Macri y la cúpula de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fueron denunciados penalmente por las operatorias ilegales que realiza la AFI, entre ellas haber “visitado” con los agentes Juan Sebastián De Stefano y Fernando Di Pascuale al juez Luis Carzoglio para hacerle saber que el Gobierno necesitaba que apresara al dirigente sindical Pablo Moyano, llegando al extremo de enviarle la orden de detención ya redactada.
En la denuncia se menciona que funcionarios de la AFI “habían mantenido reuniones con el juez de garantías del Departamento Judicial Lanús/Avellaneda, Luis Carzoglio, quien confirmó, posteriormente, que los agentes se reunieron con él para informarle que el presidente (Macri) estaba interesado en la causa que llevaba adelante contra el señor Pablo Moyano y que tenía una obsesión: su detención”. También se expresa que “en ese marco tomamos conocimiento de hechos de gravedad institucional, que no guardan relación con las funciones y competencia del órgano parlamentario, y que pueden configurar delitos de orden público que nos obligan a denunciarlos conforme las prescripciones legales que rigen para los funcionarios públicos”, ya que “no se trata de información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior, ni de inteligencia criminal referida delitos federales complejos, terrorismo, narcotráfico, delitos contra el orden económico y financiero, o contra el orden constitucional, que son las funciones excluyentes de la AFI, organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional”.
De los agentes mencionados, uno es el Jefe de Legales de la AFI (De Stéfano) y el otro es Jefe de Finanzas y especialista en prevención de lavado de dinero (Di Pascuale). Ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos y Actividades de Inteligencia, Majdalani y Arribas reconocieron que estos funcionarios habían “visitado” al juez, pero bajo la coartada de querer “controlar presuntos disturbios en caso de que se llamara a un paro nacional”, explicación un tanto naif que no fue aceptada por los miembros de la Comisión Bicameral, ya que además de poco creíble no se inserta en el Plan de Inteligencia Nacional, sino más bien en un accionar delictivo dentro de una operación política.
El propio juez de Garantías de Avellaneda, Carzoglio, había relatado que el interés de los agentes estaba vinculada al interés de Macri por apresar a Pablo Moyano y que “le anticiparon que iban a enviarle un borrador con la orden de detención ya redactada”, lo que efectivamente terminó ocurriendo. También expresó que lo fueron a ver para “plantear un interés directo del presidente (Mauricio) Macri de hablar conmigo”. Cuando el juez en su momento planteó las presiones recibidas para que aprese a Moyano, el Gobierno respondió acelerando un juicio político en su contra, por el que se encuentra actualmente suspendido.
La denuncia fue presentada por los diputados Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau y el senador Marcelo Fuentes, integrantes de la Comisión. En la misma solicitan tomar declaración al juez Carzoglio y que se envíen los legajos de la AFI de los agentes De Estéfano y Di Pascuale. La denuncia será investigada por la fiscal federal Paloma Ochoa y el juez federal Sergio Torres, titular del juzgado N°12.
“Asistimos como miembros de la Bicameral al reconocimiento de responsabilidad en un hecho de extrema gravedad institucional, que involucra directamente al actual presidente de la Nación Mauricio Macri, utilizando la Agencia Federal de Inteligencia para presionar jueces y lograr el encarcelamiento de opositores políticos”, expresaron.
