La fiscal federal Paloma Ochoa imputó a Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, por haber dictado una resolución para desvincular a Macri de la causa por la deuda impaga del Correo Argentino, favoreciéndolo en el marco de la investigación por la deuda del Correo Argentino, un acuerdo espurio en el cual el Estado le terminaba condonando unos 70 mil millones de pesos al grupo SOCMA.
No extraña este proceder de Alonso, miembro de la ONG norteamericana Vital Voices (pantalla de la CIA) quien tiempo atrás declaró “me enamoraría de Macri“, o sea de quien técnicamente debería investigar, algo que nunca hará ya que fue puesta a dedo en ese cargo, incluso sin cumplir el requisito de ser abogada, justamente para que no investigue al actual gobierno.
La fiscal federal Paloma Ochoa impulsó la investigación que surgió a partir de la denuncia de un grupo de diputados del Frente Renovador. Según consta en la denuncia, Alonso se basó en un dictamen del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y desestimó el resto de los elementos que constan en la causa, en la resolución 2018-24 “cuya evidente finalidad perseguía desligar de responsabilidades” a Macri, al ex ministro de Comunicaciones y actual de Defensa, Oscar Aguad, y al entonces director general de Asuntos Jurídicos de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa.
Según Laura Alonso, cuando se hizo el acuerdo Macri no tenía intereses en Socma Americana -la empresa de la familia Macri que controla Sideco Americana, la compañía que tiene el Correo- y que de la causa comercial no surge que haya tenido intervención. Agregó que Macri dejó en 2009 las acciones de Socma y se las transfirió a sus tres hijos. Sin embargo, en 2014 Macri sostuvo en su declaración jurada que tenía acciones, cuotas y participaciones sociales sin cotización de Socma en el país y que las tenía desde 2001.
Oscar Aguad, había reconocido en un documento interno que había seguido “expresas instrucciones” de Mauricio Macri respecto de qué tipo de plan de pagos podía aceptar en la audiencia que se llevó a cabo en 2016. Llamativa y escandalosamente, era la propuesta que Correo Argentino finalmente hizo con un financiamiento hasta 2033 con una condonación que implicaba una quita del 98,2% de la deuda, ya que no se le aplicaban intereses.
Según estimaron peritos de la Procuración General, la deuda de la familia Macri con el Estado más sus intereses dentro de ese plan de pago era de alrdedor de 70 mil millones de pesos para 2033 y no de 4 mil millones como aceptó pagar Macri ocupando ya el Poder Ejecutivo del propio Estado damnificado.
“Hubo faltas a la ley de ética pública en cuanto a la decisión de aceptar la oferta de la empresa controlada por el holding de la familia del presidente, que buscaba saldar su deuda con el estado de su concurso preventivo”, sostuvieron los legisladores en su denuncia.
La Fiscalía pidió las primeras medidas de prueba y la encargada de ordenarlas ahora es la jueza Servini de Cubría.
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