Al igual que gran parte del elenco de Cambiemos, el responsable de la detención de Milagro Sala, Gerardo Morales, se queda sin argumentos ante preguntas simples y sencillas que apelan a lo que debería ser el sentido común dentro de un Estado de derecho. Ante la carencia obvia de fundamentos el vergonzoso recurso es siempre el mismo: la descalificación. Compartimos la entrevista:
La detención permanente
Por Horacio Verbitsky
El martes 1 de marzo, el contador público Gerardo Morales accedió a discutir acerca de la situación de la dirigente indígena Milagro Sala, detenida por orden de su gobierno. Su franqueza es tan ostensible como la escasez de argumentos jurídicos para explicar un hecho tan escandaloso. Éste es el diálogo grabado al regreso de Morales a Jujuy, luego de la Asamblea Legislativa en la que el presidente Maurizio Macrì inauguró el periodo de sesiones ordinarias del Congreso:
–¿Hasta cuándo piensa tener privada ilegalmente de la libertad a Milagro Sala?
–Ese no es un tema que maneje yo.
–Vamos gobernador, hablemos en serio.
–Hablamos en serio…
–Usted y yo sabemos que lo maneja usted.
–Hablamos en serio, Verbitsky.
–Es público que lo maneja usted.
–Hablamos en serio.
–Es su fiscal de estado el que hizo la denuncia.
–Claro bueno, obvio, ha robado mucho esta gente.
–Es una ex diputada radical a cargo del Superior Tribunal la que designa a su yerno para llevar la causa.
–Ha robado mucho esta gente.
–Eso hay que probarlo.
–La fiscal y todos los jueces fueron designados por Fellner, el anterior gobernador. Todos.
–Pero al juez que interviene en el caso lo designa la presidente del tribunal, que fue diputada radical.
–Es un poco increíble que me haga cargo a mí, en 40 días, de controlar la justicia, es insostenible ese argumento.
–Creo que no.
–Me ofende eso que me dice.
–La denuncia la hizo usted.
–Sí, bueno, obvio. ¡Si se han robado todo! ¡Se han robado todo!
–Habilitan feria fuera de horario…
–Se han robado todo …
–La orden de detención la firman a la madrugada.
–Se han robado todo.
–Eso es lo que habría que probar: si se han robado todo tiene que probarlo.
–Eso tiene que hablarlo con el juez. Ya que está acá puede hablar con todos.
–¿Privarla de la libertad como primera medida, le parece que está en la tradición democrática y republicana de su partido radical?
–Podría haber designado 35 jueces pero me opuse a eso, y ahora estamos concursando los jueces inferiores.
–Pero en la primera semana de gobierno amplió de cinco a nueve el número de miembros del Superior Tribunal de Justicia. Es lo mismo que hizo Menem en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
–Bueno pero fue para poner en marcha un sistema de concursos…la razón política es esa. La verdad es esa.
–Amplió el Superior Tribunal de Justicia y designó cuatro sobre nueve.
–Votado por el Frente para la Victoria, lo que habla muy bien de la propuesta que hice. Lo votó todo el bloque del Frente para la Victoria. Y la razón por la que aumenté los miembros de la corte es porque la vieja corte se oponía a los concursos de antecedentes y oposición: quería una justicia manejada, que es lo que nosotros no queremos.
–¿A usted no la preocupa tener una persona privada ilegalmente de la libertad?
–Es un tema que maneja la justicia.
–Eso no es así. Esa justicia se maneja por izquierda.
–Lo que hubo además fue un intento de golpe de estado, destituyente.
–¿Golpe de estado por un acampe en la plaza, con mujeres y chicos?
–No era un acampe en una plaza, han cortado 50 días las calles.
–Un golpe de estado es otra cosa, Morales.
–Verbitsky, no vive usted acá en Jujuy.
–No vivo pero conozco.
–Han violentado, han participado de homicidios.
–¡Pero esas cosas hay que probarlas!
–Pedraza está preso por algo como lo que ha hecho Milagro Sala. Mando a usurpar y lo mataron al Pato Condorí.
–Pedraza fue juzgado, tuvo derecho de defensa, fue condenado y la cámara de apelaciones confirmó la condena.
–Pero había acá una justicia que era manejada inclusive por Milagro Sala. Que manejó, que violó derechos humanos, de todo. No conoce toda la realidad eh… Ahora hay justicia independiente, recién ahora.
