIAP interrumpió su producción en mayo del año pasado debido a una parada técnica e inicialmente se había prometido que retomaría la producción en agosto de 2017, pero eso no ocurrió por una combinación de factores entre los que sobresalen la falta de nuevos contratos y la escasez de recursos para operar. Desde entonces, las autoridades vienen corriendo el arco a la hora de prometer la puesta en funcionamiento de la planta. Si hubiese comenzado la construcción de Atucha III, PIAP podría haberse asegurado un nuevo contrato y empezar a producir agua pesada con ese objetivo».

Mientras que en las potencias centrales el área se encuentra subsidiada, en la Argentina de Cambiemos, se obliga perversamente a «competir» sin subsidios, «libremente», contra los precios internacionales: «Mientras se producía el agua pesada para Atucha II, Nucleoeléctrica compraba el gas que luego usaba PIAP y pagaba una tarifa fuertemente subsidiada, que costaba cerca de 1,5 dólar el millón de BTU. Luego del cambio de gobierno, el Ministerio de Energía le ordenó a PIAP comprar su propio gas a precio de mercado y hoy lo paga en torno a 4,3 dólares el millón de BTU».

Finalmente, es el representante de la angloholandesa Shell en la Argentina, quien hoy ocupa el Ministerio de Energía, Juan José Aranguren, quien se está encargando de asfixiar a nuestras empresas estatales estratégicas: «El año pasado en algunas reuniones Aranguren aseguró que debemos estar en valores inferiores a los del mercado internacional, que es bastante restringido, básicamente se produce agua pesada en Rumania e India. En esas reuniones se habló de que se podía llegar a importar de Rumania a 650 dólares el kilogramo y acá con la energía a costo de mercado el año pasado estábamos a 1200 dólares el kilo y ahora con la devaluación cayó a 970 dólares. Hay muy pocas posibilidades de reducir el costo del agua pesada a 650 dólares el kilo, como dijo Aranguren que lo ofrece Rumania, porque la empresa de ese país está fuertemente subsidiada y acá los subsidios se están recortando”, concluyó Marcelo Garro, secretario gremial de la seccional Arroyito de Apcnean.

Actualmente así se encuentran los trabajadores de PIAP gracias a Cambiemos, volanteando en las rutas de Neuquén en lugar de estar pudiendo aportar su conocimiento y esfuerzo para el desarrollo del país:

Por este camino y con estas políticas, pocas industrias quedarán en pie en la Argentina y mucho menos aquellas que molestan a los poderes mundiales.

El secretario general de la Uocra de Zárate, Julio González, denunció que en julio quedarán cesantes 600 trabajadores de la construcción más otros 400 que se dedican a tareas de traslado, seguridad e higiene por la paralización del proyecto Carem de la central nuclear de Atucha ante la total inacción del Ministerio de Energía.

El intendente de la localidad bonaerense afectada, Oscar Cáffaro, aseguró que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, “jamás devolvió un llamado sobre Atucha”. De acuerdo a la delegación local de la CGT, los despidos en el sector industrial rondan los 5 mil.

Estos despidos se suman a los recientes 170 despidos en la química Lanxess y a los 200 de Carboclor.

«Vivimos en un contexto muy difícil, podemos hacer muchas cosas en lo local, pero choca con lo nacional”, advirtió Cáffaro tras la declaración de emergencia laboral en el municipio. «El gobierno no genera las condiciones para que se queden, les resulta más barato volver a Sudáfrica», denunció. «Prometieron inversiones y las inversiones parecen ser echar a la gente», sentenció Cáffaro.

La medida de paralizar las obras se explica por la decisión política de frenar el desarrollo industrial y científico nacional. El sitio oficial del Proyecto Carem, aún díce:

«El Proyecto Carem tiene por objeto la construcción y puesta en marcha de un prototipo del reactor nuclear de baja potencia, diseñado íntegramente en el país. Prevé que al menos el 70% de sus insumos, componentes y servicios vinculados sean provistos por empresas nacionales. Así, la CNEA vuelve a contribuir con su tecnología a la industria nuclear de la Argentina y los países de la Región, aportando alternativas propias para los desafíos energéticos del futuro».

Industria nacional y desarrollo científico autónomo, malas palabras en el léxico de Cambiemos.

Evidentemente los sectores estratégicos y tecnológicos del país van siendo desmantelados paso a paso. El Ministerio de Trabajo decidió no dictar la conciliación obligatoria y 2000 trabajadores de Atucha quedaron en la calle. 

Los trabajadores despedidos estaban afectados a las obras de construcción ahora paralizadas de la cuarta central nuclear de la Argentina, Atucha III, un proyecto de más de 3 mil millones de dólares realizado con financiamiento de China, Rusia, Francia y Canadá. Ya suman 52.000 personas despedidas solo en el rubro de la construcción bajo el gobierno macrista. 

Finalmente, el Ministerio de Trabajo de la Nación NO dictó la conciliación obligatoria y los trabajadores de las empresas contratistas de la obra de Atucha han sido definitivamente despedidos.

En la jornada de ayer, se llevó a cabo una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, tras la propuesta realizada a comienzos de esta semana por el directorio de Nucleo eléctrica Argentina S. A. de llevar a cabo un ajuste gradual del número de obreros en la Central Nuclear.

Los representantes del gremio de la construcción rechazaron de plano la propuesta de N.A. S.A., que consistía en realizar un ajuste gradual de los trabajadores, comenzando mañana –fecha en la que vence la conciliación obligatoria-, y que finalizaría en el mes de Junio. Así, la primera reducción sería de 800 trabajadores, dejando activos 1200 hasta el primer día de mayo, donde quedarían activos 900 obreros. Finalmente, para el 1ro de Junio, 1300 trabajadores habrían sido despedidos, quedando dentro de planta 700 trabajadores activos.

Luego de una extensa reunión, y a pesar de la insistencia gremial para buscar una solución que contemple a todos los trabajadores, se resolvió a última hora de ayer no extender la conciliación obligatoria, por lo que NA.SA dejó constancia en actas sobre la desvinculación de dos mil trabajadores de la construcción y afines que prestaban servicio en la planta.

“Estamos dispuestos a hacernos escuchar, hoy más que nunca vamos a defender los puestos de los trabajadores. Vamos a trabajar en su contención, y vamos a abocarnos a la solución del pago de los salarios adeudados y su liquidación”, explicó el titular de Uocra Zarate, Julio González.

En horas del mediodía de hoy, se llevará a cabo una asamblea con los trabajadores donde se resolverán las próximas medidas a tomar, ante el cierre de la negociación y la desvinculación de los trabajadores, por lo que no se descarta la toma de nuevas medidas de fuerza.

“No aceptaron prorrogar la conciliación obligatoria como habíamos pedido y desde hoy quedaran 2000 compañeros sin trabajo», agregó Julio Gonzales, Secretario de la Unión de obreros de la Construcción de la República Argentina. “El Ministerio de trabajo jugó para la empresa y dejo desprotegidos a los trabajadores”

“Los compañeros sólo van a tener un depósito de 3 meses para paliar lo que viene”. afirmo el dirigente sindical.

Fuente: http://www.laciudadweb.com.ar/el-gobierno-no-intervino-y-despidieron-a-2000-trabajadores-en-zarate/