Por Silvina Romano *
Ya no son necesarios tanques ni tropas para destituir gobiernos democráticos que privilegien los derechos ciudadanos, hoy la Justicia Penal, asociada a la prensa hegemónica, tiene suficiente poder de fuego para cumplir esa tarea. Esto ha sido denominado técnicamente Lawfare – law (ley) y warfare (guerra), cuyo resultado es la judicialización de la política.
El juicio a Lula da Silva se lleva a cabo como parte de la mega causa conocida como “Lava Jato”, que fue el marco aparentemente legal mediante el cual se perpetró el golpe de Estado a la expresidenta Dilma Rousseff. Este juicio es parte de una estrategia de Lawfare, tal como lo han denominado especialistas, que implica: el uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política, el uso de la ley como un arma para destruir al adversario político por la vía judicial. Lo anterior se inscribe en un proceso de judicialización de la política (desde arriba), donde el aparato judicial se “eleva” por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, dinámica que puede conducir a una “dictadura de los jueces” (y una pérdida total de equilibrio entre poderes). Para ser exitosa, esta guerra jurídica requiere articulación con los medios de comunicación y redes sociales, que operan para manufacturar consentimiento en contra o a favor de determinadas personalidades, grupos o sectores políticos. La aceptación o la eliminación y desmoralización del adversario político se concreta especialmente en el plano de la opinión pública.
Uno de los objetivos del Lawfare a corto y mediano plazo es lograr la restauración del neoliberalismo también por la vía judicial.
La legitimidad otorgada al proceso de judicialización de la política emana del consenso sobre la “corrupción” como problema fundamental de América Latina. Esto fue manifestado por Instituciones Financieras Internacionales y agencias del Gobierno estadounidense promotoras del Ajuste Estructural y modernización del Estado en los ‘80 y ’90, pero, en los últimos años, se presenta como un problema endémico en gobiernos progresistas o llamados despectivamente “populismos de izquierda”. Analistas internacionales, thinktanks y “expertos”, argumentan a favor de esta visión, que tiende a ser reproducida por la prensa hegemónica, alimentando un sentido común en el que, por ejemplo, la corrupción es la causa de la pobreza, sobre todo en aquellos países bajo regímenes democráticos-autoritarios competitivos (así se clasifica a Venezuela, Bolivia, Ecuador -durante la gestión de Correa- y Argentina -durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner-).
La tesis principal es que estos gobiernos, al otorgar mayor protagonismo al Estado, en particular en la regulación de la economía, al repolitizarlo y revalorar lo público, privilegiaron la utilización de influencias y fondos públicos para beneficio personal y la utilización de los poderes del Estado para evitar la rendición de cuentas. Esto se considera como la principal causa del aumento de la pobreza y del debilitamiento de la democracia a tal punto, que –según “expertos”– la gente estaría dispuesta a apoyar incluso una dictadura militar con tal de acabar con el crimen y la corrupción.
Esta base argumental y la existencia de procesos de guerra jurídica contra exfuncionarios de gobiernos progresistas, dan cuenta de que hay otros intereses más allá de la supuesta batalla “imparcial” contra la corrupción. Uno de los objetivos del Lawfare a corto y mediano plazo es lograr la restauración del neoliberalismo también por la vía judicial. Se recurre a un estado de excepción por medio de herramientas (supuestamente) legales (así definidas por un aparato judicial que se elevó por encima de los demás poderes), que en los hechos, conducen a la omisión de la ley a favor de la imposición violenta de un nuevo orden. Este orden intenta mostrarse como legal, “naturalmente” predispuesto a la rendición de cuentas y a la transparencia (es decir, contrario a prácticas corruptas), por seguir la lógica y el “modo de hacer las cosas” (de forma correcta) del sector privado; por estar resguardado y dirigido por empresarios devenidos en políticos.
El objetivo de propiciar el orden neoliberal, se visualiza con mayor claridad en aquellos casos en los que la estrategia jurídica es utilizada “a la inversa”. Es decir, cuando el aparato judicial se eleva por encima de los demás poderes y las herramientas legales se manipulan para garantizar el statu quo, haciendo mancuerna con la prensa para silenciar ciertos casos y evitar la exposición de determinadas personalidades frente a la opinión pública. Se promueve así una manufacturación de consentimiento “a favor” de estas personalidades o grupos que se han erigido como guardianes del neoliberalismo.
* Silvina Romano – Investigadora Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC). Es Posdoctora por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y por el Centro de Investigaciones y Estudios sobre la Cultura y la Sociedad-CONICET.
Fuente: www.celag.org – 23-1-2018