–Espero que no les toque a ustedes este tipo de privación ilegal de la libertad. No es bueno cuando le toca a nadie, porque después…
–… si no se cometen delitos…
–Me refiero a la privación ilegal de la libertad.
–Han violado sistemáticamente los derechos humanos.
–Eso hay que juzgarlo y ustedes comienzan por la detención.
–Hay 60 demandas penales. Hay un juez que denuncié porque escondía todas las causas, cajoneaban todo.
–Puede haber 60 o 600, pero eso hay que juzgarlo, no se puede detener sin juicio.
–Tenían mucho miedo los jueces, había mucha violencia.
–Ahora tienen miedo los movimientos sociales.
–No, para nada, desde el primer momento les di todas las garantías, que se las estamos dando. Porque, detrás de este quilombo hay mucha gente. Les estamos dando todas las garantías. El otro tema hay que hablarlo con la justicia.
–Lo hablo con quien dio la orden.
–Di la orden de demandar.
–Se habilita la feria judicial, se actúa de noche, se firma la orden de detención a la madrugada, como si se estuviera cometiendo un delito, por hechos que ocurrieron hace cuatro o cinco años.
–¡Se robó de todo! Calculamos que se deben haber robado 2500 viviendas.
–Eso es lo que debe probarse.
–Obvio que se está probando. Usted que la ve, dígale que devuelva la plata. No aparecen los últimos 29 millones.
–Esas son las cosas que hay que probar.
–Chau.
Una estrategia
Cuando Milagro Sala se aproxima al segundo mes de detención, la estrategia del contador Morales es clara: cada vez que se vencen los plazos para decidir y se impone dejarla en libertad, una nueva denuncia por un delito distinto permite prolongar el arresto. Tardé en entender qué tenía entre cejas Morales cuando me dijo que había 60 demandas penales contra Milagro: las irá desempolvando de a una, con el propósito de mantener en forma indefinida su privación ilegal de la libertad. La decisión de someter a Milagro Sala y pulverizar su organización se definió en 2009, cuando Morales era senador nacional, y cuenta con la adhesión de sectores significativos del justicialismo, porque la Túpac fue una espina clavada en ambos lados del bipartidismo provincial. Morales dice Tupác Amarú, como pronunciaban los colonizadores españoles. Así lo aprendieron desde hace siglo y medio los niños porteños en las escuelas públicas del positivismo encargadas, junto con el Ejército y su servicio obligatorio, de homogeneizar a la inmigración europea. Milagro Sala y sus compañeros dicen Tupac Amaru, como los aymaras y el mundo andino. La desavenencia lingüística proviene de un abismo cultural, con componentes sociales, económicos y políticos. Milagro Sala dice que antes que argentina es americana y reivindica la historia anterior a la llegada de Colón. Del otro lado de ese abismo cultural se reagrupan justicialistas y radicales. El principal aliado de Morales en su cruzada contra el demonio tupaquero fue desde 2009 el ex senador y ex vicegobernador justicialista Guillermo Jenefes, un empresario de medios de comunicación que colocó a su hermano Sergio como juez del Superior Tribunal, pese a que la CTA y los organismos defensores de los derechos humanos recordaron su actuación como subsecretario de Desarrollo Social durante la dictadura. En un pedido de informes al Senado, Morales sostuvo con sinceridad que la Túpac Amaru tiene tal poder que “es una suerte de contrapeso relativo de los poderes económicos, en la práctica política”. Bien lo saben Carlos Pedro Blaquier y su ingenio Ledesma. La Túpac Amaru respondió que Morales sólo tenía una casita cuando comenzó su carrera política. Pero que ya en 2009 habría poseído mediante testaferros el hotel Panorama, dos edificios en construcción, varios departamentos y terrenos, en Jujuy y Córdoba, plantaciones de soja en Santiago del Estero, una financiera en Buenos Aires y una FM trucha subsidiada por el gobierno provincial. Morales replicó que no producía soja, ni en forma directa ni a través de otra persona. Pero no negó que su hermano fuera titular de inversiones en esa actividad. Ya se trate de Jenefes o de Morales, la política y los negocios forman una trama de intereses que se ponen incandescentes ante cualquier intento de transformación. Morales dijo entonces que muchos dirigentes del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical “no estamos dispuestos a soportar lo que está pasando en Jujuy”.
