El Gobierno dispuso por decreto un aumento de retenciones a la exportación agrícola, llevando la alícuota en el caso de la soja al 30% y del trigo y maíz al 12% (las primeras interpretaciones del decreto hablaban de un 27% y un 9%, respectivamente), dada “la grave situación por la que atraviesan las finanzas públicas” y en base a que “la aplicación de derechos de exportación e importación constituye un instrumento esencial de la política económica nacional”.
“Déjase sin efecto el límite de $ 4 por cada dólar estadounidense, establecido en el artículo 2° del Decreto N° 793 del 3 de septiembre de 2018 y sus modificaciones“, dispone el decreto 37/2019 publicado este sábado en el Boletín Oficial.
La soja, que estaba alcanzada en un 18% (más $4 por dólar) pasa al 30% y maíz y trigo, que estaban en 0% (más $4 por dólar), suben al 12%. Carnes, harina de trigo, arroz, maní, leche en polvo, maíz pisingallo y legumbres varias quedan en un 9%. Bajo el gobierno de Cristina Kirchner, la soja tenía una alícuota del 35%, el maíz del 20% y el trigo del 23%, si bien en aquel momento la leguminosa estrella tenía un precio internacional de alrededor de 500 dólares la tonelada y hoy ronda los U$S 300.
El gobierno macrista había dispuesto vía presupuesto nacional que no se pudieran subir retenciones más allá del 30% en soja sin pasar por el Congreso, por lo que una nueva suba probablemente deba ser tratada por ley.
De acuerdo a la empresa Zeni, dedicada al corretaje de granos, la tabla de retenciones sería la siguiente:
Anticipándose a la medida los sectores más concentrados del agro ya comercializaron unos 40 millones de toneladas de la nueva cosecha 2019/2020 que aún no se terminó de sembrar. Un 45% de la próxima cosecha ya fue vendida.
La relación entre el Gobierno y las organizaciones que representan al sector oligárquico del campo, como SRA y CRA vienen siendo tirantes desde el primer momento, con amenazas de cortes de rutas incluidas. En el día de ayer se conoció una decisión judicial, de parte del juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruz, que procesó y embargó a los ex integrantes de la Mesa de Enlace, por los cortes de ruta de 2008 sobre la ruta 9, cerca de la localidad de San Pedro. Resultaron procesados Eduardo Buzzi, ex titular de la Federación Agraria Argentina (FAA); Mario Llambías, ex presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Luciano Miguens, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Hugo Luis Biolcati, ex vicepresidente de esa entidad y Fernando Gioino, ex presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro). También quedaron bajo proceso judicial Silvio Etchehum, del Sindicato de la Carne; la ex diputada Margarita Stolbizer; la dirigente María del Carmen Alarcón, del Grupo Pampa Sur, y Raúl Víctores, ex presidente de la Sociedad Rural de San Pedro.
La medida le permite al Gobierno subir los ingresos para poder a su vez aumentar el gasto público, sin incrementar el déficit fiscal y de este modo reactivar la economía sin caer en mayores alzas inflacionarias, si bien en buena parte se usarán para afrontar los vencimientos de la cuantiosa deuda externa en dólares que dejó el gobierno de Mauricio Macri, gobierno al que entidades ruralistas como SRA y CRA apoyaron fervorosamente.
Ya desde antes de la asunción del nuevo gobierno, asambleas de productores planteaban “volver a las rutas” si se aumentaban retenciones. Viendo el panorama de lo ocurrido en Bolivia y las estrategias de desestabilización que EEUU viene aplicando en la región, el gobierno debería estar atento a este tipo de planes. Incluso en regiones por fuera de las zonas núcleo, hubo protestas: la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) planteó: “Rechazamos este incremento porque el NOA no resiste un punto más de retención por los altos costos de producción y la distancia a los puertos, sumado a esto, los precios internacionales deprimidos y un contexto climático que no está siendo favorable para el campo. Parece que no entendieron nada y hoy aplicaron recetas viejas”.
La pretensión de Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, de que se lo consulte antes de tomar este tipo de disposiciones no parece muy razonable. ¿Consultó al pueblo argentino Mauricio Macri antes de recurrir al Fondo Monetario, emitir deuda a 100 años o permitirle a las grandes exportadoras no liquidar sus dólares?
Sin embargo, es necesario considerar que cada zona agrícola tiene rindes muy diferentes y no tiene la misma espalda un gran productor de miles de héctareas de la zona núcleo sojera que un pequeño productor del sur de la provincia de Buenos Aires con climas áridos.
En todo conflicto entre distintas relaciones de fuerza, nunca se puede favorecer la unidad del contrincante, entregándole potenciales aliados, sino por el contrario su división. Para evitar cometer los errores que se cometieron en el año 2008, con la discusión por la resolución 125 (elaborada por Martín Lousteau), es importante la segmentación por tamaño y zona de las retenciones a los fines de fomentar la actividad del pequeño y mediano productor y que sean los grandes productores, las “mil familias” de la histórica oligarquía argentina, quienes realicen el aporte principal. No todo “el campo” es una entidad homogénea, ni todo el campo es “oligarquía”. Incluso dentro de la “mesa de enlace”, debería evitarse arrojar a la Federación Agraria y a Coninagro a la manos de la Sociedad Rural y CRA. Tampoco parece justo llevar a la quiebra a pequeños productores para beneficio de grandes terratenientes como Eduardo Elsztain o Gustavo Grobocopatel, que terminan adquiriendo sus tierras a precios más baratos. Otra clave es una correcta comunicación que sepa explicar la necesidad económica de la medida para poder favorecer el acceso a alimentos a precios más razonables, obtener los dólares necesarios para que la industria pueda comprar sus bienes de capital necesarios para el desarrollo, en definitiva, para mejorar la calidad de vida del conjunto de la población, más que una cruzada ideológica contra una entidad abstracta (“el campo”).
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