El juez federal Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó hoy al ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno por la supuesta manipulación de los datos del Indec desde 2007. Dijo que no hay pruebas y que se trata de “una cuestión política, no justiciable”. La misma resolución abarca a sus ex colaboradores Beatriz Paglieri (ex titular del Índice de Precios al Consumidor), Ana María Edwin (ex titular del INDEC), Marcela Filia y Celeste Avellaneda.
Moreno fue indagado en agosto del año pasado y negó haber influido en los funcionarios del área para “dibujar” los índices que emanaban del INDEC. Para entonces, la denuncia realizada por una asociación civil ya tenía más de una década.
El ex funcionario estaba acusado de “haber instigado indebidamente mediante exigencias verbales y por escrito en forma directa y por interpósita persona en abuso de las funciones públicas que le fueran asignadas a funcionarios del INDEC, a la realización de cambios metodológicos y a la entrega ilegítima de datos primarios secretos”.
Concretamente, según la denuncia original, de 2007, a la que se le sumaron otras denuncias similares, Moreno le había pedido a la entonces directora del IPC, Graciela Bevacqua, que le relevara datos de los comercios sobre los cuales se efectuaban los estudios de campo, episodio que le costó el cargo.
El fiscal Carlos Stornelli pidió, en su momento, procesar al ex funcionario K por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, falsedad ideológica de un instrumento público y la destrucción de documentos oficiales. Además de montar una maniobra para controlar el IPC, el fiscal también lo acusó por la utilización de un parche informático que colocaba topes de precios.
Pero el juez entendió que no había pruebas suficientes para procesarlo. Sobre la supuesta manipulación maliciosa de los datos estadísticos, con el objeto de disminuir la cifra de variación del denominado IPC (Índice de Precios al Consumidor), Canicoba determinó que “tampoco existen elementos de convicción suficientes como para determinar la efectiva existencia de esos hechos y la participación de los imputados indagados”.
“No hay ningún elemento probatorio que permita afirmar que Moreno dio órdenes dentro del ámbito de ese instituto, tales como que se produzca un cambio en la forma de medición del IPC o en la Metodología 13 vigente. De hecho ningún testigo manifestó haberlo visto en alguna oficina del instituto en alguna oportunidad”, dice la resolución de más de 100 carillas a la que tuvo acceso Infobae.
Es más, para el juez se trata de una cuestión “política no justiciable, donde el gobierno de turno a través del Ministerio e instituciones correspondientes, decide como corresponde según un metodología y no una ley, a su criterio la forma de medición de los índices que luego le permitirán a su saber desarrollar su política económica”.
Sobre el final de la resolución hizo una llamado de atención al Congreso: “Debo decir que llama la atención que el Poder Legislativo no haya evaluado la pertinencia de la sanción de una norma en la que se establezca legalmente el método por intermedio del cual se deberían efectuar las mediciones estadísticas a cargo del INDEC, así como también de la creación de un organismo auditor de las mismas para su control”.
Fuente: Infobae
