El fiscal federal Ramiro González imputó hoy a los ex jefes de la AFI durante la gestión de “Juntos por el Cambio”, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por la venta ilegal y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes. También quedó imputado el ex titular de la Dirección de Seguridad de la AFI, cuyo nombre se mantiene en reserva en virtud de la ley de inteligencia.
El fiscal le solicitó al juez federal Daniel Rafecas que disponga una serie de medidas de prueba para iniciar la investigación, entre ellas una tasación del armamento cuestionado.
La causa se abrió a partir de una denuncia formulada por la actual titular de la AFI, Cristina Caamaño, que sostuvo que la gestión pasada “autorizó y procedió a la venta de armamento de fuego de distinto calibre que integraba el patrimonio de la Agencia, a funcionarios y agentes en actividad, a un precio irrisorio y con ínfimos requisitos en cuanto a las condiciones necesarias para acceder a dicho negocio jurídico”. En la denuncia se aludió a dos resoluciones dictadas por Arribas, en agosto de 2017 y diciembre de 2018, la que estarían“carentes absolutamente de sustento jurídico y fáctico”.
“La puesta en venta del armamento de fuego no se encuentra dentro de las competencias, y menos aún, dentro de las facultades de la Dirección General, independientemente de que se encuentre en desuso”, explicó.
De acuerdo a Télam, el área de Seguridad de la AFI cotizó las armas en su valor en dólares y los agentes las pagaron en pesos entre 3.900 y 7.900 pesos por unidad, un valor que no alcanzó ni el 20% de su cotización en el mercado para las pistolas FM Browning 9 milímetros, escopeta Beretta y pistolas Smith Wesson, pistolas Beretta, Glock y revólveres Colt Detective, Ruger y Colt Trooper. Este lote fue parte de una primera operación en tanto que en 2018 hubo una segunda venta de otras 38 armas “bajo la misma modalidad”.
