Nuevamente el régimen macrista avanzó contra las libertades públicas y ordenó encarcelar a los dueños del principal (y único) canal de televisión opositor del país, C5N. Lo hizo a través de la Cámara Federal de Casación Penal, un tribunal con dos jueces sirvientes del Poder Ejecutivo, como Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, el que ordenó la “inmediata detención” de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa y su procesamiento por “administración fraudulenta agravada”, por el no pago al fisco que la petrolera Oil Combustibles obtuvo como agente de retención del impuesto a los combustibles líquidos, igual situación de deuda a la AFIP que tienen cantidad de empresas del país, entre ellas el propio Grupo Macri con el desfalco realizado en el Correo Argentino.
En este Poder Judicial “a la carta” de Macri, se dictó también el agravamiento de la acusación mediante el cambio de carátula, pedido el día anterior por el fiscal macrista Raúl Pleé. La jueza Ana María Figueroa, que votó en disidencia, consideró que no había ningún motivo que justificara la intervención de Casación y priorizó “respetar siempre el debido proceso y las garantías constitucionales y convencionales en todo juicio penal”. Los empresarios se entregaron al atardecer en el edificio Centinela.
¿Quiénes son los jueces serviciales Gustavo Hornos y Eduardo Riggi?
El juez Eduardo Riggi dio sus primeros pasos en el ámbito judicial en la Cámara Federal en lo Penal, tribunal creado por el dictador Alejandro Agustín Lanusse, fue cesanteado por el gobierno de Héctor Cámpora, pero en 1978 fue nombrado juez por el dictador Jorge Rafael Videla. Por su parte, el magistrado Gustavo Hornos es hijo de un coronel del Ejército, nació en Córdoba en 1957 y a los 21 años, plena dictadura, ingresó al Poder Judicial. Fue designado fiscal en lo Criminal y Correccional Federal a fines de 1990. En 1995 fue nombrado juez de Casación. Hoy son parte del pelotón de fusilamiento judicial de Mauricio Macri.
El encarcelamiento de Cristóbal López y Fabián de Sousa se produce a pocos días de la intervención del principal partido de oposición del país y con decenas de presos políticos. ¿Qué seguirá a esta profundización del autoritarismo? El siguiente turno podría tocarle al dueño en la práctica de Página/12, el sindicalista Víctor Santa María, sobre el cual ya el diario del Establishment, La Nación, ha venido lanzando sus encendidas diatribas. El mismo Cristóbal López había afirmado que en realidad el objetivo es Cristina Kirchner, quien actualmente es senadora nacional y sobre la que la élite empresaria argentina duda si encarcelar o no (previo necesario acuerdo con el senador Pichetto y los gobernadores) ya que un encarcelamiento de la principal líder de oposición podría también victimizarla y fortalecerla y el verdadero objetivo dados los acuerdos internacionales de Macri es evitar a cualquier precio el retorno de un gobierno de tipo nacional y popular o “populista” en la jerga liberal. Lo único cierto es que mientras la economía se cae a pedazos (ya habla de “fase crítica” hasta el elitista Instituto Internacional de Finanzas (IIF)), el régimen macrista solo tiene para ofrecer a sus desencantados votantes prisión para sus enemigos políticos.
