La enfermedad está manejada como un gran negocio de las multinacionales (II)

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, @FADSPU

La enfermedad es un negocio para la industria farmacéutica, pero hay 2.000 millones de personas privadas del derecho a la salud. Queda claro que los negocios y los derechos no se llevan bien.

Poca innovación en los nuevos fármacos pese a su elevado coste

Menos del 25% de los nuevos medicamentos que salen al mercado son innovadores o mejoran los resultados de los anteriores (cuyos precios son mucho menores y están suficientemente probados en calidad y seguridad). Desgraciadamente los organismos gubernamentales que deberían controlar esta situación en beneficio de los ciudadanos están financiados por la industria. Así la FDA de Estados Unidos es financiada en un 75% o la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos en un 80% por las multinacionales farmacéuticas.

Poca transparencia y frecuente manipulación de los datos

La industria es muy poco transparente y con mucha frecuencia da información manipulada (sesgada, dicho de manera elegante). Un buen ejemplo es el caso del oseltamivir (® Tamiflu) del que ante la alarma de la gripe A (H1N1) se realizaron grandes compras en casi todo el mundo y que luego se descubrió que los ensayos clínicos que presentaba la empresa que lo comercializo habían sido convenientemente “maquillados” para mejorar sus resultados, además hay muchos ejemplos de ocultación de los efectos adversos. Por otro lado y con frecuencia se presentan ensayos clínicos en que se utiliza la nueva droga frente a placebo, en lugar de compararla con los otros tratamientos eficaces ya existentes, con lo que se crea una falsa imagen de buenos resultados cuando la realidad es que prácticamente no se modifica el efecto.

Estrategias para incrementar la venta de medicamentos

La industria se enfrenta, desde hace algunos años a las políticas de los gobiernos de reducir el gasto farmacéutico que suponen una proporción cada vez mayor de los presupuestos estatales (en España alcanza entre el 25-30% del gasto sanitario total, lo que pone en riesgo el sostenimiento del sistema público), con medidas como reducción de precios, precios de referencia para grupos de medicamentos similares o la promoción de genéricos.

Para hacer frente a esta disminución de ganancias los laboratorios están poniendo en práctica diferentes medidas: 1.- Redefinir e incrementar la prevalencia de determinadas enfermedades: Hay informes que señalan que la disfunción sexual femenina alcanza al 43% del total; 2.- Promover el tratamiento de problemas leves o de mediana gravedad como indicios de enfermedades más graves: Síndrome del colon irritable o trastornos de ansiedad; 3.- Transformar los riesgos para la salud en enfermedades: La osteoporosis o el síndrome por déficit de testosterona; 4.- Estimular la preocupación sobre futuras enfermedades en poblaciones sanas. La osteopenia o el Alzheimer. 5.- Convertir los problemas personales y sociales en trastornos de salud diagnosticables y con necesidad de tratamiento: Convertir la timidez en fobia social; 6.-  Considerar ciertas enfermedades como epidemias de extraordinaria propagación y letalidad: La gripe A que fue una gripe más suave que la estacional promovió la aplicación de protocolos estrictos (con el uso de trajes y áreas de aislamiento, el empleo de antivirales como Tamiflú de eficacia no probada y la promoción en masa de la vacuna).

Hasta hace poco, era frecuente que las grandes empresas farmacéuticas pagasen sobornos a los médicos para que recetasen sus medicamentos, aunque es una práctica que generalmente está mal vista y en muchos lugares es ilegal. Con el incremento de los controles sobre los médicos prescriptores, los laboratorios están desarrollando estrategias para apoyar económicamente, organizar congresos y reuniones con la Organizaciones de Enfermos para buscar el apoyo de los mismos y que presionen a los gobiernos para la financiación de determinados fármacos aunque no esté justificada su necesidad o tengan efectos adversos.

Los nuevos medicamentos incrementarán la desigualdad de salud

La industria farmacéutica ha convertido la enfermedad en un negocio. La globalización ha permitido extender su poder por el que deciden qué enfermedades y qué enfermos merecen cura. El 90% del presupuesto dedicado por las farmacéuticas para la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos está destinado a enfermedades que padecen un 10% de la población mundial (cáncer, artrosis, diabetes, trastornos de lípidos, hipertensión, etc.).

Actualmente la compañía farmacéutica Gilead está ganando ingentes beneficios gracias al tratamiento contra la hepatitis C, sofosbuvir al que al parecer puso el astronómico precio en España de 25.000 euros (80.000 dólares en USA).

El descubrimiento de la estructura del ADN y la biotecnología permitió producir nuevos fármacos (prostaglandinas, interferón, nuevas vacunas, el factor de coagulación sanguínea y muchos otros compuestos bioquímicos complejos) que antes eran difíciles o imposibles de fabricar. La ingeniería genética permite el desarrollo de nuevos fármacos de elevadísimo coste que los propios laboratorios consideran no van a poder ser utilizados por toda la población, pero que van a encarecer el coste de los servicios sanitarios cada vez más inaccesibles para la mayoría de la población. En la actualidad más de 2.000 millones de personas se ven privadas de su derecho a la salud.

