El Ministerio de Género gastará $26 millones en “catering para eventos”, mientras aumenta el número de mujeres asesinadas en la Argentina

El ministerio de “Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación”, dirigido por Elizabeth Gómez Alcorta abrió la licitación de catering, con una contratación estimada en $ 25.9 millones de pesos en seis meses, ampliables a $ 51.8 millones en caso de prórroga por otro semestre, a razón de $ 8.6 millones de pesos de fondos públicos por mes, con el objetivo de servir a las funcionarias en eventos varios.

La contratación se realiza de acuerdo a la Licitación Pública 0001/2021 del Ministerio, publicada el 8 de febrero de 2021 en el Boletín Oficial, con base en el expediente EX2021-06086246, disposición número DI-2021-4-APN-SSGA#MMGYD, la que se puede descargar de la web oficial Comprar.gob.ar a través de este enlace.

En la misma, se requiere que la empresa contratada tenga “capacidad para la realización de eventos gastronómicos” y “antecedentes de haber prestado eventos de al menos 200 personas en el ámbito público o privado en los últimos 3 años”, con el objeto de brindarle a las funcionarias servicios de “coffee breaks”, “lunch”, etc.

$ 9 millones de pesos por mes destinados a este tipo de objetivos contrastan con la realidad que, por lo menos en teoría, dio origen a este “Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad”: en 2021 siguió aumentando la cifra de mujeres asesinadas, a razón de 1 cada 22hs, según informa la agencia oficial Telam, mientras en 2020 eran 1 cada 29hs, una cifra a su vez superior a la de años anteriores. El 76 % de estos asesinatos fueron cometido por parejas, ex parejas o familiares de la víctima. No parece que la financiación millonaria de eventos feministas, la “capacitación obligatoria en perspectiva de género” que dispone la Ley Micaela para todas las instancias del Estado, ni las teorías Queer de “autopercepción de género” y “deconstrucción” de las “heteronormatividades”, estén dando algún resultado, máxime cuando quienes se aferran a dichas teorías antropológicas se han venido oponiendo a nivel legislativo al endurecimiento de penas para violadores y agresores sexuales.

La intelectual feminista Rita Segato, admitió de hecho esta contradicción en una declaración ante el Senado en 2017 en la que se opuso a privar de salidas transitorias y libertad condicional a los condenados por delitos graves, como delitos contra la integridad sexual, violación, trata de personas, narcotráfico, etc.: “En mi posición que es la de alguien que es feminista y anti carcelaria, entonces la combinación (…) me lleva a una contradicción que es muy difícil de resolver, en mi propia conciencia personal, es decir, cómo ser feminista y también antipunitivista, anticarcelaria (…) Estuve el año pasado en Sudáfrica en una reunión de feminismo anticarcelario que es un tema muy difícil de pensar (…) La mayor parte de las agresiones sexuales no pueden ser transformadas en crimen porque constituyen el mundo y la forma en que vivimos (…) El modus operandi es sexual, pero no el móvil del crimen. Lo más paradójico es que el agresor es un moralizador”. Similares posturas asumieron otras entidades, como el CELS.

En aquella oportunidad, se opusieron los diputados del Frente de Izquierda Pablo López, Soledad Sosa, Juan Carlos Giordano, Nathalia González; Araceli Ferreyra, del Movimiento Evita; Alcira Argumedo de Proyecto Sur; Julio Raffo de Diálogo y Trabajo y Jorge Taboada de Chubut Somos Todos.

El “Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad” tiene asignado para el año 2021 un presupuesto de $ 6.205 millones de pesos, un monto trece veces mayor al destinado en 2019 al organismo que lo antecedió, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM).

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