La acusación está basada en las reuniones que Aguad y Bullrich mantuvieron a principios de febrero en Estados Unidos para permitir la instalación de una “fuerza de intervención” (task force) en la ciudad de Posadas (Misiones) y en lugares no especificados en las provincias de Salta y Jujuy, ya que «implica una clara intromisión en asuntos internos que hacen a la seguridad de la Nación Argentina, pudiendo incluso comprometer la vigencia del Estado de derecho y el bienestar general de todos los habitantes del país» y esto permite la «introducción de tropas extranjeras en el territorio nacional sin la previa autorización del Honorable Congreso de la Nación y la presencia de tropas militares extranjeras en el país abre el riesgo de actos de agresión por el accionar propio de esas fuerzas, ya que hay una contraprestación de parte de la ministra Bullrich que compromete secretos de Estado, poniendo en peligro la seguridad pública, la seguridad militar y los recursos naturales”.
Paradójicamente, la denuncia cayó en el Juzgado Federal número 11, a cargo del juez Claudio Bonadío, el mismo que acusó a Cristina Kirchner de este delito. Si Bonadío es coherente con su criterio laxo de «traición a la Patria», deberá darle cauce a la denuncia.
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