Tras la muerte de un inspector de tránsito en la CABA, y la revelación de que los agentes que controlan las calles se encuentran contratados de manera informal como monotributistas por la administración de Rodríguez Larreta, se presentará un recurso de amparo y una cautelar para que el Gobierno de la Ciudad no pueda cobrar ni emitir multas de tránsito hasta tanto no se regularice la situación de estos trabajadores.
Las medidas judiciales serán presentadas por el dirigente de La Alameda y la Multisectorial 21F, Gustavo Vera, quien recuerda que “los accidentes de transito son la principal causa de muerte en todo el país y en la Ciudad de Buenos Aires durante el año 2018 aumentaron un 72% respecto del año 2017“.
La noche del domingo 8 de septiembre, los inspectores Cinthia Choque y Santiago Siciliano estaban realizando sus habituales controles, cuando el periodista Eugenio Veppo los atropelló a alta velocidad, episodio que terminó con la muerte de Cinthia y dejó con graves heridas a Santiago.
A partir de aquel episodio, se hizo público que los inspectores de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires son contratados como monotributistas, un despropósito que atenta contra las leyes laborales nacionales y de la propia ciudad. Estos trabajadores públicos no cuentan con seguro, ART, ni obra social. En una condición de total precariedad, el gobierno los envía a la calle con el único propósito de recaudar, incluso cumpliendo funciones no habilitadas por la ley.
De acuerdo a Gustavo Vera: “Las multas de transito son instrumentos públicos que solo pueden ser emitidos por funcionarios públicos contratados según las ley 471/00 de la ciudad de Buenos Aires y no por monotributistas. El gobierno ignora las propias leyes que se sancionaron en la Legislatura: precariza y arriesga la vida de los trabajadores, los priva de innumerable cantidad de derechos y sobre esa masacre en cuotas que están viviendo los inspectores de transito, el Gobierno recauda 2.600 millones de pesos con multas de transito que son ilegales ya que no son hechas por funcionarios públicos como lo estipula el Articulo 292 del Código Civil y Comercial. El gobierno no puede seguir cobrando multas que son ilegales, para ello y para garantizar la seguridad de las personas que transitamos de diversas formas las calles de la ciudad, debe programar el pase a planta de todos los inspectores de transito para que cuenten con todos los derechos y obligaciones que la ley tiene para ellos y así salvaguardar no solo la vida de los peatones, ciclistas y automovilistas, sino también la de los propios trabajadores”.
