Por Tomás Lukin *
Los controles internacionales sobre los paraísos fiscales son sospechablemente pocos y opacos. Los grandes intereses financieros, hoy el mayor poder internacional, obstaculizan cualquier iniciativa en ese sentido.
País sin registros, evasores sin rostro
Kenia, Uruguay, Sudáfrica, Costa Rica, Alemania, Ucrania, Dinamarca, Lituania y el Reino Unido son algunos de los países con registros de beneficiarios finales de las empresas. Los listados no siempre están disponibles para ser consultados por el público, pero las iniciativas les permiten a las autoridades fiscales y judiciales identificar a los verdaderos dueños detrás de las complejas y opacas estructuras montadas a través de distintas guaridas fiscales por las compañías que operan en sus territorios. Argentina no cuenta con ningún registro centralizado y la información existente se encuentra dispersa en las distintas provincias que, en contadas ocasiones, exigen conocer la identidad de los individuos al frente de las firmas. “La creación de un registro de beneficiarios finales es la única forma de evitar que las sociedades y los fideicomisos se utilicen como vehículos para lavar dinero, evadir impuestos y canalizar fondos de la corrupción. Argentina ni siquiera tiene un registro público federal de accionistas”, advirtió el investigador de Tax Justice Network Andrés Knobel al finalizar la conferencia de la Financial Transparency Coalition en Helsinki.
La clausura del evento, que convocó a decenas de organizaciones e investigadores de todo el mundo, coincidió con la llegada de la primera nevada de la temporada en la capital de Finlandia. “Si la opacidad se logra escondiendo a un individuo detrás de cadenas de sociedades, fideicomisos y testaferros para que pueda cometer delitos sin ser descubierto, hay que exigir que se identifique a ese individuo”, explicó el abogado argentino de TJN. Los especialistas de las ONG como Fundación SES, Latindad, TJN y Global Financial Integrity enfatizan que los registros de beneficiarios finales representan una mejora frente a la opacidad que permiten los laxos marcos regulatorios vigentes y la red global de servicios financieros offshore. Sin embargo, reconocen que la existencia de los registros no bloquea los abusos expuestos por filtraciones como los Panama Papers. Para eso, sería necesario que todos los países -guaridas fiscales incluidas- cuenten con listados completos elaborados con el mismo criterio y que, además, estén dispuestos a compartir la información con el resto del mundo.
Durante la jornada de ayer se presentaron los resultados de un relevamiento realizado por la organización Global Witness sobre las 1,3 millones de empresas que ya completaron el registro de beneficiarios finales británico. La investigación permitió detectar una serie de irregularidades como la presencia de 3000 compañías que declararon estar controladas por firmas offshore, algo que no está permitido por la normativa. Entre las jurisdicciones del secreto elegidas para radicar a sus beneficiarios finales figuran Jersey, Islas Vírgenes Británicas, Islas del Canal, Isla de Man, Guersney, Hong Kong, Gibraltar, Singapur, Bermuda y Malta. Asimismo, el análisis detectó irregularidades de 2160 beneficiarios finales que declararon haber nacido en 2016 o ser visitantes del futuro, que informan el año 9988 como fecha de nacimiento.
Una de las últimas discusiones en Helsinki giró alrededor de las asimetrías existentes a la hora de tomar decisiones vinculadas a la justicia fiscal global. Al referirse a la proliferación de instituciones mundiales encargadas de establecer estándares y dictar normas, la economista ecuatoriana Katiuska King advirtió que “muchos países africanos y latinoamericanos no forman parte de las organismos financieros globales” y exigió que los espacios de decisión sean más inclusivos y democráticos. La ex ministra de Política Económica del Ecuador explicó que “la estrategia es fragmentar las prioridades y la fragmentación disminuye la responsabilidad”. En ese sentido, un informe de la FTC que fue discutido en el Grand Marina Center de Helsinki cuestiona que los sistemas regulatorios en los países en desarrollo quedan sujetos a las decisiones tomadas por instituciones como la OCDE, el GAFI, el Banco Internacional de Pagos, el FMI, la Organización Internacional de Comisiones de Valores y el Comité de Estabilidad Financiera. “Los funcionarios electos pueden tener poca o ninguna voz en estos estándares pero, a menudo, se ven obligados a obedecerlos. Los estándares mundiales acordados se transforman a menudo en leyes nacionales en muchos países que no tuvieron voz en el proceso de establecimiento de normas”, advirtieron desde la FTC.
* Tomás Lukin – periodista, columnista especializado en investigaciones.
Fuente: www.pagina12.com.ar – Desde Helsinki – 27-10-17