Estas palabras fueron recordadas en octubre de 2013, cuando una caminata electoral del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular, encabezada por Milagro Sala, fue atacada a tiros en el barrio Mariano Moreno de la capital jujeña. Morales dijo que había sido un enfrentamiento entre mafias, pero el fiscal Aldo Hernán Lozano sostuvo que se trató de una emboscada con intención de matar y calificó la causa como tentativa de homicidio. En conferencia de prensa junto al intendente de la capital Raúl Chuli Jorge, Morales identificó a varios de los agresores, pese a que el fiscal había pedido que se mantuviera el secreto porque estaban prófugos. Según el abogado de la Túpac Luis Paz cuando “los militantes hicieron un escudo de protección a Milagro” dos de sus integrantes fueron heridos de bala. Raúl Noro informó luego que uno de los agresores, Cristian Mario Llanes, era empleado del municipio en manos de la UCR. El juicio comenzó en octubre pasado. Varios acusados fueron absueltos pero el tribunal condenó a cinco años y medio de prisión a Alejandro Sequeiros. Según dirigentes de la Túpac, es cuñado de la ex diputada radical y dirigente del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy, Natalia Sarapura, quien durante la última campaña organizó las ceremonias a la Pachamama para Morales y Macrì en Humahuaca y Purmamarca.
El problema son las repercusiones nacionales e internacionales de tener a Milagro Sala a disposición del Poder Ejecutivo, a través de su fuerza de tareas judiciales. Los abogados de Milagro denunciaron por ese delito a la fiscal y a los jueces que intervinieron. Si la próxima semana la diputada al Parlasur no puede ocupar su banca en la sesión inaugural en Montevideo el Estado nacional será responsable. El CELS, Amnesty y la Asociación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) pidieron una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también denunciaron la situación ante el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, que ya trasladó la presentación al gobierno para que la deje en libertad o fundamente sus razones. El ministro de Justicia Germán Garavano declaró que Jujuy era una jurisdicción autónoma y que no había que interferir con la justicia. Garavano no es un ignorante que recién se espabila por los prodigios de Internet, sino un hombre con suficiente formación jurídica como para no ignorar que el Poder Ejecutivo es el representante ante la comunidad internacional de todas las jurisdicciones que integran el Estado Nacional. Pero más allá de esa declaración ñoña, el gobierno nacional empieza a recalcular los costos que puede tener este escarmiento disciplinador de los movimientos sociales.
El secretario de derechos humanos Claudio Avruj admitió que él había enviado a las dos personas que visitaron a Milagro, pero dijo que obedecía a la preocupación de Macrì por la salud de la prisionera. La ex diputada radical que hoy preside el Superior Tribunal de Justicia, Clara de Langhe de Falcone, anunció durante toda la semana que el viernes se realizaría por primera vez un acto de inauguración del año judicial. Podría pensarse como una imitación de las pomposas ceremonias en las que pronuncia sus homilías el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Según la información oficial asistirían altas autoridades nacionales, como el ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano y la encargada de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. La ilusión se desvaneció cuando la única representación nacional fue la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez. En cambio Falcone fue flanqueada en el escenario del teatro Mitre por el gobernador radical Morales y su vicegobernador massista Carlos Haquim, el muy probable próximo presidente del justicialismo jujeño, gráfica representación del caduco bipartidismo que condujo a la crisis de fin de siglo y que Morales intenta recomponer para seguir gobernando a espaldas de la sociedad, como si nada hubiera cambiado. A diferencia de lo que ocurre en la Corte Suprema nacional, en Jujuy la palabra la tuvo el gobernador Morales. Sin advertir la ironía celebró el valor para el sistema democrático de una justicia independiente. En su perorata, la jueza Falcone dijo que “la Justicia está en crisis porque los ciudadanos no creen en ella” y que su tarea sería “conseguir que la gente vuelva a confiar en la Justicia”. Por ese camino, difícil que el chancho chifle.
