Junta Nacional de Granos: el proyecto legislativo que teme la Sociedad Rural

Una Junta Nacional de Granos para “regular el mercado agropecuario y equiparar el ahorro con la inversión en beneficio de los argentinos”, es el objetivo del proyecto presentado —el 10 de marzo de este año— por la senadora rionegrina, Silvina García Larraburu (Frente de Todos) y así reeditar el organismo disuelto por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo. Desde el sector agropecuario, el expresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y exministro de Agricultura (Cambiemos), Luis Miguel Etchevehere, salió en rechazo de dicha propuesta.

García Larraburu, promueve la creación de una Junta Nacional de Granos el cual debería tener una vinculación con el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con el objetivo de “controlar el comercio de cereales, oleaginosas y subproductos, garantizar la provisión interna de los mismos, evitar los monocultivos y concientizar a los productores para que proyecten sus siembras en función de los saldos de exportación o importación de cada grano, garantizando la estabilidad interna de sus precios”.

Y además, “Desarrollar políticas que fomenten el aumento de valor agregado en las materias primas producidas en nuestro país; promover el empleo industrial, y favorecer a los pequeños y medianos productores”.

“Hace dos años he venido trabajando la temática desde mi mandato como Diputada. Comprendo lo imperioso de establecer reglas para equiparar el ahorro con la inversión y que así puedan beneficiarse todos los argentinos”, explicó la legisladora.

En ese sentido, García Larraburu recordó que “en el año 1991 se puso fin a la regulación, para que, con el beneficio de la desregulación la producción quedara en manos de privados, quienes generalmente responden a intereses foráneos o particulares”.

Por su parte, el exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Etchevehere, y empresario del agro, escribió quejándose en su cuenta de Twitter: “Duplicaron las retenciones, desdoblaron tipo de cambio, se resisten a firmar tratados de comercio, y ahora proyecto de Junta de Granos. Todo lleva a la decadencia y la generación de pobreza”.

También se hizo eco del proyecto, otro histórico productor agropecuario y ex funcionario de Cambiemos, Ricardo Buryaile, quien se ofuscó diciendo que “estas ideas atrasan 50 años”.

Entre las funciones y atribuciones de la Junta Nacional de Granos, se destacan: “Ejercer el control de todas las instituciones o entidades que intervengan directa o indirectamente en el comercio interno o externo de granos y sus subproductos, las que deberán ajustar sus actividades a lo dispuesto en esta Ley y a las reglamentaciones pertinentes que expida el Poder Ejecutivo; autorizar y controlar el funcionamiento de todos los medios que se utilicen en el comercio de granos y sus subproductos para pesar, medir, mejorar, conservar y analizar los mismos”.

Asimismo, la Junta tendría como misión, “fiscalizar el pesaje de los granos en el acto de la entrega o recepción, en cualquier etapa de su comercialización, manipulación o transporte; realizar las investigaciones necesarias para comprobar que no se viole normativa alguna relativa a la producción, comercio e industrialización de granos y sus subproductos, y en su caso, formular las denuncias pertinentes, y autorizar la carga o el embarque de granos y sus subproductos, que se exporten, debiendo prohibirlo cuando la mercadería o las operaciones respectivas no se ajusten a las disposiciones vigentes”.

La Junta Nacional de Granos, anteriormente llamada “Junta Reguladora de Granos”, cobró relevancia durante el primer mandato de Juan Domingo Perón cuando cambió su nombre por el de Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) cumpliendo el rol de sostener los precios para el productor ante la baja del valor internacional. De esa manera, el organismo brindaba divisas al Estado para invertirlos en otras áreas. Se había logrado entonces la nacionalización del comercio exterior, beneficiando los intereses del pueblo argentino.

Cabe mencionar que la “Junta Reguladora de Granos”, fue un ente estatal de regulación del mercado de granos en Argentina, fundado en 1933 bajo el gobierno de facto de Agustín P. Justo. Esa junta compraba el trigo, el maíz y el lino que se le ofreciera a precios establecidos por el Gobierno para venderlos a los exportadores. Si las operaciones dieran lugar a quebrantos, se cubrirían con recursos del Fondo de Cambios del Banco de la Nación. El propósito consistía en que los agricultores tuvieran precios compensatorios.