Francia prohibió el “lenguaje inclusivo” en todas las escuelas: “constituye un obstáculo para la lectura y la comprensión de la escritura”

El Gobierno francés dio a conocer un documento en el que expresa de manera taxativa que el “lenguaje inclusivo” constituye un “obstáculo para la lectura y la comprensión de la escritura” de los alumnos, por lo que “no debe ser utilizado”. A través de una circular, el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, prohibió la utilización del llamado “lenguaje inclusivo” en todas las escuelas y establecimientos dependientes de ese área del gobierno. De acuerdo al funcionario, “la lengua francesa no debe ser triturada ni dañada”, ya que la adopción de la “écriture inclusive” (escritura inclusiva) modifica el respeto de las reglas de concordancia “habitualmente esperadas en el marco de los programas de enseñanza” y añadió: “En el contexto de la docencia, el cumplimiento de las reglas gramaticales y sintácticas es fundamental”.

La circular fue dirigida a los rectores de la academia, a los directores de la administración central y al personal del Ministerio de Educación Nacional.

El lenguaje inclusivo nació dentro de círculos feministas en Francia, por considerar que el lenguaje masculino “no es neutro” e implica una “invisibilización” de las mujeres. Sin embargo, el ministro de Educación francés sostuvo que esa forma de conjugar “constituye un obstáculo a la comprensión de la escritura”, además de afectar a la lectura en voz alta y a la pronunciación.

En el texto publicado el miércoles en el Boletín Oficial, el ministro destaca que se ven especialmente perjudicados los niños con discapacidades o con problemas de aprendizaje, paradójicamente contradiciendo la supuesta inclusividad.

Para Blanquer, el correcto aprendizaje y el buen dominio del francés “contribuyen a luchar contra los estereotipos y garantizan la igualdad de oportunidades de todos los alumnos”.

El ministro siguió la línea de la Academia Francesa de la Lengua, que en octubre de 2017 consideró al “lenguaje inclusivo” una “aberración”. Luego de esa declaración, el entonces primer ministro, Édouard Philippe, ordenó prohibirlo en los textos oficiales del Estado.