A partir del decreto 2, se autoriza al Ministerio de Finanzas a ampliar el permiso para emitir nueva deuda externa en esas condiciones, por un valor nominal de hasta 15 mil millones de la moneda estadounidense. durante 2017 ese tipo de emisión estaba regulada por el decreto 29 y establecía que los títulos públicos se emitían bajo jurisdicción de Nueva York, donde el poder judicial es servil a los fondos buitre, o de Londres, de similares características, ambos los dos centros financieros mundiales, cuna de las élites financieras transnacionales.
El decreto original había sido denunciado penalmente por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, ya que incluía como garantía por posibles incumplimientos a los recursos naturales, como el yacimiento petrolífero no convencional de Vaca Muerta.
En su decreto de comienzos de 2017, Macri había establecido la suma de 20 mil millones de dólares para emitir deuda en el exterior, pero luego lo amplió por 12.500 millones a mediados de 2017 y ahora vuelve a hacer lo propio por otros 15 mil millones. En total: 47.500 millones de dólares para endeudarse bajo jurisdicción extranjera en dos ciudades que son los bastiones de los Fondos Buitre.
El futuro de la Argentina con tamaña deuda es sombrío.