Raúl Kollmann *
Es muy probable que al “ciudadano de a pie” le cueste aceptar estas cosas. Todo ha llegado a niveles increíbles. Una parte importante de los Jueces Federales actúan como políticos que intercambian favores. Lo menos importante es averiguar la Verdad y actuar en consecuencia. La división republicana de los poderes está archivada en alguna biblioteca de la Facultad de Derecho.
Las maniobras que se realizan en el edificio de Comodoro Py son tan burdas que, a veces, terminan derrumbándose. Esto no lleva a rever del todo las detenciones sin juicio, sin riesgo de fuga ni peligro de entorpecer la investigación, sino que se producen nuevas maniobras y jugarretas. Se caen pericias fraudulentas, pero se busca cómo amortiguar el impacto. Se arman causas colectoras, paralelas, y después se reunifican con el juez que más conviene. Se hacen sorteos sin transparencia alguna, se acumulan causas en un tribunal elegido a dedo por Cambiemos y ese tribunal ya debutó el viernes a la noche confirmando la prisión de Luis D’Elía, sin que exista peligro de fuga y cuando el propio juez instructor sostuvo que se terminó la investigación, de manera que no hay peligro de que se obstruya nada. El andamiaje de fondo es mantener personas detenidas y preparar megajuicios para 2019, el año de las elecciones.
Durante la semana que empieza, la Cámara Federal resolverá algún grado de unificación de la causa por la muerte de Alberto Nisman. Se trata de vincular, como sea, el deceso del fiscal con el gobierno de Cristina Kirchner. Como se sabe, el juez Julián Ercolini dictaminó que la muerte de Nisman fue un homicidio, pese a que las pericias del Cuerpo Médico Forense (CMF) y de la junta de criminalistas indicaron que “no hay evidencia médica de accionar homicida” y que “no había ninguna otra persona en el baño en el momento del disparo”.
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La decisión está a cargo de la Sala II de la Cámara Federal, que lidera uno de los grandes alfiles que el gobierno tiene en Comodoro Py, Martín Irurzun, el camarista que sostuvo que los funcionarios del gobierno anterior tienen “relaciones residuales” con las que podrían alterar las investigaciones y, por lo tanto, prácticamente todos deben estar detenidos.
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Batallas
Las defensas de los imputados en obra pública, lavado de dinero y memorándum presentarán esta semana pedidos de nulidad a dos niveles:
En primer lugar, nulidad de los sorteos. En el caso de la defensa de CFK, a cargo de Alberto Beraldi, porque no fue notificada del sorteo y no tuvo ningún control. En segundo lugar, habrá planteos de inconstitucionalidad por la conformación del tribunal, a dedo y sin concurso. Hay otra cuestión pendiente: el TOF 9 ni siquiera está habilitado todavía. Se requiere una resolución de la Corte Suprema y un juramento, por lo cual están a cargo de causas sin estar habilitados.
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Truchadas
Desde el primer día se sabe que la pericia utilizada para detener a Julio De Vido era falsa, hecha en base a datos inexistentes y acusando al ex ministro de sobreprecios delirantes en la compra de Gas Natural Liviano (GNL). Hasta el ministro de Cambiemos, Juan José Aranguren, sostuvo que la pericia era inconsistente y el profesional que la hizo, David Cohen, terminó imputado por falso testimonio agravado. La debacle de la pericia demuestra que el juez Bonadio nunca debió detener al ministro.
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Manipulaciones
El muestrario de maniobras es interminable. Si las pericias en el caso de la muerte de Nisman hablaban del suicidio como hipótesis más probable, se armó rápido una pericia de Gendarmería que dijera lo contrario. Si el testimonio del ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, destroza la causa del Memorándum, se evita citarlo como testigo. Si el juez no encuentra evidencia para relacionar los fondos del exterior de Báez con la ex presidenta, se elucubra el vínculo uniendo las causas en el tribunal oral. Si la acusación por el Gas Licuado es fraudulenta, se juega la carta alternativa de Río Turbio. Si la situación amerita que se reduzca el conflicto con los empresarios, se libera al ex titular de la UIA, Juan Carlos Lascurain, pero se mantiene presos a los funcionarios que se oponen al cierre de la mina de Río Turbio. Las detenciones se sostienen alternando causas, pericias, jueces y camaristas.
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El trasfondo es la utilización de la justicia como arma política. Jueces de primera instancia en un nivel inicial; reaseguro en la Cámara Federal; como recursos de última instancia, varios integrantes de la Casación y, si es necesario, la Corte Suprema, como en el caso de Milagro Sala. Funcionan al estilo de una guardia pretoriana. Igual que en Brasil con Dilma Roussef y Lula Da Silva. Se construye una trama de jueces y expedientes que le impidan el paso a las fuerzas que el establishment no quiere.
* Raúl Kollmann (1949) – periodista argentino de Investigación.
Fuente: www.pagina12.com.ar – 12-3-18