El abogado de Magnetto será el nuevo Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Ricardo Lorenzetti deja de ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia, cargo que ejercía desde 2007. Será reemplazado por Elena Highton de Nolasco, hasta que asuma el juez Carlos Rosenkrantz a partir del 1 de octubre de 2018, un histórico abogado de las corporaciones y especialmente del Grupo Clarín.

Además de Héctor Magnetto, quien festeja el cambio es Elisa Carrió, quien mantiene una interna con Lorenzetti desde hace años. “Gracias a Dios”, dijo la dirigente de la Coalición Cívica: “Es un milagro. Se terminó la impunidad y la extorsión”.

Macri había intentado nombrar a Rosenkrantz por decreto al inicio de su gestión. El escándalo que desató la medida hizo que finalmente fuera el Senado quien aprobara sus pliegos y lo convirtiera en juez de la Suprema Corte en junio de 2016.

Rosenkrantz representa en la Corte Suprema el poder de las principales corporaciones del país y de los EEUU. Muy cercano a la Embajada norteamericana, fue miembro de la Comisión Fulbright, entre los años 2013 a 2015. Fue asesor del “Programa para la Justicia” del Banco Mundial.

Como abogado del estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, fue defensor de los intereses corporativos de Cablevisión, Grupo Clarín, La Nación, La Rural, CARBAP, YPF, PanAmerican Energy, América TV, Claro, firmas que eran del Grupo Macri, como GNC Galileo y varias empresas del ex vicejefe de gabinete, Mario Quintana, como el fondo Pegasus, Farmacity, Freddo y Musimundo y empresas norteamericanas como Dow Chemical Company o McDonald’s.


Rosenkrantz en la Embajada de los EEUU

Rosenkrantz es también el juez ideal para una etapa de mayor represión. Ha manifestado que “una protesta que incluya un corte (de calle, ruta, etc.) configura un delito”. “En la Argentina, al menos del modo en que yo lo veo, piquetear una ruta o autopista es un delito”, afirma en un artículo titulado La pobreza, la ley y la constitución. Mientras que, en su opinión, derechos económicos y sociales como salud, vivienda, educación, no son exigibles ante los tribunales, ya que “los tribunales carecen del equipamiento institucional necesario para tratar con problemas de tan largo alcance y tanta dimensión como el problema de la pobreza en una sociedad”.

La página oficial de su estudio borró el listado de corporaciones a las que venía representando. Aquí la compartimos desde una captura de pantalla:

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