El juez Luis Rodríguez decidió procesar al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren y a la titular de la “Oficina Anticorrupción”, Laura Alonso, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, encubrimiento y abuso de autoridad.
Aranguren fue ministro de Energía de Macri luego de ser históricamente el presidente de Shell Argentina y ser dueño de acciones de la casa matriz de la corporación petrolera angloholandesa. Desde su cargo en el Gobierno, tomó decisiones que terminaron beneficiando a la empresa a la que siempre respondió, en un típico caso de “negociaciones incompatibles con la función pública”, en la que terminó “atendiendo de ambos lados del mostrador”. Un caso emblemático fue la compra de gas vía Chile a una empresa ligada al grupo Royal Dutch Shell PLC, del que era accionista.
Laura Alonso, a cargo de la “Oficina Anticorrupción”, lejos de investigar estas irregularidades, se contentó con explicar que si el ministro delegaba la firma en un subalterno de las resoluciones que afectaran a Shell, no incurriría en ningún delito. Una mera especulación legal por parte de una persona que ni siquiera cumplimentaba el requisito de tener un título de abogado para ejercer su función. Por este motivo, Laura Alonsa queda procesada también por el delito de encubrimiento y abuso de autoridad.
A pocos días de dejar el gobierno, el Poder Judicial comienza a animarse a investigar las causas de corrupción que llevaban años siendo cajoneadas. Esta denuncia en particular, había sido realizada en el año 2016 por el diputado Rodolfo Tailhade. El poder residual de estos funcionarios macristas, por su ligazón con el poder económico, quizá explique que a ninguno de ellos se les aplique la “Doctrina Irurzun”, siendo procesados pero sin prisión preventiva, cascos en la cabeza ni shows periodísticos.