Justicia express
Aliado con el macrismo y con la fracción que Sergio Massa desgajó del justicialismo, Morales asumió la gobernación a las seis de la tarde del 10 de diciembre. En su discurso inaugural anunció que se proponía “profundizar la independencia del Poder Judicial” (sic). El 11 convocó a sesiones extraordinarias y a mediodía envió a la Legislatura el proyecto de ampliación del Superior Tribunal de Justicia, de cinco a nueve miembros, para generar “resultados óptimos”. El 15 la Legislatura lo convirtió en ley por 25 a 21, es decir con la oposición del Frente para la Victoria, pese a que el contador Morales pretende que acompañó la ampliación. Entre los 25 votos afirmativos estuvieron los de los diputados radicales Pablo Baca y Beatriz Altamirano. El 16, Morales designó para integrar el tribunal a los mismos Baca y Altamirano, al ex candidato radical a la vicegobernación Federico Francisco Otaola y a su amiga la jueza Laura Lamas. El 17 a las 10 de la mañana, Baca y Altamirano presentaron su renuncia a la Legislatura, Baca en papel con membrete del bloque radical y ambos con sus sellos como diputados por la UCR. A las diez de la noche se presentaron ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, que no había sido integrada por la Legislatura al renovarse los diputados como exige el reglamento. Sin embargo, fue formada de facto por siete diputados del oficialismo. Ni siquiera a ellos les enviaron los antecedentes de los nuevos jueces. Baca argumentó que no era necesario dado que eran muy conocidos por todos. A las 3.36 de la madrugada la Legislatura les dio el acuerdo y asumieron sus cargos ocho horas después, a mediodía del viernes 18. Para lograr que Jujuy tuviera una justicia express, la más rápida del país, se violaron todos los plazos reglamentarios, con sesiones convocadas el domingo 13 a la noche, sin la mayoría calificada necesaria para abreviar los términos en caso de urgencia, que nadie siquiera intentó fundamentar. Por ejemplo, antes de que un proyecto pase a la comisión correspondiente, el reglamento dispone que deben transcurrir siete días hábiles para que los diputados puedan formular observaciones al giro dispuesto para los expedientes, más otros tres días hábiles para responder a esas objeciones. Este plazo de dos semanas calendarias se redujo a un par de días, en demostración del decisionismo del contador Morales.
La Constitución de Jujuy fue tan maltratada como el reglamento de la Legislatura. Su artículo 152 obliga a que cuando se traten proyectos de ley vinculados con la administración de Justicia, los otros dos poderes requieran obligatoriamente la opinión del Superior Tribunal “durante la elaboración del proyecto”. Morales se limitó a enviarle el proyecto de ampliación ya elaborado y no lo modificó pese a la objeción que le enviaron cuatro de sus cinco miembros. Según José Manuel del Campo, Sergio González, María Silvia Bernal y Sergio Jenefes (todos ellos justicialistas) para la designación de nuevos integrantes del cuerpo debería seguirse un procedimiento de impugnaciones y audiencias públicas como el que rige en la Nación. Como fundamento citaron al propio contador Morales, cuando envió el proyecto de selección de funcionarios judiciales por concurso, para “evitar que el amiguismo o el compromiso político sean las razones que determinen la elección y designación de los miembros del Poder Judicial, a fin de que lo que se evalúe sea la capacidad, idoneidad, valores morales de los concursantes, así como el respeto por las instituciones”. Sabían de qué hablaban: Del Campo es pariente y amigo del ex gobernador Eduardo Fellner, González integró su Tribunal de Cuentas, Bernal fue su fiscal de Estado y Jenefes es hermano de su vicegobernador Guillermo Jenefes. En cambio, la ex diputada radical Clara De Langhe de Falcone, nominada para integrar el tribunal por Morales cuando era jefe de la oposición, y elegida para presidirla por sus pares en cuanto se conocieron los resultados electorales, respondió que le parecía la mejor idea posible. Para ella sin dudas lo es: una vez votada la ampliación la Legislatura sancionó otro proyecto del Poder Ejecutivo que dividió al tribunal en salas de dos miembros cada una, pero todas presididas por ella. Como presidente del cuerpo, la ex diputada radical integrará las salas penal, civil, contencioso administrativa y laboral. Su disposición es absoluta. El 24 de febrero le confesó al diario El Tribuno que “el gobernador me llamó y me dijo que en agosto tengo que tener todos los juzgados en movimiento”. También defendió la detención de Milagro Sala, dispuesta por el padre de sus nietos, porque “la sociedad opina que esto no podía seguir. Había un gobierno paralelo y esta situación se dio por la ausencia del Estado”. Algo es cierto: nunca el Estado estuvo más presente que ahora, para violar los derechos y garantías fundamentales y convertir a la cabeza del Poder Judicial en una dependencia a cargo de la protocolización de los actos del contador Morales.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-293904-2016-03-06.html