Macri exceptuó al champagne de «impuestos internos» y a los inmuebles rurales del pago de Bienes Personales

Los inmuebles rurales quedaron exentos del Impuesto a los Bienes Personales. Lo que podría haber sido un pequeño cambio en favor de que las clases más adineradas colaboraran impositivamente con el conjunto de la sociedad, quedó en la nada a último momento y a pedido del oficialismo en la jornada de debate en Diputados.

El proyecto original contemplaba que los campos empezaran a tributar Bienes Personales por entre el 0,25 y el 0,75%, luego se planteó que fuera a cuenta del pago de Ganancias y finalmente quedaron exentos.

El argumento fue que «el campo ya está realizando un enorme esfuerzo por la no baja de retenciones». Lo que habría que aclarar es que la megadevaluación del peso, compensó esas retenciones con nuevas ganancias extraordinarias por igual trabajo realizado.

El impuesto a los Bienes Personales se mantiene para el resto de los mortales que no disponen de campos. La posesión de propiedades por encima de $2.000.000 de pesos (unos U$S 50.000) obligará a tributar el mismo, algo que afectará a amplios sectores de clase media.

Por otra parte, Macri decidió directamente derogar el pago según Ley de Impuestos Internos al champagne, beneficiando principalmente a la empresa Chandon. «Derógase el Capítulo VII del Título II de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones. Esta disposición y el artículo anterior entrarán en vigencia el día de la publicación de la presente ley y surtirán efectos para los hechos imponibles que se verifiquen a partir del 1° de enero de 2019, inclusive», queda plasmado en el proyecto.  El artículo 33 de esa ley decía establecía que «el expendio de champañas se pagará en concepto de impuesto interno el DOCE POR CIENTO (12%) sobre las bases imponibles respectivas». Desde sectores productores pymes se cuestionó esta medida porque esos recursos podrían haberse utilizado para promover a las pequeñas industrias de las economías regionales. Si bien este pago solía ser exceptuado por vía de excepción por distintos gobiernos, con esta derogación ya ninguna administración podrá reclamarlo.