La situación en España

Como sucede habitualmente en nuestro país los problemas solo alcanzan relevancia pública cuando se produce un estallido o una situación muy llamativa y así sucede con la política farmacéutica que ahora se ha puesto en cuestión con la crisis del tratamiento de la hepatitis C, y desde luego no se trata de una problemática que no haya sido abordada por múltiples actuaciones legislativas (leyes del medicamento 25/1990 y 29/2006, RDL 16/2012 y ley de reforma de la ley del medicamento 10/2013)

Para comprender los problemas de la política farmacéutica en nuestro país habría que tener en cuenta, además de lo señalado anteriormente, algunas cuestiones:

Primera, tenemos un gasto farmacéutico (GF) elevado y en parte escondido (los datos sobre gasto farmacéutico hospitalario permanecen ocultos y solo se conocen públicamente con muchos años de demora), si nos fijamos en las comparaciones públicas internacionales (Health Data 2014) podemos constatar que nuestro gasto farmacéutico se situaba por encima de la media de la OCDE (en $/ habitante en poder paritario de compra) y que si en 2012, último año para el que se ofrecen datos españoles el gasto farmacéutico se hubiera igualad al promedio de la OCDE se habrían gastado 1.162,5 millones $ ppc menos. Sabemos también que el gasto farmacéutico en recetas que era uno de los impulsores del crecimiento del GF se moderó durante algunos años, pero ha vuelto a incrementarse (1,95% de crecimiento en 2014 respecto al año anterior) y que el GF hospitalario no ha dejado de crecer incluso en los años en que disminuía el GF de recetas. Ese es el primer reto que afronta el sistema sanitario, controlar el GF y homologarnos cuando menos al promedio de la OCDE.

Segunda: el perfil de prescripción también es manifiestamente mejorable, por ejemplo el consumo de antibióticos es elevado (38% lo consumieron en el último año según el Eurobarómetro 2013) lo que favorece una elevada resistencia bacteriana (nos encontramos entre los países europeos con mayor porcentaje de resistencia a los antibióticos). Se han hecho muchas intervenciones al respecto, la primera de promoción de los genéricos que ha tenido un impacto muy importante con grandes diferencias según CCAA, y otras sobre la mejora del perfil de la prescripción de resultados mucho menos evidentes y con demasiada variabilidad.

Tercera, los grandes beneficios de la industria se complementan con la desatención de aquellos medicamentos que aun siendo efectivos tienen una baja rentabilidad (recientemente se ha denunciado que en España hay desabastecimiento de 170 medicamentos cuyo suministro no se asegura por las farmacéuticas porque tienen muy bajos precios y/o porque han desarrollado alguna alternativa de eficacia similar pero de mayor precio), lo que evidencia, una vez más que las farmacéuticas solo se preocupan por sus extraordinarios beneficios y no por la salud de la población.

Cuarta, los efectos secundarios de los medicamentos son más frecuentes de lo que se piensa, por ejemplo en Francia mueren 18.000 personas por efectos adversos y en España el número de muertes anuales triplica la de los accidentes de tráfico, por eso todas las autoridades sanitarias advierten respecto a la sobre-medicación de la población y a la necesidad de evaluar y reducir de manera estricta la utilización indebida (aquella en que los riesgos superan a los beneficios potenciales). También hay que tener presente que cuanto más nuevo es un medicamento menos conocimiento se tiene de sus efectos secundarios (especialmente los que son infrecuentes).

Quinta, medicamentos sino con el poder adquisitivo de las personas, así disuaden a los más enfermos y a los más pobres, reduciendo tanto los copagos establecen una barrera en el acceso que no se hace en relación con la utilidad de los la utilización inapropiada como la necesaria para el mantenimiento de la salud. Lógicamente la industria los aplaude porque así evita que las intervenciones se hagan sobre sus negocios.

La actuación sobre la política farmacéutica es necesariamente compleja, porque se trata de uno de los mayores entramados multinacionales que además tiene una fuerte concentración y funciona como un oligopolio, por lo que su influencia política y económica es muy grande, por otro lado la Agencia Europea del Medicamento (EMA) es la que tiene capacidad para la aprobación de los medicamentos que en España se reconocen de manera automática, quedando en manos de los países el establecimiento de los precios de venta al público y la financiación pública de los mismos.

Con estos condicionantes las claves de la actuación deberían ser:

Modificar los criterios de la financiación pública y la fijación de precios, para que estos incluyan criterios que tengan en cuenta los costes reales de la investigación y producción. Existen algunos mecanismos que deben de plantearse como las subastas de medicamentos para abaratar los precios, revisiones de los precios abusivos, los precios por equivalentes terapéuticos, los contratos de riesgos compartidos e incluso la denuncia de las patentes cuando las empresas quieran imponer precios abusivos e irracionales valiéndose de su situación de monopolio.

Garantizar el abastecimiento de los medicamentos eficaces, evitando los que se producen por intereses económicos de las empresas farmacéuticas, para ello es importante contar con una empresa pública farmacéutica que pueda asegurar la fabricación de los medicamentos necesarios.

Fomentar el uso racional del medicamento para lo que es precisa la creación de agencias de evaluación y una muy activa política sobre los prescriptores de formación y evaluación independiente de la industria, de utilización de la medicina basada en la evidencia y de prevención del uso inapropiado de los mismos.

Complementario a lo anterior es el control estricto del marketing y la información realizada por la industria y su financiación de eventos “científicos”.

Desarrollar la investigación pública tanto para orientarla hacia los principales problemas de salud como para desarrollar patentes públicas que permitan escapar de la asfixia económica de las patentes privadas. Eliminar los copagos del RDL 16/2012 para acabar con las barreras económicas para el acceso de medicamentos necesarios.

Algunas de estas medidas son fáciles de implementar y otras tienen una eficacia más a medio plazo, pero lo que es evidente es que hay que plantarle cara a la industria farmacéutica y anteponer el derecho a la salud a los desproporcionados beneficios empresariales.

Fuente: www.nuevatribuna.es – 1-9-17